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El gobierno nacional conformó un equipo de funcionarios que revisarán y bregarán achicar los gastos corrientes de las empresas estatales. YCRT es una de las primeras de la lista.
Casi no importa lo que se diga localmente desde la Intervención de YCRT. Las ordenes vienen directamente de Presidencia de la Nación y los ministros. El gobierno de Mauricio Macri buscará reducir el gasto corriente en las empresas estatales o en las que el gobierno nacional tiene participación. Para ello conformó el llamado Consejo de Supervisión Estratégica.
El grupo encargado de llevar esta tarea, y que se reunirá cada 15 días por alrededor de cuatro horas, lo comforman Juan José Aranguren (Energía), Julio Martínez (Defensa), Oscar Aguad (Comunicaciones), Alfonso Prat-Gay (Hacienda), Francisco Cabrera (Producción) y Guillermo Dietrich (Transporte), más los coordinadores económicos Gustavo Lopetegui y Mario Quintana, otros subsecretarios plenamente dedicados a la reconversión, y dos directores independientes. Su objetivo es evaluar una docena de empresas por trimestre.
Según lo informó el Diario El Cronista, se supo que para la primera etapa fueron seleccionadas Aysa, Aerolíneas, Fadea, el Belgrano Cargas, la Casa de la Moneda, Ar-Sat, Télam, Yacimientos Carboníferos Río Turbio y Fabricaciones Militares, entre otras.
Las dos primeras en carpeta son el Correo Argentino, con 17.000 empleados, y la Operadora Ferroviaria (Trenes Argentinos), con 23.000 personas en nómina, y que requirieron $ 1173 millones y $ 12.000 millones, respectivamente. El conjunto de empresas mencionadas cuenta con 80.000 empleados, sin contar Enarsa y Cammesa, excluidas ya que por allí el Estado vehiculiza subsidios a las tarifas residenciales.
El lunes pasado, el Jefe de Gabinete, Marcos Peña, puso al corriente a los gerentes de estas empresas sobre la intención de conducirlos a la adecuación. En el año, cada una de las empresas fue presentando su plan estratégico, pero ahora se les exigirá mayor rigurosidad "para tener una idea más clara de viabilidad", señalaron a este diario en la Casa Rosada. Lo que más preocupa es la falta de parámetros homogéneos en términos de rendición de cuentas, modernidad de gestión, objetivos y estándares de control.
En el Gobierno juran y perjuran que no hay ánimos privatizadores, sino que quieren "redirigir los recursos donde están las prioridades". Sostienen, en cambio, que el principal objetivo es reducir gradualmente el aporte estatal.
"Con menos del 20% de la plata que les giramos podemos asfaltar las calles de tierra de todos los conurbanos de la Argentina", graficó una importante fuente oficial. El objetivo, grosso modo, es culminar en 2019 con solo $ 20.000 millones de aportes.
Las municiones también están cargadas contra la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y la Auditoría General de la Nación (AGN). "Van a tener que ser mucho más activos de lo que han sido hasta ahora", señalaron al comentar que están fijando nuevos esquemas de exigencias, similares a los que reinan en el ámbito corporativo privado: estándares de transparencia y control, rendición de cuentas y fiscalización.
Para ello, el Gobierno está reclutando ejecutivos de primera línea, a quienes intenta seducir con "esquemas de compensación" para que salten de la esfera privada a la pública. Sucede que los sueldos estatales se estancan en los $ 70.000, muy por debajo de lo que hoy ganan en el sector privado.DelaCuenca.com
El gobierno nacional conformó un equipo de funcionarios que revisarán y bregarán achicar los gastos corrientes de las empresas estatales. YCRT es una de las primeras de la lista.
Casi no importa lo que se diga localmente desde la Intervención de YCRT. Las ordenes vienen directamente de Presidencia de la Nación y los ministros. El gobierno de Mauricio Macri buscará reducir el gasto corriente en las empresas estatales o en las que el gobierno nacional tiene participación. Para ello conformó el llamado Consejo de Supervisión Estratégica.
El grupo encargado de llevar esta tarea, y que se reunirá cada 15 días por alrededor de cuatro horas, lo comforman Juan José Aranguren (Energía), Julio Martínez (Defensa), Oscar Aguad (Comunicaciones), Alfonso Prat-Gay (Hacienda), Francisco Cabrera (Producción) y Guillermo Dietrich (Transporte), más los coordinadores económicos Gustavo Lopetegui y Mario Quintana, otros subsecretarios plenamente dedicados a la reconversión, y dos directores independientes. Su objetivo es evaluar una docena de empresas por trimestre.
Según lo informó el Diario El Cronista, se supo que para la primera etapa fueron seleccionadas Aysa, Aerolíneas, Fadea, el Belgrano Cargas, la Casa de la Moneda, Ar-Sat, Télam, Yacimientos Carboníferos Río Turbio y Fabricaciones Militares, entre otras.
Las dos primeras en carpeta son el Correo Argentino, con 17.000 empleados, y la Operadora Ferroviaria (Trenes Argentinos), con 23.000 personas en nómina, y que requirieron $ 1173 millones y $ 12.000 millones, respectivamente. El conjunto de empresas mencionadas cuenta con 80.000 empleados, sin contar Enarsa y Cammesa, excluidas ya que por allí el Estado vehiculiza subsidios a las tarifas residenciales.
El lunes pasado, el Jefe de Gabinete, Marcos Peña, puso al corriente a los gerentes de estas empresas sobre la intención de conducirlos a la adecuación. En el año, cada una de las empresas fue presentando su plan estratégico, pero ahora se les exigirá mayor rigurosidad "para tener una idea más clara de viabilidad", señalaron a este diario en la Casa Rosada. Lo que más preocupa es la falta de parámetros homogéneos en términos de rendición de cuentas, modernidad de gestión, objetivos y estándares de control.
En el Gobierno juran y perjuran que no hay ánimos privatizadores, sino que quieren "redirigir los recursos donde están las prioridades". Sostienen, en cambio, que el principal objetivo es reducir gradualmente el aporte estatal.
"Con menos del 20% de la plata que les giramos podemos asfaltar las calles de tierra de todos los conurbanos de la Argentina", graficó una importante fuente oficial. El objetivo, grosso modo, es culminar en 2019 con solo $ 20.000 millones de aportes.
Las municiones también están cargadas contra la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y la Auditoría General de la Nación (AGN). "Van a tener que ser mucho más activos de lo que han sido hasta ahora", señalaron al comentar que están fijando nuevos esquemas de exigencias, similares a los que reinan en el ámbito corporativo privado: estándares de transparencia y control, rendición de cuentas y fiscalización.
Para ello, el Gobierno está reclutando ejecutivos de primera línea, a quienes intenta seducir con "esquemas de compensación" para que salten de la esfera privada a la pública. Sucede que los sueldos estatales se estancan en los $ 70.000, muy por debajo de lo que hoy ganan en el sector privado.DelaCuenca.com
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