lunes, 26 de noviembre de 2012

ACCIDENTE FERROVIARIO OCURRIDO EN LA ESTACIÓN DE ONCE EL DIA 22 DE FEBRERO DE 2012 EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. REGIMEN INDEMNIZATORIO A FAVOR DE LAS VÍCTIMAS O SUS DERECHOHABIENTES


ACTUALIDAD

Redacción CRÓNICA FERROVIARIA

Se encuentra en la Comisión de Transporte de la Honorable Cámara de Diputados un proyecto de Ley solicitando un Régimen Indemnizatorio a favor de las víctimas o sus derechos habientes del accidente ferroviario ocurrido en la estación Once de Septiembre el día 22 de Febrero de 2012 en la C.A.B.A.

Dicho trámite recayó en el Expte. 8123-D-2012 del 16 de Noviembre del corriente año, siendo la firmante de dicho proyecto de ley por los siguientes Diputados Nacionales: Ricardo Buryaile (UCR - Formosa); Francisco De Narvaez (Frente Peronista - Buenos Aires); Victoria Analía Donda Pérez (Libres del Sur  - Buenos Aires); Gustavo Alfredo Horacio Ferrari (Frente Peronista - Buenos Aires); Olga Inés Brizuela y Doria de Cara ( UCR - La Rioja); Víctor Norberto De Gennaro (Unidad Popular - Buenos Aires); Fabián Dulio Rogel (UCR - Entre Ríos); Juan Pedro Tunessi (UCR - Buenos Aires); Julio César Martínez (UCR - La Rioja); Ricardo Rodolfo Gil Lavedra (UCR - CABA); Victor Hugo Maldonado (UCR - Chaco); Manuel Garrido (UCR - CABA); Ricardo Luis Alfonsín (UCR - Buenos Aires); Pablo Gabriel Tonelli (PRO - CABA).



Fundamentos

El accidente ocurrido el 22 de febrero pasado en la estación de trenes de Once, en la que una formación del Ferrocarril Sarmiento impactara contra el andén de la estación terminal, provocando un total de 51 muertos y más de 700 heridos, conmocionó a todos, convirtiéndose en la tragedia ferroviaria más grande de la historia de nuestro país.

Los motivos del accidente aún están investigándose, pero sin duda la ausencia total del control por parte del Estado, y la poca transparencia en la gestión por parte de su concesionario, la compañía Trenes de Buenos Aires, hacen indiscutible la responsabilidad del Estado Nacional en éste trágico acontecimiento.

Ya en el año 2008, la Auditoría General de la Nación, elevó un informe en el cual se detallan las graves falencias del sistema ferroviario de transporte en nuestro país, y particularmente de la línea sarmiento, que atentan directamente a la seguridad de los pasajeros y trabajadores del tren.

Este informe no tuvo respuesta por parte de la empresa concesionaria, ni de la Comisión de Nacional de Regulación de Transporte, que no tomó medidas tendientes a subsanar la gravedad de esta situación.

Este accidente no es un hecho aislado, por el contrario, se enmarca en una trágica serie de siniestros ocurridos en los últimos años, en los cuales el deterioro del material rodante es el factor común.

Las tragedias son evitables. La imprudencia y la desidia con la que actuó el gobierno nacional en los últimos años en todo lo relacionado a transporte de pasajeros pudo haberse evitado, es por ésta razón que este accidente fue una tragedia que ocurrió como consecuencia del accionar negligente de los funcionarios. Hoy no deberíamos estar lamentando las consecuencias de un hecho que nunca debería haber sucedido.

Es incuestionable la responsabilidad del Estado Nacional, tanto por no haber hecho efectivas las sanciones, como por no haber rescindido el contrato a tiempo, y por sobre todas las cosas, por no haber exigido a la empresa concesionaria la prestación de un servicio seguro y eficiente para los usuarios.
Es por todo ello, que la reparación para las víctimas del accidente es de fundamental importancia en orden a que el Estado nacional haga efectiva su responsabilidad por los daños originados en tan gravísimo hecho.

En este sentido, el presente proyecto tiene el objeto de otorgar una reparación pecuniaria que, con causa en la responsabilidad del Estado nacional, corresponde pagar a los derechohabientes de las personas fallecidas y a quienes hubieran sufrido lesiones graves o gravísimas en ocasión del accidente ferroviario de la formación SARMIENTO ocurrido en la estación de Once, hayan o no iniciado juicio por daños y perjuicios contra el Estado nacional.

Así, se intenta responder de modo general a legítimos reclamos judiciales individuales y a la expectativa de un sector importante de la sociedad en relación a las respuestas pendientes del Estado argentino.

Sin embargo, esta será una ley de reparación parcial, ya que no será suficiente a los efectos de una reparación integral. Queda pendiente aún el esclarecimiento de los hechos y la sanción de los responsables para que el Estado otorgue una debida respuesta a la tragedia.

Con respecto a las indemnizaciones previstas, consideramos conveniente adecuar los montos previstos a la política reparatoria que se ha dado desde el Estado Nacional en las demás leyes reparatorias (ley 24.411 sobre desaparición forzada de personas y 25.914 víctimas menores de edad durante la vigencia del terrorismo de estado).