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El proyecto enviado por el Gobierno al Congreso incluye un capítulo referido a las compañías estatales o con participación del Estado que podrían pasar a manos privadas. Infobae relevó la cantidad de trabajadores registrados en cada una de ellas
La ley “Ómnibus” enviada por Javier Milei al Congreso, bautizada “Ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos”, incluye entre sus 664 artículos un capítulo específico referido a las privatizaciones de empresas estatales y sociedades de propiedad total o mayoritaria en manos del Estado. “Atendiendo la necesidad de concentrar la actividad del Estado en sus funciones esenciales, se dispone la privatización de determinadas empresas públicas, en el marco de la normativa al efecto vigente de la Ley N° 23.696 de Reforma del Estado, con el fin de generar mayor competencia y eficiencia económica, reducir la carga fiscal, mejorar la calidad de los servicios, promover la inversión privada y profesionalizar la gestión de las empresas”, fue la justificación que puede leerse en el mensaje que antecede el proyecto, firmado por Milei y sus nueve ministros.
Se trata de un total de 41 firmas y organismos, entre las que destacan YPF, Aerolíneas Argentinas, AYSA, Correo Argentino, Banco de la Nación Argentina (BNA), Energía Argentina SA (IEASA), Operadora Ferroviaria, Radio y Televisión Argentina (RTA), y Corredores Viales, entre otras. En total suman 134.027 empleados, según los datos relevados por Infobae de la Base Integrada de Empleo Público (BIEP) y distintas fuentes oficiales.
La gran mayoría son deficitarias, pero otras dieron ganancias en 2022 como es el caso de la petrolera estatal o el BNA. También resultaron con números positivos el año pasado la Administración General de Puertos, Nucleoeléctrica Argentina, Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), Vehículo Espacial Nueva Generación, Talleres Navales Dársena Norte (TANDANOR) e Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias, según un informe de la Fundación Libertad.
En el artículo 9 del extenso proyecto de ley que le entregó ayer el ministro del Interior, Guillermo Francos, al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se faculta al Poder Ejecutivo Nacional “a proceder a la enajenación de las participaciones accionarias o de capital del Estado Nacional y/o sus entidades en toda empresa privada, que no le otorguen la mayoría de capital social necesario para ejercer el control de tales entidades”. A su vez, en el artículo 37, se establece que “a los fines de las privatizaciones, se constituirán sociedades anónimas, en las cuales el Poder Ejecutivo Nacional podrá conservar una acción con derecho a veto en las decisiones que impliquen el cierre de la actividad”. De hecho, muchas de las empresas incluidas en el proyecto ya son sociedades anónimas y otras son sociedades del Estado. La gran pregunta es si habrá interesados en adquirir parte o todo del paquete accionario estatal de estas compañías.
El ranking de empresas públicas con más empleados incluidas en el texto de 351 páginas lo lidera la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado con 23.833 empleados. La empresa tiene a cargo las 5 líneas de trenes de pasajeros suburbanos, las 9 de larga distancia, 7 regionales y un ferrocarril entre la ciudad argentina de Posadas y la paraguaya de Encarnación. Este número no incluye al personal de Belgrano Cargas y Logística SA, que cuenta con otros 4.634 trabajadores, ni a la Administración De Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), con 707. El proyecto de ley ómnibus también menciona entre las sociedades estatales susceptibles de ser privatizadas a otras empresas vinculadas a los trenes: Ferrocarriles Argentinos SE, que cuenta con 74 empleados; Playas Ferroviarias de Buenos Aires SA, con 21; y la empresa Desarrollo del Capital Humano Ferroviario, una Sociedad Anónima de Participación Estatal Mayoritaria (SAPEM) sucesora de la empresa Administradora de Recursos Humanos Ferroviarios, creada para la capacitación de personal y el resguardo documental en materia ferroviaria.
La petrolera estatal YPF - que es una Sociedad Anónima y cotiza en Bolsa- es otra de las empresas con mayor números de trabajadores: 22.330. Le sigue el Banco Nación con 17.820 empleados en las 739 sucursales distribuidas en todo el país, a los que suma el personal de otras unidades de negocios como Nación Servicios, con 1.032; Nación Bursátil, con 33; Nación Reaseguros, con 20; Nación Seguros de Retiro, con 16; Pellegrini SA, una firma administradora de Fondos Comunes de Inversión, controlada por el Banco Nación y Nación Seguros.
El Correo Argentino, cuya red comercial está conformada por 3.300 puntos de venta en el territorio nacional y tuvo a cargo la distribución de las urnas y el material electoral en las elecciones, emplea a 16.967 personas en todo el país. Le sigue en el ranking Aerolíneas Argentinas, la empresa estatal de bandera que informó a principios de diciembre un superávit por primera vez de USD 32 millones - logrado luego de emitir deuda por USD 100 millones a través del estatal Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE)-, tiene 11.915 trabajadores. Milei había propuesto en la campaña que la aerolínea de bandera pasara a manos de los trabajadores, algo que los gremios rechazaron.
Por su parte Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA), a cargo de la provisión de agua y obras de red y cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires, cuenta con 7.788 empleados; y Corredores Viales SA, la empresa concesionaria de las rutas y autopistas nacionales que depende de Obras Públicas y Vialidad, emplea a otras 3.967 personas.
Nucleoeléctrica Argentina (NASA), la firma estatal generadora de energía eléctrica que opera las centrales nucleares del país, tiene en su planta 3.188 trabajadores. En tanto, la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), cuya función es controlar el tránsito aéreo y coordinar los servicios de información y comunicación aeronáutica para los vuelos, cuenta con 2.472 empleados.
Radio y Televisión Argentina - bajo cuyo paraguas operan Canal 7 y Radio Nacional - registra 2.446 empleados. En la campaña, Milei había adelantado que los privatizaría por considerar que eran “un mecanismo de propaganda” del gobierno de turno, sin embargo no dio precisiones si avanzará en ese sentido desde que llegó a la Presidencia. A su vez, la agencia estatal de noticias TÉLAM cuenta con 810 empleados, y Contenidos Públicos SE, la empresa estatal que conduce las señales de televisión Encuentro, Pakapaka, DeporTV y la plataforma Contar, con otros 245.
En el listado figuran además dos medios universitarios, Radio y Televisión de la Universidad de Córdoba SA, que tiene 283 trabajadores, y Radio de la Universidad Nacional del Litoral SA, con 62. Son los únicos dos medios universitarios del país que son sociedades anónimas desde 1979, para poder emitir publicidad por lo que, si bien tienen asignados una partida en el Presupuesto nacional, tienen otras vías de ingreso.
Yacimientos Carboníferos Fiscales, la empresa estatal que se dedica a la explotación, transporte y comercialización del carbón del Yacimiento Río Turbio, en Santa Cruz, también está en el listado de las empresas sujetas a privatización. Con 2.187 trabajadores, es conocida como Yacimientos Carboníferos Río Turbio, el nombre adoptado cuando había sido privatizada hasta pasar nuevamente a manos del Estado, que hoy la maneja a través de un interventor.
En el Anexo I del proyecto de ley figura, asimismo, Intercargo, la firma que ofrece servicios de rampas y asistencia en Ezeiza, Aeroparque y los principales aeropuertos del interior del país, cuenta con 1.673 trabajadores; Fabricaciones Militares, con 1.471; la Casa de la Moneda SE dedicada a la impresión de billetes, con 1.411; y la Fábrica Argentina de Aviones Brigadier San Martín SA (FADEA), ubicada en la ciudad de Córdoba, que emplea a 939 personas.
La Administración General de Puertos, que hoy cuenta con 782 empleados, es otro organismo estatal que podría privatizarse, así como la Empresa Argentina de soluciones Satelitales (ARSAT) que brinda servicios de transmisión de datos, telefonía y televisión por medio de infraestructura terrestre, aérea y espacial, y emplea a 777 personas.
En el proyecto también figura Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), que registra 504. Esta empresa es, sin embargo, controlada en un 60% por el gobierno de Catamarca, y en un 40% por la Universidad Nacional de Tucumán, en la que el Gobierno nacional designa el presidente. Por este motivo, el gobernador catamarqueño, Raúl Jalil, le dijo a Infobae que se puso en contacto con la secretaria de Minería, Flavia Royón, ya que “no podría ser privatizada”, ni ser convertida en una sociedad anónima al ser una firma interestadual. El mandatario adelantó que mandará un nota junto al rector de la Universidad de Tucumán, para “aclarar esta situación”. También sostuvo que es una “empresa de 60 años, que deja utilidades”.
En el Anexo I del proyecto de ley también figuran TANDANOR, talleres que emplean a 507 trabajadores; Vehículo Espacial Nueva Generación SA (VENG) la empresa aeroespacial argentina que cuenta con 470 empleados; y EDUC.AR, que tiene a cargo el portal educativo del Ministerio de Educación, con contenidos y recursos digitales para docentes y estudiantes, que tiene 464 personas en su planta.
Por su parte, Energía Argentina SA (ex ENARSA) tiene 374 personas en su planta de personal, y es la firma que se dedica a la exploración y explotación de hidrocarburos, su distribución, comercialización e industrialización de sus derivados, así como el abastecimiento y distribución de gas natural, y la generación y comercialización de energía eléctrica.
El listado de las 41 empresas sujetas a privatización incluyen a DIOXITEK SA, una empresa con 264 empleados creada en 1996 y dedicada a generar polvo de dióxido de uranio, utilizado para producir elementos combustibles que abastecen centrales nucleares que generan electricidad para millones de habitantes. También se dedica a producir fuentes selladas de Cobalto 60 que se utilizan para preservar alimentos, esterilizar insumos quirúrgicos para medicina, tratar residuos hospitalarios patogénicos y enfermedades cancerígenas.
El proyecto también menciona al Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE); la sociedad del Estado Construcción de Viviendas para la Armada Argentina (COVIARA), la desarrolladora perteneciente al Ministerio de Defensa de la Nación; la sociedad anónima Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias (INTEA), una empresa de capitales mixtos conformada mayoritariamente por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la Fundación ArgenINTA, cuyo objetivo es la generación de agronegocios basados en la comercialización de tecnologías, bienes y patentes de su propiedad; y el Polo Tecnológico Constituyentes SA, creado en 1998 en la localidad bonaerense de Villa Martelli e integrado por la Comisión Nacional de Energía Atómica, el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas, y el Servicio Geológico Minero.Infobae.com
