EXTERIOR
Las empresas
españolas tienen una nueva oportunidad en el suculento mercado brasileño tras
el anuncio el miércoles por parte del Gobierno del país sudamericano del tercer
plan en cinco años para dar a Brasil “las infraestructuras compatibles con su
tamaño”, en palabras de la presidenta Dilma Rousseff. El plan prevé la
construcción en régimen de concesión de 10.000 kilómetros
de ferrocarriles y 7.500
kilómetros de carreteras. El total de la inversión presentada
asciende a 133.000 millones de reales (53.300 millones de euros), de los que
dos tercios se dedicarán a ferrocarriles y el tercio restante, a carreteras. El
Gobierno de Rousseff también declaró que buscará nuevas colaboraciones entre el
sector público y el privado para mejorar la infraestructura de puertos y
aeropuertos.
En principio,
buenas noticias para el sector de la construcción civil española, que busca
salvaguardarse en el boyante mercado sudamericano de las cuitas de la crisis
europea. “Vamos a estudiar a fondo el proyecto”, afirma José Manuel Velasco, de
FCC. Brasil, junto con Colombia y Perú, son los nuevos objetivos de la
constructora presidida por Baldomero Falcones, que hasta ahora se había
centrado en el mercado centroamericano. “De los tres, Brasil es el primero.
Estamos allí desde hace más de dos años”, indica Velasco.
Pero otros
son más escépticos. “Brasil es un mercado muy difícil de entrar para las
empresas extranjeras”, considera una fuente relacionada con el sector. “Para
todo lo que sean obras públicas, las grandes constructoras brasileñas están muy
protegidas por la legislación”. Además, los inversores extranjeros se tienen
que enfrentar a un complicado sistema judicial que puede paralizar proyectos
enteros solo con la firma de un juez de primera instancia, y un
bienintencionado, pero lento, sistema de protección ambiental. “Para una
empresa que venga de fuera”, sigue diciendo la fuente, "prácticamente la
única forma de conseguir que te adjudiquen directamente un contrato es buscarse
un socio local, y aun así es muy difícil. Es relativamente más sencillo ganar
un proyecto en régimen de concesión".
Presidenta de la República Federativa del Brasil, Dilma Rousseff
Precisamente
lo que diferencia al plan presentado el miércoles de los anteriores es que la
mayoría de los proyectos propuestos están bajo ese régimen “más sencillo”. Los
dos Planes de Aceleración del Crecimiento (PAC), el proyecto estrella del
Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva y cuya primera edición (iniciada en 2007)
catapultó a su sucesora Rousseff a la presidencia, buscaron, entre otras
medidas, renovar las deterioradas infraestructuras del país sudamericano a
través de inversiones por valor de 162.800 millones de reales (65.290 millones
de euros). La mayor parte de esas obras se llevarían a cabo en régimen de
adjudicación directa, bajo la supervisión estatal.
Pero las
críticas de la oposición y de parte de la opinión pública a la lentitud de gran
parte de las obras del PAC, sumado a un escándalo de corrupción en el
Ministerio de Transportes en 2011, que acabó con el despido de 27 funcionarios
de alto rango (con el ministro, Alfredo Nascimento, a la cabeza) han llevado al
Gobierno de Rousseff a hacer énfasis en el modelo que, desde la privatización
de la autopista entre São Paulo y Rio de Janeiro en 1996, ha tenido más éxito
a la hora de mejorar la red brasileña de carreteras.
Es
precisamente en el sector de las concesiones de carreteras donde la presencia
española en Brasil es más evidente. Abertis, la mayor gestora de autopistas en
España, se hizo el pasado 8 de julio con el control de OHL Brasil. Esta
exfilial de la constructora española OHL se hizo en 2008 con la gestión por 25
años de 2.078 de los 4.764
kilómetros de carreteras federales administradas por la
iniciativa privada, que sumó a los 1.147 kilómetros
de rutas titularidad del estado de São Paulo, el más poblado del país. Abertis,
que con la operación se ha colocado en una buena posición para pugnar por las
próximas concesiones federales, esperará al cierre definitivo de la
transacción, previsto para septiembre, para dar su opinión acerca del plan de
infraestructuras.
Pero Abertis
no es la única empresa española que ya está presente en el mercado brasileño.
Isolux Corsán participa en la gestión de 680 kilómetros de
carreteras en el estado de Bahía, mientras que Acciona Infraestructuras
controla una ruta de 200
kilómetros en el estado de Río de Janeiro. Los mercados
han recibido con euforia el anuncio de Rousseff. La acción de Abertis ha
llegado a subir más de un 13% desde la presentación del plan, mientras que la
de Acciona ha crecido un 9,1% y la de FCC, un 24,1%.
Pero la parte
del león del proyecto de infraestructuras es la inversión en ferrocarriles. La
esperanza para las empresas españolas está en el desbloqueo de la joya de la
corona del PAC: la línea de alta velocidad entre Río de Janeiro, São Paulo y
Campinas. El proyecto, cuya conclusión estaba inicialmente prevista para el
próximo Mundial de fútbol en 2014, nunca ha avanzado de la fase de
planificación: las tres pujas convocadas hasta ahora por el Gobierno federal
han quedado desiertas. Para desbloquear la situación, Brasilia decidió separar
la licitación de la construcción de la infraestructura de la de la venta de los
trenes, así como subastar la obra por tramos, en lugar de encargar el proyecto
completo a un único concesionario. El pasado mes de junio, un representante de
Talgo acompañó al Rey Juan Carlos en su visita oficial a Brasil.
Entre las
inversiones ferroviarias prometidas el miércoles por el Gobierno de Rousseff
destaca la construcción de dos grandes conexiones ferroviarias entre los
estados de Mato Grosso y Mato Grosso do Sul (donde la producción de soja a
escala industrial ha florecido en la última década) y la costa.
El Gobierno
de Dilma Rousseff también prometió el miércoles anunciar nuevas concesiones
para puertos y aeropuertos antes del 15 de septiembre “como mucho”. Según el
diario OGlobo, la segunda subasta, tras la de febrero de este año, incluirá los
aeropuertos internacionales de Belo Horizonte y Río de Janeiro. Este último es
especialmente importante por el doble papel de la excapital del país como sede
de la final del Mundial de fútbol de 2014 y de los Juegos Olímpicos de 2016.
“Queremos
unirnos a los concesionarios para obtener lo mejor que puede ofrecer la
iniciativa privada en eficiencia”, dijo Rousseff, “con lo mejor que el Estado
puede y debe ofrecer en planificación y gestión de recursos”.O Globo también
afirma que para la próxima ronda el Gobierno quiere tener reglas más rígidas
que atraigan a más inversores internacionales con experiencia en gestión.
En la subasta
de los aeropuertos de São Paulo, Campinas y Brasilia, celebrada hace seis
meses, tanto Ferrovial como el consorcio formado por OHL y Aena presentaron
ofertas, que acabaron derrotadas. El País.
