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El
abogado Alberto Corcuera Ibáñez, quien trabajó para TBA hasta 2013, dijo que la
imposibilidad de actualizar las tarifas ferroviarias y “la suspensión de las
obras de inversión del Estado por la ley de emergencia ferroviaria imposibilitaban
a la empresa a cumplir con las demandas de servicio”.
Un
ex asesor jurídico de la empresa TBA responsabilizó al gobierno nacional por el
estado en que se encontraba el servicio ferroviario cuando se produjo la
“Tragedia de Once”, que provocó la muerte de 51 personas y heridas a más de 700
personas.
El
abogado Alberto Corcuera Ibáñez, quien trabajó para TBA hasta 2013, dijo ante
el tribunal oral que lleva adelante el juicio por la tragedia ferroviaria que
la imposibilidad de actualizar las tarifas ferroviarias y “la suspensión de las
obras de inversión del Estado por la ley de emergencia ferroviaria
imposibilitaban a la empresa a cumplir con las demandas de servicio”.
En
ese contexto, describió un contrasentido, pues por un lado el propio Estado
constituía -según su apreciación- un obstáculo para el buen servicio, pero por
el otro la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) sancionaba a
la empresa.
Corcuera
recordó que durante 2010 se abrió una etapa de “renegociación del contrato de
TBA con el Estado” y que el interlocutor del gobierno era el ex secretario de
Transporte Juan Pablo Schiavi, uno de los imputados en el juicio.
Pero
el abogado explicó que las negociaciones no arribaron a acuerdo alguno y
responsabilizó por esa situación a la “falta de respuesta” de la Unidad de
Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (UNIREN). “No hubo
respuesta del Estado”, insistió.
Consultado
sobre el tenor de las sanciones que aplicaba la CNRT a la empresa, explicó que
se vinculaba con “cancelaciones y demoras”, pero aclaró que “nunca” la empresa
recibió cuestionamientos vinculados con la seguridad.
“Si
no hubiera habido emergencia ferroviaria se habrían concretado las obras
públicas necesarias para mejorar el sistema ferroviario”, aseguró.
En
ese contexto, identificó como el principal obstáculo para la realización de las
obras la declaración de “emergencia ferroviaria” dispuesta en 2002, durante el
interinato presidencial de Eduardo Duhalde. LaPrensa.com
Pesado pesado, le encontraron la vuelta para volver a cagarnos! Por amor a Dios que no se salgan con la suya, que se verifiquen los subsidios, la desinversión en todo el área de operación de los concesionarios, y se inverstigue el destino que tomaron esos fondos. Que se verifique que los coches fueron 'renovados' con estructuras que no cumplían con las normas de seguridad; que se verifique que los paragolpes hidráulicos no estaban puestos en condiciones para cumplir con su rol, y que la estructura de los coches no era compatible con la infraestructura instalada. ¿Todo eso es culpa del estado? Seguramente será cómplice por silnciar y apañar tanta mala gestión de servicios, pero desligar responsabilidades me parece demasiado.
ResponderEliminarNo es muy fuerte es no.que caras duras y miserables son los empresarios de TBA no hicieron ni una obra y se afanaban a cuatro manos los subsidios y jamas arreglaron un coche maquina o via.son unos basura siento una bronca barbara que esta empresa mafiosa quiera salir sin culpa y cargo.tengo palabras mas fuertes para lo que siento pero si lo digo no publicaran este mensage
ResponderEliminarTBASESINA: toda la infraestructura en mano de estos mafiosos se destartaló.
ResponderEliminarAbandonaron el sistema de señalamiento, destruyeron la vía permanente, ahuecaron y abandonaron las estaciones, despellejaron el material rodante y tractivo.
Colectiveros de cuarta, solamente a ignorantes cipayos como a domingo felipe cavallo, dromi y menen se les ocurre dar en concesión los ferrocarriles a una banda de colectiveros, que son lo último del transporte público.
kirchneristas: schiavi, jaime y los cirigliano tienen que ir presos: ellos también cometieron terrorismo de estado, hicieron desaparecer noventa mil trabajadores ferroviarios. Pablo Schiavoni, Rosario-Argentina.