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Ricardo
Jaime no tiene una situación judicial muy simple. El ex secretario de
Transporte de Néstor y Cristina Kirchner fue condenado por la Tragedia de Once
y por haber cobrado coimas de empresarios a los que debía controlar. Y también
por intentar robar pruebas que lo comprometían y fueron obtenidas en un
allanamiento. Espera un juicio oral y público por una defraudación en el
ferrocarril Belgrano Cargas. Fue procesado por enriquecimiento ilícito junto a
varios de sus testaferros. La semana que viene tiene que presentarse el mismo
día en dos juzgados donde será indagado. En una causa por incumplimiento de los
deberes de funcionario público y en la otra por un capítulo más del enorme
crecimiento de sus bienes mientras era funcionario público.
Está
investigado en nuestro país y en los Estados Unidos por sospechas de haber
cobrado coimas para realizar una compra de aviones para Aerolíneas Argentinas.
Tiene pedida una indagatoria por la compra de vagones chinos para el Subte A. Y
otra por haber derivado fondos públicos mediante subsidios al ferrocarril
Belgrano Cargas que terminaron en una empresa inexistente.
Y
además, avanza otra causa judicial en la que se muestra la arbitrariedad y la
desmesura de los negocios durante el kirchnerismo. Cuando Jaime decidía –con la
venia de sus jefes políticos- cómo se administraban los fondos públicos y se
beneficiaba de ello, manejó una compra millonaria de trenes a España y
Portugal. La compra y lo comprado fueron objeto de un informe de la Auditoría
General de la Nación (AGN) presentado en 2012. Allí se concluyó que se pagaron
sobreprecios, que el 44% del total del material comprado es inservible y ese
porcentaje asciende al 58% cuando se cuenta sólo lo comprado en España. Vagones
y locomotoras están arrumbados en varios depósitos ferroviarios. La AGN
determinó que en España se adquirió material rodante por 200 millones de euros.
En tanto, en Portugal se hizo una compra de 20 millones de euros. Luego de ese
informe de la AGN, ya en 2013 legisladores del radicalismo hicieron una
denuncia que tiene a su cargo el juez Julián Ercolini con el fiscal Federico
Delgado.
Delgado
fue contundente: cuando impulsó la investigación dijo que, según los datos de
la AGN, había que llamar a indagatoria a todos los involucrados en la maniobra.
Ercolini
acumuló testimonios y documentación que encaminan la causa a una etapa de
definiciones. Personal del juzgado inspeccionó los lugares donde los trenes se
hallan abandonados y en proceso de destrucción. Y eso fue anexado al
expediente.
En
la causa se sumaron también los testimonios de los encargados de la auditoría
realizada por la AGN que ratificaron lo descripto por el informe, que fue
lapidario.
Pero
además Ercolini tuvo que tramitar mediante exhortos internacionales –lo que
conllevó un trámite extenso- la documentación original de las compras que
estaban en España y Portugal.
La
más contundente fue la que Ercolini recibió desde España. En los contratos
enviados desde Madrid queda claro que Jaime interpuso a una consultora de su
testaferro Manuel Vázquez, para que cobrara "comisiones" por el
negocio entre estados. La empresa Controles y Auditorías Especiales (CAESA),
del condenado por corrupto, Manuel Vázquez, hacedor de negocios sucios de
Jaime, cobró –y están las facturas en el expediente- comisiones/coimas por más
de 2 millones de euros.
Otra
información importante para el expediente –según explican los investigadores-
la aportó el ministerio del Interior y Transporte de la gestión de Cristina
Fernández de Kirchner que estaba a cargo de Florencio Randazzo. A pedido de
Ercolini, el ministerio realizó un informe comparativo entre los trenes
comprados en Europa en los primeros años del kirchnerismo y los adquiridos en
China en el último período de gobierno de la ex Presidenta. Los funcionarios de
Randazzo señalaron que mientras los trenes europeos tenían entre 20 y 30 años
de uso, algunos inservibles y con destino de reparación, los chinos se
compraron nuevos, el precio incluía el mantenimiento, la capacitación del
personal y garantía por un año y además tienen una vida útil que se estima en
dos décadas. El informe de Randazzo ratifica, según explican en Tribunales, que
se hizo una compra, por lo menos, inadecuada. Y que el dinero público fue
malversado. A eso hay que agregarle que además se cobraron coimas.
Ercolini
conoce bien a Jaime y a Vázquez. Fue el juez que los condenó en octubre pasado,
en medio del proceso electoral, por el delito de recepción de dádivas. La
investigación por la compra de trenes europeos se acelera. El ex funcionario y
dirigente del Frente para la Victoria de Córdoba no tiene un panorama luminoso
en Comodoro Py.InfoBae.com