Facturas truchas: empresas concesionarias y de obra pública, en la mira de la AFIP

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La lista de firmas que apelaron a papeles apócrifos involucra a TBA, Ferrovías, Metrovías, Aeropuertos 2000 y el Grupo Plaza, entre otras. Todas recibieron subsidios

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) denunció por el uso de facturas apócrifas para eludir impuestos a ex concesionarias de trenes, al concesionario del subte porteño Metrovías y a empresas contratistas del Estado.

Así consta en el listado de 1200 empresas investigadas por utilizar facturas apócrifas que presentó el lunes el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, en conferencia de prensa. Si bien la lista incluye causas desde el año 2000, la mayoría de las causas que involucran a ex concesionarias corresponden al período 2005 - 2009.

Ricardo Echegaray (AFIP)

Las ex concesionarias de trenes aparecen en el listado de usuarios de facturas apócrifas son: Trenes de Buenos Aires (TBA), de los hermanos Cirigliano, ex concesionaria de las líneas Mitre y Sarmiento, y Metrovías, la firma del Grupo Roggio que opera las líneas de subterráneos, actualmente bajo el control del gobierno de la Ciudad. También figuran entre las firmas investigadas el taller Emfer, de los Cirigliano, y otras empresas vinculadas al sector.

Incluso aparece en el listado la Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia SA (Ugofe), la firma conformada por Metrovías, TBA y Ferrovías en partes iguales para operar las líneas San Martín, Roca y Belgrano Sur a medida que los concesionarios de esos ramales iban cayendo por sus respectivos incumplimientos.

Todas estas firmas recibían y administraban subsidios del Estados Nacional, bajo la supervisión de la Secretaría de Transporte, entonces bajo la órbita del Ministerio de Planificación de Julio De Vido. Según denunció el ex legislador porteño Rafael Gentili, las distintas concesionarias tercerizaban servicios con otras empresas propias para girar sin control esos dineros públicos.

Emfer y Metrovías aparecen denunciados como usuarios de facturas apócrifas en la causa 1705/05, de 2005. Se trata de la megacausa conocida como "Di Biase Antonio y otros", por la cual se realizaron casi 400 allanamientos y se detectaron más de 600 usuarios de facturas ilegales. Con esta investigación se destapó el caso Skanska y la AFIP ya logró una condena efectiva.

La Ugofe aparece investigada en la causa 330/06, llamada "Sislian", radicada en el Juzgado Nacional en lo Penal Tributario Nº 3. TBA y Metrovías están siendo investigadas en la causa "Red Velvet", que tramita en el mismo juzgado.

En la causa 1705/05 también aparecen el Grupo Petersen, ex accionista de YPF y jugador destacado en la obra pública en los primeros años del kirchnerismo. Y Aeropuertos Argentina 2000, la empresa de Eduardo Eurnekian que administra la red de aeropuertos del país. En la causa 330 figura Correo Argentino S.A., la empresa estatizada en 2003. También figuran concesionarias de la red vial del país, como las metropolitanas Autopistas del Sol (Acceso Norte) y Coviares (ex Buenos Aires La Plata). La operadora de ómnibus Transporte Automotor Plaza (Grupo Plaza, de Cirigliano), que también recibe subsidios, es investigada en la causa 18/2011, llamada "Suris Ignacio y otros s/ asociación ilícita".

A estas empresas se suman las compañías de Lázaro Báez denunciadas por el uso de facturas apócrifas, como la constructora Gotti.

El uso de facturas apócrifas puede ser un intento de elusión impositiva, afirmó el lunes Echegaray. El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, dijo ayer que su uso implica "estrategias de evasión fiscal", aunque consideró que es "un claro concepto de corrupción en el sector privado".Cronista.com

LA EMPRESA FERROVÍAS SAC RECIBIÓ CASI 1.500 MILLONES DE PESOS DE SUBSIDIOS

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Entre 2003 y 2011, la empresa Ferrovías recibió subsidios del Estado por $ 1.463.001.812,12, pero un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) indica que hay dos organismos que no pueden determinar si esas ayudas económicas fueron razonables o no.

La empresa que une Retiro con Villa Rosa recibio envíos de dinero entre 2003 y 2011; en ese período, la concesionaria pidió 17 veces que le aumenten las transferencias, la mayoría fue para gastos en personal. La AGN descubrió que en los controles de la Secretaría de Transporte y la CNRT sólo hay “cálculos aritméticos” sobre esos montos, pero no se dice, por ejemplo, si los reclamos de la compañía fueron justificados. La demora que costó $ 291 millones.

Ferrovías explota desde 1994 la línea que une Retiro con Villa Rosa y los entes estatales encargados de chequear, entre otras cosas, los subsidios que se le transfieren a la firma son la Secretaría de Transporte de la Nación y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).

Los subsidios en detalle

El contrato entre Ferrovías y el Estado Nacional establece que “se procederá a la redeterminación de la tarifa propia, subsidio o canon, cuando alguna de las partes invoque, fundadamente, un incremento o una disminución (de costos) superior al 6% en cualquiera de los subrubros de la explotación”.

La Auditoría dice que entre 2003 y 2011, la empresa pidió que le aumenten las transferencias de dinero unas 17 veces, y que en ese lapso “el monto de subsidio de explotación mensual se vio incrementado en un 445,13% como consecuencia de las sucesivas redeterminaciones”.

Además, de esos casi $ 1.500 millones enviados, la mayoría se destinó al “aumento de gastos en personal, ya sea por incrementos salariales o por incorporación” de empleados.

En cuanto a cómo impactaron esas ayudas económicas en los números de Ferrovías, la AGN detalló que “en 2004 los subsidios representaban el 66,96% de los ingresos de explotación”, es decir que de cada tres pesos que recaudó la empresa, dos llegaron desde las arcas del Estado Nacional. Ya para 2011 “ese porcentaje pasó al 83,82%”, completa la investigación, y añade que el subsidio por pasajero transportado registró un aumento del 197,53% entre 2004 y el año pasado.

De controles y debilidades

“La mayoría de los reconocimientos correspondientes a ajustes en el rubro Personal se han realizado apartándose del procedimiento establecido en la normativa”, afirma la AGN que, asimismo, observó “debilidades en los controles llevados a cabo en el proceso de redeterminación de subsidios por las áreas técnicas y de asesoría de la Secretaría de Transporte y de la CNRT”.

Por ejemplo, la CNRT elaboró informes técnicos en los que, según la Auditoría, “solo se contempla la verificación de los cálculos aritméticos, sin expedirse con relación a la aplicación de la metodología vigente, la procedencia de los reclamos (de Ferrovías) y si los mismos resultan razonables en función del nivel de actividad de la explotación”.

El trabajo de la AGN también afirma que, si bien la mayoría de los pedidos de subsidios fueron por el aumento de gastos de personal, “en los controles que hace la Secretaría de Transporte se omite verificar fehacientemente que la totalidad del personal incorporado realice las tareas que justificaron su incorporación”.

Pero hay una tercera oficina pública que también llamó la atención de los auditores. Se trata de la Jefatura del Gabinete de Asesores de la Subsecretaría de Transporte Ferroviario. En los informes emitidos desde esta área se detectaron “cálculos aritméticos erróneos, sin respaldo documental y donde no se explica el criterio por el cual no corresponde reconocer mayores costos solicitados por el concesionario”.

El tiempo es dinero

La investigación de la Auditoría explica que el organismo encargado de resolver los reclamos de las concesionarias, en este caso Ferrovías, es la Secretaría de Transporte de la Nación. Según el contrato vigente, el tiempo establecido para responder los pedidos de la empresa es de 30 días. Sin embargo, el organismo de control detectó “demoras” que generaron un “crédito en concepto de intereses y a cuenta de lo que surja de la renegociación, que podrían haberse evitado, de cumplir con los plazos previstos en la normativa aplicable”. Por ejemplo, en nueve de los 13 expedientes analizados por la AGN “se verificó que transcurrieron entre 103 y 292 días corridos entre la nota de Ferrovías solicitando el reconocimiento de mayores costos y la resolución respectiva que los aprueba. Tal situación  implicó que se pagaran en concepto de retroactivo e intereses $ 291.647.670,11 desde enero 2003 hasta octubre 2011”.

Esta situación fue observada incluso por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), que en sus informes sobre el sistema de control interno del período 2007-2010 alertó: “Las demoras incurridas en el trámite de algunos expedientes han generado un perjuicio económico para el Estado Nacional por el pago de intereses o actualizaciones”.

La elipsis de la AFIP

Por otra parte, la Auditoría nacional verificó que, sobre los subsidios analizados no se efectuaron las retenciones previstas por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), en concepto de Impuesto a las Ganancias. El dato fue confirmado por la propia Ferrovías.

El tema es que, como tampoco existe ninguna reglamentación que establezca que las ayudas económicas están exentas de esa retención, la AGN le consultó a la AFIP si esos subsidios deben ser alcanzados por sus normativas. Y el organismo recaudador respondió: “No se efectuará apreciaciones de índole sustancial en cuanto a la temática que es objeto de consulta (…) toda vez que no se cuentan con los contratos y addendas respectivas”, es decir, no pueden responder la pregunta porque no tienen los papeles que detallan las transferencias de dinero que recibe Ferrovías.

EL "POLLO" SOBRERO MUESTRA EL VENENO QUE TBA ESPARCE EN LAS VÍAS

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Casi mil litros de glifosato en un depósito de la empresa en Haedo. El testimonio de dos empleados que lo usaron.


TBA tiene glifosato. El lunes último por la tarde, cerca de 50 bidones de 20 litros cada uno de Roundup Full II –producido por la firma multinacional Monsanto y cuyo ingrediente activo es el herbicida– ocupaban su lugar en el depósito de Distrito de Limpieza de la línea Sarmiento, a pocas cuadras de la estación Haedo. Sin embargo, a la mañana siguiente “las levantaron todas”, contó a Perfil.com Rubén “Pollo” Sobrero, delegado de la Unión Ferroviaria: "Alguien movió el avispero. La empresa tiene miedo".

Sobrero mismo tomó las fotografías que ilustran esta nota y que prueban el uso por parte de TBA de un químico acusado por varios expertos alrededor del mundo de producir cáncer y malformaciones genéticas en seres humanos. Y su uso en el Sarmiento ya fue registrado: en 2011, una investigación publicada por Universidad Nacional de La Matanza afirmó que la línea recibía aplicaciones cada 20 días.


Para Sobrero, el problema es de larga data: “Esto se usó por años. La razón es sencilla. En verano, por ejemplo, cuando el pasto crece más, es más fácil y barato tirar glifosato que tener un montón de tipos cortando el pasto”. Tanto Sobrero como otros trabajadores del Sarmiento indican como responsable del uso del químico a Express Wash SRL, una firma tercerizadora empleada por TBA, registrada ante la AFIP en el rubro de servicios de limpieza de edificios.


“Los compañeros lo resistieron mucho. Cuando se hizo el pase a planta y se acabaron las tercerizaciones tras la muerte de Mariano Ferreyra no se aceptó volver a aplicarlo. La empresa lo pidió varias veces, pero los compañeros se negaron”, contó el gremialista a este portal.


Los reclamos de Sobrero y el personal sobre el uso del glifosato no cayeron en oídos de TBA únicamente. El ex secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi –hoy citado a indagatoria por la tragedia de Once– también se enteró del problema.


“El año pasado tuvimos una reunión con Schiavi y le mencionamos el tema. Nos dijo que no había problemas con el glifosato, que no era cancerígeno. Ahí le explicamos que al matar la planta, el químico mata las raíces que sostienen la tierra bajo las vías. Schiavi, que es ingeniero agrónomo, cuando escuchó eso se interesó. Pero no pasó nada”, afirma el sindicalista.


Dos trabajadores de TBA –que accedieron a hablar con Perfil.com bajo estricto anonimato– relataron la forma y las consecuencias del rociado de glifosato. El primero apunta: “Lo rocié por pocos meses. Pero no era nada lindo. La respiración se me cortaba, en la piel me salían zarpullidos. Uno de los muchachos se desmayó una vez tras un rociado. Te daban el traje protector y la mochila a motor para pulverizar, salíamos de a tres y consumíamos en un día de laburo cuatro bidones de 20 litros diluídos en agua. Los vecinos salían con cámaras de fotos a escracharnos e insultarnos”.


Su compañero tiene un relato similar: “Tiré por cuatro años y lo hice hasta en la Mitre, de Retiro hasta Olivos. En Retiro nos agarró la policía una vez y tuvimos que descartar todo. En TBA nos decían que no era cancerígeno, que no pasa nada. Me hizo bolsa la vista”.


Las sospechas del uso del glifosato permanecen sobre la línea Mitre, con denuncias de los vecinos de Virreyes y las cuadrillas de limpieza con su base en la estación de Olivos. Ahí, un trabajador desliza: “No te lo confirmo ni desmiento. El convenio colectivo de trabajo dice 'fumigación'”.


Residuos. ¿Qué ocurre con los bidones de glifosato cuando quedan vacíos? Esos residuos aún contienen trazas de sustancias tóxicas y su tratamiento para desecharlos requiere especial cuidado. Pablo Grosso, ingeniero agrónomo y director de gestión tecnológica de la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes, explica el protocolo recomendado.


“Se basa en la norma IRAM 12062 y en el triple lavado del recipiente. Así se asegura remover el 100% del principio activo. Luego el recipiente debe ser perforado, llevado al centro de acopio más cercano –pueden ser municipales o privados– y de ahí se retira para ser reciclado en productos como conos de ruta o lomos de burro. El uso urbano o doméstico debe observar las mismas reglas que el uso agroindustrial”, afirma Grosso que apunta un total de 180 a 200 millones de glifosato vendidos anualmente en el país.


A todo esto, una fuente de TBA indica: “La empresa tiene contratado un servicio de residuos industriales. Pero los bidones no los lavan”. El sindicalista Sobrero responde: “¿Que si se hace en la empresa? ¿Vos me estás cargando?”.Perfíl

EL TRANSPORTE FERROVIARIO AUMENTÓ LA FACTURACIÓN PERO NO EL PAGO DE GANANCIAS, INFORMÓ LA AFIP

El sector del transporte ferroviario aumentó la facturación pero mantuvo bajo el pago del Impuesto a las Ganancias en 2009, de acuerdo con un relevamiento de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

“Analizando el comportamiento de las ventas y del impuesto a las Ganancias del año 2009 respecto del año anterior, se verificó que si bien la facturación aumentó, no así el impuesto tributado por el sector”, señaló el titular del organismo, Ricardo Echegaray.



Según el informe dado a conocer hoy, hay un 43,3 por ciento de grandes empresas en el sector que abarcan el 97,7 por ciento de las ventas y el 98,5 por ciento del impuesto a las Ganancias.

De la información de los estados contables, se observa que desde el año 2005 la rentabilidad operativa del servicio de transporte ferroviario de carga y de pasajeros se ubicó por debajo del crecimiento del resto de los sectores y con valores negativos.

En ese sentido, la AFIP está "analizando en detalle la estructura de costos del sector; no obstante, de un primer análisis surgen como muy llamativos los frecuentes resultados operativos negativos y el importante monto de gastos vinculados al costo y operativos descontados en sus balances en conceptos no identificados", se indicó.

El organismo desarrolló "una matriz inteligente para la fiscalización del impuesto a las Ganancias que, entre otras cosas, establece un formato de declaración con un alto grado de detalle para la identificación clara del gasto descontado por las empresas".

Este mecanismo fue incorporado al aplicativo de ganancias sociedades como obligatorio a partir de este período fiscal 2010, año en el que ya pudo verificarse un incremento en las ventas cercano al 14,5 por ciento, respecto del año 2009 para el sector bajo análisis.

Por último, el informe señala que respecto del empleo se verificó el crecimiento continuo durante los últimos 5 años de la nómina de puestos de trabajo del sector. (Télam)

DENUNCIAN AL GOBIERNO POR OCULTAR INFORMACIÓN ESENCIAL

La Auditoría General recurrió a la Justicia e involucró a varios organismos; dijo que le impiden el control.

Cansada de que algunos organismos clave del Estado persistan en retacearle información esencial para el control de su gestión, la Auditoría General de la Nación (AGN), que depende del Congreso, debió apelar a una medida drástica: acudir a la Justicia para que destrabe esta situación, a la que califica de "inaudita mordaza" al acceso a la información.

La decisión afecta a áreas por demás sensibles de la administración pública, como el Banco Central y la AFIP, que se amparan en el secreto fiscal y bancario. Están involucrados también la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca), a cargo de subsidios millonarios para el sector; la Administración de Programas Especiales (APE), en la mira de la Justicia por el otorgamiento irregular de subsidios a las obras sociales; la Sigen, que guarda para sí todos los informes sobre el contralor interno de la gestión, que la ley obliga a publicar; la empresa de ferrocarriles Belgrano Cargas, y el organismo que controla la concesión de las obras viales (Occovi).

A las insistentes notas de la AGN, estos organismos responden con lo que en la auditoría consideran que son "artilugios" para negar la información solicitada.

"La vía judicial es un camino en curso que decidió adoptar la AGN ante la renuencia ya explícita de algunos organismos para entregarnos datos que son básicos para el control. Esta actitud implica un grave retroceso en términos de transparencia para el país, lo que afecta la confianza y las inversiones", advirtió el jefe de la AGN, el radical Leandro Despouy.



La Comisión Mixta Revisora de Cuentas del Congreso, que ahora cuenta con mayoría opositora, fue la que autorizó a la AGN a recurrir a la Justicia. Es una medida inédita, en realidad: antes, cuando un organismo estatal retaceaba su información, la mayoría oficialista de la Comisión Mixta miraba al costado y las auditorías se demoraban.

"Es un tema difícil, hay organismos que no se dejan controlar en el marco de un Gobierno poco afecto a la transparencia. Recurrimos a la Justicia, pero es necesario que también los jueces nos acompañen", enfatizó el diputado Heriberto Martínez Oddone (UCR), presidente de la Comisión Mixta.

La apelación del legislador viene a cuento de un episodio insólito que ocurrió con una auditoría al ferrocarril Belgrano Cargas. Hace dos años, la Auditoría General de la Nación solicitó al Ministerio de Planificación una serie de expedientes, pero éste se negaba a aportarlos; agotadas las instancias, la AGN presentó una acción de amparo por mora ante la Justicia y el expediente recayó en el juzgado en lo contencioso administrativo de María José Sarmiento. Fue entonces cuando el ministerio de Julio De Vido adujo que "extravió los expedientes" solicitados, por lo que la jueza debió declarar "abstracta" la acción de amparo en septiembre último. La AGN apeló entonces la medida.

Otro final, más afortunado, tuvo la acción judicial contra la APE. El año pasado, la AGN informó a la Comisión Mixta que este organismo no le entregaba un suministro básico, una base de datos sobre su sistema de seguimiento de expedientes, llamado Pampa.

La comisión autorizó a la AGN a tomar medidas ante la Justicia; informado el juez federal Norberto Oyarbide, que investiga la causa sobre la mafia de medicamentos, le ordenó al APE que cumpliera con la solicitud de la AGN, lo que finalmente se hizo.

El conflicto con la Sigen

El caso de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) es, a juicio de auditores y legisladores, el más controvertido. "Allí se da una situación grave porque claramente se está violando la ley", opinó el auditor Javier Fernández, del oficialismo.

Desde que la Sigen quedó en manos kirchneristas -hoy es presidida por Daniel Reposo- decidió no publicar ni entregar ninguno de sus reportes, tal como publicó La Nacion.

Ante las reiteradas notas, la Sigen comenzó a remitir información, pero con cuentagotas a la AGN; los auditores -salvo el ultrakirchnerista Vicente Brusca- decidieron apelar a la Justicia.

La relación entre la AGN con la AFIP y el Banco Central (BCRA) ha sido dificultosa históricamente, relató a La Nacion el ex auditor y hoy principal asesor de la Comisión Mixta Alfredo Fólica.

En innumerables oportunidades, los auditores les solicitaron información, pero siempre se toparon con la misma valla: el secreto fiscal y bancario.

En noviembre pasado, la Comisión Mixta le envió al Banco Central un ultimátum a raíz de una auditoría en la que procuraba indagar, nada menos, que en los procedimientos que aplicó la autoridad monetaria en el salvataje financiero de los bancos durante la crisis de 2001/2002.

Los directivos del Banco Central se escudaron en el secreto bancario que está previsto en su Carta Orgánica para no hacer lugar a lo solicitado. Pero los legisladores no se conformaron e instaron al BCRA a brindar la información, pues las disposiciones de la Auditoría habilitan ese acceso.

Con la AFIP sucede algo similar, pues se recluye en el secreto fiscal para rechazar los pedidos del organismo de control.

"No son argumentos justificables, porque la AGN no se mete con las personas, sino más bien verifica el programa que la Administración Fiscal de Ingresos Públicos utiliza para fiscalizar y comprobar que éste no sea intimidatorio por cuestiones políticas", afirmaron los auditores Fólica y Despouy.Fuente: La Nación)