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Todos juegan y nadie sabe quién tiene lo que se ha perdido: la seguridad
para viajar en tren.
Sábado 7:30 de la mañana. Un tren no frenó al ingresar en la estación
Once. Impactó contra los paragolpes y se subió al andén. Dejó 99 heridos. Fue
en el mismo andén en el que 20 meses atrás una formación entera se hacía
acordeón y mataba a 51 personas y hería a 700. Un nuevo tren de la misma línea
que el 13 de junio pasado terminaba con la vida de tres y lastimaba a 300 en la
estación Castelar. Los sujetos de las oraciones anteriores son los trenes. Las
personas de carne y hueso con distinto grado de responsabilidad sobre lo que
pasó, juegan al gran bonete.
Como en el tradicional juego de los chicos, todos los involucrados en el
accidente dicen no tener aquello que se le perdió al Gran Bonete y se señalan
entre ellos.
Los principales actores involucrados son el gobierno –que luego de años
de desidia y falta de control a los concesionarios comenzó a ocuparse
seriamente de los trenes después del accidente de Once del 22 de febrero de
2012–; los empresarios que tenían las concesiones de las distintas líneas y que
dilapidaron (o se robaron) fortunas que el Estado les había girado en concepto
de subsidios; las conducciones de los gremios ferroviarios (La Fraternidad y la
Unión Ferroviaria) que por acción u omisión contribuyeron al desguace del
ferrocarril y sacaron tajada; algunos trabajadores que realizan sus tareas con
negligencia y los familiares de las víctimas de los accidentes que reclaman
justicia y se angustian ante cada nuevo siniestro.
Los cruces entre estos grupos son múltiples y van desde acusaciones
clásicas hasta las más elaboradas teorías conspirativas. En líneas generales,
para el caso del último accidente de Once, el gobierno apuntó al motorman por
no haber frenado y luego haber intentado robarse el disco rígido que contenía
las imágenes de la cabina del tren, que se dañó de tal modo que la filmación no
se podrá recuperar. También acusó a la empresa concesionaria de la línea
Sarmiento –la Unidad de Gestión Operativa Mitre Sarmiento Sociedad Anónima
(UGOMS), empresa de Betino Roggio y Gabriel Romero– de no realizar los
controles necesarios y por eso decidió sacarles la concesión y dejar que el
Estado, finalmente, gerencie la línea. La gota que rebalsó el vaso, según dio a
entender Randazzo, fue que el maquinista Julio Benítez sólo fue apercibido por
cometer infracciones, actitudes negligentes y hasta desafiantes, que pudieron
comprobarse en un video difundido ayer.
Inmediatamente después del accidente, algunos funcionarios, como el
secretario de Seguridad Sergio Berni, fueron más allá de la exclusiva
"falla humana". Berni sugirió que el origen del choque pudo haber
sido "una operación política" vinculada con los comicios del próximo
domingo. En la misma línea estuvo la segunda candidata a diputada por el Frente
para la Victoria en la provincia de Buenos Aires, Juliana Di Tullio: "Yo
tampoco descarto una hipótesis de sabotaje." Y ayer el ministro Randazzo
aseguró que no "descarta el sabotaje" y que le "llama la
atención que los tres accidentes se hayan dado en la misma línea".
Pero la política de cargar las tintas sobre la responsabilidad de los
maquinistas no quedó ahí sino que las medidas implementadas por el ministro
Randazzo desde el accidente de Once de hace 20 meses hasta ayer tendieron a
reforzar los controles sobre los motorman, cosa que generó tensiones con La
Fraternidad. Tantas tensiones causó que ese gremio conducido por Omar Maturano
amenazó en más de una oportunidad con ir al paro y con abandonar la CGT
oficialista.
Los dirigentes de La Fraternidad resistieron la colocación de las
cámaras en las cabinas de conducción y la realización de los controles
toxicológicos previos a que tomasen las formaciones. Y seguramente resistirán
las anunciadas ayer: exámenes psicofísicos bajo supervisión de Fuerza Aérea;
ingreso del guarda a la cabina cuando el motorman viaje sólo para el ingreso en
las cabeceras y reducción obligatoria de velocidad al entrar en las estaciones.
No se descarta que La Fraternidad reaccione nuevamente ante estas
medidas. Como ocurrió con los anteriores incrementos de los controles, los
maquinistas resistirán las medidas porque seguramente estarán fuera de lo
establecido por el convenio colectivo.
El abogado Gregorio Dalbón también puso el foco en el motorman y además
culpó a los gremios (especialmente a La Fraternidad) de tensar la situación
hasta lograr su cometido: la reestatización con control de los trabajadores.
"La fraternidad quiere quedarse con el control de los trenes",
aseguró el letrado que representa a 400 familias de la masacre de Once, a 80 de
Castelar y a 17 de Once II. Dalbón expresó claramente que cree que los
maquinistas son los responsables directos de los tres. Ante la pregunta de si
consideraba que los motorman habían puesto en riesgo sus vidas para hacer
chocar el tren dijo: "Tanto no las pusieron en riesgo porque los tres
gozan de buena salud."
Dalbón, además, desligó la responsabilidad penal del gobierno por el
deterioro del sistema ferroviario en general y aseguró que sí le cabe una
responsabilidad civil, que debe verse plasmada en "un resarcimiento
económico inmediato" para las víctimas y sus familiares. Es por eso que
explicó que está impulsando una norma (como por ejemplo un decreto refrendado
por el Congreso) que ofrezca la opción de cobrar una indemnización en el corto
plazo por vía administrativa y dejar abierta la posibilidad (excluyente) para
aquellos que quieran ir por la vía judicial y reclamar una cifra mayor.
La empresa UGOMS se limitó a emitir un comunicado en el que se aclaraba
que el tren Chapa 5 que chocó en el andén 2 de la Estación de Once había
superado los "chequeos de alistamiento habituales" en la madrugada
previa al accidente. Pero la empresa nada dijo de que ya tenía conocimiento de
que ese mismo motorman había cometido infracciones que habían sido registradas
por las cámaras de seguridad colocadas en las cabinas de conducción y que había
sido simplemente apercibido.
Las respuestas de los trabajadores, en tanto, no son coincidentes. La
Fraternidad se desliga de las acusaciones al gremio y defiende al motorman de
las imputaciones. El secretario de Prensa de La Fraternidad, Horacio Caminos,
negó la hipótesis del robo de la grabación. "El compañero (Benítez) se
encontraba inconsciente. Es muy curioso que alguien que quiera robarse algo lo
ponga en su mochila, sabiendo que luego tendrá que ir a declarar ante la
justicia."
La Unión Ferroviaria a cargo de Sergio Sasia (alineado con la CGT
oficialista) guardó un silencio que sorprendió. Los únicos ferroviarios que
hablaron fueron Rubén "Pollo" Sobrero, de Seccional Oeste de la Unión
Ferroviaria, y Edgardo Reynoso, delegado de la línea Sarmiento. Ambos
pertenecen a la misma corriente política, opositora de la conducción de la
Unión Ferroviaria. Desde un primer momento, Sobrero denunció que
"estuvieron manipulando todas las pruebas" y que "lo que buscan
es echarle la culpa a los trabajadores de todo lo que está pasando".
Reynoso, en el mismo sentido, dijo que tanto el gobierno como la empresa
buscaron un "chivo expiatorio" en el maquinista, que "encubre el
proceso de desquicio de todo el sistema ferroviario". Reynoso repitió una
y otra vez que ellos bregan por la reestatización "con control de los
trabajadores y los usuarios", aunque no aclaró cómo se implementaría esa
iniciativa. Randazzo se refirió a la cuestión y dijo que los trabajadores
"ya participan" de lo que sucede en el tren y les pidió expresamente
colaboración para mejorar el servicio.
Entre los familiares de las víctimas tampoco hay homogeneidad. Están
quienes cargan contra los maquinistas y hay quienes apuntan al gobierno. Paolo
Menghini, papá de una de las víctimas de la tragedia de Once, pidió un sistema
ferroviario que prevenga accidentes. "La gente no se salva o se muere por
viajar en vagones pintados", lanzó.
El motorman dice que no recuerda nada, los sindicalistas guardan
silencio o acusan a la administración de Cristina Fernández, el gobierno culpa
a los maquinistas y los empresarios deslindan responsabilidades. Todos juegan
al Gran Bonete, nadie sabe quién tiene lo que se ha perdido: la seguridad para
viajar en tren. Pero el gobierno decidió reestatizar la línea Sarmiento, que no
está lejos de ser un reconocimiento de que el que tiene lo que se le perdió al
Gran Bonete es el Estado.InfoNews
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