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Tras el descarrilamiento producido del 8 de marzo a la altura de Olavarría, la justicia levantó la prohibición de circular.
Luego de un mes de suspensión del servicio, el juez Gabriel Di Giulio dispuso el cese la medida cautelar que prohibía la circulación de trenes de pasajeros entre Olavarría y nuestra ciudad, servicio concesionado a FerroExpreso Pampeano (FEPSA), tras el descarrilamiento producido el pasado 8 de marzo a la altura de esa primera localidad.
A pesar de haberse detectado severas deficiencias en la infraestructura del tramo donde se verificó el incidente, la justicia decidió liberar el servicio “bajo estricta responsabilidad de la operadora”, es decir Ferro Expreso, que además deberá “garantizar el estado y las condiciones de uso de la red para la seguridad de todos los pasajeros”.
La misma exigencia se hace extensiva a Trenes Argentinos y a la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT), que deberán supervisar “en forma estricta” el cumplimiento de las condiciones de seguridad que se adopten.
Por otra parte, el juez emplazó a FEPSA y Trenes Argentinos para que “adopten el estándar de máxima precaución” en lo relacionado a velocidades máximas de la formación, mecanismos de control de esas velocidades en tiempo real y mantenimiento de coches y locomotoras.
Por último pidió a las empresas la adopción de un “plan integral” de reportes y registros para documentar incidentes o novedades y la habilitación de un medio de comunicación “simple, expedito y único” de modo que los usuarios también puedan informar novedades sobre el tema.
El doctor Gabriel Eilers, Oficial de Justicia de Azul, confirmó a La Nueva. que el recorrido desde Olavarría hasta nuestra ciudad estuvo prohibido “por cuestiones Judiciales”, a la espera de que la concesionaria, Ferro Expreso Pampeano, presentara un informe completo, indicando las causas de lo ocurrido el pasado 8 de marzo y las acciones a realizar para garantizar la seguridad de los trenes que circulen en ese tramo.
Por otra parte, solicitó a la CNRT que confirmara que el servicio no implica riesgo alguno para los usuarios.
“Mientras no se tuvo esa garantía se mantuvo la suspensión. Ahora que la concesionaria y la CNRT aseguran que no hay riesgo alguno, la cautelar fue levantada de inmediato”, agregó el funcionario.
A primera vista
Una de las complejidades que tiene dilucidar las causas del descarrilamiento y el riesgo de que no se repita es que son varias las empresas y organismos involucrados en la administración del tramo ferroviario entre Constitución y nuestra ciudad.
Al ocurrir el descarrilamiento el juez de Azul realizó una inspección visual en el lugar, acompañado por la policía científica y profesionales de la ingeniería. La conclusión de los especialistas fue contundente: advirtieron “severas deficiencias” en la infraestructura, se verificó la existencia de durmientes deteriorados y la falta de anclajes de las vías.
“Esa situación fue suficiente para suspender el servicio, a la espera del informe de la CNRT y de los concesionarios, que además asegurar la indemnidad de los pasajeros”, señaló el juez al establecer la medida cautelar.
¿Qué sucedió?
Tres son los concesionarios del tramo Constitución-Bahía Blanca: SOFSE (Trenes Argentinos) entre Constitución y Cañuelas; Ferrosur Roca, desde Cañuelas a Olavarría, y FEPSA, desde Olavarría hasta Bahía Blanca.
FEPSA presentó su informe sobre lo ocurrido, mediante el cual apuntó a una falla humana antes que al mal estado de las vías.
El mismo asegura que, “después de varias pruebas, ensayos y análisis de hallazgos”, no ha encontrado “evidencia alguna” de que el descarrilo haya sido por una falla en la infraestructura, sino que el mismo se debió a “factores ajenos a las vías”.
La empresa apunta a que el maquinista no habría respetado la velocidad máxima permitida para el tramo donde ocurrió el hecho.
También señala la falta de amortiguadores de lazo que evitan la oscilación del tren cuando lleva velocidades altas.
“Esos factores podrían haber provocado el montaje de uno de los coches sobre las vías, lo cual provocó el descarrilamiento”, concluyen.
Sin embargo el estudio mencionó en principio que las condiciones de la vía sólo generan condiciones “aceptables” entre Cañuelas y Olavarría.
A partir de esa aseveración el juez levantó la medida cautelar para ese trayecto, manteniéndola para el tramo Olavarría-Bahía.
Los informes
Para la justicia, los informes presentados tanto por SOFSE y FEPSA resultaron en principio “incompletos” y no garantizaban la seguridad entre Olavarría y Bahía Blanca. Tampoco indicaban un plan de mejoras, con metas y plazos.
FerroExpreso aseguró que inspeccionó la zona del siniestro el 3 de marzo, cinco días antes del descarrilamiento, y que de la misma “no surgieron novedades ni modificaciones a la velocidad establecida” (cuyo máximo, en el lugar donde descarriló la formación, es de 80 km/h.
El SOFSE, por su parte, informó que el estado general del tramo a su cargo (Constitución–Cañuelas) es “bueno” y que ha establecido velocidades máximas de circulación, acordes con el estado de la vía”, explicó.
Ferrosur Roca, por último, se limitó a señalar que el lugar del incidente “no corresponde a la red concesionada a dicha empresa”.
Un servicio obligatorio
Conocida la medida cautelar, tanto desde SOFSE como desde la Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Ferroviarios, solicitó “continuar con la frecuencia normal y no perjudicar el uso del transporte ferroviario”., mencionando que se trata de “un servicio con obligatoriedad de prestación y con una fuerte necesidad por su accesible costo, en particular la población más vulnerable”.
Lo curioso es que, al mismo tiempo solicitaron una “evaluación pericial de la vía”, en especial desde Olavarría, “toda vez que se verificó la existencia de fijaciones flojas o inexistentes, problemas en durmientes y movimientos axiales del tren”.
“No existe duda alguna acerca de la importancia del servicio por trenes, como tampoco debería existir acerca del estado de la red y conocer las medidas que permitan sustentar la indemnidad de los pasajeros”, señaló el juez al justificar su medida cautelar. Más cuando las primeras pericias realizadas indicaron la existencia de durmientes en mal estado (astillados, quebrados ó putrefactos) y el faltante de los clavos de fijación, una situación preocupante “incluso aunque eso no signifique que esa fue la causa del siniestro”.
“La medida cautelar tiene un único propósito: la integridad física y seguridad de las personas. Si las empresas concesionarias o la CNRT certifican el estado de la red y garantizan su seguridad, la medida cautelar se dejará sin efecto inmediatamente”.
Es lo que finalmente ocurrió...
Las partes involucradas
--SOSFE: Operadora Ferroviaria del Estado. Gestiona las líneas Sarmiento, Mitre, San Martín, Roca, Belgrano Sur; los servicios regionales de Entre Ríos, Salta, Chaco, Neuquén y Córdoba; y los de larga distancia entre ellos Buenos Aires-Bahía Blanca.
--FerroExpreso Pampeano: Empresa de capitales privados, que posee la concesión de trenes de carga de los ferrocarriles Roca, San Martín, Sarmiento y Mitre desde 1991. La misma termina en junio de este año.
--Ferrosur Roca: Empresa de capitales privados que posee la concesión de trenes de carga del Ferrocarril General Roca desde 1992. Su contrato finaliza en marzo de 2023.
--Junta Seguridad Transporte: Depende del Ministerio de Transporte. Controla e investiga sucesos relacionados con la circulación de un vehículo que produzca muerte o lesiones graves. Interviene en caso de colisión o descarrilamiento.
--CNRT. Organismo descentralizado dependiente del Ministerio de Transporte. Tiene como objetivo, controlar y fiscalizar el transporte terrestre de jurisdicción nacional.LaNueva.com
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