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La
ferroviaria bonaerense cancela servicios de pasajeros y le alquila locomotoras
y vagones a la constructora de López y a Ferroexpreso Pampeano.
Envuelta
en un marcado deterioro provocado por la falta de inversiones y la cancelación
de servicios, Ferrobaires –-la ferroviaria estatal bonaerense que desde
principios de año está bajo el mando del Coronel de Caballería, Fernando
Dotti—ha quedado ahora en la mira por una llamativa movida comercial que
promete salpicar políticamente a la gobernadora María Eugenia Vidal.
Mientras
la Nación y el gobierno porteño redoblan la avanzada judicial contra los
negocios de Cristóbal López, la administración bonaerense salió a darle una
mano a CPC, la constructora del empresario K., con un ventajoso contrato de
alquiler de locomotoras y vagones de cargas que se utilizarán para las obras de
renovación de vías del ramal a Mar del Plata.
A
ese curioso contrato se sumó otro similar con Ferroexpreso Pampeano—la
ferroviaria de cargas del grupo Techint—, por el cual Ferrobaires le cedió seis
vagones tolva y tres locomotoras que tenía afectadas a la corrida de servicios
de pasajeros.
Concretados
a mediados de mayo, los polémicos convenios de alquiler de material tractivo y
rodante tienen una duración que va desde un período inicial de siete meses
hasta un máximo de tres años.
Además
de reducir drásticamente el limitado parque de locomotoras que tiene
disponible, los contratos condicionan fuertemente a la empresa provincial
porque no le deja posibilidad alguna de reclamar una devolución anticipada de
las máquinas en caso de que quiera incrementar en los próximos meses su oferta
de trenes de pasajeros.
En
los últimos doce meses, Ferrobaires dio de baja los trenes de pasajeros a Mar
del Plata, Miramar, Pinamar, Bolívar, Daireaux, Carmen de Patagones, Bragado,
Pehuajó y Lincoln.
Y
actualmente, solo mantiene en pie los servicios a 25 de Mayo, Bahía Blanca,
Tandil, Vela, Junín y Alberdi.
A
diferencia de que lo que sucedió en la mayoría de los entes y empresas
estatales donde el macrismo puso al frente a CEOs y gerentes provenientes de
compañías privadas; en Ferrobaires, el ministro de Infraestructura de la
provincia, Edgado Cenzón decidió nombrar una atípica cúpula jerárquica
integrada por ex militares y un subcomisario de la Bonaerense.
Al
frente de la empresa fue designado el Coronel de Caballería, Fernando Dotti.
Retirado del Ejército en 2004, Dotti es además Licenciado en “Organización y
Estrategia de la Escuela Superior de Guerra” y antes de asumir admitió que, si
bien viaja diariamente en el tren de la línea San Martín, no conoce casi nada
del modo de transporte ferroviario.
Junto
con él desembarcaron en la empresa el coronel retirado Federico Luis Mourglier
–que quedó a cargo de la cabecera de Mar del Plata—y coronel Juan Carlos
Bertolini, ex jefe de prensa del Ejército en la época de Martín Balza y Ricardo
Brinzoni que ahora controla las áreas de Intendencia y Colaterales.
En
tanto, el área de Seguridad de la empresa quedó bajo el manejo del subcomisario
Daniel Eduardo Álvarez, quien en las últimas elecciones internas fue candidato
a concejal por una lista de Cambiemos en San Miguel e integró el listado de
aportantes a la campaña “Macri Presidente” con una contribución de 32.000
pesos.
Los
únicos “civiles” que aterrizaron con Dotti fueron el Jefe de Recursos Humanos,
Ricardo Burgos (con antecedentes laborales en hoteles y resort de EE.UU.) y el
asesor Marcelo Aricchio, ex gerente de Organización de Telecom en la década del
90.
El
tren de Cristóbal López
El
contrato de alquiler que beneficia a Cristóbal López fue firmado el 12 de mayo
entre Ferrobaires y la UTE que encabeza CPC Ingeniería e Infraestructura.
Comprende
la cesión hasta fin de año del siguiente parque tractivo y rodante: una
locomotora, un locotractor, un vagón refrigerado, tres vagones porta-tanque,
cuatro chatas rieleras y nueve vagones tolva hoppers.
Los
equipos fueron transferidos a cambio de un canon total de 4.256.000 pesos más
IVA y para ser usados en las obras de renovación de vías que la empresa
constructora lleva adelante entre los kilómetros 199 y 235 del ramal que une
Plaza Constitución con Mar del Plata.
Curiosamente
el acuerdo se firmó sin haberle exigido a CPC que cancele una deuda de casi
2.400.000 pesos que tendría pendiente con Ferrobaires por el alquiler de
equipos que se había concretado en 2014 y principios de 2015.
Además
de ir a contramano de la ofensiva contra Cristóbal López que impulsan los
gobiernos de Macri y Rodríguez Larreta, el polémico convenio de alquiler tiene
otro protagonista llamativo.
Se
trata del grupo marplatense Solanas, que es socio de CPC en la obra de vías y
que ha sido el fabricante de los durmientes de hormigón defectuosos que no
resistieron el paso de los trenes en el ramal atlántico.
Solanas—por
medio de la empresa Dhasa—fue el proveedor de la mayor parte de los nuevos
durmientes de la vía Mar del Plata que terminaron quebrados al medio cuando
comenzaron a circular las formaciones de pasajeros.
Por
este problema—que aún no fue solucionado por la ADIF, empresa estatal que
licitó la obra y que depende del ministro de Transporte, Guillermo Dietrich –y
avería que sufrió el puente ferroviario sobre el río Salado, desde agosto del
año pasado dejaron de correr los trenes de pasajeros a la costa atlántica.
En
el caso de Ferroexpreso Pampeano (FEPSA), el acuerdo abarca tres locomotoras
diésel eléctricas y seis vagones de carga tipo tolva. La vigencia del alquiler
es de un año con una opción de renovación automática a opción de la operadora
privada de dos años más.
Los
valores de los alquileres de las locomotoras oscilan entre los 180.000 y
225.000 pesos más IVA mensuales, mientras que por el lote de vagones se fijó un
precio total de 95.000 pesos más IVA por mes.
Según
los términos contractuales, FEPSA proveerá un paquete de repuestos que
necesitan las locomotoras por un valor de 1.200.000 pesos que luego serán
descontados de los alquileres en cuotas de 100.000 pesos mensuales.
Además,
la empresa provincial se comprometió ampliar el convenio con la cesión de otras
locomotoras que serían desafectadas de su flota operativa en un plazo de 90
días.
Esta
posibilidad deja entrever que, lejos de frenarse, el levantamiento de servicios
seguirá profundizándose y que las localidades y pueblos del interior de la
provincia tendrán cada vez menos trenes de pasajeros.Por: AntonioRossi para el
Portal Transporte y Energía
