Exterior
La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo admite a trámite una denuncia del sindicato Asimafe, que señala "graves consecuencias sociales y laborales" para los trabajadores de los operadores privados.
Los maquinistas ferroviarios de las empresas privadas en España llevan a Europa sus condiciones laborales y la discriminación que, a su juicio, sufren respecto a los que trabajan para la pública Renfe. El sindicato Asimafe ha presentado ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo una solicitud para que investigue si el marco laboral por el que se rigen los trabajadores de este sector les discrimina frente a los que desempeñan el mismo trabajo para la administración. El asunto ya ha sido admitido a trámite, por lo que se prevé que se abra una investigación durante los próximos meses en Bruselas, en la que podrían intervenir distintas formaciones políticas.
Según la documentación consultada por La Información, el sindicato, que se integra bajo la Confederación de Cuadros y Profesionales (CCP) y tiene representación en empresas como Transfesa, Captrain o Ouigo, defiende la modificación de hasta siete aspectos distintos que marcan el día a día de los trabajadores de un sector que se ha liberalizado en los últimos años tanto en el ámbito de mercancías (2015) como en el de pasajeros (2019). Las quejas van dirigidas a tareas como los desplazamientos, los descansos, la duración de las jornadas o los tiempos de conducción, entre otros, y afectan principalmente a los trabajadores de las empresas de mercancías.
Gran parte de estos problemas, según Asimafe, se podrían solucionar con la creación de un convenio colectivo conjunto para todos los maquinistas que actualmente no existe. El cambio también pasa por modificar distintas normativas españolas, como la que determina el coeficiente para la jubilación (Real Decreto 1698/2011) o la que regula las jornadas especiales de trabajo (1561/1995). A juicio del sindicato, la entrada de competencia en el mercado ha comportado aspectos negativos que se resumen en "graves consecuencias sociales y laborales" para buena parte de los trabajadores.
La de la Eurocámara no es la única vía que ha explorado Asimafe. Algunas de sus reclamaciones ya se han expuesto previamente ante la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF), la patronal de empresas ferroviarias privadas (AEFP) o en distintas reuniones con formaciones políticas del Congreso como Ciudadanos. En 2021, también presentaron ante la Inspección de Trabajo una denuncia similar sobre las discrepancias entre el Estatuto de los Trabajadores y la actual legislación laboral ferroviaria.
Bruselas debe contestar en los próximos meses a la Comisión de Peticiones, quien le ha solicitado que lleve a cabo una investigación preliminar
La Comisión de Peticiones, por su parte, ha aceptado a trámite la solicitud de Asimafe, que firma su presidente, Vicente Almenar. "Me complace informarle de que la Comisión de Peticiones ha examinado su petición y la ha declarado admisible, ya que el asunto que usted plantea entra dentro de los ámbitos de actuación de la Unión Europea", reza la carta firmada el pasado 31 de marzo por la presidenta Dolors Montserrat, exministra de Sanidad y ahora presidenta de dicho organismo. La misiva añade que se ha pedido a la Comisión Europea "que lleve a cabo una investigación preliminar sobre este asunto".
Queda por ver la evolución de esta denuncia en las instancias comunitarias. Las fuentes consultadas explican que la Comisión tarda un plazo aproximado de tres meses en abordar una petición de este tipo. Hasta entonces, esa solicitud no está lista para debate por parte del Parlamento Europeo. Una vez se consiga la respuesta de Bruselas, una formación política puede pedir que se introduzca en el orden del día y se debata en la Eurocámara.
Un órgano vigilante
La Comisión de Peticiones (PETI, por sus siglas) está integrada por 35 miembros de distintas formaciones políticas y tiene como misión dar voz a aquellos ciudadanos u organizaciones que creen que se está violando el derecho comunitario. Respecto a España, este organismo ha empujado a que Bruselas investigue temas tan distintos como crímenes de ETA por lesa humanidad o la situación del Parque Natural de Doñana. Otro de los asuntos que ha saltado a la agenda es el papel del Gobierno balear sobre los abusos a menores tuteladas.
El ferrocarril español ya pasó examen por estas instancias hace más de cinco años por asuntos relativos a la normativa de seguridad. Fue en 2017 cuando la entonces presidenta de la comisión parlamentaria, Cecilia Wikström (ALDE, Suecia), escuchó a los representantes de la Asociación de víctimas del ALVIA y pidió más tarde a Bruselas que abordara una investigación independiente sobre el accidente del año 2013 en Angrois (Galicia). A juicio de Wikström, la investigación llevada a cabo en España no cumplió los requisitos establecidos por la legislación comunitaria para garantizar su independencia.
En materia laboral, los trabajadores interinos de la administración también han buscado amparo. Estos empleados fueron recibidos el pasado mes de enero por miembros del Parlamente Europeo. Consideran que la normativa europea que hay en vigor no se está aplicando porque, de ser así, tendrían más protegidos sus derechos. En su caso, consideran que el Real Decreto de medidas urgentes de julio del pasado año (14/2021) no es consecuente con la Directiva Europea 1999/70/CE.LaInformación.es
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