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4 de junio de 2019

El silencio ante la corrupción M

Actualidad

Por estos días algunos medios porteños que no pertenecen a los grupos hegemónicos vienen denunciando, con pruebas en la mano, incontables irregularidades en diversas obras públicas: el promocionado Paseo del Bajo, la ruta nacional 8, el soterramiento del ferrocarril Sarmiento, las centrales eléctricas Ensenada de Barragán y Brigadier López y cinco parques eólicos entre las más conocidas. En verdad, las denuncias no son nuevas aunque sí muchos procedimientos oscuros que ahora están saliendo a la luz con las nuevas investigaciones periodísticas.

Pero lo que sobresale es el blindaje al macrismo por parte de los grandes grupos mediáticos. Ninguna información trasciende por ellos salvo algunos detalles menores, sacados de contexto y presentados en espacios marginales.

Con relación a la obra estrella, el Paseo del Bajo, se conoció que hubo gruesas alteraciones en el proceso licitatorio que apuntaron a abultar las ganancias de la empresa Iecsa. Como se sabe, Iecsa habría sido vendida por el Grupo Macri al primo presidencial Angelo Calcaterra, y más tarde al amigo presidencial Marcelo Mindlin.

Soterramiento de la Línea Sarmiento

Según denunciaron los periodistas que están siguiendo el tema les resulta extremadamente difícil hallar información en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sobre las voluminosas redeterminaciones de precios que habrían beneficiado a la compañía. Para tornar las cosas más oscuras todavía, una figura cercana al oficialismo realizó una jugada «preventiva»: se adelantó y presentó una denuncia en el juzgado de… Claudio Bonadío.

Algo similar ocurrió con la obra de la ruta nacional 8, en donde se detectaron sobreprecios y redeterminaciones muy superiores a la inflación en beneficio de -otra vez- Iecsa, aunque en este caso los denunciantes pertenecen al Sindicato de Trabajadores Viales. En cuanto a las dos centrales eléctricas se conocieron jugosas «indemnizaciones» que beneficiaron a las empresas constructoras -una de ellas, de nuevo, es Iecsa- por decisión de la cartera de Energía.

Más conocida es la maniobra con cinco licitaciones de parques eólicos que varias empresas del Grupo Macri adquirieron y luego vendieron en una maniobra de pase de manos que les reportó unos 50 millones de dólares de ganancia.

A pesar de semejante listado de irregularidades en obras públicas millonarias, con un involucramiento directo de la empresa constructora que perteneció al presidente de la Nación, ninguno de los grandes medios porteños habla de la «corrupción M» con la misma energía que hablan de la «corrupción K». Puede mencionarse también que aquel explosivo caso conocido como los Panamá Papers, que provocara renuncias de altísimos funcionarios en todo el mundo, aquí fue rigurosamente ninguneado por los mismos grupos mediáticos. Lo mismo ocurrió con el Correo-gate.

La brutal diferencia con que abordan los casos de corrupción del gobierno anterior y los del actual -que disfrazan bajo el eufemismo de «conflicto de intereses»- desnuda una forma de hacer periodismo desentendida del rigor por el tratamiento de los hechos y concentrada en la capacidad de provocar daño político a quienes piensan distinto. «Periodismo de guerra», lo definieron en el Grupo Clarín.DiarioLaArena.com

10 de octubre de 2018

El Gobierno confirmó que se cayó el financiamiento del soterramiento del Sarmiento

Actualidad

El Gobierno reconoció ayer que se cayó el financiamiento internacional para el soterramiento de la Línea Sarmiento, un proyecto que se viene ejecutando desde el 2016 tras años de idas y vueltas pero con fondos provenientes del Presupuesto.

Así lo admitió la secretaría de Obras de Transporte, Manuela López Menéndez, durante la reunión de la bicameral del Congreso que supervisa el avance de los contratos de Participación Público Privada ( PPP). La funcionaria precisó ante una consulta de los diputados de la oposición que la iniciativa se está llevando adelante con el dinero proveniente del fideicomiso Sifer, destinado a obras de infraestructura para el sector ferroviario, mientras "seguimos trabajando con un banco italiano" para que otorgue un préstamo al consorcio a cargo de las tareas.

Ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, (izq.) y Presidente de la Nación, Mauricio Macri, (der.)

El soterramiento de este tren fue anunciado una y mil veces durante el kirchnerismo, que había adjudicado la licitación a un consorcio conformado por la italiana Ghella, la brasileña Odebrecht, la española Comsa e Iecsa, la ex constructora del grupo Macri.

En un primer momento, el Banco de Desarrollo de Brasil (BNDS) iba a aportar el financiamiento, pero el caso de corrupción que tuvo como epicentro a Odebrecht terminó por apartarla del proyecto, vendiéndole su parte a los italianos, que ahora tienen el 71% (el 29% restante está en manos de Sacde, ex Iecsa, propiedad de Marcelo Mindlin).

El año pasado, el Gobierno anunció que había conseguido fondos por u$s1.100 millones por parte de Intesa, HSBC y el Deutsche Bank, con respaldo de la agencia italiana de crédito. Sin embargo, esos fondos nunca llegaron a desembolsarse.

El ministro del área, Guillermo Dietrich, prefirió focalizarse en los errores de la gestión anterior. "En el 2008 las empresas ya tenían el financiamiento de dos bancos, uno era el Credit Suisse, pero Cristina lo rechazó", contó el funcionario. "No lo tomaron, a pesar de que habían ganado la licitación", disparó Dietrich, que se cruzó con el diputado sabbatellista Adrián Grana, a quien acusó de "hacer un speech de 45 minutos".

Ya más calmada, la secretaria López Menéndez puntualizó que durante el kirchnerismo, la obra se ejecutó con dinero del Sifer, y deuda emitida contra la Anses.

Se espera que para diciembre el soterramiento haya llegado al barrio porteño de Villa Luro, y a fin del año que viene, a Caballito, para finalizar en el 2022. La tuneladora fue instalada en Haedo en 2011 pero la excavación comenzó recién en octubre de 2016.

Durante la reunión de seguimiento, Dietrich fue increpado junto al secretario de Participación Público Privada, José Luis Morea, por el costo del financiamiento de los proyectos adjudicados con la modalidad de PPP, y el precio que se terminará pagando por cada kilómetro de ruta nuevo, que los funcionarios evitaron responder.

En ese sentido, el diputado del Frente Renovador Marco Lavagna dijo que "no termina de quedar claro" el objetivo del fideicomiso que creó el Ejecutivo para que los bancos internacionales aporten el financiamiento a los privados. "No se entiende, yo lo llamo un fideicomiso fantasma, porque se termina desvirtuando la ley de PPP", cuestionó el economista, que propuso volver a usar la ley de obra pública tradicional.

Es que con el deterioro de las condiciones financieras de la Argentina desde mayo, y el escándalo de los cuadernos que puso en la mira de la justicia a todas las empresas constructoras sospechadas de cobrar coimas, se hizo imposible para los consorcios ganadores obtener fondos por su cuenta para el primer tramo de las obras.BAENegocios.com

9 de octubre de 2018

Las coimas de Macri

Actualidad

El fiscal federal Franco Picardi, que investiga el pago de coimas en el marco de las obras del soterramiento del ferrocarril Sarmiento, reveló que en 2005, previo al proceso licitatorio, hubo operaciones irregulares con Iecsa. En esa fecha, la empresa todavía pertenecía al presidente Macri pero dos años después, cuando se convirtió en jefe de gobierno porteño, Iecsa pasó, al menos en los papeles, a manos de su primo Angelo Calcaterra. En 2017, días antes de que Macri reactivara la obra del soterramiento, Calcaterra dijo que la había vendido pero Picardi demostró que mintió y sigue siendo su actual dueño.

A medida que avanza la causa que investiga el pago de sobornos en las obras del soterramiento del ferrocarril Sarmiento, la familia Macri queda cada vez más comprometida.

En un dictamen de más de 112 páginas, en el que pidió una serie de medidas de prueba, el fiscal federal Franco Picardi, que investiga el caso, reveló que Angelo Calcaterra, el primo del presidente Mauricio Macri, sigue vinculado a la constructora Iecsa de la que aseguró haberse desprendido en marzo de 2017, y que continúa a cargo de la megaobra.


El caso salpica al propio jefe de Estado dado que en el espacio temporal en que se analiza si se realizaron pagos de coimas para el otorgamiento del proyecto, Iecsa también estuvo conformada por Sideco Americana S.A y Sociedades Macri (Socma), las firmas estrella del Grupo Macri. Es que previo al proceso licitatorio, ya en 2005, cuando la constructora aún no había pasado a manos del primo Angelo, hubo operaciones irregulares, según el fiscal.

La Unión Transitoria de Empresas (UTE) que integraron Iecsa SA (actualmente, Sacde SA), Constructora Norberto Odebrecht SA, Ghella spa y Comsa SA, se agrupó en mayo de 2006, mediante un acuerdo consorcial. Y recién el 15 de agosto de 2008 se constituyó el Consorcio Nuevo Sarmiento. En ese marco, Iecsa SA actuó como máxima autoridad de la UTE.

Esto último está en sintonía con la información judicial que llega desde Brasil, en el marco del Lava Jato, donde miembros de Odebrecht señalaron a Iecsa como la firma encargada de negociar los supuestos sobornos con los funcionarios públicos.

Macri en aprietos

El titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5 dividió en dos tramos las maniobras irregulares.

Las primeras acontecieron antes de la adjudicación de la obra. La empresa “pantalla” CAESA S.A., vinculada a Manuel Vázquez (una especie de testaferro del entonces secretario de Transporte Ricardo Jaime –hoy detenido–), tuvo un rol central: “Habría sido utilizada para la recepción de pagos de coimas efectuadas, en una primera instancia, mediante la facturación de servicios de consultoría inexistentes a firmas integrantes del consorcio CNS (Iecsa y Comsa), y posteriormente, mediante transferencias bancarias que fueron canalizadas a través de diversas compañías offshore, entre ellas Pribont Corporation S.A. (utilizada por Vázquez) y Klienfeld Services Ltd. (utilizada por el grupo Odebrecht para tales fines), y cuyo beneficiario final sería, en ambos casos, el ex Secretario de Transporte Ricardo Jaime”, sostuvo Picardi.

Tanto Iecsa como Comsa registraron operaciones con CAESA al menos entre 2005 y 2009. La fachada fue: “en concepto de supuestos servicios de consultoría”. El inicio de esas maniobras coincide en mes y año con el llamado a licitación para el soterramiento.

De acuerdo al fiscal “los servicios que se pretendieron respaldar, esto es, los servicios de consultoría, han sido inexistentes. En decir, nunca ha habido prestación alguna y la registración ha sido un mero montaje utilizado por los intermediarios y testaferros del ex funcionario Ricardo Jaime, para recibir el pago de coimas, originado en los beneficios concedidos a las empresas pagadoras”.

Entre 2003 y 2007, Iecsa estaba conformada por Sideco Americana SA y Socma, ambas de la familia Macri.

Es más, entre septiembre de 2006 y enero de 2009, la fantasmal CAESA no sólo tuvo como clientes a Iecsa y Comsa. También figuran otras firmas en sus registros como la mentada Sideco Americana SA.

Un hombre clave

De acuerdo a la reconstrucción judicial, un hombre clave en todo este entramado fue el histórico gerente de Iecsa, Javier Sánchez Caballero.

La información que proviene del Lava Jato arroja un poco de luz en torno a su función: el ex vicepresidente para América Latina de la constructora Odebrecht, Luiz Antonio Mameri, identificó a ese hombre de Iecsa como el responsable de coordinar el pago de los sobornos a funcionarios argentinos en el proyecto del Sarmiento.

Así se desprende del testimonio de Mameri ante los fiscales del Lava Jato en Curitiba, que puede verse en un video que difundió La Nación el 4 de mayo pasado. Según informó el matutino cinco meses atrás, Sánchez Caballero le comunicó a Odebrecht que debían entregarle un porcentaje de lo que cobraran con cada certificado de avance de obra para que él pudiera canalizar los sobornos. El ejecutivo negó la acusación.

El histórico gerente estuvo en la empresa bajo las gestiones de Sideco y Socma, de Calcaterra y de Marcelo Mindlin, quien lo terminó eyectando cuando su nombre comenzó a sonar cada vez más fuerte en Brasil. No hizo lo propio con otros históricos. Tenía sus razones.

Para los investigadores la “vía CAESA” fue sólo una de las formas de recaudación.

A esta se suman transferencias por parte de las integrantes de la UTE a cuentas radicadas en el exterior a nombre de empresas offshore. Estas se realizaron luego de la adjudicación de la obra. Iecsa, entonces, ya estaba en manos de Calcaterra.

Calcaterra sigue en Iecsa

Desde 2007, cuando Macri se convirtió en jefe de gobierno porteño, Iecsa  pasó a estar en manos de Angelo Calcaterra. Al menos, en los papeles.

Según reveló el fiscal Picardi –y publicó El Destape en exclusiva– para el 2007 Iecsa tenía como accionistas mayoritarios al grupo Ods SA, a su vez integrado por Latina Ferroviaria SL (Latifer –firma del grupo Ghella-) y a Calcaterra. Por la minoría, otra vez figuraban Calcaterra y Latifer.

Es decir que el primo Angelo aparecía vinculado a Iecsa por dos vías.

La investigación del fiscal Picardi expone que a pesar de lo que se difundió, el primo del presidente nunca se desligó de Iecsa. Siguió vinculado a través de una offshore en Delaware, que comparte con Marcelo Mindlin.

“La última modificación de capital accionario informado (de Iecsa), acaeció en marzo de 2017, oportunidad en que se modificó la denominación social y se habría producido una transferencia del paquete accionario que se encontraba en manos de Ods SA en favor de la compañía extranjera Emes Energía Argentina Llc, la cual a su vez, constituyó un usufructo de los derechos derivados de su calidad de socio en favor de Marcos Marcelo Mindlin. Por su parte, Latifer –recordemos, integrante del Grupo Ghella– sigue siendo accionista”, explicó Picardi.

La mentada Emes Energía Argentina Llc se constituyó el 3 de mayo de 2016 en el Estado de Dellaware, Estados Unidos , y “de acuerdo a cuanto surge de la publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil de Madrid del día 26/06/2017, es socia única de Latifer SL”. Su directorio lo conforman Damián Miguel Mindlin, Raúl Warat, Santiago Ramón Altieri, Ghella Spa y Ángel Jorge Antonio Calcaterra. Es decir que Calcaterra se asoció a los Mindlin un año antes de anunciar la supuesta venta. Es más, Altieri es otro de los históricos gerentes de la empresa y aparece en la sociedad.

Un mes después de la constitución de Emes Energía, en junio de 2016, Mauricio Macri firmó el DNU para reactivar las obras públicas por el que benefició a quienes estaban a cargo de la construcción del soterramiento del tren Sarmiento. Vía el decreto 797/2016, el Presidente decidió girar .000 millones para impulsar la megaobra.

La maniobra se cerró el 22 de marzo de 2017 cuando se publicó en el Boletín Oficial que Iecsa SA pasó a llamarse Sacde y, en un intento de lavado de cara, designó como integrantes del nuevo directorio a Damián Miguel Mindlin (presidente), Gustavo Mariani (vicepresidente), Santiago Ramón Altieri y Juan Ramón Garrone (directores titulares). Los últimos dos, son históricos gerentes de la compañía.

“Más allá de la modificación de la denominación social de Iecsa SA a Sacde SA., como así también de la transferencia del paquete accionario de Grupo Ods SA a Emes Energía Argentina Llc, los accionistas y las personas físicas detrás de las estructuras societarias señaladas, seguirían siendo las mismas”, indicó el Picardi.

Desde el 28 de agosto de 2017, con las esquirlas del Lava Jato brasileño esparcidas por el mundo, tanto Odebrecht como Comsa se retiraron de la UTE y las obras del Sarmiento quedaron en manos de Sacde (28,89%) y Ghella (71,11%).

Vale recordar que Ghella Spa se encontraba unida por estrechos vínculos comerciales y jurídico-societarios con Iecsa. Y que desde 2016 integra Emes Energía junto a Calcaterra y Mindlin.

Medidas de prueba

Por todos estos sucesos y red relaciones, el fiscal solicitó embargos preventivos por: 67 millones de pesos para Comsa SA; 201 millones de pesos para Ghella spa; y 201 millones para Constructora Norberto Odebrecht SA. A ello sumó 34 millones para Sacde SA y 167 millones de pesos para Calcaterra.

Mientras que para los más de 50 imputados del caso, Picardi pidió trabar un embargo de 6.200.000 de pesos. Algunos de los acusados son: el exministro Julio De Vido, los exsecretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi; Manuel Vazquez (CAESA), Sánchez Caballero (Iecsa) y Santiago Ramón Altieri (Iecsa / Sacde).

A su vez, consideró que debe ser intervenida la actual UTE para designar un veedor judicial que analice los movimientos financieros del consorcio. Ahora deberá expresarse el juez Marcelo Martínez de Giorgi.Fuente: DiarioJunio.com

19 de julio de 2017

Prohíben el ingreso de "Pino" Solanas al soterramiento de la Línea Sarmiento

Actualidad

Fernando "Pino" Solanas, candidato a senador por la provincia de Buenos Aires, realizó un fuerte descargo en las puertas del soterramiento de la Línea Sarmiento cuando le fue negada la entrada a recorrer las instalaciones. "Es una vergüenza que siendo un senador nacional me nieguen la entrada a una obra pública que se están realizando con fondos de los ciudadanos", dijo.  


"¿Qué es lo que están haciendo acá adentro? Esto demuestra aún más la trama de complicidades y secretismo de Estado de los diferentes gobiernos", señaló Solanas. "La Línea Sarmiento será una obra que 'dicen' que costará 3 mil millones de dólares. Mentira: terminará saliendo entre 15 y 20 mil", sentenció.  

"Toda la adjudicación del está sospechada y ligada a empresas de la familia Macri: Iecsa, Comsa, Calcaterra y Ghella. La gestión de Randazzo fue mediocre que terminó comprando durmientes a China que se rompen cuando pasa una formación. El macrismo y el kirchnerismo traicionaron al país destruyendo la industria ferroviaria. Fueron gobiernos canallas", concluyó el dirigente. LaNoticia1.com

7 de febrero de 2011

MOYANO ESTÁ INTERESADO EN EL BELGRANO CARGAS

El secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT), Hugo Moyano, afirmó que está "interesado" en reactivar el Ferrocarril Belgrano Cargas, pero destacó que no puede "hacer nada" al respecto.

"Yo no soy el dueño de esas acciones, sino el gremio", precisó Moyano, en referencia a la participación de poco menos de 7% que el sindicato de Camioneros posee del Belgrano Cargas.

El ferrocarril está en manos de un consorcio privado integrado, en un 80%, por una sociedad empresarial compuesta por el Grupo Macri, Roggio, Emepa y la firma china Sonhe Hepefull.

Estación TAFÍ VIEJO

El restante 20% quedó repartido en partes iguales entre la Unión Ferroviaria (UF), el gremio de La Fraternidad y el sindicato de los camioneros de Hugo Moyano.

"Nuestra participación es pequeña y no tenemos poder para reactivar este servicio. Somos los más interesados en que esto se haga realidad, pero no podemos hacer nada", aseguró el sindicalista en conferencia de prensa en la ciudad de Salta, donde presentó la Corriente Sindical Peronista.
El ferrocarril reactivará poblaciones y posibilitará el incremento de la producción del norte del país, además de permitir que chacareros y empresarios trasladen sus mercaderías por ese medio a un costo 50% inferior que el del camión y se descomprimirán las rutas del país, porque habrá menos circulación de camiones.

Con una red de más de siete mil kilómetros que atraviesa 14 provincias del norte y centro del país, el Belgrano Cargas tiene una potencialidad extraordinaria pero es el ramal más ineficiente del sistema: tendría que llegar a cuatro millones de toneladas anuales y apenas carga poco más de un millón. (DyN y La Gaceta - Nota enviada por el señor Carlos Coronel de San Migual de Tucumán)