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Escuchamos ese concepto con frecuencia en la Ciudad: que es una formalidad, que se avalan medidas ya decididas, que las opiniones de los ciudadanos no se tienen en cuenta, que las críticas expresadas en una audiencia no cambian nada y sólo sirve para hacer catarsis colectiva. Nada más equivocado, la Audiencia Pública “sirve”, y mucho.
La Audiencia Pública es un espacio de participación donde las autoridades convocan a la sociedad civil en un pie de igualdad para recabar opiniones sobre un proyecto, programa o plan de gobierno. El objetivo fundamental es optimizar las decisiones de gobierno, mejorando la asignación de recursos y la transparencia de la gestión pública.
Las sugerencias, críticas o propuestas de los ciudadanos son aportes valiosos que no obligan a los tomadores de decisiones a aceptarlas, pero sí deben ser “escuchadas” y “obligan” a las autoridades a exponer las argumentaciones que las desestimen. Hablar es una necesidad, escuchar es un arte, dos condiciones que tiene una audiencia pública.
La Ley Nº 6/98 de la Ciudad de Buenos Aires establece que la Audiencia Pública es de carácter “consultivo y no vinculante”, lo que no impide que las autoridades recapaciten y den marcha atrás con una medida, lo cual ha ocurrido en algunos casos, claro, en otros tiempos, otra gestión, otro gobierno.
En el caso del Subte porteños, las últimas audiencias públicas realizadas fueron por aumento de tarifas y, pese a las críticas, las autoridades no dieron marcha atrás con la medida. Fue la justicia la que frenó los aumentos por un breve período y obligó al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a revisar la medida.
Vale la pena recordar cómo fueron aquellas audiencias sobre Subte donde las autoridades dieron marcha atrás con las medidas y aceptaron las propuestas de los vecinos.
Primera Audiencia Pública de Subte
Tuvo lugar el 23 de octubre de 1998 en el hall central del Centro Cultural General San Martín. Fue convocada para dar a conocer el trazado de la Línea H de Subterráneos y su construcción, que empezaría por el norte, pues por limitaciones presupuestarias de aquel momento se dejaba el sur de nuestro distrito para la siguiente etapa, por ser más cara debido al tipo de suelos. Además, los estudios económicos aconsejaban satisfacer primero la mayor demanda en la zona norte por las vinculaciones con las líneas de máxima carga que son la B y la D.
Sin embargo, los vecinos del barrio de Pompeya manifestaron que el sur estaba olvidado por los distintos gobiernos y reclamaban igualdad de oportunidades. Plantearon que las obras debían comenzar por el sur, expresaron su temor de que las obras nunca llegarían al barrio si se empezaba por el norte y citaron como ejemplo concreto a la prolongación de la Línea D, que había durado casi diez años debido a crisis económicas y vaivenes políticos.
La cuestión social planteada por los vecinos contrastaba con el aspecto técnico-económico de las autoridades. El Gobierno tomó en cuenta las opiniones vertidas y decidió que las obras comenzarían por el sur y así se hizo.
Segunda audiencia pública de subtes
El 7 de abril de 1999, en el mismo lugar, se convocó a una nueva audiencia para tratar el trazado y proyecto de la Línea H. Y otra vez los vecinos se opusieron a la postura llevada por el Gobierno e impulsaron un cambio.
La propuesta de las autoridades era hacer un viaducto elevado en la zona sur debido a la mala calidad del suelo que hacía onerosa su construcción (a valores de casi el doble que el valor del túnel convencional existente en toda la red). Los ciudadanos de Pompeya expresaron que si la decisión se debía a una cuestión de costos entonces existiría trato discriminatorio por parte del Gobierno de la Ciudad hacia los barrios del sur, de manera tal que los proyectos baratos eran siempre para el sur y los caros para el norte. Las críticas abarcaban también a la generación de impacto visual, sonoro y a la afectación del paisaje urbano.
Una vez más, se escucharon las opiniones de los vecinos y se optó por la construcción de la obra en túnel en la totalidad de la traza. Como se advierte, el aspecto socio-ambiental pesó más que el técnico-económico aunque, desgraciadamente, las dos últimas estaciones del Sur continúan demoradas.
Interrogantes y desafíos
Quizás se considere que no es conveniente que la cuestión social o ambiental impulsada por vecinos prevalezca por sobre los estudios técnicos y económicos de especialistas, que los vecinos que “no saben” decidan por sobre los expertos que “saben”. Opinamos empero, que “ambos saben”. Los vecinos aportan sus inquietudes, costumbres e intereses y los expertos las cuestiones técnicas y económicas.
Cuando el Estado lleva adelante, por ejemplo, una propuesta de inversión pública debe considerar no sólo la cuestión técnica y económica sino también la parte social y ambiental. Si no lo hace es un mal proyecto. Para seleccionar el que más conviene a la sociedad en su conjunto se deben evaluar todos los aspectos.
Otra de las críticas que se le hace a la Audiencia Pública es que constituye un obstáculo y una pérdida de tiempo. Informar a la comunidad sobre una medida y conocer su grado de aceptación o rechazo ayuda a mejorar la toma de decisiones y afianza la buena relación y confianza entre representantes y representados.
La Audiencia Pública es una herramienta que perfecciona la democracia. El Estado consulta y el pueblo opina. Los funcionarios responsables deberían incentivar la participación y conciencia ciudadana con este mecanismo. Por tal sentido, es fundamental una adecuada publicidad para acercar no sólo a los vecinos afectados sino también a los sectores que puedan aportar conocimiento como las universidades, Organizaciones No Gubernamentales y profesionales independientes. Cuantas más personas participen, será mejor para todos. Por Raúl Ávila, Ingeniero Civil - Especialista en Política y Planificación del Transporte.
