Por segunda vez en cuatro días, la División de Asuntos Internos de la Polcía Federal allanó durante cuatro horas una dependencia de la Unión Ferroviaria (UF), esta vez en la sede central del gremio en la calle Independencia 2880.
Por orden de la jueza de instrucción Wilma Susana López, el personal policial cotejó con las autoridades del sindicato una lista de 15 personas y le preguntó al secretario general, José Pedraza, si ellas pertenecían o no a la Unión Ferroviaria. Según supo LA NACION de fuentes sindicales, "algunos nombres de esa lista correspondían a empleados del gremio y otros, no".
Fuentes vinculadas con la investigación aseguraron que "se retiraron legajos de personal", en tanto en la organización sindical prefirieron decir que se trataba de "papeles internos".
En el gremio había un clima de desazón, anoche, por lo ocurrido, pero se pretendió dar, simultáneamente, una infructuosa visión de optimismo: "Se llevaron papeles sin importancia", dijeron.
Los dirigentes sindicales no se apartaron de la estrategia de "confiar en el accionar de la Justicia y esperar sus resultados".
El viernes pasado se realizaron allanamientos en la seccional del gremio y en las oficinas de la Ugofe (Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia), ambas en la estación Constitución.
Los funcionarios judiciales secuestraron allí los legajos de 120 operarios a los que el miércoles pasado se les otorgó licencia para participar de la movilización en Avellaneda, que intentó impedir el corte de vías realizado por trabajadores tercerizados y por militantes del Partido Obrero, pero que terminó con el asesinato del Mariano Ferreyra, integrante de ese partido de izquierda.
Los primeros allanamientos para detener al presunto asesino de Ferreyra se hicieron en la noche del viernes en dos casas de Florencio Varela. Finalmente, el sospechoso Cristian Favale se entregó anteayer a la Policía, pero proclamó su inocencia.
El sábado fue detenido Pablo Díaz, delegado de su gremio en la línea Roca, y secretario de la Comisión de Reclamos de la Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia (Ugofe). Responde directamente al segundo hombre fuerte de la UF, el secretario administrativo Juan Carlos Fernández, que depende, a su vez, de José Pedraza.
Según fuentes oficiales interiorizadas en la investigación, el nombre del presunto asesino de Ferreyra figura en una lista de 11 sospechosos que recibió la jueza López. Estos imputados forman parte de las barras bravas de Banfield, Lanús y Defensa y Justicia. Se sospecha que habrían sido contratados por la Unión Ferroviaria para romper las marchas de sindicalistas de izquierda, según informaron fuentes de la investigación.
Sin embargo, desde el gremio se hizo una cerrada defensa de Díaz. "No fue instigador ni buscaba gente para matar a nadie", respondieron fuentes consultadas en la UF. A lo sumo, una alta fuente gremial admitió a LA NACION que Díaz "se equivocó al decir cosas que estaban de más", refiriéndose a que no dejaría que dirigentes de izquierda que acompañaban a los tercerizados cortaran las vías del Roca."Eso fue tomado como una provocación", interpretaron.
El sindicato insistió en victimizarse ante el hecho. "A partir de los incidentes -dijo la fuente gremial-, el Partido Obrero utilizó políticamente el tema en su beneficio y contra la Unión Ferroviaria."
VAINAS SERVIDAS EN TALLERES DE CONSTITUCIÓN
La Justicia ordenó realizar peritajes sobre varias vainas servidas de proyectiles encontrados en talleres ferroviarios de la estación Constitución para determinar si se corresponden con las balas utilizadas en el ataque ocurrido cerca de la estación Avellaneda de la línea Roca. Los restos de proyectiles fueron encontrados en los talleres de la calle Hornos 97 y se especuló entre los investigadores, aunque sin evidencias, con que podría haberse tratado de un lugar donde se probaron las armas que luego fueron utilizadas contra los militantes del Partido Obrero y los trabajadores tercerizados. (Fuentge. La Nación)
