Es una suerte que el "Tren de los Pueblos Libres", que por estas fechas debía unir a Montevideo y Buenos Aires, haya sido un fracaso. Ese servicio depende de Trenes de Buenos Aires (TBA), la hoy enjuiciada empresa argentina responsable del accidente que causó 51 muertos y 700 heridos la semana pasada. Menos mal que su aventura uruguaya no prosperó pues su proyectado recorrido inicial hasta Paso de los Toros fue recortado y ahora apenas llega a Salto.
Coche Motor de la empresa TBA del "Tren de los Pueblos Libres" - Foto: Carlos Alberto Salgado
A Salto precisamente, escoltada por decenas de partidarios y entre el estruendo de los bombos peronistas, arribó Cristina Kirchner en un vagón de TBA hace seis meses para reunirse con José Mujica. Inmersa en la campaña electoral, la presidenta argentina anunció que gracias a esa empresa ferroviaria se unirían las capitales del Plata.
Un miembro de la delegación uruguaya comentó que aquello pareció más bien un acto político que el cacareado "paso decisivo hacia la integración".
Hechos posteriores confirmaron esa sospecha. Mientras Kirchner ganaba las elecciones el "tren K", como lo llamaron, hacía papelones. Su viaje inaugural entre Pilar (provincia de Buenos Aires) y Paso de los Toros nunca concluyó por el mal estado de las vías y sus siete pasajeros debieron llegar a destino en taxi. Días después el tren chocó con un auto en un paso a nivel en Concordia y allí se quedó. Por algún tiempo se mantuvo una frecuencia semanal a Paysandú hasta que hace poco se informó que no pasaría de Salto.
Aunque es cierto que la iniciativa contó con poco apoyo uruguayo por la mala situación de AFE, se nota que TBA no se tomó en serio el proyecto de interconexión ferroviaria entre Uruguay y Argentina.
Lo que trató fue de seguirle la corriente a una presidenta en pugna por su reelección cooperando con ella en una suerte de show marketinero. Al parecer tenía razones para complacerla.
Ahora, tras el horrible accidente del Once recrudecen las acusaciones sobre los nexos con el poder de esa compañía, propiedad del polémico grupo Cirigliano, receptor de los generosos subsidios que el Estado argentino paga en efectivo y con puntualidad.
Hoy, la prensa argentina pregunta "qué ha hecho el Estado para que estas tragedias no sucedan, por qué se les da cada vez más plata a unos empresarios que por todo servicio ofrecen una sala de torturas". Son palabras del columnista de La Nación, Claudio Jacquelin, quien tildó al gobierno de "socio y cómplice" de los empresarios en cuestión.
Unos empresarios cuyo primer reflejo tras la catástrofe consistió en echarle las culpas al maquinista en un intento por tapar el calamitoso estado de sus unidades y sus carencias increíbles, entre ellas las fallas de los frenos denunciadas una y otra vez por sus funcionarios.
Si bien el tema está en manos de la Justicia, la gente, esa misma gente a la cual TBA transporta cual si fueran animales, ya dictó su veredicto. Hay negligencia, omisiones de todo tipo y un fuerte aroma a corrupción en torno a este desastre.
Por todo lo cual, aparte de expresar el dolor de los uruguayos ante tanta muerte injusta, haría bien nuestro gobierno en adoptar medidas contra TBA y sus dueños. Son tantas las recriminaciones que recibe esa empresa que convendría suspender desde ya la marcha de ese tren binacional, un "tren K" que nadie debería abordar. El País Digital
