Se trata de la brasileña All Logística SA, que se hizo cargo en 1999 y por 30 años de los ex ramales Buenos Aires al Pacífico y el Ferrocarril Mesopotámico Urquiza. Sin embargo, informes de distintos organismos señalan que es “la firma que peor cuida el mantenimiento y la seguridad”. La UCR quiere que el Gobierno corte la concesión pero el oficialismo se hace el desentendido.
Trenes inseguros, antiguos, vetustos. Locomotoras que apenas pueden correr a 30 kilómetros por horas y vagones tirados a lo largo de la Mesopotamia. Desinversión y falta de mantenimiento de las vías y de los sistemas de seguridad. Cada uno de ellos, por separado, podría funcionar como un buen argumento para dar de baja una concesión. Pero no es el caso de ALL Argentina, empresa que explota las principales redes ferroviarias del país, y que, increíblemente es la responsable de todas las falencias antes nombradas.
La empresa tomó posesión por 30 años de los ex ramales Buenos Aires al Pacífico (BAP), y el Ferrocarril Mesopotámico Urquiza (Meso) en 1999 luego de que el Estado argentino, en 1993, había adjudicado ambos corredores a IMPSA. De capitales brasileños, la firma aquí divide sus negocios en ALL Central y ALL Mesopotámico. En Brasil sus brazos llegan desde el sur hasta el Mato Grosso. Según reza su página web “es la mayor empresa logística de América Latina”.
De todas maneras, y luego de la devastadora crisis de 2001, en 2007, se firmó una “Carta de Entendimiento” entre ALL, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Planificación y la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (UNIREN) por el cual se renovó el contrato de concesión.
A través de esa carta, la empresa se comprometió a destinar los cánones que tenía atrasados a inversiones a lo que sumaría el 9,5 por ciento de su facturación anual. En el nuevo acuerdo se fijó que el canon sería del 3 por ciento del total ganado por la empresa.
Sin embargo, según señalaron a LPO varios actores del negocio, la empresa nunca cumplió con la carta. Lo increíble del caso es que esa Carta llegó luego de un lapidario informe de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT) que, sencillamente, dice que ALL “es la empresa que peor cuida el mantenimiento y las condiciones de seguridad y cuenta con escaso personal idóneo abocado a las tareas”.
“A esto se suma el poco respeto del Concesionario a los pedidos de información y exigencias de reparaciones”, dijeron en 2005 desde la Gerencia de Seguridad de la CNRT.
Según los datos de la CNRT, ALL también es la empresa que más descarrilamientos tiene en su haber, unos 140 por año. En 2009 hubo 152 descarrilamientos. “A la empresa no le importan los vagones, cuando hay un vuelco, levantan la carga y corren los vagones rotos al costado. Los dejan ahí, y eso es una pérdida para el Estado”, contó un empresario del sector.
En ese sentido, en las diversas revisiones, se pudo observar vagones con el freno de mano inoperativo, paragolpes torcidos, zapatas de frenos y bogies con fallas, a pesar de que son esenciales para la seguridad en la circulación. Tampoco hubo demasiadas reparaciones: a fines del decenio pasado ALL sólo había hecho el 30 por ciento de los trabajos necesarios en las locomotoras que recibió por parte del Estado.
Además, de las audiencias previas a la Carta, se desprende que existe una significativa falta de mantenimiento en el tendido de los casi 8 mil kilómetros que explota ALL. Por caso, en el ramal mesopotámico la velocidad promedio para el transporte de carga era de 46,7 kilómetros por hora mientras que en la actualidad esta en 39 kilómetros. Para el transporte de pasajeros los números son parecidos, 49,5 km/h contra los 34,6 de ahora.
A estos datos se le suma un informe “reservado” de la Auditoría General de la Nación de 2010 que sería tan devastador como los anteriores. Por lo pronto, pese a los llamados de LPO, en ALL nadie del sector de prensa respondió.
Pedido radical
Con todo, el radicalismo está impulsando un proyecto de resolución para que el Poder Ejecutivo “disponga de forma inmediata la rescisión del contrato” con ALL. La iniciativa es impulsada por el diputado por Corrientes Rodolfo Fernández y según dijeron desde su entorno contaría con el respaldo de otros legisladores opositores de Entre Ríos y Misiones. De todos modos, no pasaría el filtro del oficialismo porque “no están interesados en tratar el tema”.
“Es inconcebible que a pesar de no cumplir con sus obligaciones contractuales las empresas sigan operando y explotando el servicio”, remarcó Fernández.LaPoliticaonline
