Incendios, ex coches eléctricos abandonados y 7000 metros en disputa: el reclamo por un parque porteño que quedó incompleto

Terrenos Ferroviarias

Vecinos denuncian problemas de seguridad y ambientales en el antiguo playón ferroviario de Colegiales; cuatro parcelas permanecen judicializadas por un conflicto entre Nación y Ciudad

“Es un pasivo ambiental muy peligroso. Los focos de incendio suponen un peligro para la salud de todos”, dice Adriana, vecina de Colegiales, mientras señala la hilera de ex coches eléctricos detenidos en el playón ferroviario. Junto a Mercedes, quien también vive en el barrio, muestra lo que permanece detrás de las rejas: vagones oxidados, cubiertos de grafitis, con ventanas sin vidrios, puertas abiertas y sectores ennegrecidos por el fuego. Las dos prefieren reservar sus apellidos.

LA NACION ingresó al sector ferroviario y llegó hasta los coches y los antiguos galpones. Dentro de algunos ex coches eléctricos, se observaron basura, telas y otros objetos; varios mostraban daños provocados por el fuego. Nadie interceptó el recorrido. Esa facilidad de acceso forma parte del reclamo. Según los vecinos consultados, hay personas que entran a los vehículos y algunas duermen allí. También denuncian que en el predio se acumulan residuos y roedores. “Hay seguridad, pero no es suficiente; cualquiera cruza y pasa como si nada”, sostiene Mercedes.

Los vecinos, que se agruparon en reclamo por el abandono del predio, contabilizan cuatro incendios entre diciembre de 2025 y julio de 2026: el 14 y el 28 de diciembre de 2025, y el 16 de junio y el 6 de julio de 2026. En algunos episodios debieron intervenir los bomberos.

La cercanía de las formaciones con viviendas, edificios y árboles suma otra preocupación. Adriana y Mercedes reclaman saber si se evaluó el impacto ambiental del humo generado por los incendios. “Es metal, es plástico. Esa nube eventualmente la estamos respirando todos los vecinos”, dice Adriana.

Los reclamos por el material ferroviario llegaron a la vía administrativa. En enero, una vecina realizó una presentación por Trámites a Distancia ante Trenes Argentinos. Ante la falta de respuesta, varios meses después, Mercedes, que es abogada, presentó otro escrito, acompañado por las firmas de alrededor de 50 vecinos. La contestación llegó en julio.

En los informes oficiales remitidos a los vecinos se detallaron medidas de limpieza, desmalezado y refuerzo de la seguridad. Uno de los documentos vinculó los incendios con el ingreso de personas ajenas al sistema ferroviario que ocupaban formaciones fuera de servicio y encendían fuego para calefaccionarse. También se informó la presencia de dos guardias y un supervisor y se dio intervención a distintos organismos vinculados con la actividad ferroviaria.

Otro documento abordó la situación del material rodante. Una resolución del Ministerio de Economía de 2026 desafectó del uso operativo ferroviario 23 unidades ubicadas entre Playa Colegiales y Playa Bancalari. Es decir, esa cantidad corresponde al conjunto del material localizado en ambos predios y no exclusivamente al playón de Colegiales. Según las vecinas, posteriormente se realizó una subasta, pero no hubo ofertas. Mientras se define qué ocurrirá con ese procedimiento, los vagones permanecen en el lugar.

El material ferroviario abandonado es apenas una parte de una discusión territorial que lleva años. El lugar funcionó como playa ferroviaria de cargas y maniobras y, una vez que dejó de cumplir esa función, su destino quedó atravesado por proyectos urbanísticos, venta de tierras y reclamos vecinales.

En 2017, la Legislatura porteña aprobó la ley 5875 a partir de un convenio entre la Nación y la Ciudad. El esquema original estableció que el 65% del sector alcanzado se destinara a espacio público y que el 35% restante quedara integrado por parcelas para otros usos. Parte de esas tierras fue subastada y posteriormente se construyeron edificios. “Nosotros queríamos que fuese todo parque”, recuerda Mercedes.

Cuatro parcelas en conflicto

Con el tiempo, el reclamo se concentró en cuatro parcelas que quedaron sin vender: las 1, 8, 9 y 11 de la manzana 115. En conjunto suman alrededor de 7000 metros cuadrados. La parcela 1 está en Vidal 1480, esquina Virrey Avilés; la 8, en Moldes 980, esquina Céspedes; la 9, en Moldes 1020, esquina Céspedes, y la 11, en Virrey Olaguer y Feliú 2870, entre Vidal y las vías del tren Mitre.

Esos terrenos quedaron involucrados en una disputa entre Nación y Ciudad. La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) explicó a LA NACION que el convenio urbanístico determinó cómo se desarrollaría el sector no afectado a la actividad ferroviaria. Sobre los cuatro lotes, señaló que habían sido entregados a la Ciudad durante la administración de Mauricio Macri y que, con el gobierno de Alberto Fernández, se dispuso revisar transferencias realizadas anteriormente.

“Esas cuatro parcelas que están ahí son las que quedaron en conflicto. Hoy todavía están en una nebulosa, están en la Justicia, que tiene que decidir si eso vuelve a la Nación o, efectivamente, se traspasa a la Ciudad”, respondieron desde AABE.

La controversia derivó en una causa judicial iniciada en 2021. Desde el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana porteño, confirmaron a este medio que las cuatro parcelas están judicializadas y alcanzadas por una cautelar de no innovar. “Hasta que la Justicia no defina, no se pueden tocar. El Parque Ferroviario Colegiales se construyó sobre las parcelas que no estaban judicializadas”, explicaron.

El marco urbanístico, mientras tanto, cambió. La actualización del Código Urbanístico modificó la regulación de la U66-Estación Colegiales y estableció un 19% de superficie edificable y un 81% para uso y utilidad pública, que debe afectarse especial y preferentemente a nuevos espacios verdes parquizados. Para las organizaciones barriales, la discusión judicial sobre la titularidad y el uso urbanístico son cuestiones diferentes. Reclaman que, una vez resuelto el litigio, los cuatro lotes sean incorporados al parque.

Los vecinos también buscan preservar parte de la identidad ferroviaria del lugar. Entre los elementos que señalan, aparecen las vías en desuso, los antiguos galpones y otras estructuras que sobrevivieron a la transformación del playón. Aún permanecen en pie grandes construcciones ferroviarias con sectores deteriorados y espacios sin uso visible.

Uno de los galpones fue destinado al Centro de Salud y Acción Comunitaria (Cesac) 51. Las vecinas lo muestran como ejemplo de la reutilización pública que pretenden para otras construcciones. También reclaman que otro galpón tenga un destino público definido mediante participación vecinal y se oponen a que espacios por cuya recuperación reclamaron durante años terminen destinados a concesiones privadas. A esos pedidos se suman baños públicos permanentes y presencia de guardaparques.

La información oficial de la Ciudad indica que el Parque Ferroviario Colegiales tiene 24.000 metros cuadrados, de los cuales más de 18.000 corresponden a suelo absorbente. Las agrupaciones barriales estiman que, con las cuatro parcelas en disputa, podría llegar a unos 38.000.

La división de competencias aparece una y otra vez. Los vecinos realizaron gestiones ante organismos porteños y nacionales. La misma dificultad surgió durante las consultas para esta nota. Desde Trenes Argentinos Operaciones indicaron a LA NACION que el predio no corresponde a esa empresa y remitieron las consultas a la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (ADIFSA) y a otros actores del sistema ferroviario para determinar bajo qué órbita se encuentra.

Consultada por este medio, ADIFSA aseguró que trabaja para encontrar una solución definitiva para el predio ferroviario de Colegiales, con foco en las condiciones de limpieza, seguridad y mantenimiento. Según explicó el organismo, su intervención sobre los vagones en desuso comenzó después de que fueran desafectados por el Gobierno Nacional, instancia a partir de la cual pudo avanzar con el procedimiento para retirarlos.

El estado del material, sin embargo, condicionó ese proceso. Desde ADIF señalaron que los ex coches eléctricos que permanecen en el lugar presentan un grado de deterioro que impide retirarlos mediante una operación ferroviaria convencional. Por esa razón, se optó por una subasta pública para disponer de esos bienes. En una primera etapa fueron subastados 18 de los 32 coches existentes en el predio, ya que eran los que contaban con la desafectación necesaria.

La primera subasta quedó desierta por falta de oferentes. Luego se adecuó el precio de referencia y se realizó una segunda convocatoria que, de acuerdo con ADIFSA, se encuentra “en su etapa final, próxima a su adjudicación”. El organismo sostuvo que este procedimiento administrativo es uno de los factores que explican la demora en el retiro.

Mientras se completa ese proceso, y especialmente después de los incidentes ocurridos en el playón, ADIFSA afirmó que reforzó las tareas de limpieza, desmalezado, mantenimiento y seguridad. El objetivo, indicaron, es mejorar las condiciones del lugar y reducir los riesgos para quienes viven o circulan en la zona.

La situación tampoco es uniforme para todos los vagones. ADIFSA aclaró que los restantes no se encuentran necesariamente bajo su jurisdicción directa y que mantiene conversaciones con otros organismos para determinar qué tratamiento corresponde en cada caso, ya sea su disposición o, cuando sea necesario, su desafectación de la operación ferroviaria.

“Entendemos y compartimos la preocupación de los vecinos”, señalaron desde el organismo. Y agregaron que la intervención no se limita al retiro del material ferroviario: “No se trata solamente de retirar los coches, sino de recuperar integralmente el predio y dejarlo en condiciones adecuadas de limpieza, seguridad y mantenimiento”.

La recorrida vuelve, al final, al contraste que atraviesa el predio. De un lado están el pasto, los árboles, los senderos y los sectores recuperados para uso público. Del otro permanecen las vías, los galpones y los coches fuera de servicio. En el medio persisten cuatro parcelas cuyo futuro depende de una definición judicial. Por: Camila Súnico Ainchil para DiarioLaNación.com