Gremiales
En la previa a la reforma laboral, el Ejecutivo modificó la comisión que define qué sector no puede parar y corrió a los abogados laboralistas de la discusión
El Gobierno modificó unilateralmente la conformación de la “comisión de garantías” un ente que funciona bajo la órbita del Ministerio de Trabajo y tiene por objeto determinar las actividades consideradas “servicios esenciales”, las que están obligadas a garantizar una prestación mínima sin interrupciones frente a un paro o medida de fuerza.
La decisión, contenida en el decreto 1095/2017 publicado este martes en el Boletín Oficial, fue duramente cuestionada por organizaciones sindicales y laboralistas, quienes advirtieron que la medida constituye un renovado intento oficial por limitar el derecho a huelga en actividades que suelen ser clave para garantizar la contundencia de una protesta.
Esto fue certificado por una fuente del Ejecutivo nacional que reconoció a El Cronista que la estrategia es “avanzar rápidamente en declarar al transporte público un servicio esencial y que no puedan paralizarnos el país”.
Desde el Ministerio de Trabajo señalaron que es un “cambio normativo”, pero reconocieron que “se trabajó con Modernización” sobre cuál es un servicio esencial. Consultados sobre el caso del transporte, desde el entorno de Triaca admitieron que “hay un pedido” para que se estudie y que esto “no constituye ninguna restricción al derecho a huelga”.
La “comisión de garantías” fue creada por la ley 25.877 para determinar las actividades que pueden ser consideradas como servicios esenciales y que, por lo tanto, deben garantizar una prestación mínima. El artículo 24 establece esas actividades son los servicios sanitarios y hospitalarios, la producción y distribución de agua potable, energía eléctrica y gas y el control del tráfico aéreo. Pero la misma norma faculta a la Comisión para incorporar otros sectores cuando una medida de fuerza ponga en peligro la vida, seguridad o salud de la población o cuando se trate de un servicio trascendental.
En 2006 la gestión kirchnerista estableció que la comisión la integren un representante de la CGT, uno de las cámaras empresarias, la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) y el Consejo Interuniversitario Nacional. Cambiemos reemplazó a la FACA –es decir los colegios de abogados del país– por la Academia Nacional del Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, una entidad que los gremios vinculan estrechamente al sector empleador y que en cuya conducción se entremezclan personalidades como funcionarios de la última dictadura militar el ex ministro de Justicia de Videla Alberto Rodríguez Varela; Juan Carlos Cassagne, ex presidente de Metrogas y AySa; el constitucionalista Gregorio Badeni y el vicepresidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja. El ex juez de la Corte Suprema (2002) Jorge Vanossi ocupa la presidencia.
“Es otra maniobra para limitar el ejercicio del derecho a huelga”, se quejaron ayer varios referentes de la CGT. Y alertaron que la medida está destinada a reducir el alcance de los paros en los servicios de transporte público, pese a que la OIT establece que esas actividades no son consideradas como servicios esenciales.
Una advertencia similar formularon los abogados laboralistas
“Es un intento de restricción del ejercicio del derecho de huelga que se da en un contexto de conflictividad, en una etapa previa a las paritarias y a un proyecto de reforma laboral que va a perjudicar a los trabajadores.
Frente a una situación de crecimiento de la conflictividad, lo que el Gobierno está intentando, en vez de resolver los problemas de fondo, es restringir el derecho de huelga que es una libertad que tienen todos los trabajadores y sus organizaciones”, denunció Matías Cremonte, titular de la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL). Reprochó, en esa línea, que se elimine de la comisión la representación de los colegios de abogados, “que es un organismo democrático y del que forman parte obligatoriamente todos los abogados, y se ponga la de una academia que es una asociación civil que no es obligatoria y que claramente tiene una marcada presencia de abogados de empresa, entre ellos el propio Funes de Rioja”.
Cremonte consideró que la medida puede terminar convirtiendo el derecho a huelga “en algo ilusorio, en el que el paro ya no tendría ningún sentido” y advirtió que las resoluciones de la comisión “hasta podrán ser usadas para perseguir y violar la autonomía de los sindicatos”.
Con el cambio, el sector privado suma más representación en la definición de los servicios esenciales
La intención oficial apunta a evitar que el transporte “paralice el país”
En la previa a la reforma laboral, el Ejecutivo modificó la comisión que define qué sector no puede parar y corrió a los abogados laboralistas de la discusión
El Gobierno modificó unilateralmente la conformación de la “comisión de garantías” un ente que funciona bajo la órbita del Ministerio de Trabajo y tiene por objeto determinar las actividades consideradas “servicios esenciales”, las que están obligadas a garantizar una prestación mínima sin interrupciones frente a un paro o medida de fuerza.
La decisión, contenida en el decreto 1095/2017 publicado este martes en el Boletín Oficial, fue duramente cuestionada por organizaciones sindicales y laboralistas, quienes advirtieron que la medida constituye un renovado intento oficial por limitar el derecho a huelga en actividades que suelen ser clave para garantizar la contundencia de una protesta.
Esto fue certificado por una fuente del Ejecutivo nacional que reconoció a El Cronista que la estrategia es “avanzar rápidamente en declarar al transporte público un servicio esencial y que no puedan paralizarnos el país”.
Desde el Ministerio de Trabajo señalaron que es un “cambio normativo”, pero reconocieron que “se trabajó con Modernización” sobre cuál es un servicio esencial. Consultados sobre el caso del transporte, desde el entorno de Triaca admitieron que “hay un pedido” para que se estudie y que esto “no constituye ninguna restricción al derecho a huelga”.
La “comisión de garantías” fue creada por la ley 25.877 para determinar las actividades que pueden ser consideradas como servicios esenciales y que, por lo tanto, deben garantizar una prestación mínima. El artículo 24 establece esas actividades son los servicios sanitarios y hospitalarios, la producción y distribución de agua potable, energía eléctrica y gas y el control del tráfico aéreo. Pero la misma norma faculta a la Comisión para incorporar otros sectores cuando una medida de fuerza ponga en peligro la vida, seguridad o salud de la población o cuando se trate de un servicio trascendental.
En 2006 la gestión kirchnerista estableció que la comisión la integren un representante de la CGT, uno de las cámaras empresarias, la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) y el Consejo Interuniversitario Nacional. Cambiemos reemplazó a la FACA –es decir los colegios de abogados del país– por la Academia Nacional del Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, una entidad que los gremios vinculan estrechamente al sector empleador y que en cuya conducción se entremezclan personalidades como funcionarios de la última dictadura militar el ex ministro de Justicia de Videla Alberto Rodríguez Varela; Juan Carlos Cassagne, ex presidente de Metrogas y AySa; el constitucionalista Gregorio Badeni y el vicepresidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja. El ex juez de la Corte Suprema (2002) Jorge Vanossi ocupa la presidencia.
“Es otra maniobra para limitar el ejercicio del derecho a huelga”, se quejaron ayer varios referentes de la CGT. Y alertaron que la medida está destinada a reducir el alcance de los paros en los servicios de transporte público, pese a que la OIT establece que esas actividades no son consideradas como servicios esenciales.
Una advertencia similar formularon los abogados laboralistas
“Es un intento de restricción del ejercicio del derecho de huelga que se da en un contexto de conflictividad, en una etapa previa a las paritarias y a un proyecto de reforma laboral que va a perjudicar a los trabajadores.
Frente a una situación de crecimiento de la conflictividad, lo que el Gobierno está intentando, en vez de resolver los problemas de fondo, es restringir el derecho de huelga que es una libertad que tienen todos los trabajadores y sus organizaciones”, denunció Matías Cremonte, titular de la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL). Reprochó, en esa línea, que se elimine de la comisión la representación de los colegios de abogados, “que es un organismo democrático y del que forman parte obligatoriamente todos los abogados, y se ponga la de una academia que es una asociación civil que no es obligatoria y que claramente tiene una marcada presencia de abogados de empresa, entre ellos el propio Funes de Rioja”.
Cremonte consideró que la medida puede terminar convirtiendo el derecho a huelga “en algo ilusorio, en el que el paro ya no tendría ningún sentido” y advirtió que las resoluciones de la comisión “hasta podrán ser usadas para perseguir y violar la autonomía de los sindicatos”.
Con el cambio, el sector privado suma más representación en la definición de los servicios esenciales
La intención oficial apunta a evitar que el transporte “paralice el país”
Antes que eso...el agua y la luz son esenciales y sin embargo en este mismo momento hay gente sin luz ni agua y no es por paro. Asi que mejor dediquensé a cumplir con lo verdaderamente esencial. Si hubiese necesidad de paro, los del transporte tienen tanto derecho como los demás. Y sino que los empresarios paguen a todods viáticos mensualmente y en ese caso aunque no hubiese colectivos ni trenes nadie debería faltar porque el viático lo cubre.
ResponderEliminarSandra NRodriguez
Que no interrumpan el servicio, que no cobren boleto
ResponderEliminarNicolás Sotelo
Estos SI, que vienen por todo , muchachos
ResponderEliminarComo no los vagos quieren obligar a la gente que quiere ir a trabajar a no poder hacerlo porque se creen dueños de la gente. Ojala los rajen a todos manga de vagos que cobran fortunas por rascarse y hacer paros cada 2 por 3.
ResponderEliminarTodo bien, pero que primero el gobierno restablezca los servicios que cerró desde que asumió: Santa Rosa, General Pico, Tandil, Bahía Blanca vía Sierra de la Ventana, Rufino, los locales de Entre Ríos, es fácil echar culpas a otros.
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