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Macri, la Justicia, la Corte, o parte de esta, Comodoro Py, el "teléfono descompuesto", el "guiño", la reforma judicial, entre otros conforman el gran show que se monta para levantar la imagen de un presidente que ya piensa en su reelección, y lo hace cuando el caso de corrupción que el Departamento de Estado de USA calificó como "el mayor caso de sobornos extranjeros de la historia" hace temblar a los políticos más importantes del continente, llevándose puesto incluso, en los últimos días, al presidente de Perú, cuyos negocios con la brasilera Odebrecht representan menos de la mitad de los que tenía en la Argentina. ¿Qué ocurre acá? Para los medios no vale ni una tapa, para Macri, que llegó a la presidencia polarizando con Cristina Kirchner con eje en la corrupción, es un gran dilema sobre el que no pretende avanzar. Pero la Corte y su titular Ricardo Lorenzetti tampoco. ¿De qué lucha contra la corrupción estamos hablando entonces? La primera vez pudo engañar. La segunda no será tan fácil. Sino, que consulte a los oficialismos del continente que se preparan para elecciones este año.
La renuncia del presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, es más que un fuerte simbolismo sobre el malestar profundo que existe en toda América Latina con la corrupción. Es, en efecto, el primer jefe de Estado de un país de la región que cae como consecuencia directa de las acusaciones de sobornos desembolsados por la corporación brasileña Odebrecht.
Todo comenzó en junio de 2015, en el marco de la operación Lava Jato, con el arresto de Marcelo Odebrecht, entonces presidente de la mayor constructora de la región, que generó un terremoto político en Brasil por sus íntimos vínculos con los gobiernos de Luiz Inacio Lula da Silva y de Dilma Rousseff.
Pocos imaginaban entonces que ese sismo provocaría luego un gigantesco tsunami en toda la región cuando Odebrecht y otros 70 exejecutivos de la compañía firmaron un acuerdo de delación premiada con las autoridades judiciales de Brasil, USA y Suiza.
A través de ese mecanismo judicial reconocieron haber pagado multimillonarias coimas a funcionarios para obtener jugosos contratos de obras públicas en una docena de países, nueve de ellos latinoamericanos.
Las alarmas se encendieron en la Argentina, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela. Se iniciaron investigaciones locales que dieron como resultado varias denuncias contra funcionarios de gobiernos vigentes y del pasado reciente, lo que puso en aprietos a más de un mandatario.
En Perú, las principales imputaciones cayeron tanto sobre Kuczynski como sobre los expresidentes Alejandro Toledo, hoy prófugo, y Ollanta Humala, preso.
El expresidente panameño Ricardo Martinelli quedó tras las rejas, pero en USA. En Ecuador, el vicepresidente Jorge Glas, aliado de Rafael Correa, también fue detenido.
En México y en Colombia, Enrique Peña Nieto y Juan Manuel Santos, respectivamente, tuvieron que salir a defenderse de acusaciones de financiamiento ilegal de sus campañas presidenciales.
Las denuncias también sacudieron al gobierno del dominicano Danilo Medina y del guatemalteco Jimmy Morales, mientras que el venezolano Nicolás Maduro blindó a su régimen de las investigaciones de la procuradora general Luisa Ortega, quien terminó en el exilio.
Pero en la Argentina, más allá de las numerosas acusaciones de corrupción contra funcionarios de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el escándalo, que también salpicó a Mauricio Macri a través del director de la Agencia Federal de Inteligencia, persiste en la nebulosa.
Dicen que en los países en los que las investigaciones no pudieron avanzar significativamente, el desencanto de la población se expresa mediante la bajísima popularidad de los oficialismos, sobre todo, en los candidatos de éstos para las elecciones venideras.
Hasta el momento, las investigaciones en Argentina habían apuntado principalmente a importantes figuras de la era Kirchner, como el ex ministro de Planificación Julio de Vido y el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, que ya fueron arrestados por corrupción.
Pero el caso también salpicó, como se mencionó, al jefe de la AFI, Gustavo Arribas, amigo personal de Macri.
A Arribas se lo acusó de haber recibido más de US$850.000 de Odebrecht, lo que él siempre negó. El 23 de junio del año pasdo, la Cámara Federal de Casación Penal cerró la causa en contra de Arribas.
Y el mandatario argentino siempre salió a defender públicamente a su amigo, declarándose convencido de su inocencia.
Ángelo Calcaterra, primo del presidente de la Nación, Mauricio Macri, y dueño de la firma IECSA, también estuvo acusado por supuesto pagos de sobornos en la adjudicación de la obra del soterramiento del tren Sarmiento. El fiscal Franco Picardi le había impuesto un embargo millonario.
Otro político acusado por la causa Odebrecht fue el ex gobernador de Córdoba, Juan Manuel de la Sota. Tres legisladores pidieron su investigación por su relación con los publicistas de la constructora, Joäo Santana y Mónica Moura, condenados por este mega caso a ocho años de prisión por lavado de dinero.
El diputado nacional del FPV-PJ, Rodolfo Tailhade, afirmó hace 8 meses que quedó más que claro que desde Cambiemos "necesitan cubrir a Mauricio Macri que es socio de Odebrecht desde hace 12 años y está involucrado en cada uno de los hechos de corrupción que se le adjudican a esta empresa en la Argentina".
En este sentido, el legislador precisó que actualmente "cómo mínimo hay 5 causas penales donde el Presidente está involucrado con Odebrecht", las enumeró:
1- "La causa de Gustavo Arribas". A principios de este mes, Arribas volvió a quedar en la mira de las autoridades brasileñas, sospechoso de lavado de dinero internacional. Bajo el nombre de "Operación Descarte", se efectuaron 15 allanamientos en San Pablo, Santos, Paulínia, Belo Horizonte y Lamim que tuvieron como eje al empresario de la construcción Atila Reys Silva, considerado el operador financiero de esta amplia trama de corrupción. Fue así que los agentes federales descubrieron que una de las células del esquema de lavado de dinero había realizado cuantiosas transferencias ilícitas a Arribas en la Argentina vía un banco asiático.
El jefe de la AFI solo reconoce una transferencia de US$70.475 y argumenta que fue una operación lícita. Primero dijo que se trataba de un inmueble; después, de bienes muebles.
2- "Una causa donde se investiga la administración fraudulenta del Fondo de Garantías del ANSES que se usó para financiar en Córdoba una obra de Odedrecht absolutamente irregular".
3- "El soterramiento del Sarmiento donde se está investigando si hubo sobornos para quedarse con la obra donde estaba la empresa del presidente".
4- "El DNU de 45 mil millones de pesos adjudicado directamente por Macri al consorcio Odebrecht - IECSA".
5- "La causa Correo Argentino donde el principal acreedor del Correo después del Estado es Odebrecht, a través de un Banco trucho por el que se pagaron 1600 millones de dólares de coima en todo el mundo".
Con respecto a Arribas, cabe recordar que el jefe de la AFI fue sobreseído por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, con el aval del fiscal de Cámara Germán Moldes, que desistió de la apelación.
Sergio Rodríguez, el fiscal titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), se opuso a ese cierre, pero la Cámara de Casación Penal le dijo que no estaba legitimada para pedir la reapertura de la causa porque "a la fecha de los hechos materia de investigación" Arribas no era funcionario y la PIA, una fiscalía especializada en temas de corrupción, solo tiene atribuciones para perseguir a quienes sí lo son.
Por eso, dijo la Casación, no tenía "legitimación para apelar el sobreseimiento". La PIA apuesta ahora a que la Corte Suprema revierta este criterio y la habilite a seguir peleando el caso. Esa es la única vía por la que podría reabrirse la denuncia contra Arribas.Fuente: Urgente24.com
