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4 de octubre de 2018

La Justicia podría intervenir el consorcio a cargo del soterramiento del Sarmiento

Actualidad

En el marco del millonario embargo pedido contra los empresarios y los ex funcionarios involucrados en la causa que investiga el supuesto pago de sobornos para la construcción del soterramiento del ferrocarril Sarmiento, la justicia también analiza intervenir el consorcio a cargo de la obra. Es decir, la Unión Transitoria de Empresas (UTE) que funcionaba bajo el nombre de Consorcio Nuevo Sarmiento (CNS) pero que con la salida del grupo brasileño Odebrecht pasó a denominarse Consorcio G&S. Hoy, está conformada por las empresas Ghella, dueña del 71% de la UTE, y Sacde, la empresa que Marcelo Mindlin le compró a Angelo Calcaterra y que antes se denominaba Iecsa.

Tanto estas empresas como Odebrech y el grupo español Comsa, que también abandonó la obra, siguen investigadas como parte de la ramificación local del Lava Jato brasileño.


En Argentina, la causa la llevan adelante el juez Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal Franco Piccardi, quien ya presentó evidencia para identificar la existencia de dos tramos en el despliegue de pago de sobornos efectuados por Odebrecht; Iecsa; Ghella y Comsa a ex funcionarios del Ministerio de Planificación Federal para obtener beneficios previos y posteriores a la adjudicación de la obra.

Según consta en la causa, durante el primer tramo, previo a la adjudicación de la obra, la consultora Controles Auditoría Especiales de Argentina (CAESA), propiedad del ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, y su socio Manuel Vázquez, fue usada

Para recibir los pagos de las coimas mediante la facturación de servicios de consultoría inexistentes a Iecsa y Comsa. La maniobra se complementaría con posteriores transferencias bancarias canalizadas a través de diversas compañías offshore, entre ellas Pribont Corporation (utilizada por Vázquez) y Klienfeld Services (del grupo Odebrecht), y cuyo beneficiario final habría sido Ricardo Jaime.

En cuanto al segundo tramo de la maniobra (posterior a la adjudicación de la obra), tiene vinculación con la estrategia usada por las empresas para canalizar los sobornos a los funcionarios a partir de que el Estado comenzara a realizar los desembolsos por anticipos y certificados de obra.

Ante este escenario, el fiscal Piccardi le acaba de pedir al magistrado que disponga la intervención judicial en la UTE. Lo hizo en el mismo escrito que usó para solicitar también un embargo por $1.000 millones contra las cuentas y los bienes de todos los involucrados en este entramado de supuestos pagos de sobornos y coimas para quedarse con una de las obras de mayor costo que licitó el anterior gobierno kirchnerista y que continuó con la administración del presidente Mauricio Macri.

En el escrito figuran empresarios, intermediarios y ex funcionarios imputados por pagar y recibir dinero ilegal para adjudicar el soterramiento del tren Sarmiento, un emprendimiento que cuenta con un presupuesto cercano a los u$s3.000 millones.

“Se requerirá que se disponga la intervención judicial de la UTE, mediante la designación de un veedor, en los términos de lo normado por el artículo 224 del CPCCN, respecto de la cual, la norma del artículo 115 de la ley 19.550, denomina “mero veedor”, sostiene el fiscal Piccardi en su presentación al juez Martinez Di Giorgi. Esto significa la posibilidad de que el magistrado, nombre un interventor informante para que “dé noticia acerca del estado de los bienes objeto del juicio o de las operaciones o actividades, con la periodicidad que se establezca en la providencia que lo designe”, tal como lo establece el artículo del Código Procesal, Civil y Comercial que cita el fiscal.

Para Piccardi, el interventor en la UTE que tiene a cargo la obra del ferrocarril Sarmiento debe llevar a cabo varias tareas vinculadas al proceso judicial “con la finalidad de asegurar la eficacia de la sentencia atendiendo a su objetivo inmediato, sea para asegurar la ejecución forzada o para impedir que se produzcan alteraciones perjudiciales en el estado de los bienes”.

Según el fiscal, es fundamental contar con un veedor judicial que permita tomar cuenta del manejo anterior y actual de los fondos, conocer la conformación judicial de la UTE, la vinculación que tendrían entre si las empresas que integraron e integran el consorcio y la aplicación de los fondos que obtuvieron y que se imputan a su giro comercial.

De todos modos, aclara que la intervención judicial, no deberá afectar la continuidad, progreso y productividad de la obra. Y basa su pedido al sospechar que tanto Iecsa como Ghella y Comsa tendrían lazos societarios y vinculaciones comerciales muy fuertes que se mantendrían hasta ahora entre las compañías integrantes de consorcio, como varias de sus vinculadas.

Entre los ejemplos usados para demostrar estos vínculos, se sostiene que Ghella Spa y Iecsa estuvieron unidas por estrechos vínculos no sólo de carácter comercial, sino a su vez jurídico-societarios. Piccardi menciona que incluso desde la conformacipon de la UTE, la ex empresa de Angelo Calcaterra ya se vinculaba jurídicamente con la firma Latifer (Latina Ferroviaria SL), integrante del grupo económico Ghella Sogene.

Según surge de un legajo de la Inspección General de Justicia (IGJ). Latifer poseía una porción societaria de Iecsa. A su vez, la accionista mayoritaria de esa empresa era ODS, cuyos accionistas eran Latifer y Calcaterra.

También se sostiene que a pesar de la venta de Iecsa a Marcelo Mindlin, en marzo del 2017, y de la modificación de su razón social por la de Sacde, se habría producido una transferencia del paquete accionario que se encontraba en manos de ODS a favor de la compañía extranjera Emes Energía Argentina.

A su vez, esta firma constituyó un usufructo de los derechos derivados de su calidad de socio en favor de Mindlin, mientras que Latifer, integrante del Grupo Ghella, se mantiene como accionista de Sacde.

En la investigación se sostiene además que Emes Energía Argentina fue creada el 3 de mayo del 2016 en Dellaware, Estados Unidos, y que, de acuerdo a una publicación del Boletín Oficial del Registro Mercantil de Madrid del 26 de junio del 2017, es socia única de Latifer. Asimismo, su directorio se encuentra conformado por Damián Miguel Mindlin, Raúl Warat, Santiago Ramón Altieri, Ghella Spa y Ángel Jorge Antonio Calcaterra.

En tanto que, de acuerdo a lo publicado en la segunda sección de sociedades del Boletín Oficial de la Argentina del 22 de marzo del 2017, se resolvió el cambio de denominación de Iecsa a Sacde y se designó como integrantes del nuevo directorio a Damián Miguel Mindlin como presidente; Gustavo Mariani como vicepresidente; Santiago Ramón Altieri y Juan Ramón Garrone como directores titulares y a Raúl Warat como director suplente.
Piccardi cita además como prueba de los vínculos societarios actuales la UTE conformada por Sacde para participar de las licitaciones de los proyectos PPP junto con ODS. Ambas comparten el Consorcio/Corredor Sacde, ODS, Groundwork Development LLC.

“De lo expuesto se desprende que, mas allá de la modificación de la denominación social de Iecsa por el de Sacde, como de la venta de las acciones de ODS a Emes Energía Argentina, los accionistas y las personas físicas detrás de las estructuras societarias seguirían siendo las mismas”, sostiene el fiscal Piccardi.

De hecho, asegura que en los allanamientos realizados a fines del año pasado en el marco de la misma causa se secuestró documentación que acredita la existencia de registros de formales relaciones comerciales, tributarias y de asesoramiento entre CAESA, Iecsa y Comsa.

Piccardi pide también que el veedor designado analice los libros contables de la UTE, sobre todo los dedicados al IVA compras y al IVA ventas, así como también las presuntas maniobras delictivas. Sospecha en este sentido, que se llevaron a cabo varias operaciones comerciales (entre ellas los pagos) que el consorcio realizó con las propias empresas que lo integran e integraban y con sociedades vinculadas a las maniobras investigadas y con una serie de intermediarios entre los que identifica a Jorge “Corcho” Rodriguez y también CAESA

Además identifica transferencias de importantes sumas de dinero a una serie de cuentas en el exterior. En este sentido, en la investigación se asegura que hubo envío de fondos por subcontratación de servicios a empresas “fantasmas” que operaron bajo los nombres de “DSC” o “DSC Workshop”, y que Piccardo identifica como propiedad de la estructura offshore que usó el grupo Odebrecht durante 2011, para triangular miles de euros a través de la Banca Privada de Andorra con destino final a Uruguay.

“Todo lo dicho, es demostrativo de que restan varios aspectos por dilucidar en torno a la compleja maniobra investigada y, en ese orden de ideas, el veedor podrá ser de utilidad tanto para el eje de la investigación como para obtener mayores elementos que habiliten a realizar adecuaciones respecto de las medidas cautelares que pudieran ordenarse”, argumenta Piccardi en su escrito, según pudo saber Iprofesional.

Con su pedido, intenta dilucidar lo que llama un complejo cuadro de vinculaciones societarias-comerciales, en el marco de un tradicional esquema de intercambio económico-financiero-patrimonial, que se habría usado para el pago y cobro de sobornos usando el soterramiento del Sarmiento como excusa.

En cuanto a los embargos, Piccardi insiste en un reclamo que ya presentó a fines del año pasado ante el juez Martinez de Giorgi casi por los mismos montos que en ese momento. En este sentido, solicita la misma suma de $6,2 millones para los 56 implicados que tiene la causa, entre los que se encuentran Julio De Vido, Ricardo Jaime, Roberto Baratta y Juan Pablo Schiavi. También, los empresarios Angelo Calcaterra, Marcelo Odebrecht, Javier Sanchez Caballero, el Corcho Rodriguez, Lorenzo Ghella, entre otros.

Estima que “la cautela de los bienes indispensables hasta cubrir las sumas en cuestión, conforma una diligencia indispensable para el reaseguro de dinero que la naturaleza misma de la medida supone”.

Adicionalmente, considera que los embargos deben ser lineales a los porcentajes accionarios que las empresas tienen o tenían en el consorcio. Esto es, al 30% para Iecsa, Ghella y Odebrecht, y el 10% restante, para Comsa. Esto porque también los sobornos se habrían afrontado en razón de tales participaciones.

Teniendo en cuenta esta hipótesis, en el caso de las empresas reclama embargos por $67 millones para Comsa: $201 millones para Odebrecht y el mismo monto para Ghella. En el caso de Iecsa, que actualmente opera bajo el nombre de Sacde, pide trabar un embargo similar. Pero lo divide entre los actuales accionistas y Calcaterra, entendiendo que la firma Latifer sigue formando parte de la ex Iecsa. Por eso, reclama un embargo de $34 millones para Sacde y otros $167 millones para Calcaterra.

En cuanto al primo del presidente Mauricio Macri, también lo vincula con el uso de la famosa mesa de dinero La Rosadita, que funcionó en un edificio del barrio porteño de Puerto Madero. En este sentido, la denuncia asegura que Iecsa habría realizado operaciones con una serie de sociedades pantalla como “Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo San Agustín Ltda”; “Crédito Social Norte Cooperativa de Crédito, Consumo, Vivienda, Turismo y Servicios Asistenciales Ltda”; “FinCredit Ltda Cooperativa de Consumo Vivienda” y “SGI” conocida como “La Rosadita”.

Argumenta que en el caso de Odebrecht estaría vinculada a una financiera que habría operado en Reconquista 538, piso 6to., Sala “63”, Sector “B”, de Capital Federal. Y que ambas empresas habrían hecho importantes giros de divisas hacia cuentas radicadas Uruguay administradas por Jorge Rodríguez, quien habría operado como intermediario y enlace entre Odebrecht y los funcionarios K.

Se asegura además la existencia de centenares de viajes realizado por este empresario por distintas medios de transporte que incluyen la utilización de aeronaves privadas como otra vía de obtención y posterior ingreso al país del dinero que luego tendría como destinatario final los funcionarios involucrados en la investigación del contrato de soterramiento del Ferrocarril General Sarmiento.

Fuentes de las empresas involucradas e identificadas por Piccardi se limitaron a explicar que la causa sigue su curso y a aclarar que la obra se mantiene y que ya se construyeron los primeros seis kilómetros.

“La fiscalía va por más, pero de todas maneras falta saber qué resolución adoptará el juez, teniendo en cuenta que ya el año pasado no le hizo mucho caso a Piccardi cuando pidió los embargos que ahora repite”, argumentan desde el sector privado.

En cuanto a los vínculos societarios entre algunas de las empresas miembros del consorcio admiten que Iecsa y Ghella fueron socias y que la firma italiana fue accionista de la ex compañía de Calcaterra. Pero aclaran que se trató de una estrategia comercial de Ghella para posicionarse más fuerte en la Argentina que nada tuvo que ver con la causa. “Ghella compró una parte de Iecsa que luego la vendió, y que tuvo que ver con una visión del grupo para desarrollar el mercado de Argentina y America latina”, aseguran fuentes empresarias.IProfesional.com

17 de junio de 2012

COMIENZA LA OBRA PARA SOTERRAR LAS VÍAS DEL SARMIENTO


ACTUALIDAD

La tuneladora bautizada Argentina, que hará el soterramiento del ferrocarril Sarmiento, ya comenzó a ensamblarse en una imponente trinchera de 25 metros de profundidad a metros de la estación Haedo. El 15 de septiembre próximo comenzará a cavar el túnel de 17 kilómetros hasta el barrio porteño de Caballito, donde llegaría en diciembre del año próximo, según adelantaron los profesionales a cargo de la obra. Recién dentro de 44 meses, en 2015, el soterramiento de ese tramo reemplazará a la actual traza de superficie.

La obra fue adjudicada en 2008 por el gobierno nacional a un pool de empresas y ya debería haberse terminado . Los trabajos se demoraron por la falta de adecuación de precios ante la suba del índice inflacionario, según confiaron algunos empresarios del sector. Pero después del accidente en la estación de Once, donde 51 personas murieron, el gobierno nacional aceleró el inicio de los trabajos.

La trinchera en Haedo por donde entrará la tuneladora. Foto: LA NACION / Mariana Araujo

Hoy, el obrador de Haedo, de 11 hectáreas, funciona a pleno. Ya se construyeron 8000 m2 de oficinas, dormitorios, comedores, enfermería, galpones para talleres, almacenes, y una planta de prefabricación de revestimientos de hormigón. Allí, Consorcio Nuevo Sarmiento, conformado por las empresas Iecsa, Odebrecht, Comsa y Ghella, le dan vida al ensamble de la imponente tuneladora alemana, cuya última obra fue la construcción de un túnel bajo la comercial calle Serrano, en Madrid. Es la más grande utilizada en América latina, costó 40 millones de euros, será operada por 60 técnicos y tiene 125 metros de longitud (ver infografía). Avanza 450 metros por mes -20 metros por día- y en la primera etapa, desde Haedo hasta Caballito, se construirán seis estaciones de pasajeros bajo tierra, que en la superficie tendrán un diseño moderno y vistoso.

En una segunda etapa, la máquina correrá en sentido inverso y hará el tramo hasta la estación Castelar. En la última etapa completará el recorrido soterrado hasta la estación cabecera de Moreno. Estos dos tramos demandarán 50 meses de trabajo. La obra completa, con un túnel de 32,6 kilómetros y la construcción de 12 estaciones, demandará una inversión de 11.000 millones de pesos -6000 millones para el tramo Haedo-Caballito, y 5000 para los siguientes-.


Augusto Adur, presidente del Consorcio Nuevo Sarmiento, dijo a LA NACION que el soterramiento del Sarmiento permitirá eliminar los pasos a nivel, con su riesgo de accidentes, así como las calles interrumpidas por el tendido férreo. "En la actualidad, en las horas pico, por cada hora, la barrera permanece baja durante 40 minutos, con la nueva infraestructura esto no sucederá. Y, además, permitirá mejorar sustancialmente el servicio, logrando una frecuencia de 3 minutos entre formaciones. A su vez, la puesta en funcionamiento de las formaciones nuevas aumentará de manera significativa la capacidad de transporte actual de pasajeros de 100 millones a más del doble: unos 280 millones de usuarios entre ambos sentidos", dijo Adur.

El túnel de 10,40 metros de diámetro por donde circularán las formaciones tendrá dos vías. Y cada 400 metros habrá salidas de emergencia con escaleras metálicas con descanso y espacios para bajar camillas.

"El proyecto contempla también la renovación y la modernización total de la infraestructura de electrificación, señalización y control de trenes y la instalación de sistemas antiincendios y de evacuación que exigen las normas internacionales para esta tipología de proyectos", dijo Adur.

Mario Cenciarini, ingeniero a cargo del proyecto de obra, explicó que los trabajos en ejecución ocupan en la actualidad a 500 personas. "En el pico generarán 10.000 nuevos puestos de trabajo: 2000 relacionados en forma directa a la construcción y 8000 asociados indirectamente a la provisión de los distintos servicios, materiales y equipos que conforman el proyecto."


Cenciarini es un italiano que trabajó en la construcción de túneles y vías en otras ciudades del mundo. "Esta máquina tiene la capacidad para construir túneles de aproximadamente 11,50 metros de diámetro, equivalente en altura a un edificio de cuatro pisos, lo que permitirá la circulación de formaciones ferroviarias de doble piso y nueve coches cada una exclusivamente para servicio de pasajeros. Los trenes podrán ir a 120 kilómetros por hora porque las vías serán nuevas", aseguró Cenciarini.

Jesica Martínez es, desde hace 11 años, usuaria del ferrocarril Sarmiento. El 22 de febrero pasado, cuando el tren de la entonces concesionaria TBA colisionó en la estación de Once, ella iba en el primer vagón. "Esta iniciativa del soterramiento del Sarmiento es muy positiva, porque así se evitaría un montón de accidentes. Hace tiempo que los usuarios lo pedíamos, pero se tardó un montón en comenzar con las obras. La verdad es que mejorará mucho el servicio, que hoy es muy malo", dijo la mujer, de 24 años,

El soterramiento del Sarmiento es de vital importancia para la conexión entre el oeste del conurbano y el centro. En el tramo Caballito-Once, donde el tren corre en trinchera, está previsto que el gobierno porteño construya un techo sobre las vías, con espacios verdes y apertura de calles. Aunque para que los usuarios disfruten de estas mejoras deberán pasar entre tres y siete años.

HISTORIA

Creación: el ferrocarril Sarmiento se creó el 13 de febrero de 1947, al nacionalizarse el Ferrocarril Oeste de Buenos Aires (FCO), siendo administrado desde ese momento por la empresa estatal Ferrocarriles Argentinos.

Cancelación: a principios de 1990, con la disolución de Ferrocarriles Argentinos y la cancelación de servicios ferroviarios establecida por el entonces presidente, Carlos Saúl Menem, la mayoría de los servicios dejaron de operar.

Concesión: el servicio de pasajeros pasó temporalmente a la empresa estatal Femesa y luego dado en concesión a Trenes de Buenos Aires (TBA).
Accidente de Flores: el 13 de septiembre de 2011, un colectivo cruzó las vías y fue embestido por un ferrocarril metropolitano, que descarriló y embistió a otra formación: 11 personas fallecieron y 228 resultaron heridas.

Tragedia de Once: el 22 de febrero de 2012, un tren no pudo detener su marcha y colisionó con los sistemas de paragolpes de la estación de Once. Murieron 51 personas y más de 703 resultaron heridas.

Quita de ramales: La presidenta Cristina Kirchner decidió quitarle la concesión de las líneas Sarmiento y Mitre a TBA por el deficiente estado de los trenes y el deterioro en el servicio.Lanación