TRENES SIN CONTROL, USUARIOS REHENES

El Estado es cómplice en las tragedias y los disturbios que ocasiona el mal servicio de los ferrocarriles concesionados

Pese a las colosales cifras que perciben en concepto de subsidios, las empresas concesionarias de los servicios ferroviarios de los que son esclavos 1.300.000 pasajeros diarios en el área metropolitana siguen prestando un pésimo servicio, que ha ocasionado accidentes mortales y colapsos del servicio en horas pico que han provocado inexcusables hechos de vandalismo por parte de usuarios contra las formaciones y el personal.

Foto: Pablo Salgado

Al Estado argentino le cuesta 15 millones de pesos por día -casi cuatro millones de dólares diarios- subsidiar este transporte ferroviario. En promedio, el Estado, es decir, toda la sociedad, paga 7,66 pesos por cada boleto, algo más de 15 pesos si ese boleto es de ida y vuelta. El año pasado, los concesionarios de trenes Metrovías, Trenes de Buenos Aires (TBA) y Ferrovías recibieron subsidios por 2980 millones de pesos para poder operar, en su gran mayoría, los servicios urbanos.

Según las estadísticas publicadas por la Comisión Nacional Reguladora del Transporte (CNRT), durante 2008 los pasajeros de las siete líneas urbanas de ferrocarriles -Mitre, Sarmiento, Urquiza, Roca, San Martín, Belgrano Norte y Belgrano Sur- dejaron asentada una queja cada 30 minutos ante los administradores de los ramales o ante el mencionado organismo de control.

Fuego en diez vagones, boleterías destruidas y tres estaciones arrasadas fueron parte del saldo del último escándalo registrado en la ex línea Sarmiento de TBA. La furia de los pasajeros se desató a raíz del descarrilamiento, en Flores, de un vagón de una formación que cumplía el recorrido de Once a Moreno. Los trenes circularon excedidos de pasajeros y con sensibles demoras. Quienes no podían abordarlos debían recurrir a colectivos y servicios de combis que tampoco tenían capacidad para acoger a los frustrados pasajeros. Estalló la furia y un grupo de personas atacó a pedradas a un maquinista y a un guardia. Y creció la violencia, que nunca puede ser justificable.

La empresa concesionaria sostuvo que el descarrilamiento obedeció a un sabotaje. La primera e inaudita reacción del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, fue culpabilizar de los desmanes al dirigente de Proyecto Sur y cineasta Fernando "Pino" Solanas. Sin pruebas ni argumentos, el jefe de Gabinete formuló una falsa denuncia.

El año pasado ocurrieron hechos similares y peores: en un fatal accidente se abrieron las puertas en una formación del ramal Suárez-Retiro y hubo seis muertos y decenas de heridos. En febrero último, un choque ocasionó cuatro muertos.

Sin ninguna malicia, puede llegar a pensarse que la repetición de estos episodios podría obedecer al hecho de que para algunos concesionarios el negocio no gira en torno del cobro del boleto y la inversión para brindar servicios adecuados, sino del cobro de los gigantescos subsidios. Sus pasajeros lo son a la fuerza, pues tienen escasas y a veces peores opciones para trasladarse.

El Estado parece haber resignado su obligación de control sobre las concesionarias. Llama mucho la atención que al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime se lo investigara, en una de las casi veinte causas en las que está imputado, por haber recibido presuntos favores de una de las concesionarias.

En efecto, el fiscal federal Guillermo Marijuán solicitó la elevación a juicio de la investigación que le atribuye a Jaime haber viajado en vuelos privados que fueron pagados, en su mayoría, por el Grupo Cirigliano, dueño de TBA y uno de los principales beneficiarios de los subsidios estatales. Claudio Cirigliano también estaba procesado, pero para él la causa prescribió.

A estas alturas, no puede hablarse de desidia del Gobierno en lo que hace al control que no quiere ejercer, sino de complicidad. Y en esta materia, la falta de acción se traduce en la serie de muertos y heridos que se incrementa a medida que transcurre el tiempo.(Fuente: LaNación.com)