Privatizaciones
El Gobierno prepara una concesión para privatizar el ferrocarril por 50 años. Cinco cerealeras se unieron para competir en la licitación y dejaron afuera a la empresa COFCO por ”ser china”.
La injerencia de Estados Unidos para desplazar a China de la cartera de negocios estratégicos que abrió el gobierno libertario tiene nuevas ramificaciones. Después del apriete que denunció la cooperativa eléctrica CALF de Neuquén para que diera de baja sus acuerdos con Huawei, la disputa asoma detrás de la privatización del Belgrano Cargas, avalada por el Congreso de la Nación. Con los pliegos aún sin publicar, las principales cerealeras se preparan para competir por una red clave que opera tres líneas ferroviarias que atraviesan 17 provincias y conectan el norte del país con los puertos del Gran Rosario.
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El Estado se dispone así a entregar a privados un activo estratégico para las exportaciones después de haber invertido durante más de una década en su recuperación con financiamiento chino. Entre los jugadores que se disputan las últimas joyas de la corona, cinco cerealeras analizan la posibilidad de concesionar el Belgrano Cargas a través de un consorcio. Según información a la que accedió este diario, los CEO de las exportadoras le comunicaron a COFCO, la empresa alimentaria más grande del mundo, que no formará parte de la UTE “por ser una empresa china”, aun cuando participó de inversiones vinculadas al sistema ferroviario y podría poner en jaque el esquema de financiamiento que el país tiene con China.
La subordinación de Javier Milei al gobierno de Donald Trump abre nuevos frentes de conflicto. Mientras la Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y Organizaciones de la Cámara de Diputados espera este miércoles la asistencia del embajador norteamericano Peter Lamelas para que explique la presión que ejerce sobre la cooperativa eléctrica de Neuquén para impedir acuerdos con Huawei, se conoce ahora un dato revelador que da cuenta del lobby antichino. Según supo Página/12, las cinco cerealeras que se presentarán juntas para quedarse con el control del Belgrano Cargas, avalado tras la sanción de la Ley Bases, citaron al CEO de COFCO, la empresa estatal de alimentos y agricultura más grande de China, para comunicarle que la compañía se quedará fuera de la UTE “por ser una empresa china”, reveló a este diario una fuente con conocimiento del encuentro.
La cita fue semanas atrás en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, con participación de los CEO de las principales exportadoras de granos, Bunge, Louis Dreyfus, Cargill, ACA y AGD. Esta última ya está al frente de NCA Cargas. Según la fuente, “no estaba Idígoras, presidente de CIARA”, pero sí representantes de la Cámara de la Industria Aceitera. Tampoco participaron funcionarios del Gobierno.
Aun con los pliegos de la licitación sin publicar, que dará la concesión por 50 años, las cerealeras vienen jugando un rol activo. Fuentes involucradas en las conversaciones señalaron que el objetivo inicial del Gobierno era que la licitación quedara en manos “de un grupo mexicano por orden de Donald Trump”, en referencia a GMXT, pero las cerealeras le adelantaron al Gobierno que, de ser así, exigirían todo el dinero que invirtieron en “vagones nuevos cero kilómetros”. Desde la Secretaría de Transporte confirmaron que el proceso de licitación debería abrirse “antes de fin de año porque el Gobierno quiere la plata sí o sí”. Pero revelaron que los pliegos vuelven para atrás una y otra vez. “Hacen los pliegos y los borran porque los hacen mal”.
La autonomía de las cerealeras se apalanca en el silencio del gobierno de Javier Milei y la connivencia con la embajada norteamericana que hace explícitas sus pretensiones de correr a China de lo que históricamente consideró su patio trasero. La semana que cierra, Peter Lamelas profundizó la intromisión que ejerce en la política argentina. Durante un encuentro organizado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, ante empresarios del círculo rojo, funcionarios y empresarios de todo el país, el embajador estadounidense apuntó directamente contra Huawei, acusó a la empresa china de realizar tareas de espionaje para el Partido Comunista Chino y advirtió que su presencia en la infraestructura de Vaca Muerta dificultará la llegada de inversiones. “Estamos decidiendo hoy el futuro de Vaca Muerta y de Argentina. Por favor, no pierdan esta oportunidad”, reclamó.
Las últimas joyas de la corona
Desesperado por acumular dólares y achicar el Estado, el Gobierno acelera la venta de bienes públicos y privatizaciones. Durante el mes de julio, la gestión libertaria avanzó en la implementación de plataformas para la venta de activos del Estado.
En relación con la privatización del Belgrano Cargas, el Gobierno creó días atrás un fideicomiso de destino exclusivo para administrar los fondos que obtenga del remate de locomotoras y vagones. Además, el Ejecutivo planea habilitar el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para las obras de infraestructura que deberán ejecutar los futuros concesionarios, es decir, transferirá al sector privado una red clave para sacar la producción del interior hacia los puertos y su mantenimiento.
La empresa Trenes Argentinos Cargas fue estatizado en mayo de 2013 bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Los años siguientes, el Estado destinó una fuerte inversión a recuperar la red y ampliar su capacidad. Una parte central de esas obras permitió extender la red hasta el centro del complejo agroexportador del Gran Rosario y garantizar el ingreso de los trenes a Timbúes, uno de los principales salidas de granos del país. Muchas de esas obras se hicieron con financiamiento chino.
En plena guerra comercial, las inversiones de China en la región buscan crear una nueva geografía que una al mundo de otra manera, con financiamiento para infraestructura, conectividad, tecnología y una nueva narrativa de cooperación sur-sur, que pone en jaque la geografía noratlántica internacional del comercio diseñada por los Estados Unidos. Su principal objetivo es garantizar su seguridad alimentaria. Por eso, la exclusión de su principal empresa cerealera podría desencadenar un nuevo cortocircuito diplomático con consecuencias en el plano financiero.
Jugar con fuego
El financiamiento del Belgrano Cargas y el de las represas hidroeléctricas de Santa Cruz forman parte del entramado de acuerdos estratégicos que la Argentina firmó con China y que, en conjunto, superaron los 7.000 millones de dólares. Sólo para la modernización del sistema ferroviario se comprometieron créditos multimillonarios de bancos chinos destinados a la renovación de vías, locomotoras y vagones.
Ambos proyectos están unidos por una cláusula sensible. Los contratos contemplan mecanismos de cross default que permiten que determinados incumplimientos tengan consecuencias sobre el otro. El antecedente ya existe. En 2016, cuando Mauricio Macri intentó frenar y revisar las represas de Santa Cruz, el China Development Bank advirtió formalmente al Gobierno que esa decisión podía activar el incumplimiento cruzado y afectar el crédito destinado al Belgrano Cargas.
Javier Milei, el presidente argentino, ha hecho de los viajes al exterior el sello de su gestión. Todavía no visitó China, su segundo socio comercial. La comparación expone las prioridades de su política exterior. Desde que llegó a la Casa Rosada, viajó 15 veces a Estados Unidos. El fanatismo de Milei por Donald Trump lo lleva a tomar medidas más extremas de las que toma su ídolo, que reconoce, sin complejos, la interdependencia que Estados Unidos y China mantienen a pesar de la guerra comercial que dicen disputar.
A pesar de los desaires, la tensión política no interrumpió la relación financiera con Beijing. En junio, el Gobierno anunció la renovación por otros doce meses del tramo activado del swap con China por el equivalente a 5.000 millones de dólares. “La paciencia china es estratégica. Para ellos este gobierno es una instancia efímera dentro de la larga y fructífera relación que mantienen con el país”, explicaron fuentes diplomáticas a este diario. Fuente: Página 12
