lunes, 12 de octubre de 2015

Uruguay: Pasajeros piden cancelar contrato con concesionario de Estación Central

Instituciones

Redacción Crónica Ferroviaria

La Asociación Grupo de Pasajeros en un comunicado de prensa sobre la situación de la Estación Central "General Artigas" ubicada en la ciudad de Montevideo (República Oriental del Urugual), expresa lo siguiente:

La rescisión del contrato del Estado con el concesionario Glenby S.A. es reclamada por el Grupo de Pasajeros en defensa de la Estación Central, ante las múltiples irregularidades constatadas durante todo el proceso del proyecto inmobiliario conocido como “Plan Fénix”.  Si no se reactiva la terminal para el uso ferroviario, los trenes de pasajeros quedan condenados a ser un medio de transporte marginal en el área metropolitana, y se perjudica el transporte de carga al puerto.


Las irregularidades salieron a la luz en la “Comisión Investigadora sobre gastos en entes y servicios 2000-2005”.  En sus actas se lee que Glenby fue la única empresa que se presentó al llamado para el proyecto del “Plan Fénix” en la Estación Central, y que su actual abogado, Daniel Martins, estaba en la comisión asesora de la adjudicación.  El primer contrato entre el BHU (por intermedio de una sociedad anónima) y la empresa fue firmado en setiembre de 2001.

Entre 1997 y 1999 el BHU (Banco Hipotecario del Uruguay) gastó 3,2 millones de dólares en la reparación de techos y fachadas, pero dichas obras fueron de mala calidad, ya que seguía entrando agua en el edificio y se utilizaron materiales de bajo costo que se deterioraron rápidamente.

También se gastaron 15 millones de dólares en la nueva terminal de trenes, ubicada 500 metros hacia el norte, y en un lugar de difícil acceso para los pasajeros, que hizo que los servicios de trenes de la línea Montevideo-Progreso-25 de Agosto perdieran 100.000 pasajeros al año y aumentaran los costos de la operativa de carga, al no poderse utilizar la playa de maniobras de la Estación Central para los trenes al puerto.  Adicionalmente se pagaron entre 300.000 y 400.000 dólares para sacar al concesionario del Restaurant del Ferrocarril, y 200.000 dólares por mes, entre 2002 y 2007, para mantener las oficinas de AFE en otro lugar, además de gastos operativos.

Posteriormente, los contratos con Glenby fueron modificados, favoreciendo a la empresa y perjudicando al BHU.  El 28 de febrero de 2003 se pacta con Glenby la entrega de los inmuebles, pero como todavía estaban operando los trenes desde allí, su representante (Barboni) rechaza la entrega y posteriormente inicia juicio por incumplimiento.  Al mismo tiempo, el BHU también inicio acciones legales contra Glenby por incumplimiento al no hacerse cargo de los bienes.

En 2005, el directorio de la sociedad administradora votó, a pesar de ordenes en contrario del propio directorio del BHU, desistir recíprocamente de los juicios, cosa que lleva finalmente a que el Estado perdiera el pleito con Glenby en 2011 y que la justicia obligara a la entrega de los inmuebles.  El Tribunal de Honor del Colegio de Abogados de Uruguay concluyó que el ex presidente de la sociedad mantuvo "una conducta profesional que ha incurrido en graves violaciones a normas insertas en el Código de Ética".

Una auditoria del BHU, que luego analizó la comisión parlamentaria, concluyó que Barboni “gozó de favoritismos y privilegios” de las administraciones de ese banco entre 1995 y 2005 y que las perdidas millonarias ocasionadas por esos negocios son “imposibles de cuantificar”.  Una de las ex presidentas del BHU, la contadora Graciela Pérez Montero, afín al Partido Colorado, denunció en varias ocasiones los manejos irregulares.

En 2011 Glenby debía recibir los bienes según lo dictaminado por la justicia, ya que gracias al suceso de 2005, terminó ganando el pleito contra el Estado, para desarrollar su proyecto.  Pero sostuvo que no era lo que correspondía, sino que debían pagarle por daño emergente y lucro cesante y reclamó 1.040 millones de dólares, lo que fue desestimado.

Debido a estos hechos, el Grupo de Pasajeros sostiene que se debe rescindir el contrato con Glenby y elaborarse un “plan maestro” para los distintos espacios de los terrenos y edificio que conforman la Estación Central, transformando el lugar en un centro intermodal de transporte. 

El barrio de la Aguada se vería beneficiado con la afluencia de público.  También quedarían libres parte del edificio principal, los galpones sobre la calle Paraguay y lo que era la playa de cargas para otros emprendimientos, sin afectar la operativa ferroviaria. 

Sin la Estación Central, los servicios de trenes de pasajeros quedan relegados a ser un medio de transporte marginal en el área metropolitana debido a la inconveniente ubicación de la terminal de Montevideo además de perjudicar al servicio de carga.

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