Actualidad
Redacción
Crónica Ferroviaria:
Se
encuentra en la Comisión de Transporte de la Honorable Cámara de Diputados un
Proyecto de Ley solicitando la creación del Boleto Educativo Gratuito
Dicho
trámite recayó en el Expte. 2948-D-2016 del 23 de Mayo del corriente año,
siendo la firmante de dicho Proyecto de Ley la Diputada Nacional Myriam Bregman
(PTS - Frente de Izquierda - Buenos Aires).
Fundamentos
La
necesidad de crear una régimen de Boleto Educativo Gratuito, cuyos
beneficiarios directos sean todos/as los/as estudiantes, docentes y no docentes
de todos los niveles educativos, posee una estrecha relación con el derecho a
acceder a una educación pública, gratuita, laica y de calidad y adquiere un
nuevo valor en el marco del aumento de tarifas en los servicios públicos
dispuesto recientemente por el presidente Mauricio Macri.
En
este sentido, partimos de señalar que dicho aumento no hace más que empeorar la
situación de desigualdad ya preocupante que afecta a gran parte de la comunidad
educativa, beneficiaria directa del régimen que proponemos mediante el presente
proyecto de ley. Con una suba de entre el 100% y el 500%, ese aumento
exponencial de las tarifas de los servicios públicos, que permanecen en manos
privadas, ataca en forma directa los ingresos del pueblo trabajador, ya
afectados por la creciente espiral inflacionaria que -según cifras oficiales-
da cuenta de un aumento del costo de vida superior al 16% sólo de diciembre a
marzo de este año.
A
esto debe agregarse que mientras que los salarios mantienen el mismo valor
nominal, el 50% de los asalariados de Argentina hoy no llega siquiera a los
$7500 mensuales, hecho al que ahora también debe añadirse que gran parte de esa
suma deberá estar destinada al pago de estos servicios, en detrimento de la
alimentación, la salud y la educación de sus familias.
En
el caso del transporte, la suba anunciada por el Ministro Guillermo Dietrich
asciende al 100% de su ya elevado valor, siendo los estudiantes, junto con los
trabajadores, los sectores más golpeados por esta medida, que impone una nueva
restricción al acceso a la educación, entre otros derechos. Es por eso que
partimos de sostener que la política del gobierno macrista consiste en
trasladar los subsidios millonarios a las empresas concesionarias desde el
Estado nacional al bolsillo de los consumidores, sin afectar la continuidad de
sus millonarias ganancias.
Por
otra parte, vemos necesario destacar también que la Constitución Nacional
reconoce a la “gratuidad y equidad de la educación pública estatal” como
principios y que esta gratuidad no puede basarse simplemente en el concepto de
“no arancelamiento”, ya que incluye la garantía de acceso irrestricto e
igualitario. Pese a ello, este derecho permanece cuanto menos restringido para
miles de niños, niñas y jóvenes cuyas familias no llegan a cubrir siquiera el
costo de la canasta básica familiar. Los datos aportados recientemente por la
Universidad Católica Argentina, que indican que desde la asunción del nuevo
gobierno ha habido un aumento exponencial de la pobreza, con más de 1.400.000
nuevos pobres, son sólo una muestra de ello, a la que debe añadirse una
inflación galopante, que licúa día a día el salario del trabajador, y una
brutal política de ataque a los derechos laborales, con más de 110.000 despidos
reconocidos solamente hasta mediados del mes de marzo.
En
este marco, cabe agregar que, como señalan diversos estudios, la causa
principal de la desigualdad educativa es la desigualdad socioeconómica, que
explica por qué los hijos de las familias trabajadoras y del pueblo pobre
tienen menor posibilidad de acceder y permanecer en el sistema educativo, en
todos los niveles. La enorme precarización laboral, en la que vive la gran
mayoría de la juventud en nuestro país, es otra muestra de ello: como destacan
diferentes investigaciones, la mayoría de los jóvenes de entre 18 y 24 años que
tienen trabajo en Argentina lo tiene “en negro”, precario, mal pago y con
jornadas extenuantes, lo que hace aún más difícil su acceso a la educación.
Por
su parte, los docentes, no docentes y todo el personal abocado al sostenimiento
diario de los establecimientos educativos y de la educación misma de millones
de niños y jóvenes, deben muchas veces trasladarse en un mismo día a varios
establecimientos por un salario que en la mayoría de los casos tampoco cubre el
costo de la canasta básica, hecho que se agrava más todavía en el marco de la
política de ajustes, despidos e inflación arriba mencionada.
Entre
otras falencias, sostenemos por ello que no hay condición de gratuidad de la
educación si para concurrir a la escuela o la universidad los estudiantes,
docentes y no docentes deben pagar un boleto atado ampliamente al lucro de
estas empresas. Es por ello que traemos a consideración de esta Cámara el
presente proyecto de Ley, que tiene como antecedente inmediato el Expte. N°
7626-D-2014 y que recupera un reclamo histórico del movimiento estudiantil,
como lo es la demanda de un boleto estudiantil gratuito. Reclamo que costó
incluso la desaparición, durante la última dictadura cívico militar, de muchos
de los estudiantes que peleaban por este derecho, en la represión que pasó a la
historia como “La Noche de los Lápices”.
Pasados
más de 40 años, esta demanda aún sigue vigente y sin respuesta. Garantizarlo, y
hacerlo extensivo a los trabajadores del ámbito educativo, tanto docentes como
no docentes y familiares a cargo, es una medida que el Estado nacional debería
resolver sin más dilaciones.
En
este sentido, señalamos que aunque no dan una respuesta integral, existen
incluso algunos antecedentes que pueden servir como punto de referencia para
demostrar que este planteo es completamente practicable. Así en Córdoba se ha
implementado por ejemplo el Boleto Educativo Gratuito para todos los niveles,
que incluye la gratuidad del boleto para estudiantes, docentes y no docentes.
Sin bien es el Estado el que sigue subsidiando el negocio privado de las
empresas de transporte, esta experiencia es una muestra de que es completamente
factible aplicar un Boleto Educativo Gratuito, para estudiantes, docentes y no
docentes de todos los niveles y en todo el país.
En
cuanto al financiamiento del Boleto Educativo gratuito, si bien en algunos
lugares existe algún tipo de beneficio para el boleto estudiantil o educativo,
en general están basados en algún tipo de subsidio o "compensación" a
las empresas de transporte. Esto va desde la creación de algún tipo de fondo
estatal, la implementación de un impuesto al juego de azar o directamente al
incremento de la tarifa, lo que implica que sea el usuario el que termina
financiando dicho boleto, salvaguardando de este modo las ganancias de las
empresas sin poner en cuestionamiento el negocio privado de las empresas de
transporte, cuando el mismo debe ser en verdad un servicio público accesible
garantizado por el Estado.
Por
esta razón, en el presente Proyecto de Ley se prohíbe expresamente a las
empresas de transporte el aumento de la tarifa para "compensar" la
gratuidad del boleto con la pretensión de hacer recaer el costo sobre los
bolsillos de los trabajadores y el pueblo. Por otra parte se excluye cualquier
tipo de subsidio estatal para las empresas privadas de transporte de pasajeros.
En
este sentido, señalamos también que nuestro planteo es el congelamiento de las
tarifas mediante la derogación de las normas legales que establecen el aumento
de las mismas hasta tanto no se haga una profunda auditoría sobre qué hicieron
estas empresas con cada peso que recibieron en concepto de subsidios en todos
estos años.
Asimismo,
en el caso que haya empresas que aduzcan no poder prestar dicho servicio,
planteamos la apertura de sus libros de contabilidad y eventualmente la
nacionalización de todas empresas de servicios públicos que se nieguen a
prestar el correspondiente servicio, para que sean gestionadas por sus
trabajadores con el control de los usuarios, ya que a través esencialmente del
Estado antes, y ahora a través de las tarifas desorbitantes que debe pagar cada
trabajador, se está subsidiando a la tasa de ganancia de los prestatarios
privados.
