Pedido de informes al Poder Ejecutivo Nacional sobre los trabajos de cerramiento perimetral, a lo largo del tendido de la Línea Sarmiento entre las estaciones Caballito y Moreno

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Redacción Crónica Ferroviaria

Se encuentra en la Comisión de Transporte de la Honorable Cámara de Diputados un proyecto de Resolución pedido de informes al Poder Ejecutivo Nacional sobre los trabajos de cerramiento perimetral, a lo largo del tendido de la Línea Sarmiento entre las estaciones Caballito y Moreno

Dicho trámite recayó en el Expte. 1560-D-2015 del 08 de Abril del corriente año, siendo los firmantes de dicho proyecto de Resolución los Diputados Nacionales: Margarita Rosa Stolbizer (GEN - Buenos Aires), María Virginia Linares (GEN - Buenos Aires), Omar Arnaldo Duclos (GEN - Buenos Aires).

Fundamentos

El cerramiento perimetral del tendido de red férrea del Ferrocarril Sarmiento ha sido una promesa del Gobierno Nacional cuyo cumplimiento ha sido largamente postergado desde el 2005 a esta parte. Desde el Decreto 1683/2005, firmado por el Presidente Néstor Kirchner en que se establecía el "cerramiento entre estaciones del área operativa (ambas líneas cerramiento con rejas)", sin embargo, han pasado diez años, y el delineamiento aún continúa inconcluso.

En un primer momento el proyecto preveía mejorar las condiciones de seguridad de los usuarios del ferrocarril y de los vecinos de las inmediaciones del tendido ferroviario, al atacar el doble flagelo de los accidentes y los casos de inseguridad que se registraban a diario en las adyacencias de las vías que no estaban cercadas.

No obstante, la inseguridad que azota a usuarios y vecinos continúa vigente: en el Sarmiento mueren alrededor de siete personas al año sólo por cruzar por cualquiera de los cerca de ochenta pasos clandestinos que se encuentran a lo largo de la Línea Sarmiento, y no por los puentes, túneles y pasos a nivel habilitados. A estas víctimas, hay que añadir aquellas que se suman por episodios delictivos acaecidos en las inmediaciones del ferrocarril. No es necesario realizar un análisis de las víctimas acumuladas en esta última década a raíz del incumplimiento de un proyecto cuyo plazo de culminación se estableció para el 2008, para tomar una real dimensión de lo que ha significado esta demora.

La realización de los trabajos iniciados a mediados de 2007, fue suspendida menos de un año después por acumulación de varios certificados de obras sin cancelar por parte de las empresas adjudicatarias, en febrero de 2008. Entonces, las tres empresas contratistas resolvieron paralizar sus actividades hasta que la Secretaría de Transporte se pusiera al día con los pagos pendientes que rondaban los 10 millones de pesos.

Nuevamente a fines de 2013 se comenzaron trabajos de cercamiento del contorno del tendido ferroviario. Se construyó una pared guía de concreto de aproximadamente cincuenta centímetros de alto, sobre la cual se erigió, a partir de postes, el tejido hexagonal de alambre.

Lejos se encontraba, este tipo de cerramiento del "Cerramiento Perimetral Antivandálico de la Línea Sarmiento" anunciado por el entonces Presidente Néstor Kirchner y el Secretario de Transporte Ricardo Jaime el 15 de agosto de 2006, que contemplaba un muro con una base de hormigón de 1,10 metros de alto, sobre la que debía colocarse una malla metálica hasta completar los 2,3 metros de altura.

Sorprendentemente, antes de que fueran terminados por completo estos trabajos de cerramiento perimetral, los mismos no sólo fueron paralizados, sino que fueron demolidos.

En su lugar, se reactivó el proyecto de "Cerramiento Perimetral Antivandálico de la Línea Sarmiento" y, por medio de la Licitación Pública Nacional Nº 08/2014 - Exp. 247/14, se contempló la colocación de "marcos de reja con paños de metal desplegado en su interior, colocados sobre muros de hormigón armado (estilo "New Jersey"), a lo largo del tendido férreo del Ferrocarril Sarmiento entre las estaciones Caballito y Moreno del Ramal Once - Moreno".

La planificación pública debe ser concebida como práctica para transformar y construir nuevas realidades con la capacidad de alcanzar propósitos, interpretar intereses de la sociedad e incorporar, en las deliberaciones presentes, las necesidades de las generaciones futuras. Es el gobierno en sus diferentes instancias quien debe transformar los recursos normativos, humanos, financieros y tecnológicos que posee, en programas públicos, en servicios, en productos, para atender los problemas de los ciudadanos y satisfacer sus demandas.

En definitiva, lograr impactos sociales, políticos y económicos que impulsen y consoliden el desarrollo integral del país. Este es el principio articulador de la planificación estatal que tan fuerte ha calado a lo largo del siglo XX en todos los países del globo.

Un proceso de definición, formulación, ejecución, control y evaluación de las políticas públicas bien sustentado trae como correlato efectividad, eficacia y eficiencia en el empleo de los recursos públicos dirigidos a la consecución y coordinación de los planes, programas y proyectos para la transformación del país.

Por el contrario, cuando la definición, formulación, ejecución, control y evaluación de las políticas públicas se realiza erróneamente, se dilapidan los recursos públicos y se bloquea el progreso del país. Aquí yace la principal consecuencia de la falta de planificación que se evidencia en la gestión de este Gobierno en la política de transporte, como en la política energética, en la política económica, etc.

Una obra cuyo tiempo estimado inicialmente era de un año y que fue presupuestada por alrededor de 50 millones de pesos, ha demorado una década y aún no sabemos cuál fue el costo final. Paralelamente, se han llevado a cabo otros actos semejantes que demuestran la ausencia total de planificación, como por ejemplo, la edificación de nuevos módulos sanitarios en las estaciones del Ferrocarril Sarmiento desde sus cimientos, y su total demolición un año después en el marco de la remodelación de las estaciones (Caballito, Villa Luro). De este modo la errada -o inexistente- planificación de la inversión del Estado, ha llevado a construir un día lo que se destruyó al otro día; a superponer proyectos y programas de inversión; en definitiva, dilapidar el dinero de todos los argentinos.

Como corolario de este cuadro, se encuentran los escandalosos hechos de corrupción que han implicado a funcionarios de este gobierno, y que afectan sensiblemente al área del transporte. Se han sucedido a lo largo de esta última década investigaciones, procesamientos y fallos judiciales que han puesto en relieve la existencia de complejos entramados construidos para el desvío de los fondos públicos en beneficio de empresarios privados y funcionarios públicos.

Solo basta recordar, como ejemplo, el fallo del Juez Claudio Bonadío en relación a la masacre de Once, donde claramente vincula a empresarios, funcionarios y sindicalistas en una "trilogía siniestra" puesta al servicio del enriquecimiento ilícito y espurio. Los ex-secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, que fueron procesados por el magistrado en esa causa, son los mismos funcionarios que estuvieron a cargo de la planificación del "Cerramiento Perimetral Antivandálico de la Línea Sarmiento" cuyo tendido nunca se concluyó.

Entonces, es menester dar curso al pedido de informes que se desprende del presente proyecto de resolución, puesto que es sustancial determinar el monto del dinero público que fue afectado por la falta de planificación por parte del Gobierno Nacional, para así poder efectuar un correcto control y evaluación de las políticas públicas emprendidas.