ACTUALIDAD
Redacción CRÓNICA FERROVIARIA
Se encuentra
en la Comisión
de Transporte de la
Honorable Cámara de Diputados un proyecto de Ley solicitando
un pedido de informes al PEN sobre diversas cuestiones relacionadas con la
transferencia a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de los recursos presupuestarios destinados al sostenimiento financiero de los servicios de Transporte de Subterráneo y Premetro.
Dicho trámite
recayó en el Expte.4272-D-2013 de fecha 28 de Mayo de 2013, siendo el firmante
de dicho proyecto de Ley el Diputado Nacional Roy Cortina (Partido Socialista -
C.AB.A.)
Fundamentos
Durante el
año 2012, se concretó la transferencia del servicio de transporte subterráneo y
premetro de la órbita nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir de un
proceso conflictivo que - entre otras cosas - incluyó cuestionamientos y
acciones judiciales cruzados, un polémico tarifazo, el retiro de los efectivos
de la Policía Federal
de la custodia de las estaciones y sucesivas huelgas de los trabajadores/as.
Un proceso en
el que se vieron afectados los millones de pasajeros que lo utilizan
diariamente y que mostró la incapacidad de ambas jurisdicciones para afrontar
un diálogo político-institucional capaz de destrabar la difícil situación de
inestabilidad jurídica y operativa en la que quedó sumergido este servicio
público.
Comenzó a
fines del año anterior, cuando el entonces Ministro de Economía Amado Boudou
junto a su par Julio De Vido, anunciaron - en el marco de un plan de recorte a
los subsidios a los servicios públicos recibidos por empresas y usuarios
particulares - la intención del Gobierno Nacional de traspasar la concesión.
El 3 de enero
de 2012, se suscribió un acta-acuerdo entre el Gobierno Nacional y el Gobierno
de la Ciudad,
donde el primero solamente se comprometía a pagar el cincuenta por ciento (50%)
del subsidio correspondiente a ese año ($ 360.000.000) y el segundo ratificaba
su decisión de aceptar la transferencia de la concesión y asumía en ese mismo
acto, el control y fiscalización del contrato, así como el íntegro ejercicio de
la potestad tarifaria.
De esta
forma, el Poder Ejecutivo Nacional instaló el traspaso como parte de una agenda
del recorte del gasto público que atendía sus apremios financieros y fiscales.
El Jefe de Gobierno - que tenía la responsabilidad de llevar la discusión al
terreno del avance de la autonomía porteña - fue funcional a esa estrategia y
terminó aceptando ese un acta vergonzosa, flagrantemente violatoria del
artículo 75° inc. 2 de la Constitución Nacional.
Es que el
acuerdo no acompañaba la transferencia del servicio con la de los recursos
correspondientes, que debían incluir tanto el subsidio para la operación del
sistema, como los montos para financiar inversiones y los gastos
administrativos que demandaba el ejercicio de las funciones de control.
La tragedia
ferroviaria ocurrida el 22 de febrero de 2012, en la Estación de Once,
evidenció de la manera más terrible las pésimas condiciones en las que viajan
los usuarios del transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires y
constituyó un punto de inflexión en el avance de ese proceso.
El Gobierno
porteño desconoció la formalización del traspaso - aunque a sólo cuarenta y
ocho horas de firmada el acta, ya había subido unilateralmente la tarifa
llevándola de $ 1,10 a
$ 2,50 (Decreto 27/2012) - y se desencadenó una escalada de enfrentamientos con
el Gobierno Nacional que tuvo como respuesta de la Presidenta de la Nación, el envío de un
proyecto de ley al Congreso para ratificar esa acta y redoblar la apuesta,
incluyendo la transferencia del transporte automotor de pasajeros, también sin
los fondos respectivos.
Ese proyecto
fue finalmente aprobado el 28 de marzo de 2012, a partir de la
sanción de la Ley
26.740, a
la que nos opusimos presentando una propuesta alternativa respetuosa de la Constitución Nacional,
el carácter autónomo de la
Ciudad de Buenos Aires y los derechos de los usuarios y
trabajadores/as.
En diciembre
pasado - en el marco de un nuevo acuerdo entre el PRO y el Frente para la Victoria - la Legislatura porteña
sancionó la Ley 4.472, a través de la
cual, las autoridades porteñas volvieron a aceptar el servicio de subterráneo y
premetro, sin que el Gobierno Nacional les transfiriera los recursos.
Esa norma de
setenta y ocho artículos, estableció la regulación y reestructuración del
Sistema de Transporte Ferroviario de Pasajeros de Superficie y Subterráneo en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (SUBTE), teniendo como objetivo la prestación idónea, eficiente y
de calidad del servicio público, la puesta en valor de las líneas ferroviarias
de superficie y subterráneas existentes, el desarrollo de la infraestructura
ferroviaria de superficie y subterráneas así como la seguridad operativa en la
prestación del servicio público.
Como
autoridad de aplicación, designó a SBASE poniéndola a cargo del desarrollo y la
administración del sistema de infraestructura del SUBTE, su mantenimiento y la
gestión de los sistemas de control de la operación del servicio. Asimismo,
declaró la emergencia en la prestación del servicio por el término de dos años.
Con el
supuesto fin de financiar el retiro de todo el subsidio nacional, incluyó el
incremento de los impuestos de patentes y de sellos, acompañado por el
posterior anuncio de un nuevo aumento de la tarifa, elevándola - a partir de
mediados de marzo de 2013 - a $ 3,50, que representa un crecimiento del 127%,
en tan sólo catorce meses.
Todos esos
recursos pasaron a integrar el denominado FONDO SUBTE, cuyo objeto exclusivo es
solventar los gastos corrientes de mantenimiento y explotación del servicio y
las obras de desarrollo, mejora y expansión.
En
consecuencia, el singular "ahorro" del Gobierno Nacional lo
terminaron pagando los porteños y quienes, sin serlo, utilizan el servicio de
subterráneo y premetro en la
Ciudad de Buenos Aires.
Para
retrotraer esta situación, consideramos fundamental mantener vigente el debate
y el reclamo por el cumplimiento efectivo del ya mencionado artículo 75º inc. 2
de la
Constitución Nacional.
Ese es el
sentido de la iniciativa que venimos a presentar que - para garantizar una
reasignación permanente de los recursos que el Gobierno Nacional destinaba
oportunamente a sostener el servicio de subterráneo y premetro - propone elevar
del 1,40% al 1,70%, la parte que recibe la Ciudad de los fondos coparticipables que le
corresponden a la Nación,
conforme lo dispuesto por el artículo 8° de la Ley 23.548 y el Decreto 705/2003.
Si se tiene
en cuenta que - por imperio de esas normas - la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, ha venido recibiendo en los últimos años, alrededor de $ 2.500
millones, ese 0,3% equivale aproximadamente a los $ 720 millones que alcanzaba
el subsidio.
Para evitar
que esos recursos sean afectados a otro fin por el Gobierno porteño, se dispone
su integración al FONDO SUBTE y se plantea como condición la revisión de los
aumentos impositivos y tarifarios dispuestos por el mismo.
En defensa de
los derechos de los usuarios de este transporte público que es de vital
importancia para la conectividad y el traslado en el Área Metropolitana de
Buenos Aires, urge que el Congreso Nacional revise lo actuado por él mismo en
contradicción con las disposiciones de nuestra Carta Magna.
