El nuevo giro que tomó la causa del asesinato de Mariano Ferreyra con la detención del titular de la Unión Ferroviaria (UF), José Pedraza promete poner sobre el tapete una serie de derivaciones que involucran directamente al Gobierno.
La primera de ellas tiene que ver con la Cooperativa de Trabajo Unión del Mercosur, la tercerizada que pertenece a tres directivos de la conducción nacional de la UF y que ahora ha pasado a jugar un rol clave en la investigación de la jueza Wilma López.
Manejada por Raúl Castellano, Armando Matarazzo y Domingo Galeano, Unión del Mercosur ha sido una de las principales beneficiarias de los contratos de tercerización de obras y servicios del ferrocarril Roca.
Si bien las contrataciones se canalizaron por medio de la UGOFE (la operadora privada del Roca), todos los convenios y gastos fueron aprobados por la Secretaría de Transporte , que es la encargada de girar los subsidios mensuales para los sueldos y las obras.
Con el visto bueno del Gobierno, Unión del Mercosur logró quedarse, en el segundo semestre de 2010, con casi el 20% de los contratos en juego.
La cooperativa del gremio se llevó el contrato más alto de reparación de vías por $ 7,5 millones y otro para efectuar tareas de desmalezado y limpieza por $ 2,3 millones.
La segunda arista que salpica a la administración kirchnerista está vinculada con los puestos clave que la Casa Rosada le ha cedido a los gremios del sector en las empresas y áreas ferroviarias estatales. Desde hace más de un año, la presidencia de la estatal Sociedad Operadora Ferroviaria (SOFSE) está en manos de Juan Araya, abogado de la UF y hombre de confianza de Pedraza.
Por su parte, el sindicato de La Fraternidad tiene tres representantes en el Gobierno. El más destacado es Antonio Luna, quien ocupa la subsecretaría de Transporte Ferroviario desde mediados de 2008. El lote de gremialistas-funcionarios se completa con José Villafañe, que es titular de la ADIF (Administración de Infraestructuras Ferroviarias) y Agustín Special, vicepresidente de la SOFSE.
La tercera cuestión que afecta al Gobierno gira en torno a la confusa situación que atraviesa el ferrocarril Belgrano Cargas. En los papeles, la concesión sigue en cabeza de la Unión Ferroviaria. Pero en la práctica, es el Estado el que todos los meses paga los sueldos y las obras de la compañía de cargas que tiene como “gerenciadora” a una atípica sociedad que manejan las privadas Iecsa, Roggio y Emepa con el acompañamiento minoritario de la UF, La Fraternidad y la Federación de Camioneros.(Fuente. Clarín)
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