Hace sólo algunas horas ocurrió uno de los hechos más trágicos que convulsionó a todo el ambiente político y gremial. El mediodía del miércoles Mariano Ferreyra, militante del PO y estudiante de la UBA, cayó herido de muerte y dos personas resultaron heridas cuando un grupo de presuntos sindicalistas de la Unión Ferroviaria y barrabravas apedreó y disparó contra la columna de trabajadores tercerizados y despedidos de la línea Roca, que se retiraban de las inmediaciones del ferrocarril tras intentar infructuosamente cortar las vías.
Diputado Nacional HÉCTOR RECALDE
Este acontecimiento no hizo más que sacar a relucir varias cuestiones en materia laboral. Y los referentes políticos no se hicieron esperar para alzar sus reclamos y encontrar a los “responsables intelectuales”. La voz que más fuerte se oyó fue la del sindicalismo.Entre ellas, la del diputado nacional y asesor de la Confederación General del Trabajo (CGT), Héctor Recalde, quien, en diálogo con iProfesional.com, afirmó que "los máximos responsables son los autores materiales. Lo inmediato, lo urgente, es terminar con la impunidad de la violencia y la Presidenta nos dijo expresamente que eso había que resolverlo”.
Luego, el asesor de la CGT destacó que hay que atacar las "causas" y, en ese sentido, indicó que “las empresas son las que generaron esto".
Remontándose al análisis de los motivos que desencadenaron estos hechos, enfatizó: "La flexibilización laboral es la que se encargó de llevarnos a la muerte".
Recalde fue categórico y sostuvo: "Vamos a insistir en tratar los proyectos que están en el Congreso para dar fin a este flagelo”, en alusión al sistema de tercerización.
Las compañías “tienen que hacerse responsables de las subcontrataciones. La ley exige a las empresas principales que subcontratan que sean responsables solidarias de los incumplimientos de sus subcontratistas”, completó el legislador.
"El conflicto se termina cuando los ponen en blanco. Es muy difícil el combate contra esto, pero hemos logrado algunos éxitos. El gobierno de Cristina Kirchner no va a permitir la impunidad", agregó.
Con respecto a la cantidad de trabajadores que se encuentran "tercerizados", si bien no dio una cifra exacta, el diputado destacó a modo de ejemplo el bloqueo de Moyano a Siderar, ocurrido a mediados de septiembre. En esa oportunidad, había indicado que los procesos de tercerización hicieron que existan más de 4 millones de trabajadores en negro en el país.
En tanto, el titular de la Confederación General del Trabajo (CGT), Hugo Moyano, también se refirió a los hechos ocurridos el miércoles y apeló a que "combatir las causas que generaron el conflicto", que derivó en la muerte de un joven. En este sentido, apuntó a las empresas que tercerizan las tareas "para explotar al trabajador".
Proyecto polémico
Tal como dio cuenta iProfesional.com, Recalde y Julio Piumato presentaron hace poco menos de un año un proyecto para reformar el artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo –que trata sobre la subcontratación-, que despertará los más diversos reclamos empresarios en caso de aprobarse.
La iniciativa apunta a:
Responsabilizar "solidariamente" a la empresa principal por los empleados que están en nómina de empresas subcontratadas y que prestan servicios para la primera.
Obligarlas por todo tipo de prestación, sea ésta esencial o no a la actividad principal de la firma.
Es decir, en este escenario, la empresa contratista enfrentará litigios de todo tipo, por cuestiones de la relación de empleo -propiamente dicha- como así también por aquellos vinculados con accidentes laborales, de trabajadores que se desempeñan en áreas de limpieza, seguridad, transporte, mensajería, call centers, consultoría y todo tipo de tareas que la firma subcontrata.
En los fundamentos del proyecto, que cuenta con la adhesión de legisladores del Frente para la Victoria, del Partido Socialista y de Solidaridad e Igualdad, se destaca una preocupación principal, que es que el trabajador tenga asegurado "el cumplimiento de sus derechos en la práctica".
Dichos fundamentos también señalan que “se fue instalando la lógica de que el empresario puede tercerizar, pero sólo cuando se trata de la actividad principal será solidariamente responsable, si no prueba haber cumplido con sus obligaciones”.
Sin embargo, los diputados firmantes destacaron que “esto casi nunca es así, porque lo que se terceriza es la actividad accesoria y, cuando lo es la principal, fallos como el de Rodríguez contra Compañía Embotelladora, sirve para asegurar dicha tercerización, libre de toda responsabilidad”.
Por este motivo, propusieron restablecer los presupuestos originarios de la Ley de Contrato de Trabajo en torno a la responsabilidad de las empresas principales "fijando la responsabilidad solidaria del empresario principal en todos los supuestos de contratación y subcontratación”.
Consecuencias empresariales
El proyecto de ley adhiere a la denominada postura doctrinaria amplia, según la cual la actividad normal y específica del establecimiento no solamente abarca a aquella que hace al objeto de la compañía, sino también a otras complementarias o auxiliares de la principal, sin las cuales ésta no se podría desarrollar.
Con esta iniciativa, se busca hacer "responsable solidaria" a la firma principal de todas las obligaciones laborales y de la Seguridad Social que omita cumplir un contratista, sin importar si las actividades de éste son accesorias, coadyuvantes y/o periféricas al cometido o actividad propia y específica de ese principal, coincidieron los especialistas.
Héctor Alejandro García, socio del estudio García, Perez & Boiani, afirmó que muchas veces los jueces aplican un "concepto de integralidad" a partir del cual establecen que si la compañía que contrata no puede brindar su servicio, sin recurrir a las prestaciones efectuadas por las contratadas, entonces estos servicios hacen a su actividad normal y específica.
Para García, la "integralidad" no surge de ninguna manera del artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo.
"Entre las obligaciones del contratante se establece la entrega de la certificación de servicios y remuneraciones “lo que actualmente resulta ser de imposible cumplimiento para quién no reviste frente a la ANSES el carácter de empleador”, agregó.
En caso de que se apruebe este proyecto, “los empleadores deberían contar con una estructura de control de una dimensión y complejidad inmensas (que abarque no sólo a quienes se desempeñen dentro del ámbito del empleador sino también fuera).
Y ni aún extremando sus esfuerzos y realizando el control requerido por la norma, quedan liberados de su responsabilidad solidaria en caso de verificarse algún incumplimiento no detectado en dicha actividad de control", advirtió José Zabala, socio de Adrogué, Marques, Zabala y Asociados. © iProfesional.com
