Actualidad
Las infracciones detectadas por la policía de trabajo de la Dirección de Trabajo e Higiene Laboral del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires son abrumadoras
Nadie podría alegar desconocimiento o achacar a la impericia humana una muerte más en el subterráneo. Menos que nadie la empresa Metrovías, concesionaria del subte y bajo cuya responsabilidad han muerto cinco obreros en el último período. Matías Kruger, de 24 años, jugador de futsal que no podía vivir del deporte que practicaba profesionalmente, cuyo padre era también obrero en el metro porteño, murió y podría no haber muerto. Su muerte, que era evitable, se debe a la irresponsabilidad y la desidia que provocan el afán de lucro empresarial por parte de Metrovías y el Estado mismo.
Matías Kruger culminó su entrenamiento a las 22 en las canchas de futsal del club Boca Juniors, que —como la disciplina futsal no brinda ganancias excesivas en términos de publicidad y audiencia todavía— no le pagaba un sueldo que le permitiera vivir de la práctica profesional deportiva que ejercía. Se duchó, cenó, descansó un rato y partió hacia los talleres Colonia del subte, ubicados en Parque Patricios, donde comenzó a cumplir la jornada laboral como técnico que le permitía solventar su vida.
A las dos y media de la mañana le informaron que el aire acondicionado de una formación se había averiado y que debía proceder a su reparación. El protocolo indica que este tipo de tareas se debe cumplir con dos trabajadores, los superiores solicitaron que fuera solo. Para subir al techo de las formaciones (compradas usadas recientemente a Japón, luego de décadas de uso en el metro de Tokyo) Metrovías provee a sus empleados de unas plataformas elevatorias que, en el proceso, se balancean. Kruger subió a una de ellas. Sintió que el balanceo lo desequilibraba e iba a caer. Instintivamente tomó un cable de catenaria, que debía estar deselectrificado. Pero no. Una descarga de 700 voltios se ejecutó sobre Matías Kruger, de 24 años, futbolista, de familia obrera, y quemó para siempre su cuerpo y su vida. El cable debía estar deselectrificado. Pero no.
Es la quinta muerte obrera en el último período. David Alfonzo murió en 2011, en el taller Constitución, por una descarga eléctrica de 1.500 voltios. Diego Martínez murió en 2012, en el taller Congreso de Tucumán, por una descarga de 380 voltios. Antonio Villares murió en 2013, en los rieles de la línea B, por una descarga eléctrica de 700 voltios. Sergio Reyes murió en 2013, arrollado por una formación en el taller Rancagua, luego de recibir una descarga de 700 voltios. Matías Kruger murió en 2016.
En el mismo período hubo decenas de casos de accidentes y electrocuciones que no culminaron fatalmente. La organización de los trabajadores devino en la realización de una serie de denuncias ante el Estado —que es dueño del subterráneo (entonces responsable de lo que suceda en ese ámbito) y que concesiona el servicio a la empresa del grupo Roggio—, que por la presión debió enviar inspectores a los talleres el pasado mes de noviembre.
Las infracciones detectadas por la policía de trabajo de la Dirección de Trabajo e Higiene Laboral del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires son abrumadoras. Los listados no tienen espacio suficiente en los formularios establecidos para las inspecciones, aunque sean escritos con letra chiquita de garrapata y toda pegada. El juicio de los inspectores es severo: la empresa no brinda condiciones de seguridad laboral suficientes para sus trabajadores. Esto sucedió en noviembre. Hoy hay un joven obrero muerto.
Christian Paletti, delegado del taller San José, cuenta que en su ámbito laboral lograron imponer, luego de un paro de doce días, el método de las cinco reglas de la electricidad: desconexión y corte efectivo, prevención de cualquier posible retroalimentación, bloqueo y señalización, verificación de ausencia de tensión, puesta a tierra y autocircuito. Pero ese protocolo no se extiende a la totalidad de los talleres por la negativa de la empresa a solventar esos gastos que no derivan en lucro. El resultado es un asesinato patronal.
El miércoles Buenos Aires fue un caos absoluto. Pero la noticia no es esa. La noticia es que murió un joven que no debería haber muerto y que murió por la desidia empresarial, que debería pagar sus culpas.Infobae.com
Las infracciones detectadas por la policía de trabajo de la Dirección de Trabajo e Higiene Laboral del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires son abrumadoras
Nadie podría alegar desconocimiento o achacar a la impericia humana una muerte más en el subterráneo. Menos que nadie la empresa Metrovías, concesionaria del subte y bajo cuya responsabilidad han muerto cinco obreros en el último período. Matías Kruger, de 24 años, jugador de futsal que no podía vivir del deporte que practicaba profesionalmente, cuyo padre era también obrero en el metro porteño, murió y podría no haber muerto. Su muerte, que era evitable, se debe a la irresponsabilidad y la desidia que provocan el afán de lucro empresarial por parte de Metrovías y el Estado mismo.
Matías Kruger culminó su entrenamiento a las 22 en las canchas de futsal del club Boca Juniors, que —como la disciplina futsal no brinda ganancias excesivas en términos de publicidad y audiencia todavía— no le pagaba un sueldo que le permitiera vivir de la práctica profesional deportiva que ejercía. Se duchó, cenó, descansó un rato y partió hacia los talleres Colonia del subte, ubicados en Parque Patricios, donde comenzó a cumplir la jornada laboral como técnico que le permitía solventar su vida.
A las dos y media de la mañana le informaron que el aire acondicionado de una formación se había averiado y que debía proceder a su reparación. El protocolo indica que este tipo de tareas se debe cumplir con dos trabajadores, los superiores solicitaron que fuera solo. Para subir al techo de las formaciones (compradas usadas recientemente a Japón, luego de décadas de uso en el metro de Tokyo) Metrovías provee a sus empleados de unas plataformas elevatorias que, en el proceso, se balancean. Kruger subió a una de ellas. Sintió que el balanceo lo desequilibraba e iba a caer. Instintivamente tomó un cable de catenaria, que debía estar deselectrificado. Pero no. Una descarga de 700 voltios se ejecutó sobre Matías Kruger, de 24 años, futbolista, de familia obrera, y quemó para siempre su cuerpo y su vida. El cable debía estar deselectrificado. Pero no.
Es la quinta muerte obrera en el último período. David Alfonzo murió en 2011, en el taller Constitución, por una descarga eléctrica de 1.500 voltios. Diego Martínez murió en 2012, en el taller Congreso de Tucumán, por una descarga de 380 voltios. Antonio Villares murió en 2013, en los rieles de la línea B, por una descarga eléctrica de 700 voltios. Sergio Reyes murió en 2013, arrollado por una formación en el taller Rancagua, luego de recibir una descarga de 700 voltios. Matías Kruger murió en 2016.
En el mismo período hubo decenas de casos de accidentes y electrocuciones que no culminaron fatalmente. La organización de los trabajadores devino en la realización de una serie de denuncias ante el Estado —que es dueño del subterráneo (entonces responsable de lo que suceda en ese ámbito) y que concesiona el servicio a la empresa del grupo Roggio—, que por la presión debió enviar inspectores a los talleres el pasado mes de noviembre.
Las infracciones detectadas por la policía de trabajo de la Dirección de Trabajo e Higiene Laboral del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires son abrumadoras. Los listados no tienen espacio suficiente en los formularios establecidos para las inspecciones, aunque sean escritos con letra chiquita de garrapata y toda pegada. El juicio de los inspectores es severo: la empresa no brinda condiciones de seguridad laboral suficientes para sus trabajadores. Esto sucedió en noviembre. Hoy hay un joven obrero muerto.
Christian Paletti, delegado del taller San José, cuenta que en su ámbito laboral lograron imponer, luego de un paro de doce días, el método de las cinco reglas de la electricidad: desconexión y corte efectivo, prevención de cualquier posible retroalimentación, bloqueo y señalización, verificación de ausencia de tensión, puesta a tierra y autocircuito. Pero ese protocolo no se extiende a la totalidad de los talleres por la negativa de la empresa a solventar esos gastos que no derivan en lucro. El resultado es un asesinato patronal.
El miércoles Buenos Aires fue un caos absoluto. Pero la noticia no es esa. La noticia es que murió un joven que no debería haber muerto y que murió por la desidia empresarial, que debería pagar sus culpas.Infobae.com
