¿EL EX CONCESIONARIO DEL ROCA DEFRAUDÓ AL ESTADO?

El fiscal federal Sergio Delgado pidió que el empresario Sergio Taselli vaya a juicio oral y público por la presunta comisión del delito de "administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública" por unos 35 millones de dólares.

El fiscal federal Sergio Delgado pidió que el empresario Sergio Taselli vaya a juicio oral y público por la presunta comisión del delito de "administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública" por unos 35 millones de dólares, cuando tuvo a su cargo la concesión del ferrocarril Roca, entre 1994 y 2002.

Señor Sergio Taselli

Fuentes judiciales informaron que Delgado así lo requirió al presentar un escrito ante la jueza Federal María Servini de Cubría, y en el que también pidió que afronten un juicio el otro ex titular de la concesión del Roca, Juan Carlos Loustau Bidart; y cuatro ex funcionarios de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). Además, pidió que se investigue a los "funcionarios responsables de la Secretaría de Transporte en el período indicado".

Para Delgado, "en la causa se inspecciona una maniobra llevada a cabo por funcionarios de la CNRT, quienes en connivencia con directivos de la firma Trenes Metropolitanos General Roca (TMGR), perjudicaron administración pública durante el desarrollo del contrato de concesión de la ex línea Roca de ferrocarriles celebrado entre el Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos y la mencionada empresa el 28 de diciembre de 1994". Delgado acusó a ex funcionarios de la CRNT por presunta "pasividad a la hora de controlar la actividad del concesionario".

La "falta de mantenimiento del material rodante; en particular, la ausencia o rotura de vidrios, asientos, apoyabrazos y puertas. Abandono progresivo del sistema de señalización, pérdida funcional de las estaciones; la falta de inversión para la renovación y mantenimiento de los andenes, vías y formaciones; así como también por la existencia de personal de conducción prestando funciones con aptitud médica vencida, certificados de habilitación técnica vencidos", son algunas de las irregularidades que encontró el fiscal.

"A la par, y desde el lugar empresarial se percibió la tarifa y una cuantiosa suma de dinero desde el sector público en concepto de subsidios e inversiones del Estado Nacional", recordó el representante del Ministerio Público Fiscal. En la investigación -según el fiscal- "se probó un solo interés de la empresa concesionaria TMGR SA: obtener ingresos por tarifas y subsidios, pero desinteresarse por brindar un servicio al que se habían comprometido al firmar el contrato de concesión".

"Sobre 134 coches relevados, el 80 por ciento presenta los asientos deteriorados, faltantes rotos o en falta de funcionamiento, situación que se repite con el 14 por ciento de ventanillas, el 55 por ciento de iluminación y el 10 por ciento de las puertas.

En el Roca Remolque, del 97 por ciento de coches relevados, se verificó deterioro, faltantes o roturas en el 58 por ciento de los asientos, 100 por ciento de ventanillas, 72 por ciento en iluminación y 100 por ciento en puertas", ejemplificó Delgado. "En el Roca Constitución-La Plata, del total de formaciones que integra ese servicio, se detectaron deteriorados, rotos o faltantes en 16 por ciento de los asientos, 23 por ciento de ventanillas, 34 por ciento de iluminación y un 11 por ciento en puertas", añadió.(Fuente: Diario Jornada)

PROCESARON A UN EMPRESARIO K

Sergio Taselli fue acusado de incumplir el contrato por la concesión del Roca.

La Sala I de la Cámara Federal porteña procesó al empresario Sergio Taselli dueño de la empresa Trenes Metropolitanos General Roca y a los miembros de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) entre 1996 y 2002 por el delito de administración infiel agravado en perjuicio del Estado. Todos fueron procesados por el modo en que se prestó el servicio del Ferrocarril Roca en ese período.

Empesario Sergio Tasselli

Los jueces Jorge Luis Ballestero y Eduardo Farah revocaron un sobreseimiento dictado por la jueza María Servini de Cubría que había sido apelado por el fiscal Federico Delgado. Delgado había atribuido “a los responsables de la empresa un flagrante incumplimiento de las obligaciones a su cargo (materializado, por ejemplo, en la falta de mantenimiento del material rodante y de las estaciones, deterioro de coches y vías, falencias en las condiciones de seguridad, inexistencia de estructuras de señalización reglamentarias, entre muchas otras anomalías) y a los representantes del organismo público haber violado durante el seguimiento del contrato los deberes de contralor que se encontraban establecidos tanto en el estatuto de la repartición como en el contrato de concesión”.

La denuncia se realizó en el año 2002 y se investigaron hecho ocurridos desde 1996. Las falencias en el servicio siguieron y se agravaron y recién en 2007 el ex presidente Néstor Kirchner ordenó rescindir el contrato de explotación que tenía Taselli, un empresario que, a pesar de la terminación del contrato, mantiene una buena relación con el kirchnerismo.

La Cámara procesó a los empresarios de Metropolitanos Taselli y Juan Carlos Lousteau Bidaut y a los ex funcionarios que estuvieron a cargo de la CNRT en el período analizado: Roberto Alfredo Ciappa, José Emilio Bernasconi, José Antonio Recio y Jorge Telmo Pérez. Para los camaristas, los empresarios fueron los autores de la defraudación y los funcionarios partícipes necesarios.

El tercer juez de la Sala I de la Cámara Federal porteña Eduardo Freiler no firmó la resolución debido a que al inicio del expediente había sido el fiscal del caso. La fiscalía basó su acusación contra los empresarios por el “flagrante incumplimiento” de las condiciones de la concesión. Los camaristas tomaron los argumentos de la fiscalía, leyeron todo lo que había en el expediente y concluyeron que hubo “connivencia” entre los funcionarios de la CNRT y Trenes Metropolitanos ya que, ante las evidentes falencias en la prestación del servicio, tan solo se limitaron a multar a la empresa.

La Cámara aseguró que “existen razones concretas para concluir que las condiciones del servicio de transporte, lejos de mejorar conforme a las expectativas que habían impulsado la suscripción del contrato de concesión, empeoraron de un modo alarmante mientras estuvieron en manos de la empresa explotadora”. Los camaristas, además de criticar cómo se manejó el Roca, pidieron investigar a las autoridades de la Secretaría de Transporte porque la responsabilidad no puede ser cargada solo a los funcionarios de la CNRT. Estos tenían la obligación de controlar cómo se brindaba el servicio del Roca.(Fuente y foto: iEco)