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El
Tribunal Oral Federal N°2 concluyó que los ex funcionarios conocía el estado
del sistema ferroviario y que no hicieron nada para mejorarlo, a pesar de las
advertencias de la CNRT y la AGN; el documento introduce la presunta
responsabilidad de De Vido
Tres
meses después de condenar a seis y ocho años de prisión a los ex secretarios de
Transporte de la Nación, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, respectivamente,
el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de la ciudad de Buenos Aires dio a
conocer los fundamentos de la sentencia en los que argumenta la responsabilidad
de los ex funcionarios en el accidente del 22 de febrero de 2012 en el que
murieron 52 personas en la estación de Once.
El
escrito, de 1415 páginas que fue entregado a los abogados defensores en pen
drive -no hubo lectura debido a la extensión de los fundamentos- también
describe la responsabilidad del motorman, Marcos Córdoba, de los hermanos Mario
y Claudio Cirigliano (ex gerentes de las empresas Trenes de Buenos Aires y
Cometrans) y de los otros 23 imputados por el fatal accidente.
"Las
autoridades de la compañía tomaron la determinación de que la flota de material
rodante a su cuidado prestase servicio en un deplorable estado de
mantenimiento, situación que les permitió solicitar la reconstrucción integral
del material rodante con fondos del erario público y en beneficio de la empresa
Emprendimientos Ferroviarios SA -también controlada por Cometrans-,
evidenciándose así la complicidad con los funcionarios públicos del área de
transporte", dicen los fundamentos elaborados por los jueces Jorge Alberto
Tassara, Jorge Luciano Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu.
"Consideramos
que Juan Pablo Schiavi y Ricardo Raúl Jaime han prestado un aporte fundamental
para la concreción de esta artimaña ya que, en sus respectivas gestiones a
cargo de la Secretaría de Transporte de la Nación, tenían la obligación de
supervisar el control y la fiscalización de la operación del sistema de
transporte ferroviario de pasajeros", sostiene. "Desde ese cargo,
cumplían un rol como brazo ejecutor en esta materia de la autoridad de
aplicación, y en virtud de ello debían velar por el correcto mantenimiento de
los bienes concesionados a las empresas prestatarias del servicio ferroviario y
a la vez por una circulación segura de los trenes".
Para
el TOF 2, tanto Jaime como Schiavi "tenían acabado y pleno conocimiento
del estado del material rodante como de la política empresaria que llevaba
adelante la firma Trenes de Buenos Aires y, pese a ello, obturaron toda
posibilidad de que se adopte alguna medida para evitarlo". Todo esto
ocurrió "pese a las constantes alertas que recibieron de parte de la
Comisión Nacional de Regulación del Transporte y de la Auditoría General de la
Nación".
Los
ex funcionarios "tenían el deber de supervisar el control y la
fiscalización de los servicios de transporte, asegurando la calidad del
servicio; resultando del modo en que llevaron cabo estas tareas el reproche en
punto a la defraudación constatada".
El
Tribunal profundiza también en la figura del ex ministro de Planificación
Federal, Julio de Vido, para quien solicitaron, el día de la sentencia,
extracción de testimonio para investigar su posible responsabilidad con lo
ocurrido en febrero de 2012.
"Pese
a haberse acreditado una intervención determinante en los hechos de parte Juan
Pablo Schiavi y Ricardo Raúl Jaime, quienes durante el ejercicio de sus cargos
posibilitaron la creación de riesgos ilegítimos, ello no eximiría de
responsabilidad a Julio Miguel De Vido, ya que difícilmente se puede alegar un
desconocimiento acerca de las circunstancias que aquí hemos probado",
concluyen los jueces.
Conducta
temeraria
Para
el caso de Córdoba, el Tribunal consideró oportuno no dejar pasar que en cada
una de las responsabilidades que le atribuyeron para condenarlo a 3 años y 6
meses de prisión la ex TBA "ha realizado su considerable y determinante
aporte para la superación de la permisión normativa". Fue por eso,
explicaron los jueces, que debieron responder en el proceso la plana directiva y
parte de la gerencial de dicha empresa.
Conductor de la trágica formación Chapa 16, Oscar Córdoba
"Córdoba
violó reglas de la buena conducción ferroviaria al superar los límites de
velocidad máxima establecidos para el recorrido e ingreso a la estación
terminal, al disponer la anulación del freno de emergencia conocido como de
hombre muerto y al aplicar en forma tardía - y sin los recaudos que ameritaba-
un sistema de detención que se presentaba con el fenómeno de freno largo",
describe el Tribunal. "A través de esos incumplimientos incrementó el
riesgo propio de la actividad ferroviaria por encima del permitido, peligro que
finalmente se concretó en el resultado causado", agrega.
En
cuanto a los excesos de velocidad el TOF 2 dio por probada una falta en Ramos
Mejía donde circuló a 73 km/h cuando lo máximo era de 70 km/h y varias
infracciones en la ciudad de Buenos Aires, donde no se podía superar los 60
km/h. En Liniers, Villa Luro, Flores y Caballito Córdoba circuló por encima de
lo permitido el 22 de febrero de 2012.Fuente: LaNación
