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El fiscal federal Franco Picardi pidió al juez Marcelo Martínez de Giorgi ampliar los embargos a las empresas integrantes del consorcio por el soterramiento del ferrocarril Sarmiento ante las sospechas de sobornos relacionadas a Odebrecht. Y confirmó la sospecha de que el primo del presidente Mauricio Macri, Ángelo Calcaterra continúa controlando la empresa IECSA más allá de la venta realizada vía una offshore a Marcelo Mindlin, que la rebautizó SACDE.
Ámbito Financiero había adelantado el 27 de noviembre del año pasado que existía esta posibilidad a partir de haber tirado del hilo de conformación accionaria de la firma "Latifer" a lo que se agregaron informes de la Inspección General de Justicia. Para Picardi, los embargos deben trepar a los $1000 millones (incluyendo a exfuncionarios del Ministerio de Planificación Federal) y debe ser intervenida la Unión Transitoria de Empresas para designar un veedor judicial que certifique los actuales movimientos financieros del consorcio que lleva adelante la obra. En un profuso dictamen donde constan desde correos electrónicos de Manuel Vázquez, como la facturación a una consultora fantasma y listado de viajes de ejecutivos de Odebrecht y de Jorge "Corcho" Rodríguez, además de cuentas bancarias reconocidas por "arrepentidos" del Lava Jato-, el fiscal pidió ampliar de $54 millones a $167 millones sobre Calcaterra.
El resto de los embargos están distribuidas entre Ghella, Comsa y SACDE ($34 millones), además de entre 54 personas físicas entre ejecutivos locales y de Brasil, y exfuncionarios como Julio De Vido, Roberto Baratta, Ricardo Jaime, entre otros. En el dictamen están señalados quienes habrían sido los intermediarios en la maniobra que, como indicó este diario, puede salpicar al propio Franco Macri por la fecha de inicio de las tratativas para direccionar la licitación, algo que la Justicia da como un hecho. La Cámara Federal validó que la fecha de origen fuera 2005 con el "asesoramiento" de la consultora fantasma que había montado el supuesto testaferro de Jaime.
El fiscal sostuvo que "con respecto a IECSA S.A. (actualmente, SACDE S.A.), si bien en razón de su porcentaje de participación en el consorcio (30%), también le correspondería un embargo preventivo hasta cubrir la suma de 201 millones de pesos, pero en razón de la transferencia de una porción de su paquete accionario y de que la firma Latifer continuaría siendo accionista de la continuadora de IECSA S.A. tal como se explicara anteriormente-, entiendo que el monto a cautelar debería fijarse en la suma de 34 millones de pesos para SACDE S.A. y 167 millones de pesos para quien estuviera detrás del accionista mayoritario de la firma IECSA S.A., Ángel Calcaterra, por este concepto".
Pero agregó lo más sustancial para volver a complicar al primo presidencial al detallar el proceso de venta a Mindlin en 2017 vía una sociedad offshore: "conforme surge del legajo de la Inspección General de Justicia de IECSA S.A., Latifer SL poseía una porción societaria de IECSA y, a su vez, la accionista mayoritaria de tal firma era ODS S.A., cuyos accionistas, a su vez, resultaban ser Latifer y Ángel Jorge Antonio Calcaterra".Ámbitofinanciero.com
El fiscal federal Franco Picardi pidió al juez Marcelo Martínez de Giorgi ampliar los embargos a las empresas integrantes del consorcio por el soterramiento del ferrocarril Sarmiento ante las sospechas de sobornos relacionadas a Odebrecht. Y confirmó la sospecha de que el primo del presidente Mauricio Macri, Ángelo Calcaterra continúa controlando la empresa IECSA más allá de la venta realizada vía una offshore a Marcelo Mindlin, que la rebautizó SACDE.
Ámbito Financiero había adelantado el 27 de noviembre del año pasado que existía esta posibilidad a partir de haber tirado del hilo de conformación accionaria de la firma "Latifer" a lo que se agregaron informes de la Inspección General de Justicia. Para Picardi, los embargos deben trepar a los $1000 millones (incluyendo a exfuncionarios del Ministerio de Planificación Federal) y debe ser intervenida la Unión Transitoria de Empresas para designar un veedor judicial que certifique los actuales movimientos financieros del consorcio que lleva adelante la obra. En un profuso dictamen donde constan desde correos electrónicos de Manuel Vázquez, como la facturación a una consultora fantasma y listado de viajes de ejecutivos de Odebrecht y de Jorge "Corcho" Rodríguez, además de cuentas bancarias reconocidas por "arrepentidos" del Lava Jato-, el fiscal pidió ampliar de $54 millones a $167 millones sobre Calcaterra.
Ángelo Calcaterra
El resto de los embargos están distribuidas entre Ghella, Comsa y SACDE ($34 millones), además de entre 54 personas físicas entre ejecutivos locales y de Brasil, y exfuncionarios como Julio De Vido, Roberto Baratta, Ricardo Jaime, entre otros. En el dictamen están señalados quienes habrían sido los intermediarios en la maniobra que, como indicó este diario, puede salpicar al propio Franco Macri por la fecha de inicio de las tratativas para direccionar la licitación, algo que la Justicia da como un hecho. La Cámara Federal validó que la fecha de origen fuera 2005 con el "asesoramiento" de la consultora fantasma que había montado el supuesto testaferro de Jaime.
El fiscal sostuvo que "con respecto a IECSA S.A. (actualmente, SACDE S.A.), si bien en razón de su porcentaje de participación en el consorcio (30%), también le correspondería un embargo preventivo hasta cubrir la suma de 201 millones de pesos, pero en razón de la transferencia de una porción de su paquete accionario y de que la firma Latifer continuaría siendo accionista de la continuadora de IECSA S.A. tal como se explicara anteriormente-, entiendo que el monto a cautelar debería fijarse en la suma de 34 millones de pesos para SACDE S.A. y 167 millones de pesos para quien estuviera detrás del accionista mayoritario de la firma IECSA S.A., Ángel Calcaterra, por este concepto".
Pero agregó lo más sustancial para volver a complicar al primo presidencial al detallar el proceso de venta a Mindlin en 2017 vía una sociedad offshore: "conforme surge del legajo de la Inspección General de Justicia de IECSA S.A., Latifer SL poseía una porción societaria de IECSA y, a su vez, la accionista mayoritaria de tal firma era ODS S.A., cuyos accionistas, a su vez, resultaban ser Latifer y Ángel Jorge Antonio Calcaterra".Ámbitofinanciero.com
