Compra de trenes en España: documentación que llegó desde Madrid complica a Ricardo Jaime

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El juez Ercolini recibió información de España donde se ratifica que el testaferro de Jaime cobró coimas que pagó el Estado argentino. Se gastaron 220 millones de euros en material en malas condiciones.

Ricardo Jaime las hizo todas cuando fue secretario de Transporte del kirchnerismo. Recaudó dinero para su estructura partidaria y para consumo personal. Y por eso lo procesaron por enriquecimiento ilícito. Recibió coimas de empresarios a los que debía controlar y por eso debería ir algún día a juicio oral y público.

Pero además fue la cara visible de la compra de material rodante en España y Portugal. Hicieron esa compra-entre 2004 y 2010- con la promesa de modernizar el sistema ferroviario urbano. Iban a mejorar la forma en que se viajaba. Nada de eso sucedió. Por lo menos hasta después de la Tragedia de Once.

Sin embargo se realizó una compra millonaria de material viejo, que debía ser adaptado a la infraestructura argentina y que quedó arrumbado en las vías de Buenos Aires y sus alrededores. Según la Auditoría General de la Nación (AGN) se gastaron en esas operaciones una cifra cercana a los 220 millones de euros. Al cambio de hoy son unos 280 millones de dólares.

Por ejemplo, cada coche del Sarmiento, comprado en China, luego de que en la Tragedia de Once se produjeran 51 muertes y más de 700 personas resultaran heridas, costó cerca de 1,5 millones de dólares. Es decir que con el dinero despilfarrado por el kirchnerismo en la compra a España y Portugal se pudieron haber adquirido 186 coches similares a los novísimos traídos de China para iniciar la siempre demorada mejora del Sarmiento.

La AGN descubrió que el 44 por ciento de los coches y locomotoras están en desuso -es decir que ni siquiera pudieron ser reparados- y que se pagaron sobreprecios de entre un 117 y 171 por ciento. Y detectó numerosas irregularidades más.

A partir de ese lapidario informe de la AGN, legisladores radicales hicieron una denuncia judicial. La causa por administración fraudulenta y sospecha de coimas, quedó en manos del juez Julián Ercolini. El fiscal del caso, Federico Delgado, había pedido la indagatoria de todos los involucrados en el expediente.

Hace unos días llegó información desde España que alimenta el expediente en manos de Ercolini y empuja la causa hacia las definiciones. La justicia española envió nuevamente la copia de los contratos firmados entre Argentina y España.

Ya los había enviado para una causa judicial que tenía el juez Norberto Oyarbide y que fue anulada debido a que la maquinaria judicial del kirchnerismo desestimó como pruebas los mails hallados en las computadoras de Manuel Vázquez asesor y testaferro de Jaime. La inacción de Guillermo Noailles, fiscal de Investigaciones Administrativas, permitió que los mails no fueran tomados como evidencia de la corrupción pura y dura que reinó en la Secretaría de Transporte durante los primeros seis años del kirchnerismo.

La documentación llegada recientemente desde España ratifica varios hechos de corrupción que habían quedado al descubierto a partir de los mails de Vázquez:

- Que Jaime escribió una carta para autorizar ante las empresas estatales españolas el pago de comisiones (coimas) a CAESA y CYAES, las consultoras de Manuel Vázquez, su empleado y testaferro. Es decir que Jaime le cargó al Estado argentino -que pagó la cuenta- las coimas que cobró él mismo a través de Vázquez.

- Que el pago de las comisiones cobradas por intermediarias que no eran necesarias porque era un acuerdo de Estado a Estado, quedó establecido en los contratos firmados por Argentina y España.

- Que la consultora -sin empleados- del testaferro de Jaime -Vázquez- emitió facturas por las comisiones –coimas- por algo más de 2 millones de euros que fueron cobrados religiosamente. Y que pagamos todos los argentinos.

Con toda esa información disponible, según fuentes judiciales, Ercolini estudia los llamados a indagatoria de los involucrados. Entre ellos están Jaime, Vázquez y tal vez otros ex funcionarios o funcionarios públicos que tuvieron responsabilidad en el desfalco realizado bajo la promesa de cambiar el transporte ferroviario de la principal zona urbana del país. Proceso que comenzó recién en 2012, después de la Tragedia de Once.InfoBae.com