Sospechas de corrupción: El Gobierno insiste en sostener el contrato para el soterramiento del Sarmiento

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La comisión oficial dice que no se favoreció al consorcio que estaba formado por Ghella, Iecsa, Comsa y Odebrecht. Y asegura que tampoco hubo sobreprecios.

Luego de 14 meses de trabajo, la comisión oficial creada por el Gobierno para investigar si hubo irregularidades en el contrato del soterramiento del Sarmiento, estableció que no hubo "un direccionamiento a favor del contratista. Tampoco se logró acreditar la existencia de sobreprecio".

Por eso, los cinco representantes del Ministerio de Transporte afirmaron que no hay elementos que justifiquen la rescisión del contrato del Gobierno con el consorcio que lleva adelante el soterramiento, integrado por la italiana Ghella (71%) y la local Sacde (29%). Esta última empresa era del primo hermano de Mauricio Macri, Angelo Calcaterra, hasta que a principios del año pasado se la compró Marcelo Mindlin, uno de los empresarios preferidos del Presidente.

Esas son las conclusiones del informe final del Equipo de Trabajo de Relevamiento del Contrato de Obra Pública "Proyecto de Ingeniería, Proyecto Ejecutivo y Ejecución de la Obra Soterramiento del Corredor Ferroviario de la Línea Sarmiento".

El trabajo tiene 454 páginas y está fechado en septiembre de este año, aunque recién ahora tomó estado público. Allí los funcionarios del Gobierno, que fueron asistidos por la Procuración del Tesoro y la Sindicatura General de la Nación (Sigen), aseguran que "el Equipo de Trabajo no encontró entre las constancias y documentos relevados una prueba de carácter directo vinculada al delito que se está investigando" en la Justicia.

Pese a ello, el Equipo de Trabajo destacó algunas irregularidades, como la ausencia de proyecto y presupuesto legal al momento de la convocatoria al concurso público, "el diseño adoptado podría no haber incentivado la concurrencia" de múltiples oferentes y que se modificó "la estructura de financiamiento luego de la adjudicación".

Fuentes judiciales se mostraron sorprendidas por las conclusiones del Equipo de Trabajo del Gobierno argentino, ya que a principios de este año se difundió el video de la declaración ante la justicia brasileña de Luiz Antonio Mameri, ex vicepresidente para América Latina de Odebrecht, donde declaró que le dio US$ 2,9 millones a Javier Sánchez Caballero, por entonces CEO de Iecsa y mano derecha de Ángelo Calcaterra, para que pague coimas a funcionarios argentinos por el soterramiento del Sarmiento.

Yo autoricé pagos identificados hasta el momento por valor de 2,9 millones de dólares", dijo Mameri. Y agregó que Javier Sánchez Caballero informó que "había realizado gestiones con los funcionarios públicos, en nombre del consorcio, para que éste pudiese ganar la licitación". Por eso, el directivo de Odebrecht dijo que pagó coimas en la Argentina, ya que "en caso que la empresa no aceptase esas condiciones la empresa quedaría fuera del proceso licitatorio", declaró Mameri en sede judicial.

El fiscal Franco Picardi espera que antes de fin de año la Justicia brasileña le envíe esas declaraciones, junto con el resto de pruebas que acreditan el pago de coimas para quedarse con el soterramiento del Sarmiento. Pero mientras tanto, el mes pasado Picardi solicitó al juez que embargue por 1.000 millones de pesos a las empresas, directivos y ex funcionarios implicados en esta trama de corrupción con la obra pública, para un proyecto que se prevé insuma 3.000 millones de dólares.  Clarín.com

Una trampita para ayudar a los amigos

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Según la Auditoría de la Ciudad,la empresa que era de la familia Macri se quedó gracias a una maniobra con la parte más cara de la obra emprendida por la ciudad de Buenos Aires. La auditora evalúa presentar una denuncia penal.

Un informe de la Auditoría General de la Ciudad revela irregularidades en la adjudicación de las obras del Paseo del Bajo --la obra emblemática del Gobierno porteño-- que permitieron que la parte más cara de la construcción quedara en manos de IECSA, la empresa que históricamente fue propiedad de la familia Macri. La presidenta de la Auditoría porteña, Cecilia Segura, evalúa presentar una denuncia penal contra el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, a partir de una maniobra que implicó adjudicarle el tramo de la obra que le hubiera tocado a IECSA a otra empresa española que, para colmo, debió ser luego ser expulsada por denuncias de corrupción en México que la llevaron a la quiebra. IECSA se quedó con el tramo más caro, por 3.183 millones de pesos.

El Paseo del Bajo es la obra emblema de la Ciudad, un corredor vial que unirá las autopistas Illia y la de Buenos Aires-La Plata y que tiene un costo total estimado de 6370 millones de pesos (aunque los contratos estipulan que se ajusta por inflación, por lo que ése no será el costo final de la obra). El 57 por ciento de la obra se financia con un crédito de la Corporación Andina de Fomento (CAF).

ABC

La licitación comenzó en agosto de 2016. Según detalla el informe de la Auditoría porteña, se dividió la obra en tres tramos: A, B y C. El tramo C era el más caro y el más codiciado por las empresas. Se estableció en los pliegos un orden de licitación de esos tramos: primero se iba a licitar el tramo C, luego el B y finalmente el A. Como las empresas podían presentarse en los tres tramos pero sólo podían resultar adjudicadas en uno de los tres, este orden establecido tenía como sentido que la mejor oferta se quedara con el tramo C y esto representara un ahorro para la Ciudad. Una vez que a una empresa se le adjudicaba el tramo C, ya no podía participar en las licitaciones del tramo B y A.

Pero la empresa estatal AUSA --que preside un ex compañero del Cardenal Newman de Macri, Carlos María Frugoni-- hizo un cambio de último momento en ese orden. Mediante dos circulares sin consulta, AUSA eliminó ese orden en el que primero se licitaba el tramo más caro y luego seguían los otros, lo que --según denuncia Segura-- terminó beneficiando a IECSA.

Esas circulares fueron firmadas por la jefa de Compras de AUSA, Natalia Bustos, el 28 de octubre y 3 de noviembre de 2016. Ninguna presentaba una explicación de por qué se establecía esa modificación, algo que quedó registrado en el informe de la Auditoría, aprobado la semana pasada por todos los auditores (incluidos los macristas): "No se encuentran justificados los motivos por los cuales mediante circulares sin consulta se modificó el orden de apertura de las ofertas económicas de las tres licitaciones".

A raíz de esto, consultados por PáginaI12, en el Gobierno porteño respondieron que la licitación "siguió la reglamentación de la CAF para estos procesos, ni de AUSA ni de Gobierno. Al momento de emitir esa circular se habían presentado todas las ofertas y los sobres estaban todos cerrados, por lo que no había forma de direccionar el proceso". "La CAF había puesto un límite para aprobar el financiamiento muy cercano a la apertura de los sobres. Para cumplir con ese plazo se decidió abrir primero el tramo A porque era en el que AUSA tenía más experiencia técnica y podía evaluarlo más rápidamente", indicaron fuentes del Ministerio de Desarrollo Urbano.

En definitiva, el tramo que primero se adjudicó no fue el C (el más caro), sino el A (el más pequeño). Y lo ganó la empresa Corsan Corvian Construcciones con una oferta de 1500 millones de pesos. Segunda quedó IECSA. Si se hubiera licitado en el orden original, Segura plantea que Corsan Corvian se hubiera quedado con el tramo más caro de la licitación, dado que todas sus ofertas eran a la baja. Con el cambio de orden --remarca la presidenta de la Auditoría-- se sacó de la competencia a esta empresa para los otros tramos, ya que ninguna compañía podía resultar adjudicada en más de uno.

Pero hubo una segunda maniobra que quedó registrada en el informe de la Auditoría. La procuración general, a cargo de Gabriel Astarloa, le advirtió a AUSA en diciembre de 2016 que debía establecer la capacidad económica de Corsan Corvian antes de adjudicárselo. Según la Auditoría, AUSA nunca respondió a ese requerimiento: "No se encuentra acreditado que AUSA haya dado cumplimiento a lo dictaminado por la procuración general respecto de la verificación de la capacidad técnica y económica de la adjudicataria Corsan Corvian Construcción S.A.", dice el informe.

Si AUSA hubiera determinada con Corsan Corvian no tenía la capacidad económica para llevar adelante la obra, hubiera quedado en manos de IECSA, que había sido la segunda mejor oferta en esa licitación. Y eso hubiera impedido que IECSA ganara el tramo C.

Finalmente, Corsan Corvian no pudo terminar la obra: entró en un proceso de quiebra luego de que su socia Isolux (conocida como "la Odebrecht española) se viera envuelta en un escándalo por el presunto pago de coimas en México para obtener obra pública. En 2017, AUSA debió entonces tomar a su cargo el pago a los subcontratistas hasta que resolvió dejar la obra en manos de la tercera mejor oferta de la licitación. Era la de la empresa JCR S.A. que, en su momento, había presentado impugnaciones contra Corsan Corvian, que tampoco fueron tenidas en cuenta.

La parte del león

De esta forma, IECSA se quedó con el tramo C de la obra, que fue adjudicado después del tramo A. La oferta de IECSA fue de 3183 millones de pesos. Es la empresa que el primo del presidente aseguró que le había vendido al empresario Marcelo Mindlin. No obstante, el fiscal Franco Picardi advirtió en la causa por las coimas en el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento que Calcaterra seguiría controlando IECSA a través de un mecanismo de empresas offshore. Un vocero de la nueva cabeza de la empresa aseguró a Página/12 que el fiscal maneja información errónea y que la venta sí se había concretado.

"El Jefe de Gobierno dijo que la obra del Paseo del Bajo es la más importante de los últimos 50 años en la Ciudad. A eso habría que agregarle que es la más escandalosa y la que más ganancias le está dejando a la familia del Presidente", indicó Segura.

La presidenta de la Auditoría recordó que, por accionar de los auditores macristas y sus aliados, no se le permitió en los últimos dos años auditar la obra. Solo auditaron la licitación y la gestión de tierras. "Hace dos años que bloquean que se audite la obra más importante de la Ciudad", indicó. En la última reunión de la auditoría, Segura planteó que se debía presentar una denuncia penal por las irregularidades encontradas: "Propuse que dado, que pueden constituir la posible comisión de delitos, recomendaba que se remita el informe a la Justicia Federal: votaron los seis auditores en contra", señaló. "Como es deber de un funcionario público denunciar la posible comisión de un delito, estoy estudiando con mis abogados presentar una denuncia penal", indicó la auditora.

La denuncia sería contra el Jefe de Gobierno aunque podría incluir a otros funcionarios. Los delitos que les imputaría son el presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función publica. Y también solicitaría que se investigue si se pagaron coimas.Página12.com

Soterramiento de la Línea Sarmiento: Declara el empresario Jorge “Corcho” Rodríguez

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El empresario Jorge "Corcho" Rodríguez se presentó este miércoles a declaración indagatoria en la causa que investiga supuestos pagos de sobornos por parte del consorcio que se adjudicó el soterramiento de la Línea Sarmiento, vinculado al "lavajato" brasileño y a la constructora Odebrecht.

El trámite se cumplía en los tribunales federales de Retiro ante el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, quien imputa al empresario de haber actuado como supuesto "intermediario entre funcionarios públicos y la empresa Odebrecht".LaVoz.com

El Gobierno confirmó que se cayó el financiamiento del soterramiento del Sarmiento

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El Gobierno reconoció ayer que se cayó el financiamiento internacional para el soterramiento de la Línea Sarmiento, un proyecto que se viene ejecutando desde el 2016 tras años de idas y vueltas pero con fondos provenientes del Presupuesto.

Así lo admitió la secretaría de Obras de Transporte, Manuela López Menéndez, durante la reunión de la bicameral del Congreso que supervisa el avance de los contratos de Participación Público Privada ( PPP). La funcionaria precisó ante una consulta de los diputados de la oposición que la iniciativa se está llevando adelante con el dinero proveniente del fideicomiso Sifer, destinado a obras de infraestructura para el sector ferroviario, mientras "seguimos trabajando con un banco italiano" para que otorgue un préstamo al consorcio a cargo de las tareas.

Ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, (izq.) y Presidente de la Nación, Mauricio Macri, (der.)

El soterramiento de este tren fue anunciado una y mil veces durante el kirchnerismo, que había adjudicado la licitación a un consorcio conformado por la italiana Ghella, la brasileña Odebrecht, la española Comsa e Iecsa, la ex constructora del grupo Macri.

En un primer momento, el Banco de Desarrollo de Brasil (BNDS) iba a aportar el financiamiento, pero el caso de corrupción que tuvo como epicentro a Odebrecht terminó por apartarla del proyecto, vendiéndole su parte a los italianos, que ahora tienen el 71% (el 29% restante está en manos de Sacde, ex Iecsa, propiedad de Marcelo Mindlin).

El año pasado, el Gobierno anunció que había conseguido fondos por u$s1.100 millones por parte de Intesa, HSBC y el Deutsche Bank, con respaldo de la agencia italiana de crédito. Sin embargo, esos fondos nunca llegaron a desembolsarse.

El ministro del área, Guillermo Dietrich, prefirió focalizarse en los errores de la gestión anterior. "En el 2008 las empresas ya tenían el financiamiento de dos bancos, uno era el Credit Suisse, pero Cristina lo rechazó", contó el funcionario. "No lo tomaron, a pesar de que habían ganado la licitación", disparó Dietrich, que se cruzó con el diputado sabbatellista Adrián Grana, a quien acusó de "hacer un speech de 45 minutos".

Ya más calmada, la secretaria López Menéndez puntualizó que durante el kirchnerismo, la obra se ejecutó con dinero del Sifer, y deuda emitida contra la Anses.

Se espera que para diciembre el soterramiento haya llegado al barrio porteño de Villa Luro, y a fin del año que viene, a Caballito, para finalizar en el 2022. La tuneladora fue instalada en Haedo en 2011 pero la excavación comenzó recién en octubre de 2016.

Durante la reunión de seguimiento, Dietrich fue increpado junto al secretario de Participación Público Privada, José Luis Morea, por el costo del financiamiento de los proyectos adjudicados con la modalidad de PPP, y el precio que se terminará pagando por cada kilómetro de ruta nuevo, que los funcionarios evitaron responder.

En ese sentido, el diputado del Frente Renovador Marco Lavagna dijo que "no termina de quedar claro" el objetivo del fideicomiso que creó el Ejecutivo para que los bancos internacionales aporten el financiamiento a los privados. "No se entiende, yo lo llamo un fideicomiso fantasma, porque se termina desvirtuando la ley de PPP", cuestionó el economista, que propuso volver a usar la ley de obra pública tradicional.

Es que con el deterioro de las condiciones financieras de la Argentina desde mayo, y el escándalo de los cuadernos que puso en la mira de la justicia a todas las empresas constructoras sospechadas de cobrar coimas, se hizo imposible para los consorcios ganadores obtener fondos por su cuenta para el primer tramo de las obras.BAENegocios.com

Las coimas de Macri

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El fiscal federal Franco Picardi, que investiga el pago de coimas en el marco de las obras del soterramiento del ferrocarril Sarmiento, reveló que en 2005, previo al proceso licitatorio, hubo operaciones irregulares con Iecsa. En esa fecha, la empresa todavía pertenecía al presidente Macri pero dos años después, cuando se convirtió en jefe de gobierno porteño, Iecsa pasó, al menos en los papeles, a manos de su primo Angelo Calcaterra. En 2017, días antes de que Macri reactivara la obra del soterramiento, Calcaterra dijo que la había vendido pero Picardi demostró que mintió y sigue siendo su actual dueño.

A medida que avanza la causa que investiga el pago de sobornos en las obras del soterramiento del ferrocarril Sarmiento, la familia Macri queda cada vez más comprometida.

En un dictamen de más de 112 páginas, en el que pidió una serie de medidas de prueba, el fiscal federal Franco Picardi, que investiga el caso, reveló que Angelo Calcaterra, el primo del presidente Mauricio Macri, sigue vinculado a la constructora Iecsa de la que aseguró haberse desprendido en marzo de 2017, y que continúa a cargo de la megaobra.

El caso salpica al propio jefe de Estado dado que en el espacio temporal en que se analiza si se realizaron pagos de coimas para el otorgamiento del proyecto, Iecsa también estuvo conformada por Sideco Americana S.A y Sociedades Macri (Socma), las firmas estrella del Grupo Macri. Es que previo al proceso licitatorio, ya en 2005, cuando la constructora aún no había pasado a manos del primo Angelo, hubo operaciones irregulares, según el fiscal.

La Unión Transitoria de Empresas (UTE) que integraron Iecsa SA (actualmente, Sacde SA), Constructora Norberto Odebrecht SA, Ghella spa y Comsa SA, se agrupó en mayo de 2006, mediante un acuerdo consorcial. Y recién el 15 de agosto de 2008 se constituyó el Consorcio Nuevo Sarmiento. En ese marco, Iecsa SA actuó como máxima autoridad de la UTE.

Esto último está en sintonía con la información judicial que llega desde Brasil, en el marco del Lava Jato, donde miembros de Odebrecht señalaron a Iecsa como la firma encargada de negociar los supuestos sobornos con los funcionarios públicos.

Macri en aprietos

El titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5 dividió en dos tramos las maniobras irregulares.

Las primeras acontecieron antes de la adjudicación de la obra. La empresa “pantalla” CAESA S.A., vinculada a Manuel Vázquez (una especie de testaferro del entonces secretario de Transporte Ricardo Jaime –hoy detenido–), tuvo un rol central: “Habría sido utilizada para la recepción de pagos de coimas efectuadas, en una primera instancia, mediante la facturación de servicios de consultoría inexistentes a firmas integrantes del consorcio CNS (Iecsa y Comsa), y posteriormente, mediante transferencias bancarias que fueron canalizadas a través de diversas compañías offshore, entre ellas Pribont Corporation S.A. (utilizada por Vázquez) y Klienfeld Services Ltd. (utilizada por el grupo Odebrecht para tales fines), y cuyo beneficiario final sería, en ambos casos, el ex Secretario de Transporte Ricardo Jaime”, sostuvo Picardi.

Tanto Iecsa como Comsa registraron operaciones con CAESA al menos entre 2005 y 2009. La fachada fue: “en concepto de supuestos servicios de consultoría”. El inicio de esas maniobras coincide en mes y año con el llamado a licitación para el soterramiento.

De acuerdo al fiscal “los servicios que se pretendieron respaldar, esto es, los servicios de consultoría, han sido inexistentes. En decir, nunca ha habido prestación alguna y la registración ha sido un mero montaje utilizado por los intermediarios y testaferros del ex funcionario Ricardo Jaime, para recibir el pago de coimas, originado en los beneficios concedidos a las empresas pagadoras”.

Entre 2003 y 2007, Iecsa estaba conformada por Sideco Americana SA y Socma, ambas de la familia Macri.

Es más, entre septiembre de 2006 y enero de 2009, la fantasmal CAESA no sólo tuvo como clientes a Iecsa y Comsa. También figuran otras firmas en sus registros como la mentada Sideco Americana SA.

Un hombre clave

De acuerdo a la reconstrucción judicial, un hombre clave en todo este entramado fue el histórico gerente de Iecsa, Javier Sánchez Caballero.

La información que proviene del Lava Jato arroja un poco de luz en torno a su función: el ex vicepresidente para América Latina de la constructora Odebrecht, Luiz Antonio Mameri, identificó a ese hombre de Iecsa como el responsable de coordinar el pago de los sobornos a funcionarios argentinos en el proyecto del Sarmiento.

Así se desprende del testimonio de Mameri ante los fiscales del Lava Jato en Curitiba, que puede verse en un video que difundió La Nación el 4 de mayo pasado. Según informó el matutino cinco meses atrás, Sánchez Caballero le comunicó a Odebrecht que debían entregarle un porcentaje de lo que cobraran con cada certificado de avance de obra para que él pudiera canalizar los sobornos. El ejecutivo negó la acusación.

El histórico gerente estuvo en la empresa bajo las gestiones de Sideco y Socma, de Calcaterra y de Marcelo Mindlin, quien lo terminó eyectando cuando su nombre comenzó a sonar cada vez más fuerte en Brasil. No hizo lo propio con otros históricos. Tenía sus razones.

Para los investigadores la “vía CAESA” fue sólo una de las formas de recaudación.

A esta se suman transferencias por parte de las integrantes de la UTE a cuentas radicadas en el exterior a nombre de empresas offshore. Estas se realizaron luego de la adjudicación de la obra. Iecsa, entonces, ya estaba en manos de Calcaterra.

Calcaterra sigue en Iecsa

Desde 2007, cuando Macri se convirtió en jefe de gobierno porteño, Iecsa  pasó a estar en manos de Angelo Calcaterra. Al menos, en los papeles.

Según reveló el fiscal Picardi –y publicó El Destape en exclusiva– para el 2007 Iecsa tenía como accionistas mayoritarios al grupo Ods SA, a su vez integrado por Latina Ferroviaria SL (Latifer –firma del grupo Ghella-) y a Calcaterra. Por la minoría, otra vez figuraban Calcaterra y Latifer.

Es decir que el primo Angelo aparecía vinculado a Iecsa por dos vías.

La investigación del fiscal Picardi expone que a pesar de lo que se difundió, el primo del presidente nunca se desligó de Iecsa. Siguió vinculado a través de una offshore en Delaware, que comparte con Marcelo Mindlin.

“La última modificación de capital accionario informado (de Iecsa), acaeció en marzo de 2017, oportunidad en que se modificó la denominación social y se habría producido una transferencia del paquete accionario que se encontraba en manos de Ods SA en favor de la compañía extranjera Emes Energía Argentina Llc, la cual a su vez, constituyó un usufructo de los derechos derivados de su calidad de socio en favor de Marcos Marcelo Mindlin. Por su parte, Latifer –recordemos, integrante del Grupo Ghella– sigue siendo accionista”, explicó Picardi.

La mentada Emes Energía Argentina Llc se constituyó el 3 de mayo de 2016 en el Estado de Dellaware, Estados Unidos , y “de acuerdo a cuanto surge de la publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil de Madrid del día 26/06/2017, es socia única de Latifer SL”. Su directorio lo conforman Damián Miguel Mindlin, Raúl Warat, Santiago Ramón Altieri, Ghella Spa y Ángel Jorge Antonio Calcaterra. Es decir que Calcaterra se asoció a los Mindlin un año antes de anunciar la supuesta venta. Es más, Altieri es otro de los históricos gerentes de la empresa y aparece en la sociedad.

Un mes después de la constitución de Emes Energía, en junio de 2016, Mauricio Macri firmó el DNU para reactivar las obras públicas por el que benefició a quienes estaban a cargo de la construcción del soterramiento del tren Sarmiento. Vía el decreto 797/2016, el Presidente decidió girar .000 millones para impulsar la megaobra.

La maniobra se cerró el 22 de marzo de 2017 cuando se publicó en el Boletín Oficial que Iecsa SA pasó a llamarse Sacde y, en un intento de lavado de cara, designó como integrantes del nuevo directorio a Damián Miguel Mindlin (presidente), Gustavo Mariani (vicepresidente), Santiago Ramón Altieri y Juan Ramón Garrone (directores titulares). Los últimos dos, son históricos gerentes de la compañía.

“Más allá de la modificación de la denominación social de Iecsa SA a Sacde SA., como así también de la transferencia del paquete accionario de Grupo Ods SA a Emes Energía Argentina Llc, los accionistas y las personas físicas detrás de las estructuras societarias señaladas, seguirían siendo las mismas”, indicó el Picardi.

Desde el 28 de agosto de 2017, con las esquirlas del Lava Jato brasileño esparcidas por el mundo, tanto Odebrecht como Comsa se retiraron de la UTE y las obras del Sarmiento quedaron en manos de Sacde (28,89%) y Ghella (71,11%).

Vale recordar que Ghella Spa se encontraba unida por estrechos vínculos comerciales y jurídico-societarios con Iecsa. Y que desde 2016 integra Emes Energía junto a Calcaterra y Mindlin.

Medidas de prueba

Por todos estos sucesos y red relaciones, el fiscal solicitó embargos preventivos por: 67 millones de pesos para Comsa SA; 201 millones de pesos para Ghella spa; y 201 millones para Constructora Norberto Odebrecht SA. A ello sumó 34 millones para Sacde SA y 167 millones de pesos para Calcaterra.

Mientras que para los más de 50 imputados del caso, Picardi pidió trabar un embargo de 6.200.000 de pesos. Algunos de los acusados son: el exministro Julio De Vido, los exsecretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi; Manuel Vazquez (CAESA), Sánchez Caballero (Iecsa) y Santiago Ramón Altieri (Iecsa / Sacde).

A su vez, consideró que debe ser intervenida la actual UTE para designar un veedor judicial que analice los movimientos financieros del consorcio. Ahora deberá expresarse el juez Marcelo Martínez de Giorgi.Fuente: DiarioJunio.com

Piden más embargos por soterramiento; Calcaterra por detrás de Mindlin en IECSA

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El fiscal federal Franco Picardi pidió al juez Marcelo Martínez de Giorgi ampliar los embargos a las empresas integrantes del consorcio por el soterramiento del ferrocarril Sarmiento ante las sospechas de sobornos relacionadas a Odebrecht. Y confirmó la sospecha de que el primo del presidente Mauricio Macri, Ángelo Calcaterra continúa controlando la empresa IECSA más allá de la venta realizada vía una offshore a Marcelo Mindlin, que la rebautizó SACDE.

Ámbito Financiero había adelantado el 27 de noviembre del año pasado que existía esta posibilidad a partir de haber tirado del hilo de conformación accionaria de la firma "Latifer" a lo que se agregaron informes de la Inspección General de Justicia. Para Picardi, los embargos deben trepar a los $1000 millones (incluyendo a exfuncionarios del Ministerio de Planificación Federal) y debe ser intervenida la Unión Transitoria de Empresas para designar un veedor judicial que certifique los actuales movimientos financieros del consorcio que lleva adelante la obra. En un profuso dictamen donde constan desde correos electrónicos de Manuel Vázquez, como la facturación a una consultora fantasma y listado de viajes de ejecutivos de Odebrecht y de Jorge "Corcho" Rodríguez, además de cuentas bancarias reconocidas por "arrepentidos" del Lava Jato-, el fiscal pidió ampliar de $54 millones a $167 millones sobre Calcaterra.

Ángelo Calcaterra

El resto de los embargos están distribuidas entre Ghella, Comsa y SACDE ($34 millones), además de entre 54 personas físicas entre ejecutivos locales y de Brasil, y exfuncionarios como Julio De Vido, Roberto Baratta, Ricardo Jaime, entre otros. En el dictamen están señalados quienes habrían sido los intermediarios en la maniobra que, como indicó este diario, puede salpicar al propio Franco Macri por la fecha de inicio de las tratativas para direccionar la licitación, algo que la Justicia da como un hecho. La Cámara Federal validó que la fecha de origen fuera 2005 con el "asesoramiento" de la consultora fantasma que había montado el supuesto testaferro de Jaime.

El fiscal sostuvo que "con respecto a IECSA S.A. (actualmente, SACDE S.A.), si bien en razón de su porcentaje de participación en el consorcio (30%), también le correspondería un embargo preventivo hasta cubrir la suma de 201 millones de pesos, pero en razón de la transferencia de una porción de su paquete accionario y de que la firma Latifer continuaría siendo accionista de la continuadora de IECSA S.A. tal como se explicara anteriormente-, entiendo que el monto a cautelar debería fijarse en la suma de 34 millones de pesos para SACDE S.A. y 167 millones de pesos para quien estuviera detrás del accionista mayoritario de la firma IECSA S.A., Ángel Calcaterra, por este concepto".

Pero agregó lo más sustancial para volver a complicar al primo presidencial al detallar el proceso de venta a Mindlin en 2017 vía una sociedad offshore: "conforme surge del legajo de la Inspección General de Justicia de IECSA S.A., Latifer SL poseía una porción societaria de IECSA y, a su vez, la accionista mayoritaria de tal firma era ODS S.A., cuyos accionistas, a su vez, resultaban ser Latifer y Ángel Jorge Antonio Calcaterra".Ámbitofinanciero.com

La Justicia podría intervenir el consorcio a cargo del soterramiento del Sarmiento

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En el marco del millonario embargo pedido contra los empresarios y los ex funcionarios involucrados en la causa que investiga el supuesto pago de sobornos para la construcción del soterramiento del ferrocarril Sarmiento, la justicia también analiza intervenir el consorcio a cargo de la obra. Es decir, la Unión Transitoria de Empresas (UTE) que funcionaba bajo el nombre de Consorcio Nuevo Sarmiento (CNS) pero que con la salida del grupo brasileño Odebrecht pasó a denominarse Consorcio G&S. Hoy, está conformada por las empresas Ghella, dueña del 71% de la UTE, y Sacde, la empresa que Marcelo Mindlin le compró a Angelo Calcaterra y que antes se denominaba Iecsa.

Tanto estas empresas como Odebrech y el grupo español Comsa, que también abandonó la obra, siguen investigadas como parte de la ramificación local del Lava Jato brasileño.

En Argentina, la causa la llevan adelante el juez Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal Franco Piccardi, quien ya presentó evidencia para identificar la existencia de dos tramos en el despliegue de pago de sobornos efectuados por Odebrecht; Iecsa; Ghella y Comsa a ex funcionarios del Ministerio de Planificación Federal para obtener beneficios previos y posteriores a la adjudicación de la obra.

Según consta en la causa, durante el primer tramo, previo a la adjudicación de la obra, la consultora Controles Auditoría Especiales de Argentina (CAESA), propiedad del ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, y su socio Manuel Vázquez, fue usada

Para recibir los pagos de las coimas mediante la facturación de servicios de consultoría inexistentes a Iecsa y Comsa. La maniobra se complementaría con posteriores transferencias bancarias canalizadas a través de diversas compañías offshore, entre ellas Pribont Corporation (utilizada por Vázquez) y Klienfeld Services (del grupo Odebrecht), y cuyo beneficiario final habría sido Ricardo Jaime.

En cuanto al segundo tramo de la maniobra (posterior a la adjudicación de la obra), tiene vinculación con la estrategia usada por las empresas para canalizar los sobornos a los funcionarios a partir de que el Estado comenzara a realizar los desembolsos por anticipos y certificados de obra.

Ante este escenario, el fiscal Piccardi le acaba de pedir al magistrado que disponga la intervención judicial en la UTE. Lo hizo en el mismo escrito que usó para solicitar también un embargo por $1.000 millones contra las cuentas y los bienes de todos los involucrados en este entramado de supuestos pagos de sobornos y coimas para quedarse con una de las obras de mayor costo que licitó el anterior gobierno kirchnerista y que continuó con la administración del presidente Mauricio Macri.

En el escrito figuran empresarios, intermediarios y ex funcionarios imputados por pagar y recibir dinero ilegal para adjudicar el soterramiento del tren Sarmiento, un emprendimiento que cuenta con un presupuesto cercano a los u$s3.000 millones.

“Se requerirá que se disponga la intervención judicial de la UTE, mediante la designación de un veedor, en los términos de lo normado por el artículo 224 del CPCCN, respecto de la cual, la norma del artículo 115 de la ley 19.550, denomina “mero veedor”, sostiene el fiscal Piccardi en su presentación al juez Martinez Di Giorgi. Esto significa la posibilidad de que el magistrado, nombre un interventor informante para que “dé noticia acerca del estado de los bienes objeto del juicio o de las operaciones o actividades, con la periodicidad que se establezca en la providencia que lo designe”, tal como lo establece el artículo del Código Procesal, Civil y Comercial que cita el fiscal.

Para Piccardi, el interventor en la UTE que tiene a cargo la obra del ferrocarril Sarmiento debe llevar a cabo varias tareas vinculadas al proceso judicial “con la finalidad de asegurar la eficacia de la sentencia atendiendo a su objetivo inmediato, sea para asegurar la ejecución forzada o para impedir que se produzcan alteraciones perjudiciales en el estado de los bienes”.

Según el fiscal, es fundamental contar con un veedor judicial que permita tomar cuenta del manejo anterior y actual de los fondos, conocer la conformación judicial de la UTE, la vinculación que tendrían entre si las empresas que integraron e integran el consorcio y la aplicación de los fondos que obtuvieron y que se imputan a su giro comercial.

De todos modos, aclara que la intervención judicial, no deberá afectar la continuidad, progreso y productividad de la obra. Y basa su pedido al sospechar que tanto Iecsa como Ghella y Comsa tendrían lazos societarios y vinculaciones comerciales muy fuertes que se mantendrían hasta ahora entre las compañías integrantes de consorcio, como varias de sus vinculadas.

Entre los ejemplos usados para demostrar estos vínculos, se sostiene que Ghella Spa y Iecsa estuvieron unidas por estrechos vínculos no sólo de carácter comercial, sino a su vez jurídico-societarios. Piccardi menciona que incluso desde la conformacipon de la UTE, la ex empresa de Angelo Calcaterra ya se vinculaba jurídicamente con la firma Latifer (Latina Ferroviaria SL), integrante del grupo económico Ghella Sogene.

Según surge de un legajo de la Inspección General de Justicia (IGJ). Latifer poseía una porción societaria de Iecsa. A su vez, la accionista mayoritaria de esa empresa era ODS, cuyos accionistas eran Latifer y Calcaterra.

También se sostiene que a pesar de la venta de Iecsa a Marcelo Mindlin, en marzo del 2017, y de la modificación de su razón social por la de Sacde, se habría producido una transferencia del paquete accionario que se encontraba en manos de ODS a favor de la compañía extranjera Emes Energía Argentina.

A su vez, esta firma constituyó un usufructo de los derechos derivados de su calidad de socio en favor de Mindlin, mientras que Latifer, integrante del Grupo Ghella, se mantiene como accionista de Sacde.

En la investigación se sostiene además que Emes Energía Argentina fue creada el 3 de mayo del 2016 en Dellaware, Estados Unidos, y que, de acuerdo a una publicación del Boletín Oficial del Registro Mercantil de Madrid del 26 de junio del 2017, es socia única de Latifer. Asimismo, su directorio se encuentra conformado por Damián Miguel Mindlin, Raúl Warat, Santiago Ramón Altieri, Ghella Spa y Ángel Jorge Antonio Calcaterra.

En tanto que, de acuerdo a lo publicado en la segunda sección de sociedades del Boletín Oficial de la Argentina del 22 de marzo del 2017, se resolvió el cambio de denominación de Iecsa a Sacde y se designó como integrantes del nuevo directorio a Damián Miguel Mindlin como presidente; Gustavo Mariani como vicepresidente; Santiago Ramón Altieri y Juan Ramón Garrone como directores titulares y a Raúl Warat como director suplente.
Piccardi cita además como prueba de los vínculos societarios actuales la UTE conformada por Sacde para participar de las licitaciones de los proyectos PPP junto con ODS. Ambas comparten el Consorcio/Corredor Sacde, ODS, Groundwork Development LLC.

“De lo expuesto se desprende que, mas allá de la modificación de la denominación social de Iecsa por el de Sacde, como de la venta de las acciones de ODS a Emes Energía Argentina, los accionistas y las personas físicas detrás de las estructuras societarias seguirían siendo las mismas”, sostiene el fiscal Piccardi.

De hecho, asegura que en los allanamientos realizados a fines del año pasado en el marco de la misma causa se secuestró documentación que acredita la existencia de registros de formales relaciones comerciales, tributarias y de asesoramiento entre CAESA, Iecsa y Comsa.

Piccardi pide también que el veedor designado analice los libros contables de la UTE, sobre todo los dedicados al IVA compras y al IVA ventas, así como también las presuntas maniobras delictivas. Sospecha en este sentido, que se llevaron a cabo varias operaciones comerciales (entre ellas los pagos) que el consorcio realizó con las propias empresas que lo integran e integraban y con sociedades vinculadas a las maniobras investigadas y con una serie de intermediarios entre los que identifica a Jorge “Corcho” Rodriguez y también CAESA

Además identifica transferencias de importantes sumas de dinero a una serie de cuentas en el exterior. En este sentido, en la investigación se asegura que hubo envío de fondos por subcontratación de servicios a empresas “fantasmas” que operaron bajo los nombres de “DSC” o “DSC Workshop”, y que Piccardo identifica como propiedad de la estructura offshore que usó el grupo Odebrecht durante 2011, para triangular miles de euros a través de la Banca Privada de Andorra con destino final a Uruguay.

“Todo lo dicho, es demostrativo de que restan varios aspectos por dilucidar en torno a la compleja maniobra investigada y, en ese orden de ideas, el veedor podrá ser de utilidad tanto para el eje de la investigación como para obtener mayores elementos que habiliten a realizar adecuaciones respecto de las medidas cautelares que pudieran ordenarse”, argumenta Piccardi en su escrito, según pudo saber Iprofesional.

Con su pedido, intenta dilucidar lo que llama un complejo cuadro de vinculaciones societarias-comerciales, en el marco de un tradicional esquema de intercambio económico-financiero-patrimonial, que se habría usado para el pago y cobro de sobornos usando el soterramiento del Sarmiento como excusa.

En cuanto a los embargos, Piccardi insiste en un reclamo que ya presentó a fines del año pasado ante el juez Martinez de Giorgi casi por los mismos montos que en ese momento. En este sentido, solicita la misma suma de $6,2 millones para los 56 implicados que tiene la causa, entre los que se encuentran Julio De Vido, Ricardo Jaime, Roberto Baratta y Juan Pablo Schiavi. También, los empresarios Angelo Calcaterra, Marcelo Odebrecht, Javier Sanchez Caballero, el Corcho Rodriguez, Lorenzo Ghella, entre otros.

Estima que “la cautela de los bienes indispensables hasta cubrir las sumas en cuestión, conforma una diligencia indispensable para el reaseguro de dinero que la naturaleza misma de la medida supone”.

Adicionalmente, considera que los embargos deben ser lineales a los porcentajes accionarios que las empresas tienen o tenían en el consorcio. Esto es, al 30% para Iecsa, Ghella y Odebrecht, y el 10% restante, para Comsa. Esto porque también los sobornos se habrían afrontado en razón de tales participaciones.

Teniendo en cuenta esta hipótesis, en el caso de las empresas reclama embargos por $67 millones para Comsa: $201 millones para Odebrecht y el mismo monto para Ghella. En el caso de Iecsa, que actualmente opera bajo el nombre de Sacde, pide trabar un embargo similar. Pero lo divide entre los actuales accionistas y Calcaterra, entendiendo que la firma Latifer sigue formando parte de la ex Iecsa. Por eso, reclama un embargo de $34 millones para Sacde y otros $167 millones para Calcaterra.

En cuanto al primo del presidente Mauricio Macri, también lo vincula con el uso de la famosa mesa de dinero La Rosadita, que funcionó en un edificio del barrio porteño de Puerto Madero. En este sentido, la denuncia asegura que Iecsa habría realizado operaciones con una serie de sociedades pantalla como “Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo San Agustín Ltda”; “Crédito Social Norte Cooperativa de Crédito, Consumo, Vivienda, Turismo y Servicios Asistenciales Ltda”; “FinCredit Ltda Cooperativa de Consumo Vivienda” y “SGI” conocida como “La Rosadita”.

Argumenta que en el caso de Odebrecht estaría vinculada a una financiera que habría operado en Reconquista 538, piso 6to., Sala “63”, Sector “B”, de Capital Federal. Y que ambas empresas habrían hecho importantes giros de divisas hacia cuentas radicadas Uruguay administradas por Jorge Rodríguez, quien habría operado como intermediario y enlace entre Odebrecht y los funcionarios K.

Se asegura además la existencia de centenares de viajes realizado por este empresario por distintas medios de transporte que incluyen la utilización de aeronaves privadas como otra vía de obtención y posterior ingreso al país del dinero que luego tendría como destinatario final los funcionarios involucrados en la investigación del contrato de soterramiento del Ferrocarril General Sarmiento.

Fuentes de las empresas involucradas e identificadas por Piccardi se limitaron a explicar que la causa sigue su curso y a aclarar que la obra se mantiene y que ya se construyeron los primeros seis kilómetros.

“La fiscalía va por más, pero de todas maneras falta saber qué resolución adoptará el juez, teniendo en cuenta que ya el año pasado no le hizo mucho caso a Piccardi cuando pidió los embargos que ahora repite”, argumentan desde el sector privado.

En cuanto a los vínculos societarios entre algunas de las empresas miembros del consorcio admiten que Iecsa y Ghella fueron socias y que la firma italiana fue accionista de la ex compañía de Calcaterra. Pero aclaran que se trató de una estrategia comercial de Ghella para posicionarse más fuerte en la Argentina que nada tuvo que ver con la causa. “Ghella compró una parte de Iecsa que luego la vendió, y que tuvo que ver con una visión del grupo para desarrollar el mercado de Argentina y America latina”, aseguran fuentes empresarias.IProfesional.com

Caballito: desalojan el playón ferroviario para avanzar con un proyecto de edificios y espacios verdes

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La AABE necesita liberar parte del terreno, que se integrará al barrio tras el soterramiento del Sarmiento. Sacarán un centro de reciclado de basura, canchas de fútbol y otras instalaciones.

Roberto Luna apura la faena. Es mediodía y aún tiene que separar, enfardar y pesar cartones y materiales reciclables. Es uno de los más de 800 cartoneros que forma parte de la Cooperativa Recuperados Urbanos del Oeste. Por la tarde, lo espera una maestra con la que lleva más de un año aprendiendo a leer y escribir. Su trabajo, y el programa de alfabetización del que participa, funcionan en el mismo lugar: en Yerbal al 1.400, Caballito. Pero ahora, ese espacio está en jaque: la semana pasada les llegó una carta documento para que lo desalojen. La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) les reclama ese terreno. Necesitan liberarlo para avanzar con el proyecto de urbanización del terreno, con construcción de edificios, calles y espacios verdes, que se llevará adelante tras el soterramiento del Sarmiento.

La AABE es el organismo que dispone de los bienes del Estado federal, y desde 2016 viene impulsando subastas de propiedades públicas para financiar inversiones en infraestructura. Así, el año pasado se aprobó la venta de parte del playón ferroviario de Colegiales. Pero en el caso de Caballito, ya en 2012 hubo una ley para urbanizar el predio.

En esa dependencia explicaron que "el proyecto busca integrar un predio de 23 hectáreas a la comunidad para incluir superficie verde y usos mixtos y mejorar la circulación. Está ligado al avance de las obras de soterramiento de la línea Sarmiento. Se incorporarán 155.000 m2 edificables de uso predominantemente residencial que considerarán las dimensiones morfológicas particulares de las zonas componentes del sector".

Además de la cooperativa de cartoneros, se verían afectados un polideportivo con canchas de fútbol y padel, un restaurante y un salón de eventos, entre otras instalaciones. Según explicó la AABE a Clarín, muchos de estos terrenos fueron cedidos por el Estado nacional, en diferentes circunstancias y épocas. Algunos tenían contratos precarios, otros directamente se encuentran ocupando el lugar sin permiso. Aunque el organismo no precisó cuáles son exactamente los terrenos a liberar, se trataría de una extensa franja paralela a Yerbal entre Paysandú y Morelos. Y que abarca también algunos lotes que dan hacia calle Avellaneda.

La construcción se podrá iniciar una vez que se puedan levantar las vías del ferrocarril, tras el soterramiento del Sarmiento. A propósito, la tuneladora que está excavando el futuro tendido ferroviario llegará en unas dos semanas a la General Paz. Pero la AABE ya avanza con los pasos precios.

Tras varios anuncios incumplidos, el soterramiento arrancó en octubre de 2016, con la tuneladora excavando desde Haedo. En la actualidad el túnel tiene casi 6 kilómetros y, cuando lo hayan concluido podrán eliminar 52 pasos a nivel. Según el Ministerio de Transporte nacional, las obras continúan con dinero aportado por el Estado nacional, aunque se espera que aparezca una fuente de financiamiento externo. "Estamos evaluando una propuesta", comentaron en el Ministerio.

En el caso de los recicladores, usan el terreno desde 2013, organizados como una cooperativa, entre las 12 que trabajan formalmente para la Ciudad. Desde 2002 están integradas al Servicio Público de Higiene Urbana y son las encargadas de recolectar de manera exclusiva los materiales reciclables secos. En la Ciudad hay 5.300 trabajadores formalizados. Los recuperadores urbanos cobran entre $ 6.300 y $ 11.000 según las tareas que realicen, de acuerdo a lo informado por el Ministerio de Ambiente y Espacio Público porteño.

Los recicladores organizaron en estos días una serie de marchas y protestas, y se resisten a dejar el lugar. "No solo es la sede de nuestro trabajo, sino también donde funciona y se desarrolla el área social de nuestra cooperativa, que incluye una escuela primaria, el programa de alfabetización y otras actividades. Esto nos permite fortalecernos individual y colectivamente, es un pilar del crecimiento y desarrollo de nuestra cooperativa", manifestaron.

"Frente a este reclamo, la AABE y el Ministerio han venido trabajando para encontrar un nuevo lugar, en Villa Luro. Tiene las dimensiones necesarias para que los recuperadores puedan realizar sus tareas en forma operativa y eficiente, con mejoras de infraestructura, seguridad e higiene", explicaron en Ambiente y Espacio Público.Clarín.com

Soterramiento del Sarmiento: fiscal pide embargar a Ángelo Calcaterra

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Franco Picardi pidió el decomiso de $ 1.000 millones para el primo de Mauricio Macri y el resto de las empresas que intervinieron en la obra.

El fiscal federal Franco Picardi pidió dictar un embargo de 1.000 millones de pesos sobre las empresas que intervinieron en la obra del soterramiento del tren Sarmiento, ya que se sospecha del pago de sobornos por parte de la constructora Odebrecht.

El pedido de embargo incluye a hombre de negocios como Ángelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri y que era dueño de la firma IECSA al momento de los hechos.

Además, la fiscalía reclamó al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi disponer la intervención judicial de la Unión Transitoria de Empresas (UTE) conformada por Odebrecht, IECSA, Ghella y Comsa S.A.

Ángelo Calcaterra, primo del Presidente Macri

La solicitud incluye un pedido para designar un veedor en la UTE para establecer un control sobre la administración.

El pedido fiscal se suma al que ya había hecho en noviembre del año pasado reclamando embargos, algo que finalmente el juez aún no concretó, y mientras en la actualidad se están llevando a cabo indagatorias que durarán hasta fines de octubre.

La investigación apunta a determinar si existió el pago de sobornos por parte del consorcio que encabezó Odebrecht y que también integró IECSA, Ghella y Comsa S.A. para acceder a las obras del soterramiento del tren Sarmiento, cuya licitación se inició en 2006.

Para la Fiscalía existió un "direccionamiento" para la adjudicación de las obras a esas empresas y también "modificaciones" en el contrato original a favor del consorcio, detrás de lo que se esconden los supuestos sobreprecios.

Según la investigación, los sobornos se pagaron a través de la empresa CAESA de Manuel Váquez, exasesor de Jaime en la Secretaría de Transporte, además de desembolsos provenientes de empresas "offshore", radicadas en el exterior.ElDestape.web

Por la crisis, hay dudas sobre la plata para el soterramiento del Sarmiento

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La obra avanza con presupuesto nacional. Los bancos demoran los US$ 1.100 millones comprometidos.

A casi un año del anuncio oficial sobre una oferta de crédito internacional de US$ 1.100 millones para avanzar con el soterramiento de la Línea Sarmiento, los bancos demoraron la aprobación del préstamo. Y todavía no aportaron el dinero para financiar la obra.

El Gobierno había quedado hace un año en emitir un dictamen sobre cómo fue la asignación de la obra, por las sospechas de corrupción durante la etapa anterior. Pero todavía no emitió ese reporte. Y ahora la demora se genera por la incertidumbre que genera la actual situación financiera del país, por las investigaciones judiciales sobre la gestión anterior de la obra y por las dudas que generó el avance de la causa de los Cuadernos de la Corrupción en la obra pública.

En principio, según lo anunciado, el dinero lo iban a aportar los bancos HSBC, Intesa y Deutsche Bank, con respaldo de la Agencia Italiana de Crédito Externo, cuyos representantes hicieron visitas a las obras. Pero esa propuesta de financiamiento quedó en suspenso, por las fuertes sospechas de corrupción sobre la licitación y las irregularidades en la concreción del soterramiento del Sarmiento.

El comienzo de la obra, en realidad, se demoró varias veces. Arrancó en 2006. Néstor Kirchner la asignó dos años después a una Unión Transitoria de Empresas (UTE) integrada por Odebrecht, Ghella, Comsa e Iecsa. En un momento la gestión quedó a cargo de Iecsa, por entonces de Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri-. Pero luego, a cargo de la misma UTE quedó la brasileña Odebrecht, con el apoyo financiero del Banco Nacional de Desarrollo de ese país. En esa época fue notorio, para ese cambio, el respaldo del ministro de Planificación Federal K, Julio De Vido. La obra volvió a paralizarse por no concretarse el aporte del BND, ante la falta de crédito internacional para la Argentina.

Y Odebrecht tuvo que dejar esta gestión por el escándalo de las coimas que estalló en Brasil y que se expandió por decenas de obras y emprendimientos en toda América latina. Esta empresa ya reconoció que pagó "al menos" US$ 35 millones en coimas por tres obras públicas en la Argentina, entre 2007 y 2014. Las causas principales por las que se investiga a Odebrecht en Argentina, además del soterramiento, son AUSA y gasoductos.

En cuanto al soterramiento, está bajo investigación la participación del ex ministro De Vido -afronta allí una de sus múltiples causas- y de su operador Jorge "Corcho" Rodríguez. Además, Luiz Antonio Mameri, ex vicepresidente para América Latina de Odebrecht, declaró ante la justicia brasileña que le dio US$ 2,9 millones a Javier Sánchez Caballero, por entonces CEO de Iecsa y mano derecha de Ángelo Calcaterra, para que pague coimas a funcionarios argentinos por el soterramiento del Sarmiento.

Al asumir el nuevo Gobierno nacional en diciembre de 2015, con Mauricio Macri en la presidencia, se decidió darle un nuevo impulso a la obra del soterramiento del Sarmiento. El Consorcio del soterramiento ahora se llama G&S. Está formado por la italiana Ghella, con el 71%; y la local Sacde (ex Iecsa, ahora propiedad de Marcelo Mindlin), con el 29%. Pero los bancos internacionales demoran el dinero comprometido con los desarrolladores, por lo menos hasta que el Gobierno certifique que no hubo irregularidades en la licitación ni en la ejecución de las obras de ese megaemprendimiento.

Cuando se hizo el anuncio del crédito, en septiembre del año pasado, el Ministerio de Transporte difundió un comunicado afirmando que había recibido una "propuesta de financiamiento". Y que, "a partir de esta oferta, de aproximadamente 1.100 millones de dólares, se garantiza el financiamiento para el avance de la obra".

Ahora, ante la consulta de Clarín, una fuente oficial señaló que "el financiamiento internacional no está congelado, sigue en tratativas". Y relativizó el anuncio de hace un año: "Cuando se hizo el anuncio, no era algo cerrado. El contexto internacional no ayuda para que sea algo rápido de concretar".

Pese a todo, la falta de financiamiento internacional no impide que siga avanzando el soterramiento del Sarmiento, con dinero del Presupuesto nacional.  La obra arrancó en octubre de 2016, cuando el presidente Mauricio Macri inauguró la tuneladora de la estación Haedo. En la actualidad, hay 1.000 personas trabajando, ya se hizo poco más del 30% del túnel (a 22 metros de profundidad) y se colocaron las dovelas de hormigón por donde pasará el tren.

Fuente del Consorcio G&S señalaron que ese túnel ya tiene 5,5 kilómetros y pasa por las localidades de Haedo, Ramos Mejía y Ciudadela. Además se iniciaron tareas en seis estaciones. El plan oficial es eliminar en total 52 pasos a nivel. Desde el Ministerio de Transporte señalaron que, una vez que esté finalizada la obra, "beneficiará a más de 200.000 pasajeros que hoy viajan en tren" y permitirá "integrar a los partidos del conurbano y los barrios del Oeste de la ciudad de Buenos Aires que hoy están divididos por las vías".

El soterramiento del Sarmiento tiene un presupuesto total de 3.000 millones de dólares, que van a ser aportados por el Estado nacional. El Gobierno había anunciado que destinaría 8.940 millones de pesos este año y la misma cifra hasta el 2022, para terminar las obras ese año.

Pero habrá que ver si se cumplen los plazos establecidos para terminar el soterramiento del Sarmiento, sobre todo ahora por el atraso de los US$ 1.100 millones que iban a aportar tres bancos internacionales. Además, hay cada vez más restricciones presupuestarias en el gasto público por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que se plasmaron en el proyecto de Presupuesto para el 2019.Clarín.com

El caso Odebrecht también salpica a Franco Macri

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Será la investigación por los sobornos de Odebrecht en el soterramiento del Sarmiento.

Pese al recorte temporal que hizo el juez Claudio Bonadio en la causa de los cuadernos del chofer, será la investigación por los sobornos de Odebrecht en el soterramiento del Sarmiento la que salpicará a la familia Macri.

Es por su vinculación a la firma IECSA, del primo de Mauricio Macri hasta 2017. Se trata de Angelo Calcaterra.

"En una resolución que pasó desapercibida en medio del escándalo por presuntos sobornos en la obra pública, la Cámara Federal instó al juez Marcelo Martínez de Giorgi a avanzar de manera decidida sobre las constructoras que formaban parte del consorcio adjudicatario de la obra por lo que la empresa brasileña reconoció haber pagado coimas", revela el diario Ámbito.

"Avaló con las firmas de Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia- que las maniobras iniciales para obtener la licitación comenzaron en 2005, cuando se registraron facturas por servicios de una consultora fantasma encabezada por Manuel Vázquez, sindicado como el testaferro del exsecretario de Transporte, Ricardo Jaime. Así, hizo especial eje en el protagonismo de Javier Sánchez Caballero el N°2- cuando la empresa estaba en manos de Franco Macri y hasta el 2014", agrega.

"No puede perderse de vista que a partir de las irregularidades advertidas en el proceso de licitación y su vinculación con los posibles pagos de sobornos que datarían según lo dicho por el juez del año 2005 en adelante- corresponderá analizar las particularidades de todos los tramos de los hechos actuando en consecuencia", afirmó Irurzun en uno de los pasajes del fallo en el que denegó exculpar al brasileño Luiz Antonio Mameri. La decisión incluyó "retos" al juez por haber establecido un laxo cronograma de indagatorias y por no avanzar en los embargos a las empresas ni en procesamientos. Y aclaró a renglón seguido que esas irregularidades surgieron de un informe de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, allanamientos y "los informes de la AFIP en relación a IECSA, COMSA y Caesa". En tribunales recibieron la decisión como un "mensaje" de luz verde (y de respaldo) a la investigación por la que, paradójicamente, ningún empresario se ha declarado arrepentido y todos han negado sistemáticamente los cargos, pese a que ya había estallado el affaire de los cuadernos que generó una "cartelización de arrepentimientos". La Cámara pidió que se comparta de manera ágil la información entre Martínez de Giorgi y Bonadio, con lo que sepultó las chances de que el expediente Odebrecht quedara opacado.

Ambito cuenta: "El 13 de diciembre de 2005 y bajo la factura N°184, IECSA abonó $10.000 "por servicios de consultoría". Esos pagos se registraron de forma mensual hasta 2010, totalizando $600.000, según lo detectado tras un allanamiento a las oficinas de la constructora que pasó a manos del primo presidencial Ángelo Calcaterra. Su socia, COMSA, pagó entre 2007 y 2010 otros $270.000. Esas fechas coinciden con la etapa inicial del proceso licitatorio y con la delegación sobre el liderazgo del proyecto que había hecho el Gobierno kirchnerista en la Secretaría de Transporte. Algo que también impacta en el sucesor de Jaime, Juan Pablo Schiavi". Este último es un ex SOCMA que fue el primer jefe de campaña que tuvo Macri en 2003.ElDestape.com

Ángelo Calcaterra declara por el Soterramiento de la Línea Sarmiento

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Se sospecha que el exdueño de Iecsa pagó sobornos para direccionar el proceso licitatorio de ese proyecto.

Ángelo Calcaterra, ex dueño de la constructora IECSA, volvió sorpresivamente este martes a los Tribunales de Comodoro Py. Si bien tenía que declarar mañana por la causa del soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, el empresario se adelantó y llegó a las 7.30 al edificio judicial.

La compañía del empresario fue beneficiada en la licitación de ese gigantesco proyecto, como parte de una UTE de la que también formaba parte la brasileña Odebrecht y la italiana Ghella. Se sospecha que Calcaterra pagó coimas para direccionar aquella licitación.

Calcaterra, primo hermano del presidente Mauricio Macri, presta indagatoria ante el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, quien le habría dicho que en esta causa no se va a “arrepentir”, haciendo alusión a la causa de los “cuadernos K” en la que se convirtió en imputado colaborador. Además, presentaría un escrito ante el juez.

En el marco de esta misma causa, Martínez De Giorgi también citó a declarar al exministro de Planificación, Julio De Vido; a los exsecretarios de Obras Públicas, José López, y de Transporte Ricardo Jaime; y a empresarios de Comsam, Ghella y Odebrecht. Las indagatorias finalizarán el próximo 17 de octubre, con la sospecha de que hubo un “direccionamiento” en el proceso licitatorio y que luego se modificó el contrato original para esconder supuestos sobreprecios y coimas.

La periodista Mercedes Ninci corrió al primo de Macri por Comodoro Py para hacerle una incómoda pregunta

"La falta de información concreta de la obra y la oportunidad en que se dio a conocer el pliego de condiciones particulares y especificaciones técnicas afecta gravemente la transparencia del proceso de selección. Dicho accionar reviste, por otro lado, aptitud para vulnerar los principios de concurrencia e igualdad a la vez que se presenta como la primera manifestación de una serie de simulaciones legales que dan cuenta de un quebrantamiento del normal desenvolvimiento de la administración pública", sostuvo el juez.

Los dueños de Odebrecht ya admitieron haber pagado 36 millones de dólares a funcionarios argentinos para beneficiarse con contratos de obra pública. En Comodoro Py ya hay tres causas diferentes sobre licitaciones adjudicadas a la constructora, acusada de irregularidades administrativas, sobreprecios y pago de sobornos.ElIntransigente.com

Odebrecht pagó con "dinero negro" en una obra argentina de 3.000 millones de dólares

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Odebrecht, el gigante brasileño de la construcción que ha protagonizado la mayor trama de sobornos de América, pagó con fondos opacos a una subcontrata que participó en el soterramiento de la Línea Sarmiento, una infraestructura en Buenos Aires de 3.000 millones de dólares (2.572 millones de euros).

La Policía de Andorra investiga un desembolso de 395.000 euros a una empresa que participó en el soterramiento de la Línea Sarmiento

La obra se licitó en 2006 bajo el mandato del expresidente argentino Néstor Kirchner. Y fue reactivada el pasado octubre por el actual Gobierno de Mauricio Macri. Con una ejecución del 10 %, la construcción de este proyecto que contempla más de 20 kilómetros de túnel finalizará previsiblemente en 2022.

Un consorcio donde figuró Odebrecht junto a las constructoras Iecsa, Ghella y Comsa desembolsó, al menos, 395.000 euros en negro a una subcontrata vinculada al soterramiento del tren de Sarmiento, según un informe de la Policía de Andorra del 11 de abril de 2017 al que ha tenido acceso EL PAÍS.

Los investigadores concluyen esta cifra tras analizar las actas secretas del departamento de compliance (cumplimiento) de la Banca Privada d’Andorra (BPA), una de las entidades, junto con el Meinl Bank de Antigua y Barbuda, utilizadas por Odebrecht para pagar comisiones ilegales a empresarios, altos funcionarios, políticos y cargos públicos.

"Operación triangular"

Uno de estas actas confidenciales recoge como el antiguo responsable del banco andorrano en Uruguay, Andrés Norberto Sanguinetti Barros, Betingo, pidió a la entidad pagar con dinero negro a una firma de una obra en Argentina. “Se solicita autorización para ejecutar una operación triangular, en la que participan Lion’sSoul y Carday, para pagar a una subcontrata en B”, refleja un documento fechado el 22 de julio de 2011. Lion’sSoul y Carday son dos de las sociedades instrumentales de Odebrecht para pagar sobornos, según los investigadores.

Aunque la Policía de Andorra no precisa en su informe de qué obra se trata –llega a mencionar un tramo del metro de Argentina-, dos de las cuatro empresas del consorcio del tren de Sarmiento han vinculado los presuntos pagos irregulares con este proyecto. “Tenemos conocimiento de la existencia de un procedimiento penal en fase de instrucción en Argentina contra la Unión Temporal de Empresas (UTE) adjudicataria de las obras de soterramiento del ferrocarril de Sarmiento”, admite esta compañía, que reconoce también que las pesquisas judiciales indagan presuntas irregularidades en la adjudicación de la infraestructura.

La española Comsa, que tras tener una participación del 10 % abandonó la UTE, asegura a través de una portavoz que no tuvo constancia “de ninguna irregularidad” y añade que “está colaborando con las autoridades que llevan a cabo la investigación”.

La constructora italiana Ghella asegura que “no tiene conocimientos de comportamientos ilegales” en la mega obra de Sarmiento. “Siempre actuamos de manera correcta, legítima y con respeto a las leyes argentinas e internacionales”, justifica por correo un portavoz.

Los delatores de Odebrecht, sin embargo, contradicen estos argumentos. Admitieron el pago de sobornos en varios tramos de esta obra por un valor de 3,3 millones de dólares (2,8 millones de euros). El dinero habría ido a parar al entorno directo del exministro argentino de Planificación Federal Julio de Vido, según La Nación. La cifra abonada en comisiones ilegales por el gigante brasileño, no obstante, ascendería a 20 millones de dólares (17 millones de euros), según este diario, que sitúa como intermediarios “al miembro de un grupo de presión Jorge ‘Corcho’ Rodríguez” y a un ejecutivo de Iecsa, una constructora que perteneció a Ángelo Calcaterra, primo del presidente de Argentina, Mauricio Macri.Fuente: Diario El País de España

De Mendiguren y los "cuadernos": “Puede ser un búmeran para el gobierno”

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El diputado y ex titular de la UIA dijo que “todo el mundo miró para otro lado siempre” en el pago de sobreprecios y coimas en las obras. Por qué cree que además del kirchnerismo la causa puede golpear a Macri

El diputado nacional y miembro de la Unión Industrial Argentina (UIA), José Ignacio de Mendiguren, pidió que la investigación iniciada por los denominados “cuadernos de las coimas” vaya a fondo, sirva para recuperar la “confianza en las instituciones” y señaló que además de involucrar a ex funciones del kirchnerismo este caso “puede ser un búmeran para el actual gobierno”.

De Mendiguren dijo que el esquema de sobreprecios pagados en las obras del Estado y las coimas o aportes de campaña que hacen los empresarios forman parte de un sistema conocido. "Con los empresarios de la construcción todo el mundo miró para otro lado siempre", afirmó en el programa A diario (Radio 2).

El legislador del Frente Renovador aseguró que si la Justicia “no se queda en la espuma del comienzo” y profundiza la causa que involucra a varios empresarios de primera línea puede complicar también al gobierno nacional.

Para De Mendiguren, esa lógica de pagos irregulares desde el Estado continuó después de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. “¿Cuál fue el gobierno que pagó 45 mil millones de pesos de adelanto por la obra del soterramiento del Sarmiento a Iecsa, de Angelo Calcaterra (el primo de Mauricio Macri que declaró este lunes como arrepentido)? Fue este gobierno el que lo hizo y ya sabíamos lo de Odebrecht, que es socio de Iesca en esa obra”.

“Esto puede ser un búmeran. La patria contratista ha vivido de ordeñar al Estado y ese club siempre fue el mismo, ganaba una obra uno, después la ganaba otro y se repartían los trabajos”, afirmó el ex presidente de la UIA en diálogo con Alberto Lotuf y Ciro Seisas.

“Un empresario me dijo: «Gracias a que Argentina es así nosotros podemos competir y no vienen de afuera a competir». Todos se conocen. El mismo presidente viene de un grupo familiar que vivió de las contrataciones del Estado”, agregó.

“Vamos a ser francos”, dijo De Mendiguren irónico y continuó: “Si alguien vivió de las obras del Estado fue Franco Macri (padre de Mauricio), que no nos tomen por tontos”. Y puso como ejemplo el negocio del “ferrocaril Belgrano, donde se asoció con Hugo Moyano, o el Correo. ¿A quién le dio la AFA Macri, a Marcelo Tinelli o a Moyano? A Moyano, después se pelean y quieren que nosotros tomemos parte”.

“Cuando Kirchner le prorrogó por 30 años de concesión del juego a Cristóbal López antes de dejar el gobierno, ¿quien lo convalidó en la ciudad de Buenos Aires?: Mauricio Macri”, dijo y pidió que este caso sirva para ganar en “transparencia”.

“Ojalá sirva para volver creer en la Justicia, en el empresariado nacional y en la política. Hay que recuperar la confianza en las instituciones”, afirmó.Rosario3.com

Calcaterra fue imputado y pidió ser "colaborador" en la causa de las coimas

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El primo de Macri explicó al juez Bonadio que los pagos son como dicen los cuadernos de Centeno, pero aseguró que los montos fueron menores.

El ex dueño de IECSA y primo del presidente Mauricio Macri, Angelo Calcaterra se presentó de manera espontánea este lunes ante el juez federal Claudio Bonadio en Comodoro Py y confesó que hizo pagos ilegales para las campañas electorales del 2013 y del 2015.

Así se convirtió en "imputado colaborador". Aseguró que los pagos fueron como dicen los cuadernos del chofer de Roberto Baratta, Oscar Centeno, aunque los mantos serían menores. Coincidió también con con lo que declararon los empresarios Juan Carlos de Goycoechea y Javier Sánchez Caballero.

Dijo además que los pagos se hicieron en momentos en que IECSA, estuvo a punto de fundirse por su situación económica. Ésta fue una de las empresas que más contratos ganó entre 2003 y 2015, solo superada por Techint y Electroingeniería. Obtuvo, entre otras obras, el Soterramiento de la Línea Sarmiento.

En la causa hay 18 imputados y para este lunes se prevé que declaren cuatro empresarios más: Rodolfo Paulette, Alejandro Ivanissevich, Raimundo Peduto y Manuel Santos Uribelarrea. A las 10, además, declaran el ejecutivo "arrepentido" Juan Carlos De Goycoechea, exdirectivo de Isolux Corsán, y una hora más tarde lo hará Francisco Valenti, de IMPSA.AgenciaFe.com

Odebrecht: la Cámara Federal de Casación Penal reconoció como querellante a la Unidad de Información Financiera

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Lo resolvió por unanimidad la Sala II, integrada por los jueces Ángela Ledesma, Alejandro W. Slokar y Ana María Figueroa, en la causa en la que se investiga la adjudicación y continuidad del soterramiento del Ferrocarril Sarmiento

La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Ángela Ledesma, Alejandro W. Slokar y Ana María Figueroa, por unanimidad, dejó sin efecto la resolución de la Cámara Federal porteña y tuvo por parte querellante  a la Unidad de Información Financiera (U.I.F.) en la causa seguida contra “Vázquez Manuel, Couri Ribeiro Mauricio, Jaime Ricardo, NN, Castro Siderol Héctor Ramón, IECSA S.A”, entre otros.

En el proceso, en función del requerimiento de instrucción de la fiscalía, se investiga el presunto “pago de sobornos por parte del Grupo Odebretch y socios locales a funcionarios públicos integrantes de la estructura del entonces Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, para lograr la adjudicación y continuidad en las distintas etapas de la obra ‘Soterramiento del Corredor Ferroviario Caballito – Moreno’ de la Línea Sarmiento, acto administrativo que benefició al consorcio integrado por las firmas IECSA S.A., Constructora Norberto Odebretch S.A., GHELLA Societa Per Azioni y COMSA S.A.”.

La Unidad de Información Financiera fue creada en el año 2000 por la Ley 25.246 (Ley de Lavado de Activos de origen delictivo) y funciona con autonomía y autarquía financiera en jurisdicción del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación (cfr. Ley 27.260). El Decreto PEN Nº 2226/2008 autoriza al titular de la U.I.F. a intervenir como parte querellante en procesos en los que se investigue la posible comisión de delitos previstos e de los delitos tipificados por la Ley N° 25.246 y sus modificatorias.

La UIF es la encargada del análisis, tratamiento y transmisión de información a fin de prevenir e impedir el delito de lavado de activos proveniente de la comisión de diversos ilícitos, entre los cuales se encuentran aquellos cometidos contra la administración pública.

El juez Alejandro W. Slokar, que lideró el acuerdo, sostuvo que “la capacitación técnica específica de la UIF redundaría en un aporte orientado a los fines para los que se encuentra instituida, tanto más frente a maniobras criminosas como las pesquisadas –graves ilicitudes en la adjudicación y continuidad de obra pública- que demandan de los ingentes esfuerzos del organismo antilavado en el cumplimiento de sus deberes, de modo de garantizar la persecución y sanción de la totalidad de funcionarios públicos y agentes privados responsables”.CentrodeInformaciónJudicial.com

Con lo que cuesta el Soterramiento del Sarmiento se podría invertir en obras muy importante del interior del país

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Redacción Crónica Ferroviaria

En una nota de opinión firmada por la señora Susana Merlo en el diario El Tribuno de Salta y con el título "Cambia, pero no tanto", con relación a la obra pública en todo el país, en uno de sus párrafos expresa lo siguiente sobre el Soterramiento del Sarmiento:

"Igualmente, la cantidad de obras públicas tiene una doble vertiente positiva. Por un lado necesidad imperiosa de actualizar y ampliar obras de infraestructura y, por otro, la reactivación económica que implican las obras públicas. Sin embargo, el hecho de que se haya priorizado el aspecto proselitista de las mismas, concentrándolas en las zonas más densamente pobladas, en lugar de ubicar los lugares estratégicos para abaratar costos y así poder aumentar la producción es un punto en contra".

"Por mencionar sólo un caso, especialistas sostienen que el soterramiento de parte de la Línea Sarmiento, en pleno conurbano y CABA, cuesta más de 5 veces lo que se necesitaría invertir para concretar la salida al Océano Pacífico por carretera (Catamarca) y tren (La Rioja), una obra que va a permitir que cerca de 10 provincias ubicadas hoy a más de 600 km del puerto, vuelvan a ser económicamente viables aumentando, simultáneamente, las exportaciones del centro y todo el norte del país".

"Los ejemplos de este tipo abundan, pero no viene al caso enumerarlos. El caso es que si los 30 meses que transcurrieron, van a servir al menos para recapacitar, corregir seriamente errores, y mejorar sustancialmente el equipo de gobierno, entonces, puede ser que también el rumbo mejore y la perfomance productiva cobre mayor impulso que el demostrado hasta ahora".

Más vale tarde que nunca

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Redacción Crónica Ferroviaria

Ya el 26 de Noviembre de 2017 CRÓNICA FERROVIARIA daba la información con nota titulada: "Papelón en obra ferroviaria: Un nuevo puente en Lujan es angosto y no pasan los trenes", ahora parece que el grupo del "gran diario argentino" se entera de esta situación y realizó un informe en el programa "Periodismo para Todos", que expresa lo siguiente:

"A fines del año pasado, se hizo un puente ferroviario que cruza en forma de by pass Luján, parte de la conexión entre Autopista del Oeste y la Ruta 5. El Estado desembolsó 55 millones de pesos. La idea era que pudieran pasar las formaciones del Sarmiento, ramal Mercedes. No contaron con una situación particular: los ingenieros que intervinieron tuvieron un grave error de cálculo y quedó demasiado angosto para el paso de los trenes".

"Un informe de Periodismo para Todos reveló que, lejos de solucionarse, la situación sigue peor que antes. Los arreglos que empezaron a hacerle a fines de 2017 no lograron subsanar el error. "Le sacaron ancho de solapa y cortaron los 'nervios' de siete o 10 centímetros para ganar de cada lado. Pero si se avanza se ve que empezó la degradación del material. Los tramos del puente se desplazaron hacia un lado y otro", contó al equipo de Jorge Lanata uno de los trabajadores del Sarmiento".

"Lo ensancharon, pero como la estructura está forzada, el tren podría caerse sobre la autopista en la que circulan miles de autos por día. "La Unión Ferroviaria presentó una denuncia penal y la causa quedó en manos del juez Sergio Torres", contó Lanata".

"Un ingeniero civil elegido por sorteo señaló que "no hay peligro inminente", siempre y cuando se mantenga la prevención de reducir al mínimo la velocidad. Por eso las formaciones tienen que pasar de los 80 kilómetros a los 12 km/h. cuando transitan por esa zona".

"El único imputado por el caso, hasta el momento, es Javier Iguacel, el titular de Vialidad Nacional. Según dijo el conductor de PPT, el funcionario declaró que el puente está "en excelentes condiciones" y si los "los convoy bajan la velocidad es porque están haciendo obras en la estación siguiente".

Bueno, más vale tarde que nunca. ¿No les parece?

Odebrecht: las firmas procesadas en Lava Jato argentino ejecutan obras por más de $20 mil millones

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Pese a que la Justicia las tiene en la mira y hasta las embargó, el Gobierno les permite continuar participando en gigantescas licitaciones. Sus vínculos con Macri y su familia.

Pese a contar con procesamientos, embargos y pedidos de indagatoria, las principales firmas involucradas en el escándalo del capítulo del Lava Jato argentino, que tiene a Odebrecht como el arrepentido estelar, continúan recibiendo y ejecutando gigantescas obras a lo largo y a lo ancho del país bajo la gestión de Mauricio Macri, al punto tal que la cifra ya supera los 20 mil millones de pesos.

Según puedo reconstruir El Destape en base a las recientes licitaciones y adjudicaciones recibidas por las empresas involucradas en el escándalo del Soterramiento del tren Sarmiento y de la Planta Potabilizadora de AYSA lograron continuar los monstruosos proyectos, aun pese a que los fiscales y jueces que investigan el entramado de corrupción ya han puesto sus ojos en su operatoria.

Curioso es el caso del soterramiento del tren: según dictaminó el fiscal Franco Picardi en noviembre pasado, la firma IECSA, que pertenecía a Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri, fue embargada por $54 millones, acusada de haber participado en las coimas pagadas a una consultora fantasma del ex funcionario K Ricardo Jaime. Incluso, el fiscal aportó correos electrónicos que probarían la participación de un gerente de la firma en el pago de coimas, en una obra que, se calcula, contó con un sobreprecio de casi mil millones de dólares.

Sin embargo, el Gobierno nacional decidió quitarle la concesión a Odebrecht, la arrepentida que paga todas las culpas, pero dejó que IECSA continuara llevando adelante su parte, aun cuando todas las pruebas lo incriminan y lo ponen en el centro de la investigación y aun cuando el propio Calcaterra tendrá que rendir explicaciones en declaración indagatoria.

Misma situación ocurre con la Planta Potabilizadora de AYSA: pese a que el juez Sebastián Casanello procesó y trabó embargos millonarios contra Odebrecht y las firmas que participaron del consorcio adjudicatario de una obra, el Gobierno decidió convalidar que apartaran a la constructora brasilera y que Roggio, Cartellone y Supercemento continuaran con normalidad el emprendimiento cuyo sobreprecio fue estipulado por el propio juez en unos 200 millones de pesos sobre los 2200 presupuestados.

Pero eso no es todo, tanto IECSA, involucrada en las coimas del soterramiento del Sarmiento, como las tres firmas implicadas en las de la planta potabilizadora, continuaron recibiendo obra pública y participando de licitaciones como si nada pasara.

En el caso de la firma del primo del Presidente, actualmente se encuentra ejecutando obras por al menos $4000 millones de pesos (Paseo del Bajo y Ampliación del Sistema de Transporte y Distribución de Gas Natural). Por su parte, Roggio participó de la licitación de Participación Público-Privada (PPP) que lanzó el Gobierno recientemente, y sigue ejecutando obras por unos $5000 millones en la actualidad (Arroyo Vega, avenida Beiró y contrato de basura con CLIBA), mientras que Supercemento, asociada con Cartellone, ejecuta la pavimentación de la autopista Federal número 33, por $3.718 millones.

Por su parte, el gigante de la construcción brasilera no está para nada conforme con el correr de los hechos, al punto tal que a través de sus representantes legales en Argentina manifestaron su disconformidad con el proceso local, al destacar que solo a ella le impiden participar de los procesos licitatorios, mientras que a sus socios nada les ocurre.

Según destacó el periodista Hugo Alconada Mon en el diario La Nación, la firma brasilera además sostuvo que "las coimas se pagaban de acuerdo a la participación de cada empresa en el emprendimiento", por lo que tanto IECSA como Roggio, Cartellone y Supercemento, las que actualmente reciben millones del Estado, también ejecutaron una clara participación en la trama de corrupción del Lava Jato.ElDestape.com

No al Soterramiento del Sarmiento

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Redacción Crónica Ferroviaria

El Movimiento Nacional Ferroviaria (MO.NA.FE.) informa que el día sábado 02 de Junio a las 11,00 horas se darán cita en la estación Morón de la Línea Sarmiento para juntar firmas y manifestar un total y rotundo repudio al esquema de negocios del Gobierno Nacional que se ve vislumbrado en el Soterramiento del Sarmiento.

Difunden vídeo donde se especifica las dificultades y "negocios" que original, entre otras cosas, el Soterramiento.