Casi 8.000 trabajadores ferroviarios llegaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con una denuncia contra la empresa que tiene la concesión del transporte de carga General San Martín (Pescarmona, primero, y América Latina Logística, logística) por una mala implementación del Programa de Propiedad Participada (PPP), que habría contado con la complicidad del secretario general de la Unión Ferroviaria, José Pedraza.
En la causa se involucra al líder ferroviario por “arrogarse atribuciones” que no le correspondían, ser “funcional” y “socio” de los intereses de la empresa concesionaria y firmar balances “dibujados” que habrían probado el supuesto déficit de la compañía, en base al cual nunca pagaron dividendos correspondientes a las acciones de los trabajadores.
La denuncia penal fue archivada por el juez federal Jorge Ballestero y por eso, en representación de los trabajadores perjudicados, la abogada Liliana Zabala elevó el reclamo a la CIDH, aunque aún quedan en el país otras dos causas en los fueros civil y comercial federal.
La letrada informó a Buenos Aires Económico que la causa –iniciada hace más de diez años– se basa en la “no implementación del PPP para los 7.830 trabajadores que fueron de Ferrocarriles Argentinos” al momento de la privatización (1992) en la línea de carga que luego fue Buenos Aires al Pacífico-San Martín S.A. y que hoy está en manos del grupo brasileño América Latina Logística.
Según explicó la abogada, “ninguna de estas empresas cumplió con las previsiones legales de implementar en su totalidad el PPP” y, por tanto, los trabajadores “no recibieron acciones ni se emitieron los previstos bonos de participación en las ganancias”.
Cabe recordar que, según el decreto 666/89, que reglamentó la ley 23.696 en Ferrocarriles Argentinos, dispuso un sistema de concesión mixto que otorgaba al Estado el 16% de la participación, un 4% a los trabajadores y el resto a las empresas privadas.
Es por eso que a los trabajadores les correspondía elegir un representante en los directorios de las empresas concesionarias, con el objetivo de velar por sus intereses. La UF, en vistas de que es el sindicato más representativo de la actividad, se arrogó el derecho de poner representantes de su confianza en las empresas.
La abogada informó: “Eso es un ilícito. Eran los trabajadores quienes debían organizarse y nombrar representantes en el directorio, no Pedraza”.
“A la empresa le viene bien que las acciones las tuviera Pedraza y él designara a representantes. A la empresa le conviene tratar con él porque es funcional”, sentenció Zabala.
No es de extrañar que los empresarios resistieran que los trabajadores ocuparan una silla en sus reuniones de directorio y tuvieran libre acceso a sus balances, habida cuenta de la reacción que tiene la Unión Industrial Argentina por estos días ante la posibilidad de que los representantes de los trabajadores revisen sus libros en el marco del proyecto de ley cegetista que busca que los empleados participen de las utilidades.
Dividendos. Otro punto conflictivo que figura en la demanda y que fue mencionado por Zabala, además de la representación en los directorios, es la elaboración de los balances de la empresa, en función de los cuales, hasta ahora, siempre hubo déficit y por ende no repartió dividendos.
“El problema es que hacen un balance a libro cerrado, consentido por la Unión Ferroviaria y no se sabe verdaderamente si no tuvieron superávit. Porque si hoy son tan deficitarias, ¿cuál es el negocio?; ¿por qué no las regalan? Es sospechoso, porque hoy esa empresa se está capitalizando y otorga créditos, pero aun así dice que no tiene ganancias”, reflexionó la letrada.
Y fue más allá: “Pedraza ya hace lo que Moyano quiere hacer con la ley de participación en las ganancias. Pedraza es un adelantado y pudo hacerlo porque se asoció con la empresa. No sólo accede a los libros, sino que se los aprueba como están”. (Fuente: El Argentino)
