SUBTE: AUDITORÍA REVELA IRREGULARIDADES DEL PRO EN AUMENTAR A $ 3,50

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La Auditoría General de la Ciudad señaló fallas en los mecanismos para establecer la "tarifa técnica" y advirtió que las previsiones operativas sumaron 455 millones de pesos. Números en rojo y la denuncia por falta de inversiones.

Desde principios de 2012, cuando empezaron los tironeos entre la Casa Rosada y el gobierno de la Ciudad por la transferencia del subte, el costo del viaje para un millón de usuarios diarios arrancó un recorrido de aumentos que todavía no ha terminado. Del valor histórico de 1,10 pesos, vigente hasta enero de 2012, pasó a costar 2,50 apenas el jefe de gobierno, Mauricio Macri, firmó el acuerdo de traspaso con la Nación que luego rechazó.

El gobierno porteño prepara un nuevo tarifazo.

Han pasado casi dos años desde entonces: la gestión PRO aceptó el traspaso, pero la semana pasada, la justicia porteña autorizó un nuevo incremento del 40% para llevar el boleto a 3,50. El aumento, dijo el juez Pablo Mántaras, se puede realizar apenas se implemente una tarifa social, porque el Estado porteño ya cumplió con uno de los requisitos fijados por la Ley 4722 para hacerlo, es decir, establecer la famosa "tarifa técnica", el resultado de sumar todos los gastos operativos de la red y dividirlos sobre el total de pasajeros que pagaron el servicio en el año.

Se trata del precio que debería pagar el pasajero si el Estado no subsidiara una parte del costo. Esa ecuación fue realizada por primera vez el 28 de junio y fijó el valor del boleto en 7,47 pesos, cinco pesos por encima del boleto que actualmente pagan los pasajeros. Por ahora, ese  es el último destino al que treparía el boleto si la Ciudad dejara de subsidiar el 53 % del costo.

Sin embargo, un  informe de la Auditoría General de la Ciudad, que ingresó el jueves pasado a la Legislatura porteña, revela que los costos oficiales del subte porteño, concesionado desde 1994 a la empresa Metrovías (del Grupo Roggio), tiene agujeros negros, donde resulta imposible sostener una tarifa técnica de $ 7,47.

El documento que refuta la estructura de costos diseñada por la empresa pública Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE) es la revisión "integral" que estableció la Legislatura a fines del año pasado, cuando sancionó la Ley 4472, que exige una auditoría, en un plazo máximo de diez meses, sobre recursos humanos, patrimoniales, estados contables, legales, planes de obras, infraestructura y gestión del servicio.

La fecha final para entregar esas conclusiones fue prevista para el jueves 31 de octubre y ese mismo día la AGCBA presentó el informe 1.13.15, donde sostiene que SBASE definió una tarifa técnica "incorrecta" por incluir costos que no están previstos por la Ley 4472. "Esto podría derivar en que el gobierno porteño subsidie gastos de mantenimiento y depreciación del material rodante e infraestructura y que Metrovías termine aplicando esos montos a la operatividad del servicio, con el agravante de que la depreciación no implica erogación alguna de fondos", advierte la página 124 del documento, como una  forma certera de señalar la existencia de presuntos costos inflados, o llamativamente abultados, que cargan sobre las espaldas de los usuarios montos que la ley no contempla.

La prueba, dicen los auditores que revisaron los estados contables de Metrovías, es que "si se restan los costos de depreciación y mantenimiento, la tarifa técnica sería de 5,67 pesos" y descendería a los $ 4,89, si el cálculo se hace sobre los 250 millones de pasajeros que contabiliza SBASE, y no sobre los 236 millones que estimó la Comisión Nacional Reguladora del Transporte (CNRT).

A la luz del decreto porteño que subió la tarifa técnica a $ 7,47 en junio, el hallazgo de la auditoría, concluida hace una semana, revela que el estado capitalino, a través de SBASE, decidió agregar unos 455 millones de pesos (en concepto de gastos de mantenimiento y depreciación  de material rodante) al cálculo final de un costo operativo que, de ese modo, llegó a los 1868 millones anuales, cuando debería ser un 24% menor. El jueves pasado, mientras ingresaba el informe a la Legislatura, el juez Mántaras habilitó el tercer aumento sobre el boleto, luego de verificar que la comuna había definido la tarifa técnica. En marzo le había dado la razón al legislador del MST Alejandro Bodart y se negó a permitir una nueva suba. Resistió seis meses de presiones para destrabar el aumento, hasta que el jueves el titular del tercer juzgado contencioso cerró el caso y evitó investigar la composición de los costos operativos del subte, una materia que la Auditoría porteña indagó en el informe al que accedió Tiempo Argentino en exclusiva.

NÚMEROS ROJOS

El año pasado fue uno de los años más complejos para la historia del subte, por el paro más largo que vivió el servicio desde 1913, pero el conflicto entre Nación y Ciudad no sólo trajo zozobra por el tironeo que llevó más de un año. También permitió orientar la atención pública sobre la caja de subsidios públicos sobre el subte que originalmente fueron pagados por el gobierno nacional y actualmente paga el porteño. Hoy, son 690 millones de pesos al año que Metrovías cobra de fondos porteños por operación y mantenimiento, aunque la concesionaria del Grupo Roggio sostuvo que el año pasado cerró su balance con pérdidas. La auditoría comprobó que esos números rojos fueron de 23,1 millones de pesos, pero dos años antes, cuando comenzó el tironeo a los dos lados de la Plaza de Mayo a fines de 2010, Metrovías tuvo un saldo positivo de 35,8 millones y, poco antes que la presidenta Cristina Fernández le pidiera un "esfuercito" a Macri, el directorio de la concesionaria decidió distribuir ganancias por 149,4 millones. En 2011, esos resultados siguieron siendo positivos con 6,3 millones. En esos mismos tres años, de reservas holgadas y ganancias dispares, Metrovías recibió subsidios públicos por 633 millones en 2010,  786 millones en 2011 y 997 millones en 2012.

En los números del año pasado, cuando Metrovías dice haber perdido dinero, los auditores detectaron que hubo ingresos por 1316 millones, con 36 millones por explotaciones colaterales y otros 32 millones por obras pagadas con fondos públicos. Luego de exhumar esa radiografía,  el informe revela que "durante los años 2010 a 2012 la empresa no ha invertido fondo alguno en obras de infraestructura y solamente se ha dedicado a mantener operativo el servicio", con  un "nivel de subsidios que representó un 147% más que la recaudación por la tarifa en ese mismo período". Pero el capítulo de "ingresos por inversiones" recuerda que, en ese mismo período, la empresa recibió 188,2 millones de la Secretaría de Transporte de la Nación, pero finalmente esos fondos fueron a gastos operativos.

Respecto a la explotación de los bienes públicos, de los tendidos de fibra óptica y de los alquileres, la concesionaria se embolsó de 25,4 a 38,6 millones, pero el informe concluye que "en el aspecto patrimonial la empresa no ha reflejado en sus estados contables, los bienes en custodia afectados a la explotación del servicio, pero sí contabilizó gastos relacionados por 148,4 millones de pesos" durante el mismo período. Este año, tras la transferencia de Nación a Ciudad, la Comuna le renovó el contrato a Metrovías hasta 2015, pero le quitó la caja de esos servicios colaterales.

En la estructura de costos, la investigación detectó que en estos tres años, los gastos de personal crecieron un 20%, pero los gastos de material bajaron el mismo porcentaje. Aun así, la empresa sostiene que las remuneraciones del personal implican un 75% de los costos operativos, mientras que SBASE consideró una incidencia total del 57,82 por ciento.

La intimidad financiera de Roggio no termina ahí. Respecto al canon que Metrovías tuvo que pagar al Estado nacional por la concesión, la auditoría denuncia que en 2010, 2011 y 2012 la empresa no pagó ese monto y no realizó las obras del plan de inversiones, aunque los estados contables exponen ese canon como un gasto pagado. Luces y sombras de un sistema de contabilidad creativa cargado de fondos públicos y ganancias privadas, donde las pérdidas corren a cuenta de los usuarios, que  disminuyeron un 30% el año pasado pero duplicaron los reclamos por la pésima calidad del servicio. InfoNews.