La sucesión de accidentes, demoras y cancelaciones de servicios dan cuenta del enorme deterioro en que se encuentra el parque ferroviario y quizá también de un déficit en la calidad del trabajo del sector.
La privatización del ferrocarril en los años noventa condujo a una reducción de la extensión ferroviaria y a una caída en la inversión, pero las políticas que la siguieron no cambiaron el cuadro trazado. En la actualidad, aún en tramos que unen centros urbanos y turísticos y que podrían tener fuerte demanda y justificar inversiones públicas o privadas, los servicios son espaciados y de cumplimiento imprevisible y las condiciones del material rodante, en lo que hace a velocidad de circulación o confort para los pasajeros, es lamentable.
El choque de San Miguel, el 16 de febrero pasado, que produjo cuatro muertos y el del pasado 4 de abril, con un saldo de 70 heridos, son hitos recientes de una historia de decadencia. El anterior y el actual Gobierno subsidiaron copiosamente a las empresas, algunas formadas por sindicalistas amigos, en un proceso de nula transparencia y con los resultados que cualquier usuario puede comprobar. El Gobierno también anunció y olvidó la recuperación de los talleres ferroviarios, al tiempo que importó material inservible o a precios sospechosamente elevados.
Sólo queda esperar que un futuro gobierno encare una política ferroviaria, en el marco de una política global de transporte, para recuperar el ferrocarril.
La sucesión de accidentes ferroviarios refleja el estado de deterioro del servicio, actualmente subsidiado sin condiciones de transparencia.(Fuente: Clarín)
