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Redacción CRÓNICA FERROVIARIA
Se encuentra en la Comisión de Transporte de la Honorable Cámara de
Diputados un proyecto de Resolución solicitando un pedido de informes al PEN
sobre el trascendido para liberar un tramo de vías del Ferrocarril Belgrano
Cargas y Logística S.A.,lindantes al asentamiento de emergencia denominado
"Villa 31" de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dicho trámite recayó en el Expte. 7104-D-2013 del 18 de Octubre del
corriente año, siendo el firmante de dicho proyecto de Resolución el Diputado
Nacional Alberto Emilio Asseff (Compromiso Federal - Buenos Aires).
Foto gentileza Telam
Fundamentos
Conocidos con los asentamientos de emergencia habitacional que existen
en la Ciudad de Buenos Aires. Los mismos han aumentado en más de un 50 % su
población, tomando terrenos pertenecientes al Estado, sea nacional o local.
Una de las villas de emergencia más importantes es la Villa 31, ubicada
en el barrio de Retiro.
Esta villa existe desde 1932, y ha pasado por diferentes estadios, pero
nunca se logró erradicarla por completo. Por el contrario, con el transcurso
del tiempo, ese asentamiento se ha ido desplegando. Hoy llega, precisamente a
la vera de las vías del ferrocarril Belgrano, hasta la calle Salguero, en
cercanías del centro comercial Alcorta.
Asimismo, la legislatura de la Buenos Aires sancionó una ley para su
urbanización en el año 2010, que nunca fue reglamentada y por ello incumplida.
Como se indica precedentemente, los asentamientos habitacionales
precarios de esta villa siguen creciendo ocupando terrenos del Ferrocarril
Belgrano Cargas. Inclusive hay asentamientos sobre el trazado de vías del
ferrocarril.
Claro está que estamos ante un delito de usurpación de terrenos públicos
y al mismo tiempo, ante un panorama desolador y ausencia de políticas públicas
adecuadas para la construcción y acceso a la vivienda digna para todos los
ciudadanos necesitados.
Se propala que estamos impulsando un modelo de inclusión social, pero la
realidad exhibe que se acrecienta la marginalidad.
Esta falta de una política seria en lo social, con especial objetivo en
la cobertura del déficit habitacional, lleva a muchas personas a asentarse en
construcciones precarias usurpando tierras pertenecientes al Estado y/o
privados.
Consideramos un procedimiento impropio que, para el desalojo de dichos
terrenos, se les indemnice a los ocupantes con hasta $ 180.000, según trascendidos
periodísticos, por desocupar el lugar. Esos recursos, con una previsora y
necesaria planificación, deberían ser la base para realizar un plan de
viviendas destinadas a erradicar las villas precarias y relocalizar a sus
habitantes.
