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La comisión oficial dice que no se favoreció al consorcio que estaba formado por Ghella, Iecsa, Comsa y Odebrecht. Y asegura que tampoco hubo sobreprecios.
Luego de 14 meses de trabajo, la comisión oficial creada por el Gobierno para investigar si hubo irregularidades en el contrato del soterramiento del Sarmiento, estableció que no hubo "un direccionamiento a favor del contratista. Tampoco se logró acreditar la existencia de sobreprecio".
Por eso, los cinco representantes del Ministerio de Transporte afirmaron que no hay elementos que justifiquen la rescisión del contrato del Gobierno con el consorcio que lleva adelante el soterramiento, integrado por la italiana Ghella (71%) y la local Sacde (29%). Esta última empresa era del primo hermano de Mauricio Macri, Angelo Calcaterra, hasta que a principios del año pasado se la compró Marcelo Mindlin, uno de los empresarios preferidos del Presidente.
Esas son las conclusiones del informe final del Equipo de Trabajo de Relevamiento del Contrato de Obra Pública "Proyecto de Ingeniería, Proyecto Ejecutivo y Ejecución de la Obra Soterramiento del Corredor Ferroviario de la Línea Sarmiento".
El trabajo tiene 454 páginas y está fechado en septiembre de este año, aunque recién ahora tomó estado público. Allí los funcionarios del Gobierno, que fueron asistidos por la Procuración del Tesoro y la Sindicatura General de la Nación (Sigen), aseguran que "el Equipo de Trabajo no encontró entre las constancias y documentos relevados una prueba de carácter directo vinculada al delito que se está investigando" en la Justicia.
Pese a ello, el Equipo de Trabajo destacó algunas irregularidades, como la ausencia de proyecto y presupuesto legal al momento de la convocatoria al concurso público, "el diseño adoptado podría no haber incentivado la concurrencia" de múltiples oferentes y que se modificó "la estructura de financiamiento luego de la adjudicación".
Fuentes judiciales se mostraron sorprendidas por las conclusiones del Equipo de Trabajo del Gobierno argentino, ya que a principios de este año se difundió el video de la declaración ante la justicia brasileña de Luiz Antonio Mameri, ex vicepresidente para América Latina de Odebrecht, donde declaró que le dio US$ 2,9 millones a Javier Sánchez Caballero, por entonces CEO de Iecsa y mano derecha de Ángelo Calcaterra, para que pague coimas a funcionarios argentinos por el soterramiento del Sarmiento.
Yo autoricé pagos identificados hasta el momento por valor de 2,9 millones de dólares", dijo Mameri. Y agregó que Javier Sánchez Caballero informó que "había realizado gestiones con los funcionarios públicos, en nombre del consorcio, para que éste pudiese ganar la licitación". Por eso, el directivo de Odebrecht dijo que pagó coimas en la Argentina, ya que "en caso que la empresa no aceptase esas condiciones la empresa quedaría fuera del proceso licitatorio", declaró Mameri en sede judicial.
El fiscal Franco Picardi espera que antes de fin de año la Justicia brasileña le envíe esas declaraciones, junto con el resto de pruebas que acreditan el pago de coimas para quedarse con el soterramiento del Sarmiento. Pero mientras tanto, el mes pasado Picardi solicitó al juez que embargue por 1.000 millones de pesos a las empresas, directivos y ex funcionarios implicados en esta trama de corrupción con la obra pública, para un proyecto que se prevé insuma 3.000 millones de dólares. Clarín.com
La comisión oficial dice que no se favoreció al consorcio que estaba formado por Ghella, Iecsa, Comsa y Odebrecht. Y asegura que tampoco hubo sobreprecios.
Luego de 14 meses de trabajo, la comisión oficial creada por el Gobierno para investigar si hubo irregularidades en el contrato del soterramiento del Sarmiento, estableció que no hubo "un direccionamiento a favor del contratista. Tampoco se logró acreditar la existencia de sobreprecio".
Por eso, los cinco representantes del Ministerio de Transporte afirmaron que no hay elementos que justifiquen la rescisión del contrato del Gobierno con el consorcio que lleva adelante el soterramiento, integrado por la italiana Ghella (71%) y la local Sacde (29%). Esta última empresa era del primo hermano de Mauricio Macri, Angelo Calcaterra, hasta que a principios del año pasado se la compró Marcelo Mindlin, uno de los empresarios preferidos del Presidente.
Esas son las conclusiones del informe final del Equipo de Trabajo de Relevamiento del Contrato de Obra Pública "Proyecto de Ingeniería, Proyecto Ejecutivo y Ejecución de la Obra Soterramiento del Corredor Ferroviario de la Línea Sarmiento".
El trabajo tiene 454 páginas y está fechado en septiembre de este año, aunque recién ahora tomó estado público. Allí los funcionarios del Gobierno, que fueron asistidos por la Procuración del Tesoro y la Sindicatura General de la Nación (Sigen), aseguran que "el Equipo de Trabajo no encontró entre las constancias y documentos relevados una prueba de carácter directo vinculada al delito que se está investigando" en la Justicia.
Pese a ello, el Equipo de Trabajo destacó algunas irregularidades, como la ausencia de proyecto y presupuesto legal al momento de la convocatoria al concurso público, "el diseño adoptado podría no haber incentivado la concurrencia" de múltiples oferentes y que se modificó "la estructura de financiamiento luego de la adjudicación".
Fuentes judiciales se mostraron sorprendidas por las conclusiones del Equipo de Trabajo del Gobierno argentino, ya que a principios de este año se difundió el video de la declaración ante la justicia brasileña de Luiz Antonio Mameri, ex vicepresidente para América Latina de Odebrecht, donde declaró que le dio US$ 2,9 millones a Javier Sánchez Caballero, por entonces CEO de Iecsa y mano derecha de Ángelo Calcaterra, para que pague coimas a funcionarios argentinos por el soterramiento del Sarmiento.
Yo autoricé pagos identificados hasta el momento por valor de 2,9 millones de dólares", dijo Mameri. Y agregó que Javier Sánchez Caballero informó que "había realizado gestiones con los funcionarios públicos, en nombre del consorcio, para que éste pudiese ganar la licitación". Por eso, el directivo de Odebrecht dijo que pagó coimas en la Argentina, ya que "en caso que la empresa no aceptase esas condiciones la empresa quedaría fuera del proceso licitatorio", declaró Mameri en sede judicial.
El fiscal Franco Picardi espera que antes de fin de año la Justicia brasileña le envíe esas declaraciones, junto con el resto de pruebas que acreditan el pago de coimas para quedarse con el soterramiento del Sarmiento. Pero mientras tanto, el mes pasado Picardi solicitó al juez que embargue por 1.000 millones de pesos a las empresas, directivos y ex funcionarios implicados en esta trama de corrupción con la obra pública, para un proyecto que se prevé insuma 3.000 millones de dólares. Clarín.com
