En medio de la polémica por los subsidios que reciben los concesionarios de trenes, a raíz del trágico accidente en Once, la Justicia envió a juicio oral al ex titular del ferrocarril Roca, Sergio Taselli por irregularidades en el manejo de unos 35 millones de pesos que recibió del Estado.
A raíz del accidente, que provocó 51 muertos y gran cantidad de heridos, se reavivó la discusión sobre los subsidios que reciben los administradores de trenes, y ahora se conoce que quien fuera uno de los concesionarios del ramal Roca va a juicio oral y público por "el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública".
Señor Sergio Taselli
El decreto que clausuró la instrucción de esa causa y que se conoció en las últimas horas, fue firmado por la jueza federal María Servini de Cubría el 25 de noviembre pasado tras un pedido del fiscal Federico Delgado.
Delgado es el mismo que cuestionó nuevamente la entrega de subsidios que recibía la firma TBA, a cargo de la explotación del ramal Sarmiento, protagonista del accidente en la estación Once.
La causa es por el manejo de fondos que recibió entre 1994 y 2002 el concesionario y que en "connivencia" con funcionarios de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) "perjudicaron administración pública durante el desarrollo del contrato de concesión de la ex línea Roca de ferrocarriles".
En esta causa van a juicio Juan Carlos Loustau Bidaut y Taselli, ex presidentes sucesivos del Directorio del tren Roca; y los ex titulares de la CNRT, Roberto Alfredo Ciappa y José Emilio Bernasconi, así como los ex funcionarios del organismo de control José Antonio Recio y Jorge Telmo Perez.
A los funcionarios se les imputa "su consciente pasividad" en el control del concesionario
La Justicia dio por probada la mala aplicación de los subsidios en el servicio del Roca, el cual cuenta con varios ramales y une varias localidades de la provincia de Buenos Aires con la Capital Federal.
Según la resolución, se hace evidente en la "falta de mantenimiento del material rodante, la ausencia o rotura de vidrios, asientos, apoyabrazos y puertas, el abandono progresivo del sistema de señalización, pérdida funcional de las estaciones y falta de inversión para la renovación y mantenimiento de los andenes, vías y formaciones".
Pero más grave aún detectó el fiscal en su investigación la "existencia de personal de conducción prestando funciones con aptitud médica vencida, y certificados de habilitación técnica vencidos", y en forma simultánea "desde el lugar empresarial se percibió la tarifa y una cuantiosa suma de dinero desde el sector público en concepto de subsidios e inversiones del Estado Nacional".
En ese sentido, es que tanto la jueza como el fiscal dieron por probado que el "solo interés de la empresa concesionaria", entonces a cargo de Loustau Bidaut y Taselli luego, era el de "obtener ingresos por tarifas y subsidios, pero desinteresarse por brindar un servicio al que se habían comprometido al firmar el contrato de concesión".
Según el auto de elevación a juicio, ello fue posible a raíz de que "los funcionarios que debían controlar fueron cómplices" al no haber controles del funcionamiento del ramal Roca.
En el juicio oral que se realizará por esta causa, bajo el número 15.807/02 es que se determinará cómo se destinó los 35.000.000 millones de pesos que recibió el concesionario en ese período.Terra
