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El fiscal
federal Federico Delgado investiga un anónimo que llegó a sus manos en estos
días y en el cual se acusa a Mario Cirigliano, directivo de TBA, de ser quien
dio la orden para ocultar documentación contable en la causa por la tragedia
ferroviaria de Once que provocó 51 muertos.
La
investigación preliminar que encaró a partir de ese anónimo el fiscal se da
luego de que el viernes pasado la
Sala II de la Cámara Federal -al igual que lo hizo una semana
antes con Claudio Cirigliano- ordenó al juez Claudio Bonadío, a cargo del caso,
que excarcele al abogado de TBA Carlos Lluch.
El anónimo
llegó vía correo electrónico a la casilla oficial de la fiscalía federal Nº 6, a cargo de Delgado, y en él
se informa que Sandra Ramírez, gerenta de marketing del Grupo Plaza (empresa de
los Cirigliano) fue la persona que ejecutó la ocultación y quema de
documentación contable.
Además,
Ramírez según el e-mail- "persona de la máxima confianza de Mario
Cirigliano" fue quien contrató fletes para sacar la documentación contable
de las instalaciones de TBA, cuando el Gobierno nacional le quitó la concesión
de los ramales Mitre y Sarmiento, y que fue descubierta por la policía federal
"in fraganti".
Luego parte
de la documentación fue encontrada en la fábrica de Emprendimientos Ferroviarios
(EMFER) también de los Cirigliano, y también Bonadío por testigos acreditó que
una parte fue quemada en volquetes.
"Todo lo
que hace Sandra Ramírez lo hace por indicación del Sr. Mario Cirigliano" e
"inclusive la quema de papeles y documentación en los volquetes",
sostiene el mensaje enviado desde una casilla de correo de la cual hasta ahora
no se pudo determinar su identidad, y que sólo firma con el nombre de Alex.
Por último,
reclamó una investigación hacia Ramírez y su "único jefe", Mario Cirigliano,
y puso la lupa sobre el gerente de Concesiones Ferroviarias de la Comisión Nacional
de Regulación del Transporte (CNRT), Fernando Cortes: ¿no tiene nada que
explicar sobre el accidente?", "¿raro no?".
Delgado
encaró una investigación preliminar a partir de ese mail y si bien la Policía Metropolitana
no pudo determinar el verdadero origen e identidad de ese e-mail, tal cual lo
pidió el fiscal, hay en marcha otras medidas de prueba para tratar de verificar
los dichos.
La próxima
semana el fiscal prevé tomarle declaración testimonial a uno de los fleteros
contratados para trasladar la documentación, y de él se espera conocer quién
dio la orden para llevar a cabo la maniobra, según confiaron fuentes de la
causa consultadas por Noticias Argentinas.
En caso de
certificar los dichos y haber elementos de prueba, Delgado tomará la
determinación de presentar la denuncia o bien en caso contrario el archivo.
La
documentación en cuestión es sobre los subsidios que recibía Trenes de Buenos
Aires (TBA) del Estado.
Para el
fiscal existen sospechas que los entonces directivos de la empresa lo
destinaban hacia otros fines que el del mantenimiento y funcionamiento del
servicio ferroviario.
La sospecha
incluso es que con ese dinero el grupo Cirigliano compró dólares o bien
invirtió en otras de sus empresas, y por ello Delgado había pedido a Bonadío
que ordene una pericia contable sobre unos $1.167,71 millones en subsidios que
cobró TBA del Estado.
Por el
ocultamiento de pruebas, habían sido detenidos Claudio Cirigliano (presidente
de la firma controlante Cometrans); el presidente de TBA; Carlos Michele
Ferrari; los directivos Darío Tempone y Daniel Rubio; y el abogado Carlos
Lluch.
Pero para la Cámara Federal
Bonadío no justificó debidamente las detenciones, y consideró que no hubo
ocultamiento de pruebas, sino que hubo "desinteligencias" en la
entrega de la documentación, en el momento en que se concretó el traspaso de
TBA al Estado tras la quita de la concesión.
Así fue como
todos recuperaron la libertad y a cuatro meses de la causa no hay detenidos.
Las
detenciones habían sido ordenadas concretamente por la supuesta obstaculización
de la prueba, no así por responsabilidades que eventualmente determine Bonadío
por el accidente ferroviario que provocó 51 muertes.
Sobre el
accidente el juez Bonadío ya avanzó con todas las indagatorias, incluidas la
del maquinista Antonio Córdoba y los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime
y Juan Pablo Schiavi, y tiene pendiente resolver la situación procesal de todos
ellos.Terra
