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Se trata de
una causa iniciada por una denuncia realizada por el entonces secretario de
Transporte Juan Pablo Schiavi ante el juez federal de Quilmes, Luis Armella,
quien había procesado a los cuatro manifestantes por el delito de extorsión e
interrupción a los medios de transporte.
Los
procesados eran Jorge Darío Hospital, Omar Esteban Merino, Eduardo Belliboni y
Miguel Omar Morales, cuyos procesamientos fueron apelados por la abogada
Claudia Ferrero.
"La
decisión debe ser revocada, pero el hecho merece una mejor descripción, que
debe comenzar con la referencia a una constelación de circunstancias no
reflejada en este expediente, pero cuya pública notoriedad obliga a no
desatenderla si no se quiere resolver a espaldas de lo que todo el mundo conoce",
sostiene el fallo al que accedió Noticias Argentinas, mediante el cual la Cámara Federal de La Plata sobreseyó a los cuatro
integrantes del PO.
En ese
sentido, los jueces tuvieron en cuenta que antes de esa manifestación, y tras
el crimen del militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra, hubo una reunión
con autoridades y la empresa en la que se acordaron varios puntos, entre ellos,
el pase de tercerizados a planta permanente en el ramal Roca.
"La
falta de cumplimiento de lo acordado en las resoluciones anteriores y en los
plazos allí establecidos impulsó a las personas afectadas a realizar, el día 23
de diciembre de 2010, a
las 11:30, una nueva manifestación en las vías próximas a la estación de
Avellaneda", señaló en su voto Leopoldo Schiffrin.
En ese
sentido, rechazó que haya existido intimidación, puesto que "los
manifestantes jamás exigieron la firma de documento alguno ni a UGOFE S.A. ni
al Ministerio de Trabajo, sino el cumplimiento de un acuerdo celebrado en la
sede del Ministerio de Trabajo entre la UGOFE S.A. y FFCC Belgrano S.A., por un lado, y
las empresas subcontratadas, por otro, cuyos plazos estaban vencidos".
"Es
preciso subrayar que las manifestaciones en la vía pública forman parte del
derecho de reunión y pertenecen a la esencia del sistema de gobierno
constitucional y republicano".
Además, el
Tribunal criticó al juez Armella por basarse casi exclusivamente como prueba
para procesar a los manifestantes en la denuncia presentada por el gobierno
nacional y en actas policiales.InfoBae
