Soterramiento Línea Sarmiento: Cámara pide profundizar la investigación contra IECSA del primo de Macri

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La Sala II rechazó a la UIF como querellante y ordenó “determinar la participación de funcionarios y empresarios de grandes firmas” nacionales y extranjeras, sin esperar la información de Brasil.

La Sala II de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal –integrada por los jueces Martín Irurzun y Eduardo G. Farah- resolvió este lunes la causa CFP 2885/2016/12/CA2 del registro del Juzgado Federal n° 8. Según surge de la resolución, se trata del caso en el que se investiga el presunto “pago de sobornos por parte del Grupo Odebretch y socios locales a funcionarios públicos integrantes de la estructura del entonces Ministerio de Planificación Federal, para lograr la adjudicación y continuidad en las distintas etapas de la obra ‘Soterramiento del Corredor Ferroviario Caballito – Moreno’ de la Línea Sarmiento”. 

Siendo este un acto administrativo que benefició al consorcio integrado por las firmas IECSA S.A. (del primo de Mauricio Macri), Constructora Norberto Odebretch S.A., GHELLA Societa Per Azioni y COMSA S.A.”. La información la dio a conocer el Centro de Información Judicial (CIJ), organismo que difunde decisiones de la Corte Suprema. 

Partiendo de esa descripción, los camaristas confirmaron el rechazo del pedido de la Unidad de Información Financiera de ser tenida por querella, valorando que esa calidad le es reconocida en investigaciones con objetos diferentes al de éste expediente.

En el considerando III de su resolución, los jueces efectuaron consideraciones sobre el modo en que correspondía dirigir los actos procesales de la compleja pesquisa en cuestión para determinar la participación de funcionarios y empresarios de grandes firmas comerciales de Argentina y del exterior, encomendando al juez que la encamine a través de medidas rápidas y eficaces, usando la información que tiene a su disposición (hay otra que depende de la respuesta que otros países a pedidos de colaboración, hasta ahora infructuosos).

Dijeron al respecto: “El objeto de la instrucción trae aparejado cierto grado de dificultad probatoria sobre determinados aspectos del iter criminis -más que nada en función de los resultados infructuosos que han tenido en otros países los exhortos internacionales-. Pero ello no obsta a la producción de cursos de acción rápidos y que sirvan para obtener mayores precisiones sobre las distintas facetas que -como ya se conoce- la maniobra presenta, tanto en las etapas previas, así como en las de adjudicación y de ejecución del contrato….

Es que la entidad de los sucesos denunciados -donde se encuentran imputados por hechos de corrupción funcionarios públicos y empresarios del sector privado, que involucran pagos de sobornos en el contexto de supuestos fraudes por sumas millonarias- hace ineludible encomendar al juez que tome en consideración información ya invocada en la causa (ver f. 1069/37vta.) y que, sobre la base de datos colectados, procure una actividad eficaz en miras a contestar interrogantes suficientes a fin de avanzar en el proceso, como también que evalúe la adopción de medidas cautelares de distinta índole que correspondan”.LetraP.com

Pino Solanas sobre el soterramiento del Sarmiento: “Es la obra más equivocada y corrupta de Argentina”

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El senador nacional cuestionó que solo tendrá dos vías y aseguró que se resolvía con túneles y puentes a un costo considerablemente menor.

El senador nacional y líder de Proyecto Sur, Fernando “Pino” Solanas, criticó la obra del soterramiento del tren Sarmiento. Dijo que es “la obra más equivocada y corrupta de Argentina”.

Habló de “corrupción de hormiga” y dijo que es “grave” que la obra pública nacional sea entregada “a los parientes de (el presidente de la Nación, Mauricio) Macri”.

Senador Nacional Fernando "Pino" Solanas (Proyecto Sur)

Para el senador, es innecesario gastar U$S10.000 millones en estos trabajos cuando se pueden instalar “53 puentes o túneles que no valen más de 500 millones de dólares”.

“Van a construir en 20 metros de profundidad, con la aberrante idea de que sea de dos vías. Significa que no entrará y no saldrá ningún expreso o semi-expreso o carguero”, razonó Solanas.

“Es uno de los negociados que tienen actualizaciones de precios y parates y cuestan millones, como pasó con Yaciretá (la represa de Corrientes)”, añadió.

“Lo que era IECSA se retiró y esas acciones pasaron a un grupo italiano de vieja asociación con el holding macri, Ghella, que tiene el 85% de la obra”, agregó el senador y dijo que es “un negocio de la familia”.

Luego de la salida de la empresa brasilera Odebrecht, el Gobierno nacional consiguió un crédito por U$S1.100.000.000 para avanzar con la obra. Lo hizo a través de financiamiento internacional para un consorcio encabezado por la empresa italiana Ghella.

El soterramiento del Sarmiento tiene un presupuesto de US$3.000.000.000, que iban a ser aportados por el Estado nacional. Se avanzó en un 9%. El Gobierno quiere terminarlo en 2022. El crédito citado servirá para terminar la primera de las tres etapas previstas en el proyecto original.

Desde octubre de 2016, cuando inauguró la tuneladora en Haedo, se hicieron dos kilómetros de túnel, a 22 metros de profundidad (más del 10% de los 18 kilómetros que tiene toda la obra) y se pusieron bajo tierra 1.075 dovelas de hormigón.PuraCiudad.com

Ghella no consigue financiamiento y se vuelve a complicar el soterramiento

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La firma italiana no consigue respaldo de los bancos, que temen consecuencias de las causas por coimas.

La firma italiana Ghella, que tras la salida de Odebrecht quedó al frente del soterramiento del Sarmiento, no consigue financiamiento internacional y se vuelven a complicar las obras, anunciadas hace más de diez años.

Como contó LPO meses atrás, molesto por las maniobras de los brasileños con la información del Lava Jato, Mauricio Macri presionó fuerte para que Odebrecht se retire de la obra, algo que finalmente sucedió a fines de junio pasado. Con el retiro también de la española ComSa, la UTE que tiene a su cargo las obras quedó a cargo de Ghella, asociada con Iecsa (ahora llamada Sacde, tras la venta de Ángelo Calcaterra a Mindlin). Ese fue el plan de Macri desde un principio: correr a Odebrechet y dejar a las dos empresas que hicieron la obra del arroyo Maldonado, muy cercanas a su familia.

Este medio también reveló que ya desde antes de la salida de Odebrecht, los ejecutivos de Ghella habían empezado a buscar financiamiento asegurando a los bancos extranjeros que los brasileños quedaban afuera, advertidos que ningún inversor se arriesgaría a poner un dólar en una obra a cargo de la empresa que enfrenta el mayor escándalo de corrupción del continente.

Ahora, con el terreno despejado, los italianos volvieron a la carga tratando de conseguir fondos y no depender del Gobierno argentino, que por decretó dispuso que el Tesoro transfiera los 45 mil millones de pesos que demandaría la obra. El problema es que la Casa Rosada parece haber modificado su estrategia y el año que viene pretende que el grueso de la obra pública sea financiado a través del esquema de participación público-privada (PPP), para empezar a reducir el déficit fiscal.

En rigor, el anuncio de que el Gobierno se haría cargo de la financiación del soterramiento fue una manera de mantener en pie un proyecto que estaba al borde de caerse, pero ningún cálculo serio haría pensar que semejante cifra saldría de las arcas nacionales. Eso sin contar que el contrato original establecía que las empresas debían conseguir el financiamiento.

Ghella pretende salir de ese enredo y destrabar el proyecto con fondos privados. Pero a pesar de que ya no tiene la mochila de Odebrecht, sigue teniendo serios problemas para convencer a los inversores. Según supo LPO, los bancos se siguen negando a involucrarse en la obra por las causas de corrupción que todavía están abierta.

Aunque todas las sospechas apuntan a Odebrecht, sus socios en la UTE del Sarmiento no están exentos de las investigaciones. En los últimos días, salió a la luz que los brasileños, Iecsa y ComSa abrían pagado "honorarios" durante años a Manuel Vázquez, el testaferro de Ricardo Jaime. No termina de quedar claro por qué tres de los socios se involucraron en esa maniobra y Ghella no.

También se conoció un informe de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que determinó que hubo "múltiples" irregularidades en la licitación. Ese informe fue elaborado a pedido del fiscal Picardi, que investiga por presuntas coimas a los directivos de todas las empresas involucradas en la UTE. Es decir, que el escándalo al menos roza Ghella.

En ese contexto, los bancos afirman que no pueden arriesgarse a disponer de fondos para el soterramiento porque en los análisis de "compliance" que realizan dan muy mal. El "compliance" es una especie de índice que mide los riesgos de una inversión para evitar, entre otras cosas, incumplimientos o sanciones.

Ante esto Ghella argumenta que tiene la garantía de la Sociedad para el Seguro de Crédito a la Exportación (SACE), un organismo del gobierno italiano que recientemente levantó la calificación de riesgo para las inversiones en Argentina, en el marco de la visita del ex premier Matteo Renzi para reunirse con Macri.

Pero por más garantía que Ghella esgrima, el riesgo de quedar involucrado en alguna esquirla del Lava Jato o de la investigación por las coimas en el Soterramiento sigue espantando a los inversores. La alternativa sigue siendo que los fondos salgan de las arcas del Estado argentino, aunque eso ya no convence ni al Gobierno.Fuente: LaPolíticaonline

Línea Sarmiento: Denuncian que Iecsa, Comsa y Odebrecht pagaban coimas a testaferro de Jaime

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Continúan apareciendo investigaciones que demuestran como el grupo económico de la familia Macri se benefició con la gestión del Gobierno anterior.

Tres de las cuatro empresas que integran el consorcio que ganó el proyecto para soterrar el tren Sarmiento le pagaron coimas durante años a Vázquez, el testaferro de Jaime.

Según La Nación, un cruzamiento de mails reveló que Manuel Vázquez comenzó a recibir pagos meses antes de que el Gobierno llamara a licitación por esa obra.

Las firmas comprometidas en el pago de coimas incluyen a la constructora Iecsa -por entonces en manos de Franco Macri-, a la firma especializada en obras ferroviarias Comsa y al gigante brasileño Odebrecht.

A cambio de ese dinero, Vázquez les adelantó información sobre los proyectos del Ministerio de Planificación, les envió copias de resoluciones y convocatorias.

Además, Iecsa había aparecido junto a Techint, Esuco y Electroingeniería, entre otras, en un texto del escritor Jorge Asís sobre los sobreprecios, favoritismos y disputas en el reparto de la obra pública kirchnerista. Vázquez se lo envió a Calcaterra, también citado en ese texto, con la sugerencia de extremar la cautela para evitar “investigaciones indeseables” de la prensa.

Si bien Iecsa asumió el rol protagónico ante el Gobierno kirchnerista a la hora de pujar por el contrato para el soterramiento, antes y después de que Franco Macri cediera el control de la constructora a Calcaterra, a medida que mejoraba su relación con Odebrecht, Vázquez se distanció de Iecsa.

En agosto de 2008, Iecsa firmó el acuerdo formal de unión transitoria de empresas (UTE) para el soterramiento del Sarmiento junto a Odebrecht, Ghella y Comsa, que para entonces también le pagaba US$ 1000 a Vázquez por mes.

Parece que cuando se trata de los negocios de la patria contratista, se acaba la famosa “grieta” de la que hablan macristas y kirchneristas.

Cabe destacar que estos negociados aluden a lo que más tarde fue el mismo el escenario de la masacre de Once, un crimen social que reveló hasta dónde podían llegar los negociados y la desidia de políticos y empresarios.LaIzquierdaDirio.com

Prohíben el ingreso de "Pino" Solanas al soterramiento de la Línea Sarmiento

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Fernando "Pino" Solanas, candidato a senador por la provincia de Buenos Aires, realizó un fuerte descargo en las puertas del soterramiento de la Línea Sarmiento cuando le fue negada la entrada a recorrer las instalaciones. "Es una vergüenza que siendo un senador nacional me nieguen la entrada a una obra pública que se están realizando con fondos de los ciudadanos", dijo.  

"¿Qué es lo que están haciendo acá adentro? Esto demuestra aún más la trama de complicidades y secretismo de Estado de los diferentes gobiernos", señaló Solanas. "La Línea Sarmiento será una obra que 'dicen' que costará 3 mil millones de dólares. Mentira: terminará saliendo entre 15 y 20 mil", sentenció.  

"Toda la adjudicación del está sospechada y ligada a empresas de la familia Macri: Iecsa, Comsa, Calcaterra y Ghella. La gestión de Randazzo fue mediocre que terminó comprando durmientes a China que se rompen cuando pasa una formación. El macrismo y el kirchnerismo traicionaron al país destruyendo la industria ferroviaria. Fueron gobiernos canallas", concluyó el dirigente. LaNoticia1.com

Piden investigar giros de la empresa Iecsa por u$s 14 millones a un paraíso fiscal

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Los aportes serán hechos a las causas que investigan el soterramiento del Sarmiento, los Panamá Papers y las irregularidades en la obra pública durante la era kirchnerista.

Tres jueces federales recibirán entre lunes y martes información que pone en la mira transacciones “sospechosas” de la constructora Iecsa con un banco radicado en un paraíso fiscal. Los movimientos fueron realizados entre 2009 y 2014, cuando la empresa era de Angelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri.

Los aportes serán hechos a las causas que investigan el soterramiento del Sarmiento, los Panamá Papers y las irregularidades en la obra pública durante la era kirchnerista, que hasta ahora tiene como principal apuntado al empresario Lázaro Báez. La información forma parte de las presentaciones que hará el diputado nacional del Frente para la Victoria Rodolfo Tailhade.

Las denuncias, a las que tuvo acceso PERFIL y que contienen documentación detallada de los giros de dinero, piden que se investigue si Iecsa cometió evasión fiscal por un monto aproximado a US$ 14 millones, a través de una maniobra que involucra a la firma chilena Inversora Andina, cuya controlante es Iecsa. Inversora Andina, sin empleados, pagó sueldos y giró dividendos a su controlante argentina a través del Pacific Trade Bank, entidad financiera registrada en Samoa, un paraíso fiscal cerca de las islas Cook, que curiosamente tiene domicilio en el mismo lugar que unas 200 empresas off shore.

Lo que sostiene el legislador es que el dinero que terminó en un paraíso fiscal provino de las obras públicas que Iecsa tiene en Latinoamérica junto con Odebrecht y Ghella.

En su acusación, Tailhade involucra a Pía Calcaterra, que en ese momento era la administradora de Inversora Andina durante los años en que se produjeron los giros de dividendos y hoy es funcionaria de la Unidad de Información Financiera, el organismo del Estado que tiene que investigar el lavado de activos.

La empresa de Calcaterra, que ahora es de Marcelo Mindlin, apareció en la escena del escándalo de Odebrecht porque es su socia para las obras del soterramiento del ferrocarril Sarmiento. Y según publicó en su momento La Nación, Gustavo Arribas, entonces representante de fútbol y hoy jefe de los espías de Macri, recibió dinero del encargado de pagar sobornos por parte de Odebrecht, en teoría para conseguir que se reactivara el soterramiento. Pero Arribas fue sobreseído por la Justicia argentina y la acusación se diluyó.Perfíl.com

Auditarán las empresas que se adjudicaron el soterramiento de la Línea Sarmiento

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Se trata de la constructora Odebrecht, Iecsa, la empresa que era de Ángelo Calcaterra, Ghella y Comsa

Para averiguar el origen de los fondos con los que se habrían pagado los sobornos para obtener la licitación para el soterramiento del tren Sarmiento, pidieron realizar una minuciosa auditoría en las cuatro empresas que se adjudicaron el contrato. Se tratarían de Odebrecht, Iecsa, Ghella y Comsa.

Los balances, facturas y otra documentación interna de Odebrecht y sus socios locales ya están en manos de la Justicia. El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi allanó la semana pasada todas las sedes de las empresas. A la espera de la orden del magistrado, entonces, los auditores ya cuentan con el material que componen las cuentas en blanco de las compañías en el período 2007-2014.

Los fiscales recomendaron que la AFIP, la Inspección General de Justicia (IGJ) y contadores de las fuerzas de seguridad pongan en marcha una revisión profunda sobre los balances de Odebrecht, pero también de sus socios locales: Iecsa, la empresa que era que era de Ángelo Calcaterra, primo del Presidente; la italiana Ghella, y Comsa.

La hipótesis de los investigadores es que los fondos utilizados para los sobornos pudieron haber salido desde las arcas de los socios locales o bien desde la estructura argentina de Odebrecht. La auditoría sobre las cuentas de las compañías hará foco sobre las posibles actividades ilícitas que pueden haber ayudado a justificar en los balances el desvío de fondos, como el caso de la utilización de facturas falsas, entre otros mecanismos.

"No puede descartarse que los sobornos guarden una correlación, aunque simulada, en los asientos contables y documentación de respaldo [de las empresas]; en este sentido un relevamiento podría dar con elementos de importancia para el esclarecimiento de los hechos", escribieron los fiscales.

"Los sobornos efectuados para que Odebrecht y sus vinculadas obtuvieran contratos en nuestro país pudieron tener origen en fondos correspondientes a las empresas locales. Sin embargo, no puede eludirse pensar en compensaciones internas si los sobornos hubieran correspondido a Odebrecht Brasil, pues difícilmente dicha matriz habría podido absorber el costo de los sobornos a nivel mundial", agregaron los fiscales.

Con esta medida de prueba, la Justicia por primera vez evalúa otra posibilidad sobre el origen de los fondos con que se habrían pagado los sobornos para quedarse con la obra, un contrato de US$ 3000 millones. Hasta ahora, la hipótesis más certera era que Odebrecht había utilizado su compleja estructura offshore para realizar los pagos indebidos a distintos funcionarios.ElIntransigente.com

Allanan IECSA, Odebrecht y Ghella por el soterramiento de la Línea Sarmiento

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El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi ordenó nuevos allanamientos a las sedes de las empresas IECSA, Odebrecht y Ghella, en la causa que investiga el supuesto pago de sobornos para el soterramiento de la Línea Sarmiento en el marco del escándalo del "Lava Jato" brasileño, causa en la que impuso el secreto de sumario.

Se trata de la causa por sobreprecios de $ 300 millones así como por el pago de sobornos para ganar la licitación. El operativo tuvo lugar en las oficinas de la compañía ubicadas en Alem al 800, a fin de recolectar registros de la obra.

Sin embargo, los allanamientos no son la única novedad judicial vinculada con la empresa brasileña. El fiscal federal Federico Delgado pidió que la Anses entregue a la Justicia un informe sobre el "respaldo legal" que tuvo la firma de un acuerdo mutuo entre ese organismo y AYSA por $ 890.000 millones, en la causa que investiga el supuesto pago de sobornos para la construcción de dos plantas potabilizadoras en el Paraná de las Palmas, adjudicada a la empresa Odebrecht.

Delgado requirió al juez federal Sebastián Casanello que pida a la Anses en un "plazo breve y perentorio" que informe "el respaldo legal del mutuo -así se dice cuando se trata de acuerdos de dinero- entre AYSA SA y el citado organismo por la suma de 890.000 millones de pesos del 21 de agosto de 2008 por un plazo de 10 años, aprobado por resolución del Ministerio de Planificación n° 776".

Vale recordar que el 24 de mayo pasado el juez federal Sebastián Casanello había ordenado un allanamiento en la sede argentina de la empresa Odebrecht, en el marco de la otra causa que investiga el supuesto pago de sobreprecios y coimas en la construcción de una planta de Aysa en Tigre. 

"La idea es contar con un informe y no con expedientes. Esto es decisivo, obtener un informe y no documentos cuyo abordaje se vuelve materialmente imposible", explicó el fiscal en el pedido al juez. Casanello investiga el supuesto pago de sobornos por parte de la empresa constructora Odebrecht para adjudicarse esas obras, en el marco del escándalo conocido como "Lava Jato".Ámbito.com

La mira en funcionarios y empresarios

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El fiscal imputó a Calcaterra –primo de Macri y hasta hace poco dueño de Iecsa–, al representante de Odebrecht en el país y a ex funcionarios como Jaime. Pidió cruces de llamadas y otras medidas.

El dictamen del fiscal federal Franco Picardi encuadra la adjudicación del soterramiento de la Línea Sarmiento en “un habitual, complejo e ilícito modus operandi de empresas de origen extranjero y socios locales con pretensiones económicas, contractuales y financieras en la adjudicación de obra pública”. A lo largo de cuarenta páginas, imputa tanto a empresarios como a funcionarios: por un lado apunta al dueño hasta poco de la empresa Iecsa y primo de Mauricio Macri, Angelo Calcaterra, y el CEO de la firma, Javier Sánchez Caballero, y al hombre que representaba a la brasileña Odebrecht en la Argentina, Mauricio Couri Ribeiro; también sumó a Jorge “Corcho” Rodríguez, quien se sospecha pudo haber actuado como intermediario; y dentro del ámbito gubernamental, señala al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, su mano derecha Manuel Vázquez y el ex secretario de Obras Públicas José López, el hombre atrapado con 9 millones de dólares entrando a un convento. Los principales delitos que les adjudica son defraudación, soborno transnacional y dádivas. La presentación que hizo Picardi ante el juez Marcelo Martínez de Giorgi señala que Iecsa y Odebrecht se postularon como socias y que protagonizaron junto con otras compañías mecanismos de “cartelización” implementados para reducir la competencia y que siempre ganaran las mismas. Dice que es un procedimiento análogo al que se detectó en Brasil en el caso Lava Jato.

Una larga lista de medidas de prueba pedidas por el fiscal incluye un entrecruzamiento de llamadas entre los funcionarios implicados y los empresarios del consorcio adjudicatario del soterramiento, integrado por la sociedad Iecsa/Odebrecht más la italiana Ghella y la española Comsa. Ante diferentes organismos (como la UIF y el Banco Central) solicitó datos sobre cuentas bancarias vinculadas a todos ellos y sus movimientos. El período que abarcan las medidas va de 2005 a 2014.

Picardi requirió también la ampliación de un peritaje sobre una notebook HP modelo 432 que utilizaba Couri Ribeiro, ya que en el análisis que hizo hasta ahora la Policía Federal se determinó que habían sido borrados gran cantidad de archivos que podían estar vinculados o identificados con las palabras “soterramiento”, “Sarmiento”, “Klienfeld Services Ltd” (una empresa offshore que se usó para canalizar coimas al menos en casos detectados en Brasil) y “Antigua Overseas” (un banco utilizado para recibir sobornos). Ahora el fiscal pidió que se rastreen archivos con otras palabras “clave”: “División de operaciones estructuradas” (un área creada por la empresa Odebrecht para ocuparse de los pagos ilegales con fondos que la firma no registraban en sus balances); “Drousys” (sistema de comunicaciones utilizaban en ese área); “my web day” (el sistema para hacer solicitudes de pago que utilizaba Odebrecht); la sigla “DGI”, usada para aludir a coimas; más los nombres de los funcionarios y de los empresarios.

Odebrecht, como ya es conocido, informó en Estados Unidos, que entre 2007 y 2014 ordenó pagos por 35 millones de dólares en sobornos a intermediarios de funcionarios del gobierno argentino. Así lo recuerda el dictamen de Picardi, y agrega que por los proyectos de obra que la empresa consiguió (soterramiento, plantas potabilizadoras y gasoductos del Norte y del Sur) Odebrecht “obtuvo ganancias por 278 millones de dólares”. Cerca de 3 millones de dólares, añade, fueron pagados entre 2011 y 2014, a sabiendas de que los pagos estaban destinados a funcionarios argentinos.  

La causa por el soterramiento del Sarmiento se inició en marzo de 2016 por una denuncia de Graciela Ocaña, quien dijo que había tomado conocimiento de un informe brasileño de la operación Lava Jato, que mencionaba a empresas que se habrían utilizado para recibir pagos de coimas de Odebrecht ligadas a la Argentina: Controles y Auditorias Especiales (de España y de Argentina), vinculada con Jaime y Vázquez, que habrían recibido dinero vía la offshore “Klienfeld Service Ltd”. Ocaña detalló pruebas que involucraban a Jaime, Vázquez y Ribeiro: correos electrónicos entre Vázquez y el hombre de Odebrecht, y registros de transferencias de “Klienfeld Services LTD” a “Pribont Corporation S.A.” por 80 mil dólares en el First Caribbean Internacional Bank. Ocaña decía que el beneficiario sería Jaime y que en un correo electrónico Vázquez le reclamaba a Couri Ribeiro por “problemas” con un pago, que sería una coima. Un informe del país vecino decía que el hombre con acceso a las cuentas de sociedades off shore era Fernando Migliaccio Da Silva, ejecutivo Odebrecht. Ribeiro le reenvía a Da Silva un correo con los reclamos Vázquez.  También habría dejado asentado que Sánchez Caballero, gerente de Iecsa, “mantuvo reuniones para tratar el pago de coimas del soterramiento del tren Sarmiento” por sumas superiores a 20 millones de dólares.

Tras la denuncia inicial Picardi impulsó la investigación, pero recién ahora definió la maniobra investigada y los imputados: “el posible pago de sobornos por parte del grupo Odebrecht y socios locales (Iecsa) a funcionarios públicos integrantes de la estructura del entonces Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, para lograr la adjudicación y continuidad en las distintas etapas de la obra ‘Soterramiento del Corredor Ferroviario Caballito-Moreno’ de la Línea Sarmiento, acto administrativo que benefició al consorcio integrado por las firmas Iecsa S.A., Constructora Norberto Odebrecht S.A., Ghella Societa Per Azioni y Comsa S.A”. Planteó que en Argentina, igual que en Brasil, se habrían cartelizado las contratistas entre sí “para reemplazar una competencia real por una aparente en el marco de la presentación de sus ofertas en los procesos licitatorios de las contrataciones o similares”.

Picardi también pidió datos sobre la investigación que señala al titular de la AFI, Gustavo Arribas, como posible receptor de coimas. Así lo señaló el arrepentido brasileño Leonardo Meirelles. En los próximos días llegaría al país información sobre las diez transferencia de 850 mil dólares que señaló.Fuente: Página12.com (Nota enviada por nuestro colaborador Jorge Zatloukal)

Denuncian penalmente a Macri en la causa por las coimas que pagó Odebrecht

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El presidente Mauricio Macri, su primo Angelo Calcaterra y el empresario Marcelo Mindlin fueron denunciados penalmente hoy en los tribunales de Comodoro Py en relación a los pagos de coimas que el gigante de la construcción brasileño Odebrecht confesó haber hecho en Argentina, informaron hoy fuentes judiciales. 

La presentación alcanzó, a la vez, a Gustavo Arribas, titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI); a Joseph Lewis, el magnate británico dueño de una estancia en Lago Escondido que alojó allí a Macri, y a Javier Caballero Sánchez, ex ejecutivo de empresas vinculadas a la familia presidencial. 

"Odebrecht Brasil le envió 20 millones de dólares a la empresa IECSA de los Calcaterra y en cinco mails se menciona a Caballero Sánchez, ex CEO de IECSA", consignó la presentación de Fernando Miguez, titular de la Fundación por la Paz y Cambio Climático. También consignó el denunciante que "Mindlin, cuando compró IECSA y la transformó en SADEC, lo primero que hizo fue desprenderse de Sánchez Caballero" y especuló con que "lo hizo, porque el escándalo Odebrecht lo puede salpicar". 

Sobre Arribas, mencionó que el ’arrepentido’ brasileño Leonardo Meirelles aseguró que le había hecho diez transferencias bancarias por 850 mil dólares al hoy titular de la AFI en 2013, en coincidencia con la reactivación del plan de soterramiento de la Línea Sarmiento. La denuncia fue presentada en la Cámara Federal porteña y con el número 6604/2017 recayó en el juzgado federal de Sergio Torres, con intervención de la fiscalía federal número cinco. 

En su presentación, el denunciante pidió que se investigue si los denunciados habrían perpetrado los delitos de "asociación ilícita", "estafa", "defraudación", "encubrimiento" e infracción al artículo 303 del Código Penal. 

Mientras, el diputado del Frente para la Victoria-PJ Rodolfo Tailhade insistió hoy en que el grupo empresario de la familia de Macri es "socio y cómplice" de Odebrecht y de Mindlin, a los que les dio las obras de soterramiento del Sarmiento. En ese contexto, aseguró que Arribas "es sólo un empleado de Macri y Odebrecht". 

Tailhade, quien impulsó la denuncia penal contra funcionarios del macrismo por operaciones sospechosas ligadas al grupo Odebrecht que tramita el juez federal Claudio Bonadio, sostuvo que "en la trama de corrupción de Odebrecht se omite un dato central: la sociedad de Macri y los brasileros. Socios y cómplices desde hace años". recordó que en 2006 Macri, a través de IECSA, "se asoció con Odebrecht para la licitación del Sarmiento. Esa sociedad continúa hoy plenamente operativa" y, dijo, recibió del actual Gobierno "3 mil millones de dólares" para financiar la obra. 

Relató que en 2010 Odebrecht compró el Meinl Bank y mediante esa entidad pagó "más de 1.600 millones de dólares en sobornos en todo el mundo" y compró por 400 millones de pesos los créditos que el BID y CFI verificaron en el concurso de Correo Argentino, para lo que tomó como garantía "las acciones de Sideco, controlante de Correo Argentino". "Aquí también Odebrecht es socio de Macri", dijo en un comunicado. 

Añadió que "Mindlin fue el principal ganador de los primeros 16 meses de Macri" ya que "compró Petrobras y fue el gran beneficiario de los tarifazos". "Fin del cuento: hoy Odebrecht y Mindlin son socios en el soterramiento del Sarmiento. Obra que les dio su socio y cómplice Mauricio Macri. En toda esta trama, Arribas es sólo un empleado de Macri y Odebrecht", remarcó.Fuente: ElLitoral.com

La empresa Odebrecht, ¿otro dolor de cabeza para al gobierno?

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La lectura de los medios este domingo no debe haber sido agradable para el presidente Macri. El diario La Nación publicó una investigación que sostiene que la multidenunciada Odebrecht aportó dinero a la campaña presidencial de Macri, a través de Braskem SA, una de sus controladas.

El dato es muy significativo porque ya son muchos los eslabones que vinculan al presidente con la multinacional brasileña: El supuesto pago de coimas en una cuenta en Suiza de su amigo Gustavo Arrivas, desestimado por el cuestionado juez federal Rodolfo Canicoba Corral, pero apelado en duros términos por el fiscal Delgado.

Y luego, la denuncia de otro ejecutivo arrepentido -fueron más de setenta los que se acogieron a ese beneficio- que confesó el pago de coimas millonarias al primo del presidente, Angelo Calcaterra, por entonces dueño de la constructora familiar Iecsa, a cargo de la obra del soterramiento del Sarmiento, que requería la colaboración de la Ciudad que administraba Macri.

Cuando Macri realizó meses atrás una visita de Estado a Brasil, le solicitó tanto al gobierno de Michel Temer como a la Corte Suprema que le faciliten toda la información que poseían sobre el capítulo argentino del caso Odebrecht. El pedido llamó la atención, pero no fue respondido.

"Odebrecht pagó 500.000 mil pesos por una mesa en la cena para juntar fondos para la campaña de Macri, pero lo hizo bajo la firma Braskem de manera de pasar desarecibida".

Lo mismo requirió el gobierno de Macri a la justicia de Estados Unidos, que llegó a un acuerdo con los directivos de la multinacional brasileña y tiene declaraciones selladas con la ruta de las coimas que pagaron en todo el continente.

En ese marco, el diario La Nación, reveló hoy que Odebrecht desembolsó $500.000 para respaldar la candidatura del líder de PRO a comienzos de 2015.

La campaña de Macri recibió $500.000 de Braskem Argentina SA, empresa controlada por Odebrecht que también admitió prácticas ilegales y sobornos ante la Justicia de Estados Unidos. El aporte figura en el balance del PRO del 2015 porque la empresa pagó los cubiertos de toda una mesa en la cena de recaudación de fondos que organizó Cambiemos en marzo de ese año.

"La donación es totalmente legal. Es una más entre los 2000 empresarios que vinieron a la cena. No existe ningún tipo de incompatibilidad ni nada espurio detrás del aporte. Tampoco había ningún vínculo contractual entre la empresa y la ciudad de Buenos Aires (administrada en ese momento por Macri)", se defendió José Torello, apoderado del PRO y jefe de asesores del Presidente.

La obra del soterramiento del Sarmiento que costará más de u$s 3.000 millones sigue en manos de Iecsa y la brasileña Odebrecht y hasta ahora el presidente Macri no ha considerado quitársela a la brasileña, como si han hecho otros presidentes de la región como Enrique Peña Nieto con obras similares, ante el megaescándalo de la brasileña.

Esto pese a que el Decreto 1023, firmado por Fernando de la Rúa el 13 de agosto de 2001, dispone bajo el título Anticorrupción que se puede rescindir un contrato si hubo pago o incluso ofrecimiento de coimas.

"Otros presidentes de la región como el mexicano Peña Nieto le han suspendido obras a Odebrecht ante las confesiones de pago de coimas, Macri sin embargo mantiene a la brasileña en el soterramiento del Sarmiento".

La obra del Sarmiento fue adjudicada por Julio de Vido durante el kirchnerismo. No es un secreto que el ex ministro era el vínculo más sólido con los macristas Angelo Calcaterra y Nicolás "Nicky" Caputo y de hecho, aún hoy el macrismo se cuida de atacarlo o denunciarlo.

En este caso, el capítulo que golpea a Iecsa forma parte de un cerco que empieza a cerrarse y que tiene vinculación con los Panamá Papers y estalló por una explosiva revelación del diario brasileño Estado de San Pablo. Ese diario difundió a principios de año información proveniente de correos electrónicos y anotaciones que surgieron de un back up de la computadora de uno de los ejecutivos de Odebrecht en la Argentina, Mauricio Couri Ribeiro, confiscados por la Policía Federal de Brasil.

Allí aparece el nombre de Javier Sánchez Caballero, como el hombre de Iecsa para negociar el pago de las coimas. 

En la declaración ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Odebrecht reconoció haber pagado coimas por u$s 35 millones en la Argentina, pero fuentes de la construcción afirmaron a LPO que sería mucho más. "Odebrecht ganó obras en el país por 5.000 millones de dólares y la coima habitual en el negocio es un 10 por ciento, así que estamos hablando de un piso de 500 millones de dólares", explicaron.

En el artículo de Estado se informa que en el acuerdo de colaboración que Odebrecht firmó con la justicia de Estados Unidos, la multinacional "confirmó que pagó coimas relacionadas con la obra del soterramiento del Sarmiento" y "fueron entregados sobornos relacionados con la empresa Iecsa del primo de Mauricio Macri".

La investigación revela cinco mensajes vinculados al pago de sobornos en Argentina y en uno de junio de 2010, se menciona una reunión con Sánchez Caballero. Allí aparece la frase "DGI's-Contacto Directo". Los directivos de Odebrecht usaban el código "DGI" para referirse a los sobornos. La misma sigla se repite en otros mails, como el que se titula "Reunión Sarmiento" e indica tres "DGI" por distintas etapas de la obra por un total de 20 millones de dólares.

En ese correo electrónico también se menciona a Lourenço Ghella, de la multinacional italiana, socia de Iecsa en la obra del Sarmiento y antes de eso en la ampliación del viaucto de Juan B. Justo, que se concretó durante la administración porteña de Macri.

La conexión Correo y la renuncia de Balbin

En los documentos revelados por el diario brasileño también se menciona a Manuel Vázquez, cajero del ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, quien se encuentra detenido por diversos casos de corrupción en la importación de trenes obsoletos de España.

En los mails que publica el diario brasileño se informa que en febrero de 2010 Vázquez le reclamó a Couri Ribero -que era el principal gerente de Odebrecht en la Argentina-el pago de una coima de 80 mil pesos. El gerente de Odebrecht se comunicó entonces con otro ejecutivo, Fernando Migliaccio, para destrabar el pago. Este empresario es la punta que une el caso del Soterramiento con el escándalo del Correo.

Migliaccio es clave y su testimonio puede ser explosivo. Fue detenido en Suiza y actualmente colabora con la justicia brasileña.

En octubre de 2010 Odebrecht ordenó a Migliaccio comprar el banco austríaco Meinl, con sede en el paraíso fiscal de Antigua y Barbuda. Fue a través de esa institución que Odebrecht compró buena parte de la deuda que tenía el Correo Argentino S.A. con otros tres bancos -entre ellos el Banco Galicia- y se presentó como acreedor por 400 millones de pesos para convalidar la propuesta del Grupo Macri en la audiencia judicial en la que se acordó una quita del 98,87 por ciento, luego dejada sin efecto ante el escándalo público. 

El caso Odebrecht en la Argentina está fragmentado en una serie de causas, que a medida que trascienden nuevos testimonios empiezan a confluir. Las coimas por el Soterramiento, los giros a cuentas en Suiza de Arribas, las coimas a Jaime, los Panamá Papers y la utilización del estudio Mossack Fonseca para pagar sobornos en todo el continente.

El sitio de la ex legisladora kirchnerista Gabriela Cerrutti reveló este sábado que el despedido procurador Carlos Balbin -sin que mediara ninguna explicación pública del Gobierno-, había firmado una crítica auditoria sobre polémico acuerdo alcanzado entre el gobierno y el Correo de la familia Macri.

La falta de un pronunciamiento de la Procuración del Tesoro en un juicio del Estado que alcanzaba miles de millones fue en su momento uno de los principales cuestionamientos a la administración Macri.

La nota revela además, que la Procuración se encontraba investigando las coimas pagadas por Odebrecht en Argentina, vinculadas al soterramiento del Sarmiento en conjunto con la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA) que conduce el fiscal Sergio Rodríguez.

Este domingo, el mismo sitio reveló que Balbin cuestionó la polémica venta de tierras en Lago Escondido al billonario inglés Joe Lewis, amigo personal de Macri y financista de Marcelo Mindlin. El dueño de Pampa Energía semanas atrás compró Iecsa a Calcaterra.

Joe Lewis es el mayor inversor de Tavistock Group, un conglomerado de más de 150 empresas en diversos países y que es cuestionado en la Argentina por cerrar el paso al lago a los pobladores locales. En su mansión en esa zona, Macri fue de vacaciones junto a Juliana Awada y hasta utilizó el helicóptero del empresario.

Ahora se sabe que el despedido Balbín intervenía en tres investigaciones muy incómodas para el Gobierno: Correo Argentino, Joe Lewis y Odebrecht. En su lugar el Gobierno nombró al abogado Bernardo Saravia Fría, que tiene entre sus clientes al Grupo Macri.Fuente: LaPolíticaonline.com (Nota enviada por nuestro colaborador señor Jorge Zatloukal)

La Justicia analiza si debe suspender la obra del Sarmiento

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A la espera de datos desde Brasil, en tribunales debaten el futuro del proyecto al que el Gobierno le giró $ 45 mil millones.

El soterramiento del ferrocarril Sarmiento se convirtió en una piedra en el zapato para el kirchnerismo y para el macrismo. También lo es para el saliente dueño de Iecsa, Angelo Calcaterra, y para su nuevo propietario, Marcelo Mindlin. Para los fiscales y jueces que investigan el caso, implica una presión extra.

Mientras suman documentación, reclaman información a Brasil y aguardan que se destape la olla de los arrepentidos de Odebrecht, los investigadores se preguntan si serán ellos quiénes deberán decidir el futuro de la obra si las pruebas confirman las sospechas: que el kirchnerismo adjudicó el soterramiento a la constructora brasileña, a la empresa del primo de Mauricio Macri y a otras dos socias -Comsa y Ghella- a cambio de sobornos. Ese futuro incierto incluye la posibilidad de tener que frenar la obra -que ya está en marcha- y ordenar el apartamiento de las empresas.

La obra está siendo investigada en Brasil y tiene cuatro frentes judiciales en Argentina en torno al Lava Jato, pero dos expedientes se centran exclusivamente en el soterramiento y atraviesan la vida del proyecto desde que fue adjudicado en 2008, durante la primera presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, hasta su reactivación final en 2016, cuando el gobierno de Macri aumentó en $ 45 mil millones los fondos para la obra de su primo, Calcaterra.

En el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi investigan si las empresas pagaron coimas al entonces secretario de Transporte, Ricardo Jaime. En el otro expediente, el fiscal federal Gerardo Pollicita instruye una denuncia de CFK pidiendo que se investigue porqué el macrismo amplió mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) los fondos destinados a la obra de su primo. Fuentes judiciales anticiparon que el caso podría terminar concentrándose en la primera causa, que se centra el delito madre: si las empresas pagaron coimas a funcionarios.

Pollicita también redactó un pedido de colaboración al juez Sergio Moro, a cargo del caso en Curitiba, para saber si hay registros de pagos irregulares de Odebrecht en Argentina durante el último año. En ese expediente, la Justicia recibió esta semana un informe de la Comisión Bicameral que revisa del DNU y que declaró inválida la decisión de destinar al soterramiento otros $ 45 mil millones. La extensión de fondos para la obra quedó paralizada en el Congreso.

Pruebas. La comisión también remitió copia de la versión taquigráfica de la sesión, en la que oficialistas y kirchneristas se cruzaron en un debate por el futuro de la obra. El informe de los legisladores cuestiona el volumen de dinero que Macri destinó al soterramiento en comparación con los fondos destinados a obras en las provincias. Pablo Tonelli, miembro de la comisión revisora, increpó a uno de sus pares kirchneristas para recordarle que fue Ricardo Jaime quien le adjudicó la obra a Iecsa y Odebrecht. Los kirchneristas, en especial, Juliana Di Tullio, se opusieron a que la obra reciba más fondos. Pero nadie se animó a hablar de las sospechas de sobornos, ya que el caso expone tanto al kirchnerismo como al primo de Macri.

Mindlin ya no contaría en Iecsa con Javier Sánchez Caballero, CEO en la era Calcaterra. Los investigadores brasileños están seguros de que el ejecutivo argentino cumplió un rol en los pagos ilegales para conseguir la licitación del soterramiento. La Justicia argentina recibiría esas supuestas pruebas a partir del 1º de junio.

El soterramiento del ferrocarril Sarmiento se convirtió en una piedra en el zapato para el kirchnerismo y para el macrismo.Perfíl.com (Nota enviada por nuestro colaborador señor Jorge Zatloukal)

Divulgan mails en Brasil sobre el presunto pago de coimas por el soterramiento del Sarmiento

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La prensa brasileña divulgó este lunes unos correos electrónicos que involucran a la constructora Ángelo Calcaterra, el primo de Mauricio Macri, en el supuesto cobro de coimas por parte de Odebrecht para la reactivación del soterramiento del ferrocarril Sarmiento.

Según publicó el periódico El Estado de San Pablo, el exgerente y hoy CEO de IECSA S.A., Héctor Javier Sánchez Caballero habría sido el "contacto" para tramitar el pago de sobornos en 2010.

La información surge de un suculento dossier de más de 100 páginas elaborado por la policía a pedido del Ministerio Público Fiscal brasileño, en el marco de la investigación por el denominado "Lava Jato". Ese documento contiene decenas de mails y mensajes privados entre exdirectivos de Odebrecht, empresarios de la construcción y funcionarios. En algunos casos se hablan con seudónimos o mencionan a otras personas con sobrenombres.

El ingeniero de IECSA quedó envuelto en el escándalo por anotaciones registradas en la computadora de Mauricio Couri Ribeiro, histórico ejecutivo de Odebrecht en la Argentina. Esa máquina fue secuestrada y analizada por la policía brasileña, que detectó escritos relacionados con el pago de coimas. Cinco de esos mensajes se relacionan con el soterramiento del Sarmiento.

Uno detalla el resultado de una reunión realizada en Buenos Aires con directivos de la constructora y lleva por asunto "Reunión Sarmiento 29/04/10". En ese mensaje se especifica un presunto plan para reactivar las obras en el Sarmiento. 

1 - Subetapa 1 - Ingeniería + obrador + 5 puentes

2 - Anticipo de 15% de $ 140 MM - U$ 21 MM 
$ 13 MM de sellado + $ 4 MM = $ 17 MM
Dgi - $ 1 MM

3 - A 30 días - Informe de pontes - $ 100 MM
Dgi - U$ 3 MM

4 - A 90 días - $ 500 MM - Bonos Anses
Dgi - U$ 16 MM 

Los tres periodistas brasileños que firmaron la nota Fabio Serapião, Beatriz Bulla y Fausto Macedo aseguran que la siglas DGI es el nomenclador utilizado por Odebrecht para identificar el monto de las coimas. Así se desprende de varios testimonios judiciales de arrepentidos detenidos de la constructora. 

El mensaje que más compromete a la firma Calcaterra señala a Sánchez Caballero como "DGI-Contacto Directo" y fue enviado por Couri Ribeiro el 9 de junio de 2010 a las 16:33. "Asunto: Reuniao com Sánchez Caballero - 10/06" se titula. El breve texto también da cuenta de una serie de pasos a seguir en pos de reactivar las obras ferroviarias. 

Reuniao com Sánchez Caballero - 10/06
1 - Dgi's - Contacto directo
2 - Aprovar Director Tecnico
3 - Equipe do proyecto trabalhar juntos
4 -Organizar/Disminuir comites

En el extenso informe al que tuvo acceso ámbito.com se aclara que "hay un uso de las siglas en relación con los pagos por nombres en clave, un artificio utilizado por el Sector de Operaciones estructuradas para ocultar el verdadero beneficiario de pagos ilícitos" y cita como ejemplo, cinco seudónimos: "TATU, CHORAO, BIG BOSS, TOTTI y MORENO". 

Respecto del mail que menciona a Sánchez Caballero sostiene que es un mensaje a "pagos ilícitos (DGI) relacionados con obras y / o aditivos específicos".

En el mail que se cita a Lourenço Ghella, de la empresa italiana Ghella, integrante de la UTE que se adjudicó la obra del Sarmiento junto con Odebrecht, Iecsa y Comsa, se totalizarían supuestos pagos por u$s 20 millones. Cuando estalló el escándalo del "Lava Jato" trascendió que Odebrecht había pagado sobornos por u$s 35 millones la Argentina. 

Los investigadores brasileños vincularon los mensajes hallados en la PC de Couri Ribeiro a las intermediaciones del exfuncionario de la Secretaría de Transporte, Manuel Vázquez. El apresado exasesor de Ricardo Jaime es investigado por múltiples causas de corrupción en la Argentina y está procesado en la causa por enriquecimiento ilícito de su exjefe.

"Como detalles de Odebrecht en su acuerdo (de confesión ante la Justicia), la compañía del primo de Macri participó en las negociaciones para el pago de comisiones ilegales en la obra de Sarmiento y alimenta las cajas negras que llegaron los pagos de los miembros del gobierno de Kirchner", escribieron los periodistas del país vecino.

Pedido de informes 

Una horas antes de que surja esta información, el fiscal federal Gerardo Pollicita reclamó que mediante exhorto Brasil informe si Odebrecht cometió delitos en connivencia con funcionarios argentinos y empresas como IECSA.

El pedido es para que Brasil informe si en la causa por "Lava Jato", el mayor caso de corrupción en la historia de ese país, consta información sobre las obras adjudicadas para el soterramiento de esa línea de ferrocarril. La denuncia se originó por los dichos de la expresidenta Cristina de Kirchner, en oportunidad de hablar de su relación con el grupo de la familia Báez.

Ante el juez Julián Ercolini, quien justamente la indagó por presunto fraude con la obra pública, y al intentar rebatir políticamente sus vínculos con Báez, Cristina había dicho que hubo irregularidades por parte del Gobierno de Macri en el financiamiento del soterramiento del tren Sarmiento con $ 45.000 millones, puesto que el mismo le correspondía asumir a la empresa IECSA, del cual es accionista Calcaterra.

Según se investiga, el 16 de junio de 2016 y por el decreto de necesidad y urgencia 797/2016 se modificó el presupuesto y se autorizó la contratación de obras y adquisición de bienes para el soterramiento del ferrocarril Sarmiento, que había sido adjudicado ya en 2008 al consorcio IECSA S.A, a la constructora Norberto Odebrecht; COMSA S.A y Ghella Societa Per Azzionipor. 

La denuncia hecha por la exmandataria es porque el financiamiento iba a provenir desde el exterior y, finalmente, en 2016 se resolvió que el Estado Nacional lo financiara. La sospecha va desde supuestos cohechos, defraudación en perjuicio a la administración pública y hasta posibles incumplimientos con los deberes de funcionario público.

Ahora, el juez federal Sebastián Ramos debe resolver el pedido hecho a fines de esta semana por Pollicita para que el Juzgado de la 13° Nominación Federal de la Circunscripción Curitiva, en Brasil, señale si en el informe elaborado por la Policía Federal de Paraná en la causa "Lava Jato" hay información sobre posibles delitos cometidos en el soterramiento del Sarmiento.Ámbito.com

Para más información hacer click en el siguiente link

https://es.scribd.com/document/340437242/Informe-sobre-el-presunto-pago-de-coimas-de-Odebrecht-por-el-tren-Sarmiento#from_embed

Denuncian a Calcaterra por el pago de coimas de la brasileña Odebrecht

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El primo de Macri suma un nuevo dolor de cabeza: fue acusado en la Justicia por presuntos vínculos en el pago de coimas admitido por la empresa constructora.

El presidente de la empresa IECSA, Ángelo Calcaterra, fue denuncia ante la Justicia por presuntos vínculos en el pago de coimas admitido por la empresa constructora Odebrecht, socia brasileña de la firma del primo de Mauricio Macri en el país.

Según difundió el portal Ámbito Financiero, la presentación fue realizada este miércoles ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas a cargo del fiscal Sergio Rodríguez, donde ya se encaró una recolección de datos sobre tres grandes obras a cargo de la compañía de Marcelo Odebrecht en el país: una planta potabilizadora de agua en el Paraná de las Palmas, la ampliación de gasoductos y el soterramiento del Sarmiento, adjudicado a Calcaterra, primo de Mauricio Macri.

Es que apenas semanas atrás, en los Estados Unidos se difundió un acuerdo judicial por el que las firmas brasileñas Odebrecht y Braskem se declararon culpables en la causa 'Lava Jato', de haber violado normas contra sobornos fuera del país.

Es por ello que el fiscal Rodríguez busca en Argentina las pruebas del delito confesado que llevan a Brasil, como licitaciones, presupuestos, cotizaciones, posibles sobreprecios y hasta mails de exfuncionarios.

La reciente denuncia no solo alcanza al primo del Presidente, sino que también incluye a Juan José Arangureny otros funcionarios anónimos del Ministro de Energía y Minería, que mantuvieron en los últimos meses al menos tres encuentros cara a cara con enviados de la firma brasileña. El trámite fue recibido por la prosecretaria administrativa de la Procuraduría anticorrupción, Silvia Alizandro.

"Entre la adjudicación obtenida en la administración kirchnerista y la macrista, existe una diferencia fundamental que agrava la responsabilidad gubernamental, porque es el Estado argentino quien le provee los fondos a Calcaterra, pues en la primigenia, era el adjudicatario el que debía proveerlos, y al hacer efectiva la adjudicación, cuyo origen espurio se encontraría evidenciado, el actual Gobierno podría resultar partícipe del delito", sostuvo en el abogado denunciante, Daniel Igolnikov.

El año pasado la Nación impulsó el Decreto 797/2016, que fue publicado en el Boletín Oficial, y modifica el Presupuesto anterior para afrontar "gastos previsionales" por $ 76.000 millones para la Anses, a la vez que habilitó un endeudamiento de $ 100.000 millones para concretar diversas obras para los próximos años. Una de ellas, es el "techado" del trayecto las estaciones Caballito y Haedo, del ramal que une la Ciudad con el oeste del conurbano bonaerense. 

Ese Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) no fue firmado por Macri, sino por Gabriela Michetti y el resto del gabinete, con la intención de reactivar obras y ocultar patrocinios, aunque se sospecha que benefició principalmente a su primo Ángelo, ganador de la construcción del soterramiento. Por este decreto supuestamente direccionado también se tramita otra denunciada penal impulsada por los fiscales Ignacio Mahiques y Gerardo Pollicita, que descansa en el despacho del juez federal Sebastián Ramos.ElDestape.com

Odebrecht pagó sobornos por el soterramiento (¿recuerdan quién es socio?)

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Debe recordarse que en febrero 2016 se conoció que Odebrecht había aceptado que pagó US$ 80.000 en sobornos a funcionarios argentinos para conseguir la obra pública del soterramiento del ferrocarril Sarmiento, una obra que compartía con las empresas Iecsa, Comsa y Ghella: ¿tenían conocimiento estas empresas de los sobornos pagados? Hoy día al frente de la obra se encuentra Iecsa, que es una ex empresa Macri, presidida por Angelo Calcaterra, primo del Presidente de la Nación.

El soterramiento del ferrocarril Sarmiento es una obra anunciada por Néstor Kirchner hace 10 años y nuevamente por Cristina Kirchner en enero de 2008, pero que en 2016 Mauricio Macri le ha dado prioridad entre sus obras públicas.

Néstor Kirchner prometió 36 meses de obra, pero recién en 2010, y luego de 4 anuncios, el Gobierno K comenzó a comprar una máquina 'tunelera' (cava túneles) de 12 metros de diámetro, que presentó pintada con los colores de los festejos del Bicentenario.

Al momento de la adjudicación, la líder del consorcio era Iecsa, una firma de Ángelo Calcaterra, primo del presidente Macri. Sin embargo, más tarde, el financiamiento original quedó a cargo del Banco Nacional de Desarrollo de Brasil (Bndes) y Odebrecht pasó a liderar la obra. En 2016, Iecsa ha recuperado el liderazgo de la obra.

Según la licitación, el soterramiento del Sarmiento implica la eliminación de 52 pasos a nivel ubicados en los más de 35 kilómetros de extensión que tiene el ramal y contempla el traslado de las vías para colocarlas a 22 metros de profundidad, al igual que las estaciones.

El presidente Macri volvió a lanzar el proyecto y anunció que destinará una inversión de US$ 3.000 millones.

En Brasil el pago de coimas en la Argentina apareció en un expediente que investiga ciertos correos electrónicos salidos de la computadora de un ex ejecutivo de la empresa brasileña, Mauricio Kouri Ribeiro, hacia Manuel Vázquez, asesor y traficante de influencias junto al ex secretario de Transporte de la Nación, Ricardo Jaime.

En concreto: Vázquez le reclama a Mauricio Kouri Ribeiro la acreditación de un pago para terminar con la adjudicación de la licitación del soterramiento.

Deberá recordarse que, en días más recientes, la Cámara Federal rechazó el pedido de Mauricio Couri Ribeiro, presidente de Odebrecht Argentina, para cerrar la causa penal en la que se investiga si desde Odebrecht se le pagaron sobornos a Ricardo Jaime y a Manuel Vázquez.

La Sala II de la Cámara rechazó el pedido de Couri Ribeiro.

La Policía de Brasil encontró un intercambio de mails de febrero de 2010 entre Couri Ribeiro y Vázquez, en el que aluden a una serie de "problemas" para cobrar US$ 80.000 que después se determinó fue el monto de una transferencia que hizo la off shore "Klienfeld Services Ltd.", fantasma de Odebrecht para los sobornos. El dinero terminó en la empresa Pribont Corporation S.A.

Vázquez era el principal asesor de Jaime en la Secretaría de Transporte. Ambos están condenados por recibir dádivas y procesados por comprar trenes inservibles a España y Portugal: Jaime sigue preso en la cárcel de Ezeiza y Vázquez en prisión domiciliaria.

El expediente de la XXIIIra. etapa de la “operación Lava-Jato”, que es parte del expediente judicial a cargo de juez federal Sérgio Moro, de la 13ª Vara Criminal Federal de la ciudad de Curitiba, Paraná (Brasil), fue presentado por el comisario Filipe Hille Pace al juez Moro, y dice: “Fue constatado que el grupo Odebrecht utilizaba cuentas de la firma offshore KLIENFELD SERVICES LTD para la realización de pagos de ventajas indebidas a funcionarios públicos de otros países, como en el caso detallado, en el que hubo un pago en favor de Ricardo Raúl Jaime”.

Klienfeld fue una de las empresas fantasma usadas para pagarle en negro al publicista João Santana, jefe de campañas de Luiz Inácio Lula Da Silva y Dilma Rousseff.

“Estimado Mauricio, en el extracto de la cuenta no existe ese depósito (…). Si hay algún modo de reclamarle al banco la devolución, háganlo”, escribió Vázquez en uno de los emails, fechado el 10/02/2010.

“Nuestra gente se comunicó con el banco, que confirma el depósito”, le había asegurado Ribeiro a Vázquez, aunque reconoció que hubo algún problema.

Vázquez insistió, enojado: “Todo este proceso es vergonzoso”.

Couri Ribeiro pidió ayuda a otro directivo de la empresa, Fernando Migliaccio, titular de la cuenta de email cuyo archivo el juez pidió a Microsoft.

Migliaccio le respondió que se quedara tranquilo, que ya había hablado con el banco Antigua Overseas Bank, de Antigua y Barbuda.

Couri Ribeiro fue uno de los firmantes, en representación de Odebrecht, de contratos de obras con el Ministerio de Planificación Federal argentino. Urgente24.com

La Justicia investigará al primo de Macri por el soterramiento de Sarmiento

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El juez federal Sebastián Ramos investigará una denuncia que hicieron los fiscales tras la reciente declaración de la ex presidenta Cristina Kirchner, ante la posible comisión de un delito en la modificación de las condiciones de la adjudicación del soterramiento del ferrocarril Sarmiento, que beneficiaría a la empresa Iecsa de Angelo Calcaterra, el primo del presidente Mauricio Macri.

Tras la declaración que efectuó la ex presidenta Cristina Kirchner ante el juez Julián Ercolini por el supuesto direccionamiento de obra pública a Lázaro Baez, los fiscales Ignacio Mahiques y Gerardo Pollicita pidieron que se abra una nueva causa con los dichos de la ex mandataria ante la posibilidad de que desde el gobierno de Macri se cometa un delito.

Los fiscales ordenaron una investigación sobre el decreto 797, del 16 de junio, por el cual Macri asignó $ 45.000 millones para que se complete el soterramiento del ferrocarril Sarmiento. La obra está a cargo de Ghella, Odebrecht, Comsa e Iecsa, la empresa de Calcaterra.Fuente: MinutoUno.com

Investigarán al primo de Macri por el soterramiento al Sarmiento tras la denuncia de Cristina

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Los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques requirieron analizar la relación del Presidente con Ángelo Calcaterra por el soterramiento del Sarmiento.

Los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques solicitaron que la Justicia investigue la modificación de una licitación a favor de Ángelo Calcaterra, el primo del presidente Mauricio Macri. Se trata del soterramiento del ferrocarril Sarmiento, que quedó a cargo de Iecsa.

Los funcionarios realizaron el requerimiento luego de la declaración de Cristina Kirchner, que fue citada para declarar sobre sus presuntos vínculos con Lázaro Báez. Ante el juez Julián Ercolini, la expresidenta denunció una persecución política en su contra y pidió se analice el favoritismo del Gobierno con Calcaterra por la obra ferroviaria.

Ante ello, los fiscales pidieron que se abra una nueva causa ante la posibilidad de la falta de transparencia por parte del Gobierno nacional en la adjudicación. El sorteo del juzgado y fiscalía a cargo se realizará el martes.

La denuncia hace referencia al decreto 797/2016 de Macri que autoriza modificaciones en "la contratación de obras y adquisición de bienes con incidencia en ejercicios futuros" por $ 100.000 millones, de los cuales $ 40.000 millones corresponden a obras que terminarían en 2016.

Entre aquellas se destaca el incremento presupuestario al soterramiento del Sarmiento, que según se estima costará $ 45.000 millones en total. De ellos, $ 300 millones se desembolsarán este año; $ 8.940 millones en 2017 y 2018 y $ 28.820 millones en años siguientes".

La licitación fue ganada en 2007 por la italiana Ghella, la brasileña Oderbretch e Iecsa, la empresa encabezada por el primo de Macri.ElDestape.com

Irregularidades en la licitación del tren bala

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La Justicia analiza anomalías en el fallido proceso que iba a conectar a Rosario con Córdoba y Retiro con una inversión millonaria.

La década después del lanzamiento del fallido "tren bala", un proyecto que buscaba unir a través de un servicio ferroviario de alta velocidad las ciudades de Buenos Aires, Rosario y Córdoba mediante una inversión millonaria, la Justicia investiga ahora posibles irregularidades en el proceso licitatorio. Desde la Fiscalía sospechan que hubo un presunto direccionamiento a favor del consorcio liderado por la firma francesa Alstom.

El fiscal titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, presentó en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 12 a cargo de Patricio Evers, los resultados de un proceso de análisis sobre esa licitación.

Rodríguez alertó en su escrito sobre la posible violación de diversos artículos de la ley de obras públicas y acerca de otras anomalías en la contratación de las obras de electrificación integral, civil, infraestructura de vías, señalamiento y comunicaciones, y provisión de material rodante para el abortado servicio ferroviario de alta velocidad.

Esos desvíos le permitieron a la PIA inferir un posible direccionamiento en favor del consorcio conformado por las firmas Alstom, Grupo Isolux Corsan de España, y las empresas nacionales Iecsa y Emepa.

Al anunciarse el mega proyecto en abril de 2006 en pleno kirchnerismo se indicó que los trenes de alta velocidad partirían desde la estación Retiro, llegarían a Rosario en 85 minutos a una velocidad máxima de 320 kilómetros por hora y, desde allí, hasta Córdoba se calculaban otros 90 minutos.

El contrato con Veloxia se firmó en abril de 2008 y se calculaba entonces un plazo de ejecución de 36 meses y un coste aproximado de u$s 4.000 millones.

El fiscal Rodríguez destacó en su presentación que el llamado a licitación no habría cumplido con lo establecido en dos artículos de la ley Nº 13.064, que exigen la existencia de un proyecto, presupuesto y crédito legal previo al llamado.

De acuerdo al dictamen del fiscal, se habría omitido también el cumplimiento de la publicidad exigida, tanto del llamado a licitación como de las resoluciones que modificaron las fechas de apertura de las ofertas técnicas.

Otro punto indica que sería nula la designación del Comité de Evaluación efectuada por el entonces secretario de Transporte (Ricardo Jaime, detenido en el penal de Ezeiza), por carecer de competencia delegada para tal acto.

El representante del Ministerio Público Fiscal solicitó que se avance en la investigación de la participación que le cupo a miembros de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), la empresa Systra y la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, entidades que participaron en el procedimiento licitatorio a través de informes y observaciones que fueron tenidas en cuenta por la Comisión de Evaluación al aconsejar la adjudicación de la obra al grupo empresario.

La Procuración de Investigaciones Administrativas informó que se hará una presentación ante el Procurador del Tesoro de la Nación, a fin de que se adopten las medidas necesarias para hacer cesar la "situación de incertidumbre" que mantiene el Estado respecto de la vigencia del contrato y la posibilidad de afrontar eventuales reclamos del grupo Alstom.

El proyecto dependía de financiación que nunca se obtuvo y 2012 el entonces ministro de Transporte, Florencio Randazzo, sepultó toda posibilidad y afirmó que el proyecto estaba archivado.

"Me conformaría con que tengamos un tren a Rosario, con una vía que sea segura, con un tren que sea realmente digno, confortable, que tengamos un servicio que llegue en tres horas y media, y un tren de la misma forma a Mar del Plata", había declarado.

En 2014, Alstom reconoció el pago de coimas y el gobierno de Estados Unidos le colocó una multa récord de 772 millones de dólares.LaCapitalRosario.com