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En
representación de Beatriz Rial, madre de Ferreyra, los abogados Maximiliano
Medina y Alberto Bovino (del Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS),
aplicaron igual calificación al segundo de Pedraza en el gremio, Juan Carlos
"Gallego" Fernández, al exponer en la primera audiencia de alegatos.
Los
querellantes sostuvieron que Pedraza y su segundo "idearon un plan y
articularon la convocatoria del grupo de choque" congregado por el delegado
Pablo Díaz entre "otros delegados de los talleres de Remedios de
Escalada", y que cometió el crimen.
Los abogados
consideraron probado que el móvil fue “mantener la hegemonía política y
económica a costa de los tercerizados”, ya que aunque en la protesta agredida
no había más de 120 empleados en esa condición, su ingreso "les abría la
puerta a otros 1.500 trabajadores" precarizados.
“La Unión Ferroviaria
actuaba como una virtual gerencia de recursos humanos en el ferrocarril Roca”,
por lo que la pretensión de los tercerizados de ingresar a la planta estable de
la UGOFE
(Unidad de gestión Ferroviaria) que administraba el ramal, “ponía en riesgo
este sistema”.
Foto gentileza Telam
La familia
del joven militante del Partido Obrero, baleado cuando apoyaba esa protesta,
ocupó hoy la primera audiencia de alegatos en este juicio con 17 acusados que
se desarrolla ante el Tribunal Oral Criminal 21 en los tribunales de Comodoro
Py, 2002, en el barrio porteño de Retiro.
Ademas de
Pedraza y Fernández, están siendo juzgados ocho integrantes de un “grupo de
choque” que respondia al plan de la cúpula del gremio ferroviario y cometieron
el asesinato y balearon a otros tres manifestantes, cuyos patrocinantes
alegarán en la próxima audiencia.
También hay
siete policías acusados de “abandono de persona” por no impedir que se
concretara la agresión, entre ellos el comisario Hugo Lompizano, que hoy
presenció la audiencia en condición de detenido luego de haberse ausentado la
semana por vacaciones.
Al cabo de la
audiencia, el TOC21 determinará si debe permanecer en esa condición hasta el
fin del juicio, en el que podría recibir una condena de hasta 15 años de
cárcel.
Pedraza
manejaba al menos dos cooperativas que tenían a cargo tercerizados
ferroviarios, y ello fue un "negocio que proliferó" en la UGOFE, dijeron los abogados
al sostener que “el gremio, lejos de acompañar el reclamo de tercerizados (pase
a planta permanente), quería licuar el conflicto y aducía que las protestas
eran protagonizadas por personas ajenas al ferrocarril".
"El
homicidio de Ferreyra fue a 300
metros de las vías y cuando se retiraba, evitar el corte
de vías era una fachada", remarcó el querellante, para quien el verdadero
motivo fue "confrontar" con los tercerizados y
"aleccionarlos”.Telam
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