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2 de marzo de 2017

Corrupción, un clásico argentino: Invitan a De Vido, Jaime y Calcaterra a tomarse el tren bala

Actualidad

Los negocios espurios entre los Kirchner y los Macri poco a poco van tomando estado público y ciertas empresas intentan cortar por lo sano para seguir avanzando en sus proyectos e inversiones. Es el caso del grupo Isolux Corsán, compañía en la que decidieron remover a la cúpula gerencial de su filial en la Argentina por sospechas de coimas.

Mientras el oficialismo intenta polarizar la elección entre Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner, los casos de corrupción hablan por sí solos de la sociedad que formaron en su momento en lo que respecta al reparto de la obra pública.

Isolux Corsán Argentina era la firma que se iba a encargar de una red ferroviaria de última generación para el desarrollo del tren bala 'Cobra', anunciado por la entonces presidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, un 17 de octubre de 2008.

Isolux integra el grupo Veloxia, que a su vez es liderado por la firma Alstom. Este holding también integra a la famosa Iecsa (Grupo SocMa) y Emepa.

Según la compañía española, la remoción de los gerentes de la compañía en la Argentina fue una decisión que se tomó luego de una auditoría interna solicitada por la nueva dirección del grupo, que detectó “comportamientos irregulares” por parte de los administradores en nuestro país.


Medios españoles hablan de que los ejecutivos despedidos podrían haber malversado varios millones de euros en beneficio propio o a través de distintas prácticas como la entrega de cheques en diferido. Desde la sede de la firma, en Madrid, se limitaron a decir que serán las autoridades judiciales las que determinen qué tipo de delito cometieron.

Otro proyecto que compromete al holding en la Argentina, se encuentra la imponente obra de río Turbio, una central térmica que costó al Estado unos 1.260 millones de euros y la construcción de dos ciclos simples de más de 800 mw por otros 1.000 millones de euros.

Volviendo a la patética promesa del tren bala, es importante recordar la promesa de entonces que nunca se llegó a cumplir:

Al escándalo que ya se había originado por el pésimo estado de los ferrocarriles en el país y las criticas de la oposición sobre la urgencia del proyecto, se sumó otra polémica: El esquema de financiación preveía saldar la inversión de u$s 4.000 millones con un crédito a largo plazo garantizado con la entrega de Títulos Públicos por 30 años. La financiación externa por la totalidad de las obras, la aportaría el banco francés Natixis.

El plan de Cristina era, durante su primera visita a Europa como jefa de Estado, llevarse los convenios firmados para el almuerzo que mantendría el 7 de abril de 2008 en París con Nicolás Sarkozy.

A mediados de abril se conocieron las denuncias de corrupción de Alstom por ‘sobornos globales’ pagados por la empresa. La investigación en Suiza y Francia seguían la sospecha de coimas que precedieron a megacontratos, en México, Venezuela, Brasil y la Argentina, donde incluía el caso del Tren Bala.

La empresa le pagó a Manuel Vázquez u$s 500 mil en concepto de consultoría. Vásquez era el principal asesor de Ricardo Jaime.

A pesar de todo, el Gobierno continuó con su plan y recién a fines de abril, la presidente firmó finalmente el contrato para el tren bala.

Pero la crisis financiera internacional, desatada ese año, llegó a su clímax y cerró las vías de financiación. Natixis, estaba con las cuentas en rojo por casi 1.000 millones de euros.

Mientras el Gobierno argentino mantenía la expectativa por la realización el faraónico proyecto, Alstom mantenía el depósito de la caución semestral de u$s 3 millones al Estado argentino, de acuerdo con el contrato firmado en 2008.

Pero en diciembre de 2010, por decisión del gobierno, ese depósito quedó suspendido hasta el primer semestre de 2011.

Según indicaba el diario Ámbito Financiero, la empresa habría decidido dejar de mantener activa la caución y reclamar los u$s16 millones que había pagado.

Desde entonces Cristina tenía la responsabilidad de decidir si cancelaba el proyecto, pagaba el dinero requerido y/o encontraba nuevas fuentes de financiamiento.

Hasta hoy nada más se supo del Tren.

Actualmente, el grupo español está implicado en dos procesos judiciales. Uno de ellos, por posibles irregularidades en la adjudicación de las obras del tren de Alta Velocidad de Barcelona.Urgente24.com

27 de febrero de 2017

Divulgan mails en Brasil sobre el presunto pago de coimas por el soterramiento del Sarmiento

Actualidad

La prensa brasileña divulgó este lunes unos correos electrónicos que involucran a la constructora Ángelo Calcaterra, el primo de Mauricio Macri, en el supuesto cobro de coimas por parte de Odebrecht para la reactivación del soterramiento del ferrocarril Sarmiento.

Según publicó el periódico El Estado de San Pablo, el exgerente y hoy CEO de IECSA S.A., Héctor Javier Sánchez Caballero habría sido el "contacto" para tramitar el pago de sobornos en 2010.

La información surge de un suculento dossier de más de 100 páginas elaborado por la policía a pedido del Ministerio Público Fiscal brasileño, en el marco de la investigación por el denominado "Lava Jato". Ese documento contiene decenas de mails y mensajes privados entre exdirectivos de Odebrecht, empresarios de la construcción y funcionarios. En algunos casos se hablan con seudónimos o mencionan a otras personas con sobrenombres.


El ingeniero de IECSA quedó envuelto en el escándalo por anotaciones registradas en la computadora de Mauricio Couri Ribeiro, histórico ejecutivo de Odebrecht en la Argentina. Esa máquina fue secuestrada y analizada por la policía brasileña, que detectó escritos relacionados con el pago de coimas. Cinco de esos mensajes se relacionan con el soterramiento del Sarmiento.

Uno detalla el resultado de una reunión realizada en Buenos Aires con directivos de la constructora y lleva por asunto "Reunión Sarmiento 29/04/10". En ese mensaje se especifica un presunto plan para reactivar las obras en el Sarmiento. 

1 - Subetapa 1 - Ingeniería + obrador + 5 puentes

2 - Anticipo de 15% de $ 140 MM - U$ 21 MM 
$ 13 MM de sellado + $ 4 MM = $ 17 MM
Dgi - $ 1 MM

3 - A 30 días - Informe de pontes - $ 100 MM
Dgi - U$ 3 MM

4 - A 90 días - $ 500 MM - Bonos Anses
Dgi - U$ 16 MM 

Los tres periodistas brasileños que firmaron la nota Fabio Serapião, Beatriz Bulla y Fausto Macedo aseguran que la siglas DGI es el nomenclador utilizado por Odebrecht para identificar el monto de las coimas. Así se desprende de varios testimonios judiciales de arrepentidos detenidos de la constructora. 

El mensaje que más compromete a la firma Calcaterra señala a Sánchez Caballero como "DGI-Contacto Directo" y fue enviado por Couri Ribeiro el 9 de junio de 2010 a las 16:33. "Asunto: Reuniao com Sánchez Caballero - 10/06" se titula. El breve texto también da cuenta de una serie de pasos a seguir en pos de reactivar las obras ferroviarias. 

Reuniao com Sánchez Caballero - 10/06
1 - Dgi's - Contacto directo
2 - Aprovar Director Tecnico
3 - Equipe do proyecto trabalhar juntos
4 -Organizar/Disminuir comites

En el extenso informe al que tuvo acceso ámbito.com se aclara que "hay un uso de las siglas en relación con los pagos por nombres en clave, un artificio utilizado por el Sector de Operaciones estructuradas para ocultar el verdadero beneficiario de pagos ilícitos" y cita como ejemplo, cinco seudónimos: "TATU, CHORAO, BIG BOSS, TOTTI y MORENO". 

Respecto del mail que menciona a Sánchez Caballero sostiene que es un mensaje a "pagos ilícitos (DGI) relacionados con obras y / o aditivos específicos".

En el mail que se cita a Lourenço Ghella, de la empresa italiana Ghella, integrante de la UTE que se adjudicó la obra del Sarmiento junto con Odebrecht, Iecsa y Comsa, se totalizarían supuestos pagos por u$s 20 millones. Cuando estalló el escándalo del "Lava Jato" trascendió que Odebrecht había pagado sobornos por u$s 35 millones la Argentina. 

Los investigadores brasileños vincularon los mensajes hallados en la PC de Couri Ribeiro a las intermediaciones del exfuncionario de la Secretaría de Transporte, Manuel Vázquez. El apresado exasesor de Ricardo Jaime es investigado por múltiples causas de corrupción en la Argentina y está procesado en la causa por enriquecimiento ilícito de su exjefe.

"Como detalles de Odebrecht en su acuerdo (de confesión ante la Justicia), la compañía del primo de Macri participó en las negociaciones para el pago de comisiones ilegales en la obra de Sarmiento y alimenta las cajas negras que llegaron los pagos de los miembros del gobierno de Kirchner", escribieron los periodistas del país vecino.

Pedido de informes 

Una horas antes de que surja esta información, el fiscal federal Gerardo Pollicita reclamó que mediante exhorto Brasil informe si Odebrecht cometió delitos en connivencia con funcionarios argentinos y empresas como IECSA.

El pedido es para que Brasil informe si en la causa por "Lava Jato", el mayor caso de corrupción en la historia de ese país, consta información sobre las obras adjudicadas para el soterramiento de esa línea de ferrocarril. La denuncia se originó por los dichos de la expresidenta Cristina de Kirchner, en oportunidad de hablar de su relación con el grupo de la familia Báez.

Ante el juez Julián Ercolini, quien justamente la indagó por presunto fraude con la obra pública, y al intentar rebatir políticamente sus vínculos con Báez, Cristina había dicho que hubo irregularidades por parte del Gobierno de Macri en el financiamiento del soterramiento del tren Sarmiento con $ 45.000 millones, puesto que el mismo le correspondía asumir a la empresa IECSA, del cual es accionista Calcaterra.

Según se investiga, el 16 de junio de 2016 y por el decreto de necesidad y urgencia 797/2016 se modificó el presupuesto y se autorizó la contratación de obras y adquisición de bienes para el soterramiento del ferrocarril Sarmiento, que había sido adjudicado ya en 2008 al consorcio IECSA S.A, a la constructora Norberto Odebrecht; COMSA S.A y Ghella Societa Per Azzionipor. 

La denuncia hecha por la exmandataria es porque el financiamiento iba a provenir desde el exterior y, finalmente, en 2016 se resolvió que el Estado Nacional lo financiara. La sospecha va desde supuestos cohechos, defraudación en perjuicio a la administración pública y hasta posibles incumplimientos con los deberes de funcionario público.

Ahora, el juez federal Sebastián Ramos debe resolver el pedido hecho a fines de esta semana por Pollicita para que el Juzgado de la 13° Nominación Federal de la Circunscripción Curitiva, en Brasil, señale si en el informe elaborado por la Policía Federal de Paraná en la causa "Lava Jato" hay información sobre posibles delitos cometidos en el soterramiento del Sarmiento.Ámbito.com

Para más información hacer click en el siguiente link

20 de febrero de 2017

Confirmado: Arribas recibió 5 transferencias de Odebrecht por el Soterramiento de la Línea Sarmiento

Actualidad

Otro escándalo en el Gobierno. El fiscal que investiga la causa ratificó la denuncia que había realizado un periodista sobre "incentivos" al ahora titular de la AFI.

El fiscal que investiga presuntas coimas en el proceso de soterramiento del Sarmiento, Federico Delgado, confirmó que llegó a la Justicia el documento que prueba que Gustavo Arribas, titular de la AFI, recibió cinco transferencias a su nombre de parte de la constructora Odebrecht.



Lo que pone al funcionario de Macri contra las cuerdas es que las transferencias ocurrieron mientras se negociaba la obra del soterramiento del tren Sarmiento en el 2013.

“El dato es real. El documento fue presentado”, afirmó Delgado en diálogo con radio Mitre. Así, los documentos, además de complicar la situación judicial del funcionario, contrastan en blanco sobre negro con los dichos de Arribas ante el Congreso, donde había negado que recibiera transferencias por parte de la polémica constructora que parece haber repartido coimas a lo largo de todo el planeta.

“Las 5 transferencias que publica el periodista (Hugo Alconada Mon) son las que se hicieron. Él nos aportó la documentación que avala eso”, aseguró el funcionario judicial, que agregó: “Ahora estamos cotejando las planillas que pasó el periodista cuando declaró”.

“Yo vi las 5 transferencias. Se abrió el pendrive que trajo el periodista, se hizo la impresión y se sumó al expediente”, agregó Delgado.

“Los papeles son coincidentes con la nota que se publicó en el diario y que derivó en la denuncia de Elisa Carrió”, señaló el fiscal.

En la información se detalla que Arribas recibió 5 transferencias del operador Leonardo Merielles en septiembre de 2013 y por un monto cercano a los 600 mil dólares.

“Las 5 transferencia figuran a nombre de Gustavo Arribas. Ahora tenemos que cotejar que sean reales las planillas que trajo Alconada Mon y que el banco ratifique la información”, aseguró Delgado y concluyó: "No sé si Arribas mintió, pero hay contradicciones evidentes, muy manifiestas".Fuente: InfoNews.com

Asimismo, El Destape informa que el fiscal federal Federico Delgado pidió al juez Rodolfo Canicoba Corral que solicite un informe a la Jefatura de Gabinete de Ministros sobre la firma del acuerdo para el soterramiento del tren Sarmiento con la firma Odebrecht, en el marco de la causa en la que se investiga al titular de la AFI, Gustavo Arribas.

"Debido a la cercanía de fechas entre las transferencias señaladas y el anuncio de Odebrecht relativo al soterramiento del ferrocarril Sarmiento, es necesario que el instructor requiera al señor jefe de Gabinete de Ministros que en un plazo perentorio elabore un informe preciso, concreto y escueto", expresó Delgado.


Añadió que el informe sea "ceñido exclusivamiente a los hechos, sobre la fecha en que se firmó ese acuerdo, quienes participaron en representación de los contratantes y qué montos de dinero había en juego".

6 de enero de 2017

Denuncian a Calcaterra por el pago de coimas de la brasileña Odebrecht

Actualidad

El primo de Macri suma un nuevo dolor de cabeza: fue acusado en la Justicia por presuntos vínculos en el pago de coimas admitido por la empresa constructora.

El presidente de la empresa IECSA, Ángelo Calcaterra, fue denuncia ante la Justicia por presuntos vínculos en el pago de coimas admitido por la empresa constructora Odebrecht, socia brasileña de la firma del primo de Mauricio Macri en el país.

Según difundió el portal Ámbito Financiero, la presentación fue realizada este miércoles ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas a cargo del fiscal Sergio Rodríguez, donde ya se encaró una recolección de datos sobre tres grandes obras a cargo de la compañía de Marcelo Odebrecht en el país: una planta potabilizadora de agua en el Paraná de las Palmas, la ampliación de gasoductos y el soterramiento del Sarmiento, adjudicado a Calcaterra, primo de Mauricio Macri.


Es que apenas semanas atrás, en los Estados Unidos se difundió un acuerdo judicial por el que las firmas brasileñas Odebrecht y Braskem se declararon culpables en la causa 'Lava Jato', de haber violado normas contra sobornos fuera del país.

Es por ello que el fiscal Rodríguez busca en Argentina las pruebas del delito confesado que llevan a Brasil, como licitaciones, presupuestos, cotizaciones, posibles sobreprecios y hasta mails de exfuncionarios.

La reciente denuncia no solo alcanza al primo del Presidente, sino que también incluye a Juan José Arangureny otros funcionarios anónimos del Ministro de Energía y Minería, que mantuvieron en los últimos meses al menos tres encuentros cara a cara con enviados de la firma brasileña. El trámite fue recibido por la prosecretaria administrativa de la Procuraduría anticorrupción, Silvia Alizandro.

"Entre la adjudicación obtenida en la administración kirchnerista y la macrista, existe una diferencia fundamental que agrava la responsabilidad gubernamental, porque es el Estado argentino quien le provee los fondos a Calcaterra, pues en la primigenia, era el adjudicatario el que debía proveerlos, y al hacer efectiva la adjudicación, cuyo origen espurio se encontraría evidenciado, el actual Gobierno podría resultar partícipe del delito", sostuvo en el abogado denunciante, Daniel Igolnikov.

El año pasado la Nación impulsó el Decreto 797/2016, que fue publicado en el Boletín Oficial, y modifica el Presupuesto anterior para afrontar "gastos previsionales" por $ 76.000 millones para la Anses, a la vez que habilitó un endeudamiento de $ 100.000 millones para concretar diversas obras para los próximos años. Una de ellas, es el "techado" del trayecto las estaciones Caballito y Haedo, del ramal que une la Ciudad con el oeste del conurbano bonaerense. 

Ese Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) no fue firmado por Macri, sino por Gabriela Michetti y el resto del gabinete, con la intención de reactivar obras y ocultar patrocinios, aunque se sospecha que benefició principalmente a su primo Ángelo, ganador de la construcción del soterramiento. Por este decreto supuestamente direccionado también se tramita otra denunciada penal impulsada por los fiscales Ignacio Mahiques y Gerardo Pollicita, que descansa en el despacho del juez federal Sebastián Ramos.ElDestape.com

15 de julio de 2016

Procesaron a De Vido por el tren trucho de Alperovich a Tafí Viejo y otras chatarras compradas a España y Portugal

Actualidad

El juez federal Julián Ercolini procesó al ex ministro de Planificación Julio De Vido y embargó sus bienes en cien millones de pesos por presunta comisión de delito en la compra de trenes usados a España y Portugal durante la década pasada.

De Vido y otros ex funcionarios quedaron procesados por la presunta comisión de los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y cohecho, eufemismo jurídico de las más populares coimas.


Además de De Vido fueron procesados Pedro Ochoa Romero, Fernando Julio Cortés, Ricardo Luján Roseto, Carlos Retuerto Castaño y Antonio Eduardo Sícaro. Este último y Ochoa Romero fueron titulares de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte.

Esta causa es la que motivó la detención el 2 de abril pasado del ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, quien ya se encontraba procesado por este caso. Buena parte de la prueba acumulada en el expediente surgió de un informe de la Auditoría General de la Nación que determinó que los materiales adquiridos a montos millonarios eran en su mayoría inservibles para el sistema ferroviario argentino y que muchos de ellos terminaron abandonados.


Se trata de la causa que investiga la compra de trenes realizada en 2005, valuada por la Auditoría General de la Nación en 100 millones de euros, y cuyos vagones se encuentran arrumbados en depósitos ferroviarios como "chatarra".

Uno de los trenes, el "Apolo" hizo un solo viaje entre San Miguel de Tucumán y luego quedó abandonado.

El único viaje fue utilizado como parte de la campaña electoral en 2009 por José Alperovich y su esposa Beatriz Rojkés.

La dupla de coches que llegó a Tafí Viejo había sido construida en España, entre los años 1984 y 1985. Luego del "viaje" de Alperovich y Betty el tren quedó abandonado. ContextoTucuman.com

21 de enero de 2014

UN ESLABÓN EN LA CADENA DE LOS SOBORNOS

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Ante el Consejo de la Magistratura, el CELS insistió en la necesidad de que se analice el rol del juez de Casación, imputado en la causa penal por el presunto tráfico de influencias y coimas para liberar a los acusados por el crimen de Mariano Ferreyra.

La causa penal por tráfico de influencias y sobornos en la que está procesado el ex titular de la Unión Ferroviaria José Pedraza estuvo muy cerca de alcanzar a miembros del Poder Judicial hasta que quedó paralizada por una “contienda negativa de competencias”, o la negativa de varios jueces a dar los pasos necesarios, y ahora depende de la decisión de la Cámara de Apelaciones. Mientras la parálisis ganó allí, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) aboga por romper con la quietud de otro expediente, aquel que se abrió hace más de un año en el Consejo de la Magistratura para que se investigue al juez de Casación Eduardo Riggi y en el que reiteró, a través de una solicitud presentada formalmente, la “necesidad” de que el organismo analice la situación de Riggi, imputado en el expediente penal como uno de los eslabones en la cadena de contactos que pretendía facilitar el desprocesamiento tanto de sindicalistas ferroviarios como de la patota de barrabravas y empleados de la ex línea Roca de trenes que asesinó al militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra, en octubre de 2010.

Los teléfonos celular, particular y laboral de Riggi aparecieron en la agenda personal de Pedraza.

“Siendo uno de los casos de corrupción judicial más escandalosos de los últimos años, nos parece necesario que el Consejo examine de manera seria la imputación de Riggi no sólo por la presunta comisión de un delito, sino porque con las pruebas que existen en la causa penal ha quedado en evidencia la ausencia de idoneidad moral para ejercer su cargo”, explicó a Página/12 el abogado del CELS Maximiliano Medina, atento a la determinación que tomará el Consejo de la Magistratura una vez retomadas las actividades, el mes que viene.

“Observamos que no se han agotado las medidas investigativas destinadas a determinar la responsabilidad funcional del juez denunciado.” Así comienza el documento que profesionales del CELS dirigieron al presidente del Consejo, Carlos Moreno, y solicitaron integrar al expediente que nació con su denuncia contra Riggi, en abril de 2012. Entonces, la organización ligada a la defensa de los derechos humanos había pedido que se inicie el proceso de remoción del juez de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal para analizar su rol en los hechos que se desprendieron de la investigación central por el asesinato de Ferreyra y que constituyeron una causa en sí misma: el tráfico de influencias y el pago y cobro de coimas para liberar a los ferroviarios del procesamiento por la muerte del militante.

El expediente en el Consejo coexistió en paralelo a la causa penal, aunque prácticamente no se movió. Mientras en la causa penal se aportaron pruebas, se logró el procesamiento de Pedraza, del ex juez federal Octavio Aráoz de Lamadrid, del ex agente de la SIDE Juan José Riquelme, del entonces contador de la UF Angel Stafforini y de la apoderada de Pedraza, Susana Planas, y se exigió la elaboración de pruebas para avanzar en el procesamiento de otros, entre ellos Riggi, los pasos en el Consejo de la Magistratura fueron escasos. Hasta principios de diciembre pasado, la denuncia del CELS coexistía en el Consejo con un descargo liviano y superficial de Riggi en el que se desentendía de los hechos por los que se lo acusaba, y con el pedido, novedoso, de copias certificadas del auto de procesamiento de Luis Rodríguez, el primer juez que tuvo la causa.

Para imprimirle celeridad a la cuestión y para exigir un examen “serio” del caso, el CELS presentó un descargo de siete fojas en las que recorre la situación, hace hincapié en las medidas encargadas por el Ministerio Público Fiscal en la causa penal, que apuntan a reforzar pruebas que fortalezcan la participación de Riggi en la cadena de influencias y hace mención a un elemento llamativo que, hasta el momento, no integra el expediente penal: la agenda telefónica personal de Pedraza secuestrada en su vivienda de Puerto Madero el día en que fue detenido por la muerte de Ferreyra. “Llama la atención que Pedraza tuviera registrados en su agenda los teléfonos de la casa, celular y laboral” de Riggi, determina el CELS en el documento, en donde poco más adelante certifica que el teléfono del juez es uno de los dos únicos contactos de miembros del Poder Judicial en la agenda de más de 400 vínculos, entre los que abundan los de numerosos políticos, funcionarios a cargo de organismos públicos y periodistas.

“Siendo uno de los casos de corrupción más escandalosos de los últimos años, y en el marco de la investigación de un episodio de violaciones a los derechos humanos, nos parece necesario que el Consejo examine de manera seria la imputación de Riggi no sólo por la presunta comisión de un delito, sino porque con la prueba que hay en la causa ha quedado en evidencia la ausencia de idoneidad moral para ejercer su cargo”, insistió Medina en el mismo sentido que el CELS dio al documento presentado ante el organismo que controla a los jueces.

La causa penal

El nombre de Riggi aparece en el entramado delictivo en cuestión debido a su rol: presidente de la Sala III de la Cámara Penal. A partir de una serie de escuchas telefónicas ordenadas por la jueza Wilma López sobre los teléfonos de Pedraza, en el marco de la investigación por el asesinato de Ferreyra, surge la organización de una trama de sobornos para lograr que esa sala tomara la causa, que entonces ya contaba con la patota y los instigadores –Pedraza y su entonces segundo en el gremio, Juan Carlos González, entre otros– procesados. Por una suma de dinero, la sala daría marcha atrás con esos procesamientos. En las escuchas, el ex agente de Inteligencia Riquelme, procesado como el vínculo entre Pedraza y la Justicia, llama a Riggi “el amigo Eduardo”.

En la causa penal, Riggi está imputado pero no procesado. En octubre pasado, el fiscal Horacio Azzolín “solicitó diversas diligencias probatorias dirigidas por considerar que no se encontraba agotada la etapa de instrucción” y que “aún no era posible descartar la intervención de Riggi”, entre otros miembros del Poder Judicial, involucrados en la trama delictiva, sostiene el CELS en el documento presentado ante el Consejo de la Magistratura. Allí describe, en detalle, las acciones solicitadas por Azzolín para reforzar la necesidad de que esa institución tome por seria la imputación al juez: el fiscal solicitó se llame a declarar a la jueza de Casación Angela Ledesma, así como también a los empleados de las vocalías de Riggi y su colega Wagner Gustavo Mitchell para que testifiquen sobre los encuentros de ambos con Riquelme, Aráoz de Lamadrid, Stafforini y demás procesados y, por último, que se investigue si el hijo de Riggi “se vio beneficiado” con la construcción de una vivienda a través de su vínculo con Riquelme.

Cabe remarcar que por tales medidas, el juez que entendía en la investigación, Osvaldo Rappa, se declaró incompetente. Fue el primero de tres magistrados que tuvieron la misma actitud en los últimos meses. La causa quedó en manos de la Cámara de Apelaciones, de la que depende su continuidad.

“Esto significa que Riggi no sólo aún continúa imputado en la causa penal, sino que además la investigación en relación con su participación delictiva de ningún modo se encuentra agotada”, concluyó el CELS en la solicitud que integró en el expediente. Para conocer la reacción del Consejo de la Magistratura habrá que aguardar hasta febrero, cuando el cuerpo retome sus funciones.Página12.com

25 de septiembre de 2013

LAS FACTURAS DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL TESTAFERRO DE JAIME

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En España quedó registrado el pago recibido por Vázquez, un hombre que trabajaba para la Secretaría de Transporte y se quedó con más de dos millones de euros en sus manos en la intermediación de la compra de trenes a España.

En general en los casos de corrupción no quedan rastros. Una de las excepciones que rompió la regla es el caso donde se investigan los múltiples negocios oscuros que se realizaron durante los seis años en los que Ricardo Jaime manejó la Secretaría de Transporte en nombre del kirchnerismo.


Todo quedó registrado. Las huellas de la corrupción en la Secretaría de Transporte primero fueron reveladas por el contenido de los mails que guardaban las computadoras de Manuel Vázquez, asesor, hacedor de negocios y testaferro de Jaime. Y también quedaron plasmadas en los expedientes enviados desde España a los Tribunales argentinos. Allí, tal como lo reveló Infobae, quedó escrito en contratos firmados con empresas españolas que vendieron los trenes (la mitad de ellos inútiles) a la Argentina, que Jaime autorizó a Vázquez a cobrar comisiones (coimas) por dos millones de euros.


Y los españoles guardaron, y enviaron a la justicia Argentina, las facturas de las coimas. Están detallados cada uno de los pagos. Facturas emitidas por la consultora de Vázquez -asesor de Jaime- tanto en España como en Argentina. La empresa Expansión Exterior (dedicada a comercializar productos españoles en el mundo) vendió los trenes de las compañías RENFE y FEVE que compró la Argentina por unos 200 millones de euros. Esa empresa estatal española luego se llamó P4R. Ambas pagaron facturas que cobraron Jaime/Vázquez por sumas nada despreciables.


Las facturas a las que accedió Infobae forman parte de una causa judicial iniciada por los mails de Vázquez. Pero esa causa quedó anulada gracias a que la estructura judicial del kirchnerismo, respaldada por la inacción del fiscal Guillermo Noailles, determinaron que los mails no servían como pruebas de la corrupción. Ese material llegó desde Madrid y ya fue sumado al expediente en el que el juez Julián Ercolini y el fiscal Federico Delgado investigan, a partir de una denuncia de legisladores radicales, la compra de trenes españoles. Los legisladores de la UCR se basaron en un crítico informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre la adquisición del material ferroviario.

Los sellos de goma con los que Jaime/Vázquez blanquearon las coimas son los de Controles y Auditorias Especiales SL (CYAES) de España y Controles y Auditorías Especiales de Argentina (CAESA). Ambas sociedades se repartieron el cobro de poco más de dos millones de euros y fueron autorizadas por una carta de Jaime.

Las facturas son de cifras diversas. Las hay de 383 mil euros y  de 255 mil confeccionadas en Madrid y en Buenos Aires con la misma fecha: 4 de mayo de 2007. Las facturas de mayores montos son del de 2007 y 2008 cuando la voracidad recaudadora de Jaime no tenía límites. En las facturas de CYAES quedó impresa otra de las falsedades del sello de goma armado por Vázquez y su socio español Miguel Ángel Lorente: decían, para dar la impresión de ser una empresa multinacional, que tenían sucursales en Madrid, Buenos Aires, San Pablo, Bucarest y hasta en Tirana, la capital de Albania.

En las de CAESA, en tanto, aparecen rubros por los que facturaron tareas que son incomprobables. En las boletas se lee: “Facturación repuestos”, “facturación material rehabilitación (butacas)”, facturación material de re mejoras y suministros”, etc, etc. Las facturas de CYAES están firmadas por Lorente, en tanto las de CAESA fueron firmadas por otro testaferro de Jaime llamado Julián Soba Rojo, un hombre que figuraba en la compañía porque Vázquez -condenado por estafas y cheques sin fondos- no podía armar una sociedad.


La última muestra de la impunidad con la que se movía la gente de Jaime/Vázquez es la comprobación de facturas emitidas en el año 2011. En 2010 el diario Clarín reveló la existencia de los mails de Vázquez donde quedó grabada la corrupción de Jaime. Y meses después, a pesar de la exposición pública que tuvo el caso, tanto aquí como en España, siguieron haciendo negocios. Facturaron hasta los últimos 1278,99 euros que les restaba cobrar. Nada los detuvo. Tal vez ahora la Justicia pueda investigar a fondo lo sucedido con la compra de trenes a España. INFOBAE

10 de julio de 2013

JAIME GANA TIEMPO EN EL CASO POR ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO

ACTUALIDAD

El ex funcionario kirchnerista, con más de 15 expedientes abiertos por corrupción, pidió postergar la justificación de un yate valuado en un millón de dólares

Ricardo Jaime sabe que tiene muchos frentes judiciales abiertos. Uno de ellos es el que surge del expediente en el que se investiga su enriquecimiento ilícito. Tenía que justificar ante el juez Sebastián Casanello cómo hizo para comprar un yate valuado en un millón de dólares.

El 2 de julio pasado se le vencía el plazo y en ese mismo momento pidió prórroga. El 4 de julio el juez le otorgó lo que había solicitado y los siete días hábiles que tenía para explicar lo inexplicable se extienden hasta después de la feria judicial. Es decir que Jaime ganó bastante tiempo.

ExSecretario de Transporte de la Nación, Ing. Ricardo Jaime

El yate fue comprado por ejecutivos vinculados a una empresa ferroviaria y de colectivos que Jaime debía controlar y la persona autorizada a sacarlo del astillero que lo construyó era Manuel Vázquez, quien fungía como asesor de la secretaría de Transporte y era su testaferro. Por eso Carlos Rívolo, el fiscal que investiga a Jaime por enriquecimiento ilícito, pidió que el ex funcionario justificara cómo fue que lo adquirió: sospechan que la compra se hizo con dinero muy parecido a lo que vulgarmente se llaman coimas.

Rívolo había pedido con anterioridad que Jaime y su círculo familiar y de negocios justificaran bienes por 12 millones de pesos. Todos conseguidos, claro, mientras Jaime manejaba a su antojo los subsidios y las obras del área de transporte. Autos, lanchas, casas en barrios cerrados, casa en un country, viajes y otros gastos que ni Jaime ni sus testaferros pudieron justificar. Así lo determinó un peritaje que se hizo para verificar cómo fue el enriquecimiento de quien manejó entre 2003 y 2009 la política de transporte del kirchnerismo.

Las conclusiones del peritaje revelado por Infobae fueron concluyentes: el grupo de negocios creado alrededor de Jaime no tenía cómo respaldar el nivel de vida que llevaban gracias al crecimiento del poder de quien fuera secretario de Transporte. Casanello, según explican en  Tribunales, pidió la justificación del yate para luego llamar a indagatoria al ex funcionario, su ex esposa Silvia Reyss y las hijas que ambos tuvieron en sus primeros matrimonios. Casanello heredó la causa que estuvo a cargo del juez Norberto Oyarbide, quien había decidido no llamar a indagatoria a Jaime hasta que el peritaje no estuviera terminado.


Mientras Jaime ha logrado ganar un poco en la causa por enriquecimiento ilícito, el 30 de julio próximo tiene que afrontar un juicio oral por haber intentado robar pruebas de un allanamiento. Será en Córdoba, el lugar donde militaba políticamente dentro del kirchnerismo. En tanto, otro juez federal define su situación por otro delito de corrupción: Claudio Bonadío indagó al ex secretario de Transporte en junio pasado por administración fraudulenta ya que desde su repartición se ordenó pagar una cifra de alrededor de dos millones de pesos por una obra ferroviaria. Pero la obra ya había sido pagada en su totalidad. Los abogados de Jaime no descansan porque el ex funcionario tiene, según estimaciones de fuentes judiciales, más de 15 causas abiertas por delitos de corrupción.  Sin contar en esa lista al caso de corrupción seguida de muerte por el que debe sentarse en el banquillo de los acusados: la Tragedia de Once.InfoBae