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El
abogado Alberto Corcuera Ibáñez, quien trabajó para TBA hasta 2013, dijo que la
imposibilidad de actualizar las tarifas ferroviarias y “la suspensión de las
obras de inversión del Estado por la ley de emergencia ferroviaria imposibilitaban
a la empresa a cumplir con las demandas de servicio”.
Un
ex asesor jurídico de la empresa TBA responsabilizó al gobierno nacional por el
estado en que se encontraba el servicio ferroviario cuando se produjo la
“Tragedia de Once”, que provocó la muerte de 51 personas y heridas a más de 700
personas.
El
abogado Alberto Corcuera Ibáñez, quien trabajó para TBA hasta 2013, dijo ante
el tribunal oral que lleva adelante el juicio por la tragedia ferroviaria que
la imposibilidad de actualizar las tarifas ferroviarias y “la suspensión de las
obras de inversión del Estado por la ley de emergencia ferroviaria
imposibilitaban a la empresa a cumplir con las demandas de servicio”.
En
ese contexto, describió un contrasentido, pues por un lado el propio Estado
constituía -según su apreciación- un obstáculo para el buen servicio, pero por
el otro la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) sancionaba a
la empresa.
Corcuera
recordó que durante 2010 se abrió una etapa de “renegociación del contrato de
TBA con el Estado” y que el interlocutor del gobierno era el ex secretario de
Transporte Juan Pablo Schiavi, uno de los imputados en el juicio.
Pero
el abogado explicó que las negociaciones no arribaron a acuerdo alguno y
responsabilizó por esa situación a la “falta de respuesta” de la Unidad de
Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (UNIREN). “No hubo
respuesta del Estado”, insistió.
Consultado
sobre el tenor de las sanciones que aplicaba la CNRT a la empresa, explicó que
se vinculaba con “cancelaciones y demoras”, pero aclaró que “nunca” la empresa
recibió cuestionamientos vinculados con la seguridad.
“Si
no hubiera habido emergencia ferroviaria se habrían concretado las obras
públicas necesarias para mejorar el sistema ferroviario”, aseguró.
En
ese contexto, identificó como el principal obstáculo para la realización de las
obras la declaración de “emergencia ferroviaria” dispuesta en 2002, durante el
interinato presidencial de Eduardo Duhalde. LaPrensa.com
