Seis empresas privadas del exterior con experiencia en negocios ferroviarios disputan la realización del diseño de la nueva sociedad anónima por la cual comenzará a funcionar la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE), tal como lo establece un decreto del Poder Ejecutivo de diciembre de 2011. Se trata de un llamado público que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) realizó ni bien el gobierno dio luz verde al nuevo esquema de negocios, donde el ente mantendrá 51% de las acciones y 49% pasan a manos de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND). Fue realizado con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y espera terminar el 9 de marzo.
El privado deberá elaborar un proyecto que contenga el tipo de empresa, con cuánta cantidad de funcionarios y especialización, equipamiento y estructura comercial necesita funcionar la nueva AFE. Ofrecerá también un modelo de gestión empresarial para los objetivos proyectados, explicó ayer a El País el subsecretario de Transporte, Pablo Genta.
El asunto fue motivo de discusión el pasado lunes en el Gabinete Productivo. Allí el presidente Mujica solicitó "acelerar" el proceso. El ferrocarril es una prioridad del gobierno y uno de los temas que desvelan al presidente.
Genta estima que a partir de diciembre de 2012 la sociedad anónima estará en condiciones de comenzar a funcionar. Cada año se transporta 3% del total de la carga productiva por tren, cerca de 1 millón de toneladas, y el gobierno pretende duplicar esa cantidad en tres años. La meta es llegar a transportar 10% del total de la carga que se mueve en el país.
También será motivo de la definición estratégica de la consultora privada qué tipo de productos transportar. Para Genta pueden ser productos forestales y graneles, así como productos derivados de minerales como cemento de Ancap.
Por otra parte, el Ejecutivo piensa incluir compromisos de gestión en los contratos laborales de sus empleados, que desempeñarán su tarea bajo el derecho privado.
El secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, explicó a El País que la práctica se extiende en diferentes reparticiones del Estado. Consiste en fijar metas a los trabajadores, muchas veces relacionadas con la productividad o a veces con presentismo que, al final del año y sujeto a evaluación, otorga o no un incentivo económico. El País Digital
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