Actualidad
Redacción Crónica Ferroviaria
No puede ser que unas cuantas personas que toman terrenos ferroviarios que en la actualidad son usados por el ferrocarril y que es además un delito federal, puedan dejar sin servicios de pasajeros por más de 10 días a miles y miles de usuarios.
No puede ser que realizadas las denuncias ante la Justicia Federal en la Criminal y Correccional Nro. 1 de San Isidro por la empresa estatal Trenes Argentinos Operaciones, la Municipalidad de San Fernando y los vecinos del Barrio Crisol, siga sin proceder pese a las denuncias realizadas.
Los usuarios de los servicios de pasajeros de los ramales Retiro - Tigre y Victoria - Capilla del Señor, que seguramente muchos de ellos son personal de salud, de seguridad y otros a la vez importante, donde su presencia por la pandemia de COVID-19 que hoy sacude al país y al mundo entero es fundamental el transporte público para su traslado a sus puestos de trabajo, se vean impedidos de hacerlo porque un grupo de personas obstruye con su presencia el libre accionar del personal ferroviario.
Somos consientes del déficit habitacional que se viene desarrollando en la Argentina desde hace décadas (y que este flagelo se debería de solucionar de una vez por todas y tomarlo como política de Estado) y de los problemas económicos que sufre una gran porción de los habitantes del país que fueron abandonados a su suerte y desclasados sobre todo cuando las políticas neoliberales gobernaron el país. Pero eso no es pretexto para querer un anular un sistema de transporte público.
¿Qué espera la justicia, si la ley está de parte de quienes peticionan que desalojen esos terrenos que pertenecen al ferrocarril?
Bueno, qué se puede espera de la justicia que desde hace rato deja mucho que desear.
Redacción Crónica Ferroviaria
No puede ser que unas cuantas personas que toman terrenos ferroviarios que en la actualidad son usados por el ferrocarril y que es además un delito federal, puedan dejar sin servicios de pasajeros por más de 10 días a miles y miles de usuarios.
No puede ser que realizadas las denuncias ante la Justicia Federal en la Criminal y Correccional Nro. 1 de San Isidro por la empresa estatal Trenes Argentinos Operaciones, la Municipalidad de San Fernando y los vecinos del Barrio Crisol, siga sin proceder pese a las denuncias realizadas.
Los usuarios de los servicios de pasajeros de los ramales Retiro - Tigre y Victoria - Capilla del Señor, que seguramente muchos de ellos son personal de salud, de seguridad y otros a la vez importante, donde su presencia por la pandemia de COVID-19 que hoy sacude al país y al mundo entero es fundamental el transporte público para su traslado a sus puestos de trabajo, se vean impedidos de hacerlo porque un grupo de personas obstruye con su presencia el libre accionar del personal ferroviario.
Somos consientes del déficit habitacional que se viene desarrollando en la Argentina desde hace décadas (y que este flagelo se debería de solucionar de una vez por todas y tomarlo como política de Estado) y de los problemas económicos que sufre una gran porción de los habitantes del país que fueron abandonados a su suerte y desclasados sobre todo cuando las políticas neoliberales gobernaron el país. Pero eso no es pretexto para querer un anular un sistema de transporte público.
¿Qué espera la justicia, si la ley está de parte de quienes peticionan que desalojen esos terrenos que pertenecen al ferrocarril?
Bueno, qué se puede espera de la justicia que desde hace rato deja mucho que desear.
