SUBTE: LA CAPITAL FEDERAL NO DESCARTA RECHAZAR LA TRANSFERENCIA

Es porque no logran acordar con la Nación puntos centrales como el aval a préstamos para inversión. Y el plazo de 90 días para negociar se acorta. El retiro de la Federal generó una polémica que sigue. Hoy hay una reunión clave en la trabada negociación.

Tras el traspaso del control de las seis líneas de subte y el Premetro, acordado por los gobiernos de la Nación y la Ciudad el 3 de enero, se abrió un plazo de 90 días para negociar varios temas relacionados con la transferencia total del servicio. Sin embargo, esa negociación casi no avanzó, y de hecho tuvo polémicas en el medio, como la motivada por el retiro de la Policía Federal de las estaciones. Hoy habrá una reunión importante, pero desde el Gobierno porteño advirtieron que, de no haber avances, no descartan devolverle el control del servicio a la Nación , incluso a pesar de haber aumentado las tarifas.

Así se lo confirmó a Clarín una muy alta fuente de la Ciudad. “La negociación por ahora está bastante trabada. Queremos avanzar, pero si esto no pasa no descartamos rechazar el traspaso del servicio”. A la red de subtes la usan 1,2 millones de pasajeros.

Incluso antes de llegar al Gobierno porteño, el macrismo venía reclamando la transferencia del servicio a la Ciudad, pero la Nación nunca lo había considerado. Hasta que el 1° de noviembre, y junto con el anuncio de la quita de subsidios a los servicios públicos, el Gobierno nacional informó que le quería pasar el control de la red de subtes a la Ciudad a partir del 1° de diciembre.

Se abrió entonces una negociación dura , ya que el macrismo no quería apresurar la transferencia sin antes negociar algunos temas. Finalmente, y tras un pedido de la propia presidenta Cristina Fernández, ambos gobiernos firmaron un primer documento para que la Ciudad tomara el servicio desde el 3 de enero. Fue por ese paso que el Gobierno porteño decidió que a partir del 6 de enero la tarifa saltara de $ 1,10 a $ 2,50 , una suba justificada por la quita parcial del subsidio que la Nación aportaba para no incrementar el precio del boleto (ver El aumento...

Pero así como se avanzó en ese paso, se abrió el lapso de 90 días para seguir negociando. ¿Qué le interesa a la Ciudad? Por un lado, que la Nación se comprometa a avalar a la Ciudad en la toma de préstamos internacionales para invertir en la red, tanto para construir nuevas estaciones como para mejorar el servicio existente, con nuevos vagones con aire acondicionado, sistemas de señalización y otras cuestiones. En el Gobierno porteño calculan que a la red le falta una inversión del orden de los US$ 1.000 millones .

Además, la Ciudad pretende que la Nación continúe las obras de expansión de la línea E desde Plaza de Mayo a Retiro, que tiene a su cargo. También, que concrete la compra de 45 vagones que le encargó al gobierno de China para reforzar el servicio de la línea A.

En tanto, en esa negociación se debería definir también qué hacer con el contrato de la concesionaria Metrovías, que dura hasta 2017 pero fue firmado con la Nación en 1993. El tema es que ese contrato también incluye la concesión del ferrocarril Urquiza, que nada tiene que ver con el traspaso del subte, entre otros puntos a revisar.

Pero mientras los 90 días están corriendo, no sólo casi no se avanzó sino que hubo nuevos conflictos. Unilateralmente, el Ministerio de Seguridad nacional comenzó el 1° de febrero el retiro de los efectivos de la Federal que custodiaban las estaciones, los primeros 40 sobre un total de 800. Esto motivó un fuerte cruce entre ambos Gobiernos, porque el kirchnerismo afirma que la seguridad en la red le corresponde a la Policía Metropolitana, mientras que el macrismo sostiene que sigue siendo una responsabilidad de la Nación. El enfrentamiento llegó al punto tal que el bloque de diputados nacionales de PRO elevó un proyecto para que la ministra Nilda Garré se presente en el Congreso a dar explicaciones.

Legalmente la situación es compleja. Es cierto que se firmó un primer acuerdo de traspaso, pero también es verdad que no es un acuerdo total, que además debería en cualquier caso ser avalado por la Legislatura porteña . “El artículo 8° de la Constitución de la Ciudad así lo marca. La Legislatura no podría modificar el convenio, pero sí rechazarlo”, explicó el legislador Fernando Sánchez, presidente del bloque de la Coalición Cívica.Clarín