Sin construcción, sin obras y sin trenes

Empresas Concesionarias

Desde el gremio están a la espera de definiciones por posibles despidos en la empresa que transporta el cemento, piedra y arena desde Olavarría y Bahía Blanca. 

El parate de la obra pública por parte de Javier Milei acumula víctimas. En este caso, la empresa de ferrocarriles de carga, Ferrosur Roca, presentó un procedimiento preventivo de crisis, y sus más de mil trabajadores temen por su futuro laboral. 

Abocada al transporte de cemento, piedras y arenas, el desplome de la construcción puso en jaque a la concesionaria que tiene como socio mayoritario a Loma Negra, la firma cementera de Olavarría.

“El día 23 se desarrolló una reunión en el ámbito privado con autoridades de la empresa y del sindicato en el cual se acordó abrir un canal de diálogo y de trabajo en conjunto para buscar una salida a esta situación, tanto para la empresa como para los trabajadores”, detallaron desde el gremio La Fraternidad a Buenos Aires/12.

En el sindicato, el análisis sobre la desmejoría en la rentabilidad de la empresa está anclado en “la pausa que se produjo en la obra pública nacional desde que asumió este nuevo gobierno, y el principal cliente de Ferrosur se dedica a materiales de construcción, como es cemento, piedra, arena”. Así lo analizan los trabajadores organizados, que ven con cada vez mayor preocupación un escenario sin repuestas por parte de la gestión nacional. 

Se trata de Loma Negra, la cementera olavarriense que forjó la familia Fortabat. Tal como viene contando este medio, la construcción atraviesa uno de sus peores escenarios. Los números no mienten, y en 2024 la caída en el despacho de cemento pisó el 25 por ciento, como bien aseguró Bruno D’Amico, delegado de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), en Loma Negra y tesorero de la seccional gremial.

“Durante la última reunión con las autoridades de la planta, dijeron que están complicados al no haber despacho de piedra”, relata D’Amico. A su vez, Loma Negra, dueña del 80 por ciento de las acciones de Ferrosur, argumentó que bajó la venta de cemento y “encima llegan todas las bolsas rotas”. “Nos dijeron que las vías están muy rotas, que la última vez que despacharon la mitad de las bolsas llegaron rotas, y por eso empezaron a transportan en camión desde Olavarría”, indicó.

Desde La Fraternidad explicaron a este medio que las obras se hacen a través de un fideicomiso. A ese fideicomiso ingresaba el pago de un canon por parte de la empresa y, junto con el Estado, debían combinar la estrategia y realización de trabajos en la infraestructura férrea. “No hicieron muchas obras”, subrayaron desde el gremio.

Ahora, a partir del procedimiento preventivo de crisis, la firma que opera los trenes de carga de la ex línea Roca sobre más de 3.300 kilómetros de vías abrió las negociaciones con el sindicato y el Gobierno con la posibilidad de aplicar despidos, suspensiones, reducción de horarios y de salarios.

Un panorama sombrío

Meses atrás, la Asociación Obrera Minera Argentina certificó los datos que la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland hizo públicos: el despacho de cemento en 2024 tocó el peor número desde 2009. Incluso, por debajo de los vistos durante la pandemia. Sucede que, durante el primer año de la gestión de Milei, la caída en el despacho de cemento pisó el 24 por ciento.

La parálisis en la obra pública nacional no corta su tendal de daños. Varios de esos casos fueron relatados por este diario, como el cierre de planta de cerámicos Cerro Negro que dejó a cien personas en la calle y la partida del grupo chileno que administraba a FABI, la histórica fábrica de bolsas industriales en el pueblo olavarriense de Hinojo. Otras 150 familias sin empleo.

Precisamente, Olavarría es un distrito golpeado de lleno por las decisiones políticas de Javier Milei. A la complejidad del universo cementero se le agrega el estrictamente minero. 

Bruno D’Amico, delegado de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA).

D’Amico detalla que durante el primer año de La Libertad Avanza al frente del Gobierno nacional se perdieron 250 puestos de trabajo en canteras olavarrienses y otros 300 de empleados de la construcción que cumplían tareas de mantenimiento en la actividad minera.

En el caso de Ferrosur, el escenario representa directamente un tiro al corazón, producto de que lo único que transporta en sus trenes son materiales secos para la construcción. 

Para el sindicato de La Fraternidad, la situación de la empresa se vio agravada por “la lamentable inundación de Bahía Blanca, consecuencia que afectó directamente la infraestructura que permite el transporte de arena de fractura desde esta ciudad a Vaca Muerta, sumado a otros productos que poseen destinos similares”.

Así, la firma abrió las puertas a posibles despidos dentro de los 1024 empleados con los que cuenta. Muchos de ellos operan en Olavarría, Cañuelas e Ingeniero White, dentro de la provincia de Buenos Aires. Puntualmente, Olavarría era el centro productor de la materia transportada por Ferrosur, pero también Benito Juárez y Bahía Blanca aportaban a su movimiento.

Desde este momento, en el gremio están atentos a las definiciones del Gobierno nacional que, en octubre del año pasado, prorrogó la concesión a la empresa por un año más, ya que está vencida desde 2023. 

Según pudo saber este medio, aseguran que todos los fletes que se realizaban eran rentables con sus correspondientes análisis de costos y que “el tema de la continuidad de la empresa está atado a lo que se defina de la concesión”. 

También recordaron que no es la primera vez que Ferrosur presente un recurso de estas características. Hizo lo mismo en 2020 cuando la pandemia paralizó la actividad económica, aunque después pudo repuntar. Página12.com

Se ha iniciado el proceso de privatización de la empresa Trenes Argentinos Cargas

Actualidad

Redacción Crónica Ferroviaria

En el día de hoy el vocero presidencial, Manuel Adorni, comunicó en conferencia de prensa que se ha dado inicio al proceso de privatización de la empresa Trenes Argentinos Cargas, también conocida como Belgrano Cargas y Logística S.A., mediante el procedimiento aprobado por la Ley Bases.

.Como se recordará, la empresa estatal ferroviaria de cargas opera 7.600 km. de vías que ahora serán concesionadas a privados, manteniendo rieles y tierras como propiedad del Estado Nacional. Dicho proceso de privatización será liderado por Diego Chaher, titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, dependiente del Ministerio de Economía de la Nación.

"En manos estatales, la empresa Trenes Argentinos Cargas es obscenamente deficitaria y posee una planta sobredimencionada de 4.429 personas, además de una estructura jerárquica elevada no acorde a sus funciones. Sólo el año pasado, el Estado Nacional debió aportar 112 millones de dólares para su subsistencia", expresa el comunicado de la Presidencia de la Nación.

Asimismo, manifiesta que "en los últimos 50 años se sextuplicó la producción nacional, sin embargo, bajo control estatal, la empresa TAC transporta hace 15 años la misma cantidad de toneladas. Su privatización tiene por objetivo eficientizar la competitividad del transporte ferroviario de cargas, promover la inversión en el sector e introducir la lógica de mercado del sector ferroviario"

Por último, expresa que "este gobierno va a privatizar todo lo que se pueda privatizar, y va a pasarle al sector privado para que funcione eficazmente todo lo que le pueda pasar al sector privado. Se terminó el Estado empresario"

El Gobierno Nacional extenderá 18 meses la concesión de cargas de la Línea Mitre

Nota de Opinión

Por: Antonio Rossi para LetraP.com

En junio le había tocado a Techint. Loma Negra se frota las manos. Estatización en stand by.

A pocos días de cumplir un mes al frente de la cartera de Transporte, el massista Diego Giuliano se apresta a tomar una de sus primeras medidas de fondo vinculada con la continuidad de los trenes privados de cargas. Por medio de una resolución que está terminando de pulir la asesoría técnica y legal, el ministro de Transporte procederá a prorrogar por 18 meses la concesión de los servicios ferroviarios de cargas de la red de la línea Mitre que opera la empresa Nuevo Central Argentino (NCA). Controlada por el grupo empresarial de Aceitera General Deheza (AGD) de la familia Urquía, la concesión de la carguera privada había arrancado en los primeros años de la era menemista y tenía como fecha de vencimiento la última semana de este año.

Con la extensión que suscribirá Giuliano, NCA seguirá operando sus trenes de cargas hasta la mitad del primer año de gestión del próximo Gobierno, que asumirá a partir de diciembre de 2023. De esta manera, NCA podrá seguir manteniendo la elevada concentración de sus servicios de cargas en cabeza de las empresas que pertenecen a su grupo controlante. Según los últimos datos relevados por la Comisión Nacional Reguladora del Transporte (CNRT), el 78% de las toneladas movilizadas por NCA fueron de Aceitera General Deheza (AGD), la empresa madre del grupo cordobés que maneja la carguera ferroviaria y que tiene como figura pública al exsenador por el peronismo Roberto Urquía.

Aunque no lo admita públicamente el funcionariado de Transporte, la decisión de darle vía libre a la ampliación contractual de NCA no hace más que confirmar el fracaso de la estrategia trazada por la administración de Alberto Fernández para la reconfiguración del negocio de los trenes de cargas que implicaba la salida de los actuales operadores privados y un rol más protagónico de las empresas ferroviarias estatales.

Con las prórrogas concedidas a Ferroexpreso Pampeano, la operadora del grupo Techint, a mediados de este año, la de NCA que está en curso y la que seguramente recibirá en marzo Ferrosur Sur, que maneja la cementera Loma Negra del grupo brasileño Camargo Correa; el Gobierno ha optado por dejar la compleja cuestión de las ferroviarias privadas de cargas en modo stand by y transferirle el problema a quienes desembarcarán dentro de un año en la Casa Rosada.

Las redes de cargas que se concesionaron a principios de la década del 90 fueron transferidas bajo el régimen de “concesiones integrales” que dejaron en manos privadas la operación de los servicios, el mantenimiento de la infraestructura y el control de los sistemas de circulación de los trenes.

Ese formato fue modificado en 2015 con la sanción de la ley 27.132 que estableció un nuevo marco regulatorio para los ferrocarriles. Esa norma había sido impulsada por el entonces ministro de Transporte Florencio Randazzo y aprobada en el Congreso por la bancada kirchnerista y por los bloques macristas y radicales, opositores en ese momento.

El nuevo esquema preveía el cambio gradual del modelo menemista a otro que contenía dos cambios de fondo relevantes. El primero consistía en el retorno a la órbita estatal de todas las redes e infraestructuras ferroviarias junto con el control unificado de las vías y del movimiento de los trenes. A eso se agregó la aplicación de un nuevo sistema operativo de acceso abierto para que los operadores privados pudieran seguir prestando servicios con formaciones suministradas por Estado y el pago de peajes por el uso de las vías.

Durante la administración de Mauricio Macri, los cambios que habían sido aprobados por el Congreso quedaron en el freezer. Recién a fines de 2018, el entonces ministro Guillermo Dietrich reglamentó parcialmente la ley con una polémica modificación que permitía prorrogar las “concesiones integrales” de cargas por otros 10 años.

Recién a fines de 2020, el sucesor de Dietrich en la cartera de Transporte, Mario Meoni, delineó una hoja de ruta para ir adaptando el negocio de los trenes privados de cargas a los parámetros establecidos seis años antes.

Tras varias idas y vueltas y con Alexis Guerrera como ministro, en junio de 2021 Transporte aprobó la resolución 211 que, basada en el marco legal de 2015, contemplaba la salida escalonada de los actuales concesionarios y la instrumentación de un modelo de libre acceso a las redes con pago de peajes para que los operadores privados y provinciales habilitados por la CNRT pudieran armar sus trenes a medida con locomotoras y vagones alquilados al Estado.

A mediados de año y tras haberle extendido por segunda vez la concesión a Ferroexpreso Pampeano, el Gobierno decidió implementar un llamativo y polémico mecanismo de integración comercial con operadores privados que no tenía antecedentes conocidos, ni probados a nivel mundial.

Por medio de la ferroviaria estatal Belgrano Cargas y Logística SA, que opera baja la marca Trenes Argentinos Cargas (TAC), la cartera de Transporte lanzó un “concurso de proyectos integrales” a fin de seleccionar una empresa privada para la “operación asociada” en el corredor cerealero Rosario-Bahía Blanca.

Con ese esquema, el Estado quedaba a cargo de las inversiones más costosas destinadas a la renovación y el mantenimiento de las vías. Además, debía afrontar las reparaciones integrales y puesta a punto de todas las locomotoras y vagones que devolvían las concesionarias privadas y que luego iban a ser ofrecidas en alquiler. En tanto, el “operador asociado” iba a tener que pagar un canon por el uso de las vías y una contraprestación económica por los trenes y los talleres ferroviarios requeridos a la estatal TAC.

Ante la falta de interés de las empresas que estaban habilitadas para participar, el Gobierno se vio obligado a declarar desierto el llamado y a recalcular el camino que tenía previsto para revertir el escenario y las reglas de juego de los trenes privados de cargas.